Mario Muñoz

Las conferencias mañaneras pueden moldear percepciones, pero no alteran los estados financieros. El problema del gobierno federal es que pretende convertir los deseos en resultados y la propaganda en evidencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que Mexicana de Aviación “va muy bien” y que alcanzará la rentabilidad cuando opere con 20 aeronaves. También sostiene que el Tren Maya, los hoteles y los aeropuertos administrados por las Fuerzas Armadas son casos de éxito. Sin embargo, las cifras vuelven a ser el enemigo más incómodo del discurso oficial.
Mexicana de Aviación perdió 941 millones de pesos durante 2025 únicamente en su operación, sin contabilizar la amortización de la enorme inversión pública que requirió revivir una marca quebrada para convertirla en aerolínea federal.
El Tren Maya tampoco resiste el contraste con la realidad: se presume en Palacio Nacional, pero registró pérdidas operativas por tres mil 649 millones de pesos en el mismo periodo, sin incluir el costo multimillonario de una obra cuyo presupuesto terminó muy lejos de lo prometido.
No se trata de exigir utilidades inmediatas a proyectos de infraestructura. Se trata de cuestionar la deshonestidad política de venderlos como negocios exitosos cuando sobreviven gracias a los subsidios permanentes pagados por los contribuyentes. Una empresa que pierde dinero no es rentable porque el gobierno lo repita todos los días. Un tren no es exitoso porque se inaugure varias veces. Un aeropuerto vacío no deja de serlo porque las estadísticas se acomoden al discurso.
El obradorismo construyó su narrativa sobre la premisa de que bastaba la voluntad política para desafiar la lógica económica. Descalificó estudios técnicos, ignoró análisis de costo-beneficio y convirtió cualquier crítica en una supuesta defensa de los privilegios. Hoy, esa apuesta comienza a pasar factura. Los proyectos emblemáticos que prometían transformar al país dependen, en realidad, de un flujo constante de recursos públicos para mantenerse a flote.
Salvo los programas sociales, que ya forman parte del marco constitucional y obedecen a una política distinta, buena parte del legado material de Andrés Manuel López Obrador terminó siendo una costosa colección de promesas incumplidas. Se ofrecieron obras autosuficientes; se entregaron proyectos subsidiados. Se prometió eficiencia; aparecieron pérdidas. Se habló de desarrollo; llegaron los rescates financieros.
Lo más preocupante es que el nuevo gobierno no parece dispuesto a corregir el rumbo, sino a perfeccionar la narrativa. En lugar de reconocer los errores, insiste en administrar expectativas. En lugar de transparentar los costos, multiplica los elogios. Pero la contabilidad no milita en ningún partido. Los balances financieros no votan. Y los números, por mucho que incomoden al poder, terminan imponiendo una verdad que ninguna conferencia puede borrar: una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira, aunque cueste miles de millones de pesos sostenerla.

