Jonás

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Un conflicto social se ha gestado desde varias semanas atrás en Mirador de San Isidro, en Zapopan. Vecinos establecidos cuestionan y rechazan la construcción de cuatro torres habitacionales que proporcionarán 200 espacios de habitación para familias de policías estatales en el marco del Programa Legado.
Evidentemente, hay dos versiones en el contraste de posturas.
Para quienes ya viven en la zona, la construcción de este complejo habitacional significa, entre otras cosas, la pérdida de un predio que consideran, debe ser un parque público. Además, prevén y con razones justificadas, que la instalación de 200 familias significa una reducción de áreas públicas y las complicaciones naturales: tránsito vehicular, servicios como agua potable y drenaje, entre las múltiples exigencias de la vida en comunidad. 
En contra parte, el gobierno del Estado y el gobierno del municipio consideran variantes como el hecho de que el predio en cuestión es de propiedad pública; el proyecto de construcción se elaboró y se sujetó a aprobación del Congreso del Estado, donde diputados de todas las expresiones políticas lo avalaron. Adicionalmente, el Programa Legado cuenta con el apoyo del gobierno estatal y está a punto de sujetarse a una reforma que lo hará permanente para que no quede sujeto sólo a la voluntad del gobierno en turno. 
Ayer mismo, en un evento diferente, la inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisaría de Tlajomulco, el gobernador Pablo Lemus, uno de los principales promotores de Legado, expresó que mejorar las instalaciones para los policías y los trabajadores de la seguridad, dignifica y mejora su trabajo. Defendió lo que durante muchos años se ha reclamado a los gobiernos estatal y municipales: mejores salarios, equipamiento, capacitación y dignificación para los policías.
Ya entrado en sus argumentos, Lemus Navarro consideró “una vileza” la actitud de diputados de oposición política que se oponen al proyecto de viviendas en San Isidro. 
Al margen de lo que opine el gobernador, ciertamente los vecinos que están en contra de la edificación están siendo incentivados por un grupo político que ve en esta inconformidad ciudadana una oportunidad de crecimiento; están próximas las elecciones del año 2027.
En este “caldo de cultivo social”, debe destacarse la postura que ha manifestado el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, que compartió la voluntad de establecer diálogo con los inconformes y con la calma que amerita porque el asunto tiene alcances mucho mayores que una elección, defendió el establecimiento de mesas de análisis que, con toda seguridad, serán espacio de discusiones acaloradas. 
El alcalde zapopano ha resuelto en varias ocasiones conflictos como éste. Es seguro que sabe de qué se trata.
Algunas diputadas estatales de Movimiento Ciudadano (Alejandra Giadans, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas) acudieron recientemente a una reunión con los vecinos inconformes y se comprometieron a llevar al espacio de la discusión legislativa sus reclamos. Ahora están obligadas a cumplir, igual que deben hacerlo los diputados de oposición que ya habían aprobado el proyecto pero ahora lo critican y lo rechazan.
Este caso, con todos los detalles que entraña porque hay muchos más, es ejemplo claro del choque de dos posiciones positivas en esencia: el Programa Legado y las demandas ciudadanas totalmente legítimas.
Hay que esperar que encuentren el punto medio y la solución, no sólo la instalación de un conflicto sin término.

