Discusión: viviendas para policías en Zapopan

Un conflicto social se ha gestado desde varias semanas atrás en Mirador de San Isidro, en Zapopan. Vecinos establecidos cuestionan y rechazan la construcción de cuatro torres habitacionales que proporcionarán 200 espacios de habitación para familias de policías estatales en el marco del Programa Legado.

Evidentemente, hay dos versiones en el contraste de posturas.

Para quienes ya viven en la zona, la construcción de este complejo habitacional significa, entre otras cosas, la pérdida de un predio que consideran, debe ser un parque público. Además, prevén y con razones justificadas, que la instalación de 200 familias significa una reducción de áreas públicas y las complicaciones naturales: tránsito vehicular, servicios como agua potable y drenaje, entre las múltiples exigencias de la vida en comunidad.
En contra parte, el gobierno del Estado y el gobierno del municipio consideran variantes como el hecho de que el predio en cuestión es de propiedad pública; el proyecto de construcción se elaboró y se sujetó a aprobación del Congreso del Estado, donde diputados de todas las expresiones políticas lo avalaron. Adicionalmente, el Programa Legado cuenta con el apoyo del gobierno estatal y está a punto de sujetarse a una reforma que lo hará permanente para que no quede sujeto sólo a la voluntad del gobierno en turno.
Ayer mismo, en un evento diferente, la inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisaría de Tlajomulco, el gobernador Pablo Lemus, uno de los principales promotores de Legado, expresó que mejorar las instalaciones para los policías y los trabajadores de la seguridad, dignifica y mejora su trabajo. Defendió lo que durante muchos años se ha reclamado a los gobiernos estatal y municipales: mejores salarios, equipamiento, capacitación y dignificación para los policías.

Ya entrado en sus argumentos, Lemus Navarro consideró “una vileza” la actitud de diputados de oposición política que se oponen al proyecto de viviendas en San Isidro.
Al margen de lo que opine el gobernador, ciertamente los vecinos que están en contra de la edificación están siendo incentivados por un grupo político que ve en esta inconformidad ciudadana una oportunidad de crecimiento; están próximas las elecciones del año 2027.

En este “caldo de cultivo social”, debe destacarse la postura que ha manifestado el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, que compartió la voluntad de establecer diálogo con los inconformes y con la calma que amerita porque el asunto tiene alcances mucho mayores que una elección, defendió el establecimiento de mesas de análisis que, con toda seguridad, serán espacio de discusiones acaloradas.
El alcalde zapopano ha resuelto en varias ocasiones conflictos como éste. Es seguro que sabe de qué se trata.

Algunas diputadas estatales de Movimiento Ciudadano (Alejandra Giadans, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas) acudieron recientemente a una reunión con los vecinos inconformes y se comprometieron a llevar al espacio de la discusión legislativa sus reclamos. Ahora están obligadas a cumplir, igual que deben hacerlo los diputados de oposición que ya habían aprobado el proyecto pero ahora lo critican y lo rechazan.

Este caso, con todos los detalles que entraña porque hay muchos más, es ejemplo claro del choque de dos posiciones positivas en esencia: el Programa Legado y las demandas ciudadanas totalmente legítimas.

Hay que esperar que encuentren el punto medio y la solución, no sólo la instalación de un conflicto sin término.