Verdades a medias… o mentiras

El Partido Acción Nacional ya no puede culpar al PRI, a Morena, a las campañas sucias o a la polarización. Si hoy es un partido disminuido, relegado y sin rumbo, es porque desperdició la oportunidad histórica que millones de mexicanos le entregaron en el año 2000: demostrar que se podía gobernar sin corrupción, sin soberbia y sin las viejas prácticas del régimen que tanto combatió.
No lo hizo.
Vicente Fox llegó con la promesa de sacar al PRI de Los Pinos y terminó inaugurando una era de improvisación y corrupción que se repartió en los Estados. Felipe Calderón gobernó con una legitimidad cuestionada y un país sumido en una crisis de violencia. En apenas dos sexenios, el PAN dilapidó el enorme capital moral que había construido durante décadas como oposición.
Hoy resulta hasta irónico escuchar a exgobernadores como Alberto Cárdenas o al propio Fox exigir estrategia, unidad y rumbo. ¿Cuál estrategia? El PAN lleva años sin una narrativa nacional, sin liderazgo competitivo y, sobre todo, sin autocrítica.
Las declaraciones de Alberto Cárdenas son más reveladoras por lo que exhiben que por lo que proponen. Si un consejero nacional y estatal admite que desconoce el plan rumbo al 2027, entonces el problema no es de comunicación: es de inexistencia. Un partido que no sabe hacia dónde va, difícilmente convencerá a los ciudadanos de llevar al país a un mejor destino.
El PAN tampoco entendió que los partidos sobreviven renovándose. Apostó por reciclar nombres, grupos y cuotas internas mientras abandonaba la formación de nuevos liderazgos. Hoy su dirigente nacional,  Jorge Romero, pasa inadvertido; Ricardo Anaya representa más el recuerdo de derrotas que una alternativa de futuro, y figuras como Maru Campos, que por momentos parecían abrir una nueva etapa, terminaron perdiendo rápidamente el impulso político. Se hundió sola.
La realidad es brutal. Las encuestas colocan al PAN peleando el tercer o cuarto lugar en muchas regiones. Su respuesta es mirar al retrovisor, convocar al “viejo panismo” y repartir reconocimientos entre quienes protagonizaron una época que ya terminó. La nostalgia nunca ha ganado una elección.
El drama del PAN no es muy distinto al del PRI. Ambos confundieron el poder con patrimonio. Ambos dejaron crecer burocracias partidistas incapaces de renovarse. Los dos administraron gobiernos señalados por corrupción y malas decisiones. Y ahora Morena, embriagado por el poder absoluto, parece recorrer exactamente el mismo camino.
La historia demuestra que en México el problema nunca ha sido únicamente quién gobierna, sino cómo el poder termina devorando a quienes prometieron cambiarlo. El PAN tuvo su oportunidad. La desperdició. Y hoy paga, como todos los demás partidos antes que él, la factura de haber traicionado la esperanza que un día representó.

La larga crónica de un fracaso anunciado

Durante años se nos dijo que la corrupción era el origen de todos los males del país y que bastaba con erradicarla para transformar a México. Ese fue el corazón del discurso de la llamada Cuarta Transformación. La honestidad se convirtió en un eslogan y la superioridad moral en un argumento político. Sin embargo, gobernar exige mucho más que promesas.
Las cifras difundidas recientemente sobre las sanciones a servidores públicos llaman la atención. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registró un número considerablemente mayor de inhabilitaciones, destituciones y suspensiones que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los datos, por sí mismos, no prueban que un gobierno haya sido más corrupto o más honesto que otro. Pero sí evidencian una contradicción incómoda para quienes prometieron una limpieza sin precedentes –el gobierno de Peña Nieto impuso 53 mil 439 sanciones a servidores públicos. En contraste, la administración de López Obrador registró 15 mil 266–.
El problema no es sólo cuántos funcionarios fueron castigados. El verdadero problema es la simulación. Se sustituyó la construcción de instituciones fuertes por la narrativa política, la investigación técnica por la descalificación de los críticos y la rendición de cuentas por las conferencias diarias. Pareció suficiente repetir que ya no había corrupción para convencer al país de que ésta había desaparecido.
Pero la corrupción no se combate con discursos, sino con auditorías, fiscalías independientes, órganos de control robustos y sanciones ejemplares. Cuando las instituciones se debilitan o se subordinan al poder político, la impunidad encuentra terreno fértil. Y la impunidad, tarde o temprano, termina cobrando factura a todos.
Resulta paradójico que un gobierno cuya legitimidad descansó en la promesa de erradicar la corrupción, enfrente hoy cuestionamientos sobre la eficacia de ese combate. Más preocupante es que buena parte de la discusión pública se reduzca a defender colores partidistas, cuando el verdadero interés debería ser fortalecer el estado de derecho.
La corrupción no distingue ideologías. Vive igual bajo gobiernos de izquierda que de derecha cuando desaparecen los contrapesos y la vigilancia ciudadana. Por eso el conformismo es tan peligroso como la corrupción misma.
Y aquí cabe una reflexión incómoda: si un gobierno tan cuestionado como el de Enrique Peña Nieto terminó mostrando una actuación administrativa más intensa contra funcionarios que el gobierno que prometió acabar con la corrupción, entonces el problema ya no es de propaganda, sino de resultados. Y si eso es cierto, como sociedad estamos muy, pero muy jodidos.