Discusión: viviendas para policías en Zapopan

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La semana comenzó con la confirmación de las fuerzas políticas de oposición en el Estado: rechazo total al proyecto estatal para la construcción de infraestructura que permita resolver la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ayer el gobernador Pablo Lemus avanzó un tramo importante en una negociación que puede resolver de fondo la confrontación política: se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y aseguró después que está casi concretada la negociación presupuestal.
Desde mediados de julio, el mandatario jalisciense había manejado una cifra multimillonaria que se requiere para una treintena de obras que resuelvan en los siguientes tres a cinco años los problemas más graves que han provocado la crisis de abasto y calidad del agua que debe distribuir el SIAPA. 
Con la negociación de ayer, puede destrabarse un paquete que complete 15 mil millones de pesos, según informó el mismo.
Es un avance fundamental y de concretarse, uno de los mayores logros para el trayecto final del año, que cerrará sin duda con dos temas dominantes en la agenda: la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 para el Estado y el inicio formal de las actividades político electorales para la elección del año entrante. 
El abordaje en la crisis del agua recorre una ruta que será muy dilatada. Apenas ayer el director del SIAPA, Ismael Jáuregui, se reunió con tres de los presidentes municipales metropolitanos: Verónica Delgadillo, de Guadalajara; Juan José Frangie, de Zapopan, y Quirino Velázquez, de Tlajomulco. Quedan pendientes las negociaciones con los alcaldes Laura Imelda Pérez, de Tlaquepaque, y Sergio Chávez, de Tonalá, quien por cierto, ha insistió en su postura de moderación y acuerdo, junto con un llamado constante para evitar la polarización y la politización del tema… lástima que no es escuchado entre sus compañeros de Morena.
Ismael Jáuregui está entregado a la tarea de negociación: el Gobierno del Estado admite una deuda de 207 millones de pesos, pero propone pagarla en tres años. El titular del SIAPA debe pedir que eso se acelere, sobre todo si se considera que con la aplicación de descuentos en colonias por el agua sucia, el organismo operador del agua dejará de percibir 140 millones de pesos por mes.
Con los municipios, las deudas son multimillonarias también y se registran adeudos desde la década de los años 90 del siglo pasado, aunque el SIAPA sólo puede comprobar documentalmente, deudas que se arrastran del año 2006. Pero como dice el refrán, “de lo perdido, lo encontrado”. Al SIAPA le urge capitalizarse.
En ese contexto, que el gobernador Lemus Navarro pueda evitar el conflicto político con los partidos de oposición representados en el Congreso estatal, es un gran paso en beneficio de los habitantes de la ciudad, que reclaman sobre todo, agua de calidad saliendo de los grifos.

Avanza la negociación para el presupuesto hídrico

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Teóricamente, habría que esperar hasta el inicio del proceso electoral para abordar temas político partidistas. Pero los acontecimientos se desbordan y no hay que dejarle a los partidos decidir por sí solos el futuro de las elecciones y la integración de las administraciones. Por eso es conveniente revisar la contienda interna del partido Morena en su aspiración por llegar a gobernar Guadalajara, la capital de Jalisco.
El suceso detonante para esta revisión comenzó con la visita de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, el pasado 29 de julio. En su discurso público se refirió a la crisis del agua que se vive en el Área Metropolitana, pero al interior del partido, ese tema era secundario: los morenistas esperaban con ansia las directrices para definir candidaturas para las alcaldías jaliscienses y las diputaciones locales.
Como respuesta, el partido postergó hasta los últimos días de agosto la emisión de convocatorias y la presidenta Montiel, les pidió a los militantes evitar actos anticipados y convocó al orden y el respeto. Fue lo primero que se rompió.
El senador Carlos Lomelí lanzó abiertamente su pretensión de competir por la candidatura morenista para contender por la alcaldía de Guadalajara el año entrante. No es que se haya revelado el secreto mejor guardado, ya lo había hecho antes. Pero su posicionamiento personal pareció una rebelión a lo pedido por Ariadna Montiel. Además, diferentes actores políticos del partido se manifestaron inconformes con el uso grupal que el senador Lomelí y la presidenta estatal Erika Pérez, han hecho del Comité Estatal.
De hecho, ayer la diputada federal Merylin Gómez Pozos reiteró el reclamo y comentó que así no se incentiva la unidad interna. Aunque también manifestó que competirá por la candidatura a Guadalajara.
De los 125 municipios de Jalisco, Guadalajara es el que más le importa a los morenistas. Son varias las razones, pero un par de éstas entrañan el máximo interés. Primero, derrotar a Movimiento Ciudadano en la capital del Estado significaría avanzar decisivamente en la posibilidad de ganar las elecciones del año 2030, cuando sí estará en disputa la gubernatura.
La segunda razón es que una añeja tradición jalisciense ha marcado que el alcalde de Guadalajara va en automático a Casa Jalisco y se convierte en gobernador… o ahora, gobernadora. Sería un doble triunfo.
Pero delinear una ruta política dista mucho de lograr transitarla.
Además de Lomelí y Gómez Pozos, hay otros aspirantes a esa misma candidatura en Morena: José María “Chema” Martínez, Mariana Fernández Ramírez, Itzul Barrera. Más los que se sumen.
Cada uno de ellos ha conseguido su parcela de popularidad y reconocimiento por sus críticas al gobierno municipal y a la administración estatal. Están en su derecho. Pero, ¿dónde está la propuesta, el proyecto de gobierno, la visión de un mejor futuro para la ciudad que, por cierto, es la segunda más importante del país y podría decirse, es la capital del Occidente mexicano?
Los proyectos personales son legítimos, pero hasta ahora no se ha proyectado una Guadalajara con una perspectiva diferente. Y además, persisten en su división.

