Desperdicio de recursos públicos

A lo largo de la historia de México ha existido desperdicio de recursos públicos, y una de sus causas más recurrentes ha sido la insuficiente planeación, la deficiente evaluación de riesgos y lo sobreestimación de beneficios. Lo mismo puede ocurrir en el nivel privado, es decir que el desperdicio no es solo un problema público.

El desperdicio de recursos públicos es el uso ineficiente, innecesario y poco productivo de los ingresos públicos, ya sea por sobrecostos, programas que no alcanzaron sus objetivos, obras mal planeadas y ejecutadas, corrupción, subutilización de activos, obras públicas inconclusas o defectuosas que requieren reconstrucción, edificios públicos y vehículos oficiales subutilizados, subsidios sin evaluación de resultados, etc.

El desperdicio existe en los niveles municipal, estatal y federal.

A continuación, mencionaré solo algunos proyectos principales, de todos conocidos, y algunos otros que tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto fue creada en 1999.

No hablaré del costo estimado de dicho desperdicio porque en algunos casos sólo hay estimaciones y en otros, la información está reservada. En algunos más, las obras públicas realizadas están en proceso de maduración y se espera que en un futuro pudieran generar ingresos.

Analizando por sexenios, en el caso de Gustavo Díaz Ordaz lo más notorio fue el sobrecosto en la construcción de la infraestructura olímpica, y su posterior subutilización.

Con Luis Echeverría Álvarez, la compra de empresas privadas y su operación como paraestatales bajo su modelo del “Desarrollo Compartido” como, por ejemplo: la Compañía Operadora de Teatros S.A., Hules Mexicanos S.A., Vehículos Automotores Mexicanos (VAM) S.A. de C.V. y Aeronaves de México, entre otras, empresas que operaron con déficit y, por lo tanto, poca o nula rentabilidad. De hecho, creó 504 empresas paraestatales que representaron un notable gasto improductivo y burocrático. 

Con José López Portillo, el número de empresas paraestatales alcanzó el máximo histórico de mil 150, en una notable diversidad de sectores como: petroquímica, siderurgia, minería, telefonía, transportación aérea, química, automotriz, acero, ingenios azucareros, banca, comercio, comunicaciones, turismo, fábricas de bicicletas, textiles e incluso centros nocturnos y bares, etc. Empresas que habían sido compradas al sector privado para evitar la quiebra y la pérdida de empleos, la mayoría de ellas ajenas al interés público estratégico. 

Con Miguel de la Madrid se siguieron manteniendo, durante varios años, empresas paraestatales altamente deficitarias que operaban muy por debajo de su capacidad, además de proyectos públicos que debieron ser detenidos debido a los efectos económicos de la crisis de 1982 y al terremoto de 1985, que generó la necesidad de desviar recursos hacia la reconstrucción, además de que hubo poca transparencia en la utilización de donativos nacionales e internacionales y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas.

En el caso de Carlos Salinas de Gortari, la concesión de 52 autopistas que generaron un tránsito real 40% menor al estimado, y la necesidad posterior del rescate carretero por parte del presidente Ernesto Zedillo en 1997, además de las privatizaciones bancarias y de otras paraestatales con deficiencias regulatorias y poca transparencia que se concentraron en pocos grupos empresariales de allegados al gobierno, y el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) criticado por la falta de transparencia en la asignación de recursos y criterios poco claros para seleccionar a los beneficiarios.

Ernesto Zedillo Ponce de León, el rescate bancario mediante los recursos del FOBAPROA/IPAB que incluyó banca comercial que no requería de dicho rescate y que a la fecha seguimos pagando, además del rescate de las carreteras concesionadas durante el gobierno anterior.

Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación fue creada en 1999, en el gobierno de Vicente Fox, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, creado en 2002 y, a pesar de ello, debemos recordar el fallido proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco en su primera versión, y su cancelación, lo que implicó importantes costos de indemnizaciones. 

Con Felipe Calderón, la famosa Estela de Luz y la Refinería Bicentenario en Tula, para la que se adquirieron terrenos, se realizaron obras preliminares, pero nunca se construyó. 

Con Enrique Peña Nieto, el Tren México-Querétaro que fue cancelado después de su adjudicación, lo que implicó indemnizaciones y costos asociados, además del inicio de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se cancelaría en el sexenio siguiente con el 30% del proyecto avanzado, por voluntad de Andrés Manuel López Obrador, lo que implico la pérdida de la infraestructura ya existente, más la indemnización a los inversionistas.

Finalmente, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador tenemos proyectos que aún no son rentables, aunque se tiene la esperanza de que lo sean, como la Refinería de Dos Bocas (Olmeca), el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y sus complejos hoteleros, el corredor Transístmico, y el Gas Bienestar que opera con una cobertura mucho menor a la propuesta, a lo que hay que agregar proyectos totalmente fallidos como la Megafarmacia, el INSABI, y la compra de dos estadios de beisbol, que actualmente tienen una utilización inferior a la prevista.

Se podría decir que el monto absoluto de recursos públicos comprometidos en proyectos fallidos, rescates financieros y obras de baja rentabilidad, ha tendido a aumentar a lo largo de la historia, conforme ha crecido el tamaño de la economía mexicana, el presupuesto federal, junto con el hecho de que el Estado mexicano administra una infraestructura cada vez mayor.

El manejo de recursos públicos, que son recursos de la sociedad, es una responsabilidad que requiere disciplina financiera, planeación, transparencia y metas claras de corto, mediano y largo plazo.