La simulación en cifras

Si algo quedó demostrado durante los episodios de los narcobloqueos que ha vivido Jalisco en los últimos años, es que las balas no se detienen con discursos ni con simulacros. Se detienen con inteligencia, tecnología, coordinación y decisiones oportunas. Por eso resulta inevitable preguntarse: ¿Para qué un simulacro de bloqueos carreteros este lunes si el protocolo real ya está perfectamente definido?
La respuesta oficial por parte del gobierno federal o la Secretaría de la Defensa Nacional habla de fortalecer la coordinación entre instituciones. Suena bien. Pero la realidad ha demostrado que, cuando los grupos criminales incendian vehículos y paralizan carreteras, las corporaciones de seguridad no salen a librar enfrentamientos urbanos. Nadie en su sano juicio quiere una batalla campal en medio de avenidas repletas de familias, estudiantes y trabajadores. La prioridad es contener el riesgo y proteger vidas.
El verdadero combate ocurre mucho antes de que aparezcan las llamas. Está en el trabajo de inteligencia que identifica a quienes reciben la orden de sembrar el caos. Está en los sistemas de videovigilancia capaces de seguir cada movimiento de los vehículos utilizados por los sicarios. Está en el monitoreo de las comunicaciones, en el análisis criminal y en la capacidad de detener a los responsables antes de que prendan fuego al primer camión. ¿O después?
Si la estrategia consiste precisamente en evitar enfrentamientos directos para no multiplicar las víctimas, ¿qué aporta movilizar decenas de patrullas con sirenas encendidas hacia escenarios ficticios? ¿Se está entrenando una respuesta que, por diseño, nunca ocurrirá de esa manera?
Después de la Copa del Mundo, las propias autoridades celebraron un incremento en la percepción de seguridad entre la población. Los visitantes se fueron convencidos de que Jalisco es un Estado capaz de organizar eventos internacionales con orden y tranquilidad. Esa imagen positiva se construyó gracias a un enorme despliegue tecnológico, cámaras, centros de mando, inteligencia y coordinación institucional de corporaciones de seguridad. No gracias a los simulacros.
Los recursos públicos son limitados. Cada hora de operación, combustible, personal y logística debería traducirse en resultados concretos. Tal vez sería más útil realizar ejercicios silenciosos de inteligencia, pruebas de interoperabilidad entre los sistemas de videovigilancia, simulaciones cibernéticas para rastrear comunicaciones criminales o auditorías sobre los tiempos reales de reacción de los centros de mando.
La seguridad no se gana con espectáculos operativos. Se gana anticipándose al delito. Porque cuando un narcobloqueo comienza, el Estado ya llegó tarde. La verdadera victoria consiste en impedir que ocurra.
¿Habrá algo detrás del simulacro? ¿Por qué sólo en Jalisco y no Michoacán o Sinaloa?
Pregunta para la presidenta, Claudia Sheinbaum.

¿Para qué un simulacro?