Guadalajara en la lucha intestina de Morena

Generalmente pasan desapercibidas. La mayoría de las ocasiones asiste un representante y casi nunca, el presidente municipal. Hablamos de las sesiones de la Junta de Gobierno del SIAPA. Pero el pasado viernes 7 de agosto fue diferente; la opinión pública y la atención ciudadana siguieron puntualmente el desarrollo de la tercera sesión extraordinaria del máximo organismo del SIAPA que se efectuó en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, porque estaba en juego una decisión de alto impacto mediático: el listado de colonias que recibirán el descuento de 80% en la tarifa por recibir agua contaminada.
Del decreto aprobado por el pleno del Congreso del Estado antes de salir de vacaciones de Verano –por cierto, hoy deben regresar a sus actividades los diputados–, resultó después una lista de 243 colonias entregadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). La institución fue clara: la lista surge de las quejas, individuales o grupales, recabadas en la Comisión por la mala calidad del agua. Nada más.
El listado de 243 derribó los reclamos de más de 600 colonias afectadas, según lo había reclamado diputadas y diputados de oposición, además de asociaciones civiles.
Pero en la Junta de Gobierno del SIAPA, con votación mayoritaria pero no unánime, se aprobó una lista de colonias afectadas de sólo 203. Eliminaron 40 colonias porque, según argumentó el director del organismo, Ismael Jáuregui, señalaban colonias que no existen y otras en las que el SIAPA no presta su servicio.
Que no haya confusión: la batalla recomienza.
Este lunes en el Congreso del Estado habrá Junta de Coordinación Política y los diputados coordinadores de Morena, Hagamos y Futuro, reclamarán abiertamente el tema y pedirán que el jueves 13 de agosto se efectúe una sesión ordinaria del pleno del Congreso en la que el tema central, al menos en tribuna, será lanzar una crítica total contra la decisión de la Junta de Gobierno del SIAPA y contra los gobiernos municipales y el del Estado.
La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, afirma tener un listado adicional de más de 200 colonias que no fue considerado por el SIAPA… pero que tampoco ofreció la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Discutir el tamaño de la lista de colonias afectadas y que pueden acceder al descuento de 80% en las tarifas es apenas el principio.
Detrás está la orden directa Palacio Nacional y la dirigencia nacional de Morena, de bloquear a toda costa el proyecto del gobierno del Estado para resolver, con más de 30 obras, la crisis del agua potable. Ya se puede anticipar desde el Congreso, por votación dividida, el rechazo al acueducto de Chapala a Guadalajara y la ampliación de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.
Además de que se discutirá ampliamente que se abra la lista de colonias que deben recibir descuento.
La crisis continúa.

SIAPA: discusión de las colonias afectadas

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Es imposible pensar que se está dando la casualidad de que repentinamente, productos agrícolas mexicanos que por décadas se han consumido en los mercados y los hogares de los Estados Unidos, repentinamente están contaminados y provocando enfermedades. Y que eso repentinamente ocurra mientras amenazan al personal norteamericano que certifica las huertas de aguacate en Michoacán, por lo que se determina sacar a todo el personal de Estados Unidos y parar las exportaciones.
Y además, mientras esto sucede, el presidente Donald Trump la emprende otra vez contra México, un país que, asegura, ha dañado a los Estados Unidos. Parece una mala broma, pero el mandatario norteamericano lo dice muy en serio mientras se reúne con simpatizantes republicanos en un acto político.
No son coincidencias ni sucesos aislados. Se trata de una campaña anti México que cada vez aprieta más al gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y que le dificulta las cosas a autoridades locales y productores mexicanos. 
Es totalmente cierto que en Michoacán viven con el grave problema de la producción de drogas y la presencia de cárteles desde hace décadas. Hay violencia, asesinatos, extorsión, corrupción e impunidad. Nadie puede negarlo, y mucho menos el gobierno estatal. Pero los inspectores estadounidenses que certifican las huertas productoras de aguacate son intocables; si la industria del “oro verde” se detiene, se para también el mecanismo económico que nutre al crimen organizado. Y no quieren eso.
A los estadounidenses les importa el aguacate, no la justicia en Michoacán. Y aunque no es consuelo porque nunca se ha resuelto el problema de origen, no importa cuántos operativos militares se apliquen, también es verdad que tiene la palanca perfecta para presionar: detener las exportaciones de la fruta.
En otros temas, la noticia de un crecimiento inesperado de contagios de la diarrea explosiva culpó primero a la lechuga de origen mexicano que llegaba hasta Estados Unidos desde Guanajuato. No han podido probarlo, pero primero lo difundieron.
Ahora, hasta los chiles jalapeños que se exportan desde Sinaloa, se han convertido en una fuente de contagio de salmonela. No lo han probado científicamente, pero ya lanzaron la advertencia. 
Y a todo esto se suma el discurso del presidente Trump. ¿México haciéndole daño a la economía de Estados Unidos? ¿En serio? 
Detrás de esta campaña, ¿qué tanto habrá una revancha por la defensa que hace el gobierno federal de los políticos morenistas acusados de estar coludidos con la delincuencia organizada? ¿Qué tanto sabrá la oficina de la presidencia de la república que no se comparte en las mañaneras de todos los días?
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene una agenda intensa, complicada. Pero no pueden desproteger a los exportadores, productores, emprendedores mexicanos.
No hay improvisación entre los agricultores, industriales y exportadores de todo tipo de productos que son enviados al mercado de Estados Unidos, donde lo hecho en México se compra desde hace décadas porque cumple con toda la reglamentación.
El gobierno mexicano y los gobiernos estatales tienen la obligación tajante de evitar que la campaña anti México se prolongue.

La campaña “anti México” en EU

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Ocurre en muchas partes del país: bardas con pintas y nombres; reuniones que parecen mítines; reparto de propaganda y hasta de regalos, con algún giro ingenioso para evitar que se pueda considerar acto de campaña o de plano, con total descaro. Aspirantes de todos los partidos están en contienda desde hace meses y evidentemente, la Ley Electoral sólo es un referente teórico. 
En este contexto, un caso emblemático es el de “Andy” López Beltrán en Tabasco. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador recorre el Distrito 6 de aquel Estado porque, como ya lo anunció, buscará la diputación federal para ser integrante de la Cámara de Diputados en la próxima Legislatura federal.
No es que su caso sea más ilegal que otros, pero tratándose del hijo del expresidente y además, ex secretario nacional de Organización en Morena, cobra mayor relevancia y proyección.
Ante las acusaciones de actos anticipados de campaña, la dirigencia morenista en Tabasco responde con desparpajo: no hay actos anticipados porque no hay campaña; sólo está haciendo recorridos y reuniéndose con simpatizantes. Descaro total.
Y al cuestionarle a la presidenta Claudia Sheinbaum por esto, se refugia en la ley –ella sí– y responde que es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE).
Irónico: la misma presidenta que, igual que su antecesor, exige que le recorten recursos económicos al INE porque las elecciones son muy costas, aunque su propio partido ha evitado una y otra vez el recorte de prerrogativas a los partidos políticos, ahora sí le recuerda a la autoridad electoral sus obligaciones.
¿Qué pasaría si el Consejo General del INE determinara que “Andy” López está cometiendo delitos electorales por actos anticipados? Con toda seguridad, acusarían a la autoridad electoral de propasarse.
Es la incongruencia total en las reglas electorales que se aplican a medias y de vez en cuando en México. Y lo hacen todos los partidos políticos, que quede claro. Porque cuando los aspirantes comprueban que no hay castigo, en lugar de exigirlo, lanzan también sus propias actividades de precampaña.
Lo único que le queda a la ciudadanía es observar y quizá, recordar quiénes son los que infringen la ley para no votar por ellos en la jornada electoral. O simplemente, sumarse a la simulación generalizada.

Campañas electorales fuera de la ley

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Ayer se lanzó un anuncio importante en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbum: con la dirección de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se abordará un debate y análisis en diferentes foros del país para concluir en la regulación de las redes sociales y la Inteligencia Artificial para los menores de edad. En términos llanos, se pondrá límites al uso de la tecnología entre la niñez mexicana.
Esta determinación era urgente. Incluso, llega tarde en las circunstancias que afrontan las niñas y los niños en México. Pero mejor es tarde que nunca.
No es un tema que se aprecie a simple vista o surja de una experiencia particular. La determinación de limitar o de plano, prohibir el uso de teléfonos inteligentes y acceso a redes sociales a los menores, ya se abordó y se legisló en varios países, porque está comprobado científicamente que sin guía y límites, estas tecnologías dañan a los menores en su desarrollo intelectual, en su salud física y emocional. El uso indiscriminado de éstas genera adicción y conductas que condicionan la vida de los jóvenes y futuros adultos.
Guardadas las proporciones, pueden tener efectos como los que provocan las drogas o la pornografía. No hay nada qué descubrir. 
Sin embargo y por diferentes motivos, en México es común que vayamos detrás en la legislación de fenómenos sociales y tecnológicos. Nuestros legisladores tienen como regla de comportamiento esperar a tener legislaciones de otras naciones para tener un referente y después “tropicalizarlas” para su aplicación en nuestro entorno. Los resultados no son siempre los deseados.
El punto ahora es que la SEP organizará foros nacionales para reunir opiniones y propuestas sobre la utilización de las redes sociales, el internet y la Inteligencia Artificial y al final del trayecto, presentar una propuesta de regulación a diputados federales y senadores.
El Estado mexicano tiene para con la niñez mexicana una gigantesca deuda. Las niñas y niños mexicanos viven todos los días con realidades como la pobreza, la alimentación deficiente, la urgencia de trabajar, núcleos familiares disfuncionales, violencia social e intrafamiliar y un largo etcétera.
Ciertamente, seguirán irresueltos la mayoría de estos retos, pero una legislación concreta y puntual sobre el uso de las nuevas tecnologías, otorgará al menos una base teórica sobre lo que es correcto y no en su utilización.
Si vamos tarde, al menos hay que iniciar ya.

Regular las redes sociales para los niños

Desde que se anunció en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum (que se haya presentado ahí ya es un indicador determinante), la discusión de los “Lineamientos Generales para la protección de los derechos de las audiencias”, surgió un importante debate sobre la libertad de expresión y sobre todo, de la tarea de los medios convencionales de comunicación en nuestro país.
Lamentablemente, porque es un signo de nuestros tiempos, ante la gigantesca difusión de información a la que todos tenemos acceso, el interés por los derechos de las audiencias y la manera como lo está enfocando el gobierno federal a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) es algo que, sin exagerar, casi a nadie le importa. Ni siquiera en un escenario de broma, “los derechos de las audiencias” conforman un tópico del que se ocupen los jóvenes o los “mexicanos promedio” que, como ha sucedido desde hace años, manejan otros temas de interés muy ajenos.
Aunque no sea un asunto de interés general, pese a todo, entraña una gigantesca importancia.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró, desde el atril de su rueda de prensa diaria, que no tienen razón quienes anuncian acciones de censura en los medios de comunicación, sino que por el contrario, se trata sólo de dotar a los ciudadanos, de sus derechos legales para exigir información verídica y comunicación en el marco de la ley.
Después, este fin de semana, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, abordó la cuestión con otro lenguaje, muy en su naturaleza de dirigente partidista. Pero no hay que olvidar que cuando utilizan discursos propagandísticos, mezclan al gobierno federal con Morena, en ese concepto que se difunde como la “cuarta transformación”.
La presidenta de Morena, entre otros conceptos, aseguró que los derechos de las audiencias permitirán garantizar “el derecho del pueblo a estar informado”. Esta entrada ya refleja esa flexible generalización con la que en Morena siempre se refiere “al pueblo” como si se tratara de un grupo de personas homogéneo y con una única postura. Ariadna Montiel refiere que durante “el período neoliberal” se privatizó la conversación pública y la información se utilizó “para proteger intereses particulares”, además de que se “disfrazó de noticia” la propaganda.
“Ese modelo produjo desánimo y despolitización”, se atrevió a asegurar.
En el concepto clásico, demagogia es “la conducción del pueblo”. Con el paso de los siglos, el concepto se amplió en sus significados y actualmente esta palabra es casi un sinónimo de mentira. Entre las características que le atribuyen los científicos políticos, figuran el uso de la emoción por encima de la razón; la oferta de soluciones fáciles a problemas complejos y peligrosamente, la utilización de miedo y la ira para convencer, sin que haya en contraste datos reales.
Menciono lo anterior porque al anunciarse la discusión de los “derechos de las audiencias” y al establecerse al CRT como la autoridad que regulará y defenderá los derechos “del pueblo”, es decir, un conjunto de 130 millones de personas, de inmediato se externaron críticas de asociaciones civiles y académicas, observadores nacionales e internacionales, partidos políticos de oposición y hasta medios de comunicación agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión.
Todos, sin excepción, en la versión de la presidenta de Morena, caen en la hipocresía y se convierten en adversarios del régimen en el gobierno.
Los medios de comunicación en nuestro país han tenido históricamente, deficiencias y límites; han participado en los agitados períodos de cambio y desarrollo social. Tienen mucho por mejorar y se encuentran en una profunda crisis provocada por la emergencia y dominio de las redes sociales.
Pero han sido, siempre, un factor que termina por colaborar con las demandas sociales.
Someterlos al modelo que ahora proponen como un rescate de los derechos de las audiencias, para “recuperar” los derechos del pueblo, es otro modo demagógico para implementar mecanismos legales que le permitan a una autoridad, ahora sin nombre ni rostro, sancionar y silenciar. Eso es retroceder, no avanzar.

Los derechos de las audiencias y la demagogia

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La semana que inició el pasado lunes 10 de agosto sorprendió con el terremoto que sacudió a Colombia. Con 7.4 grados, el fenómeno sacudió principalmente a dos ciudades colombianas: Pereira y Cali. Al día de hoy, la cifra oficial de fallecidos se acerca a 300 y la tragedia se extiende a heridos, desaparecidos y cuantiosos daños que tomarán años de trabajos e inversión pública y privada.
Y sin embargo, el gobierno colombiano que encabeza Abelardo de la Espriella, rechazó el apoyo enviado por el gobierno mexicano; fueron rechazados contingentes de las Fuerzas Armadas de México por no contar con un registro que, según se informó, sí tienen rescatistas de Ecuador, El Salvador, Israel y Estados Unidos.
Es sencillamente sorprendente. La administración federal colombiana repudió el apoyo de rescatistas mexicanas que han acumulado experiencia en más de 90 países apoyando en diferentes eventos trágicos.
Abelardo de la Espriella está en su derecho, como jefe de Estado, de abrir o cerrar sus fronteras a quienes considera, están más calificados para ayudar, pero hay una realidad inocultable: la suya es una posición de fundamentalismo político. Un extremismo absurdo que priva a miles de colombianos de recibir ayuda de rescatistas mexicanos, sólo porque rechaza la línea ideológica del gobierno mexicano. 
De la Espriella es de la extrema derecha, y el gobierno de la 4T se presume de izquierda. Las alianzas y los bloques están totalmente definidos. El nuevo gobierno colombiano se alinea con el grupo que ha establecido el presidente estadounidense Donald Trump, para combatir a los gobiernos latinoamericanos de izquierda. 
Sin embargo, ese fundamentalismo político que se ha manifestado en medio de una tragedia, no es exclusivo de la administración de De la Espriella. Es apenas una manifestación de lo que también acontece en México.
Hay evidencias recientes.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promueve la discusión de los Lineamientos para los Derechos de las Audiencias que, en la práctica, limitará la libertad de expresión de medios de comunicación; rechaza, además, una iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) para que se establezca en la rueda de prensa mañanera un derecho de réplica legalmente reglamentado, para responder a las interpretaciones y posibles abusos de esta rueda de prensa cotidiana que construye narrativa y marca agenda en el país. “Que hagan su propia rueda de prensa”, respondió la presidenta.
Y adicionalmente, la consejera jurídica de la presidencia, Luis María Alcalde, hasta hace unas semanas presidenta nacional de Morena, presentó en Palacio Nacional un listado de periodistas y políticos que, afirmó, promueven mensajes “anti 4T” y atacan al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Sencillamente, crítica quedó igualada en ataque.
Son otras manifestaciones de fundamentalismo político que, en el caso de los mexicanos, se enfocan contra la república.
Si el rechazo de Colombia a la ayuda escandaliza, hay que observar la ruta de los extremismos mexicanos que conducen a la pérdida de libertades y derechos.

Colombia rechaza el apoyo mexicano