Hay escenas que no deberían ocurrir jamás. Una de ellas se vivió durante el Fan Fest de Guadalajara, cuando un grupo de jóvenes decidió hacer el absurdo juego del “quiere volar” con una persona en silla de ruedas. La levantaron, la lanzaron y, al no sostenerla, la dejaron caer. El resultado fue el esperado: terminó lesionada y tuvo que ser atendida por la Cruz Roja.
No fue un accidente. Fue una cadena de malas decisiones.
Existe una preocupante normalización de la imprudencia disfrazada de diversión. Para algunos, “echar desmadre” significa perder cualquier noción de responsabilidad, ignorar los límites del sentido común y convertir a los demás en objetos de entretenimiento. No importa si alguien resulta herido. Lo importante parece ser conseguir un video para redes sociales o provocar las risas del grupo.
Esa actitud no tiene nada de festiva. Es inmadurez en su máxima expresión.
La emoción de un evento masivo nunca puede justificar conductas que ponen en riesgo la integridad de otras personas. Mucho menos cuando la víctima presenta una condición de movilidad que exige mayores cuidados y respeto. La inclusión no consiste únicamente en abrir espacios para todos; también implica garantizar que quienes asisten puedan hacerlo con seguridad y dignidad.
Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre la falta de empatía que parece crecer entre algunos jóvenes, alimentada por la necesidad de llamar la atención y por una cultura donde el límite entre la broma y la agresión se ha vuelto peligrosamente difuso. Cuando la diversión depende de humillar, exponer o arriesgar a otra persona, deja de ser diversión y se convierte en violencia.
También es un llamado para quienes organizan eventos multitudinarios y para las autoridades encargadas de la seguridad. No basta con desplegar elementos de vigilancia para prevenir riñas. Es necesario actuar de inmediato cuando aparecen conductas temerarias que pueden terminar en tragedia.
Las personas con discapacidad y sus familias deben extremar precauciones si observan grupos que actúan de manera imprudente o agresiva. Nadie debería verse obligado a evitar espacios públicos por culpa de individuos incapaces de distinguir entre una celebración y una agresión, pero mientras persista esta cultura de la irresponsabilidad, la prevención puede evitar consecuencias más graves.
La verdadera fiesta es aquella donde todos regresan a casa sanos y salvos. Quien convierte el riesgo ajeno en diversión no merece aplausos ni excusas. Merece el rechazo social y, cuando corresponda, enfrentar las consecuencias legales de sus actos.

La diversión vs. la estupidez

México tiene una extraordinaria capacidad para desperdiciar oportunidades. Cada vez que surge la posibilidad de corregir alguno de los excesos de nuestra costosa democracia, la clase política encuentra la manera de protegerse. Así ocurrió una vez más con la fallida reforma electoral que pretendía reducir el número de legisladores plurinominales, disminuir el presupuesto del INE en años no electorales y recortar el financiamiento público de los partidos políticos. Nada pasó. Los privilegios sobrevivieron. ¡Sin novedad!

La explicación es sencilla: nadie vota en contra de su propio negocio.

Mientras millones de mexicanos trabajan jornadas agotadoras para sostener a sus familias, existe una casta política que vive del presupuesto sin producir resultados proporcionales a lo que cuesta. Diputados plurinominales que jamás han ganado una elección, dirigentes partidistas que convierten las instituciones en patrimonio familiar, asesores que nadie conoce y estructuras burocráticas cuya principal función es justificar su propia existencia.

Y por si el menú no fuera suficiente, en Jalisco acaba de aparecer un nuevo partido político: el Partido Humanista, impulsado por integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Más allá de las creencias religiosas de sus promotores, la pregunta es inevitable: ¿Qué necesidad hay de seguir multiplicando los partidos políticos?

¿Acaso los que existen han resuelto los problemas de pobreza, inseguridad, corrupción o impunidad? ¿Han fortalecido la democracia? ¿Están formando cuadros competitivos? ¿Han recuperado la confianza ciudadana? ¡No han hecho nada!

El problema es que el sistema está diseñado para producir partidos, no para producir representación. Se han convertido en franquicias financiadas por los contribuyentes. Organizaciones que obtienen recursos públicos, acceso a medios de comunicación, estructuras administrativas y posiciones de poder sin demostrar necesariamente una utilidad social real.
Peor aún, los requisitos para crear y mantener partidos siguen siendo insuficientes. No se exige una auténtica formación de cuadros políticos. No existen mecanismos eficaces para impedir la infiltración del crimen organizado. Los controles sobre el origen de recursos siguen mostrando enormes debilidades. La transparencia suele ser parcial y la rendición de cuentas se reduce a informes técnicos que pocos leen y menos aún entienden.
Lo verdaderamente escandaloso es que quienes más hablan de democracia suelen ser quienes menos practican la democracia interna. Los partidos están dominados por caciques, grupos de interés y dirigencias enquistadas que reparten candidaturas entre amigos, familiares, aliados y leales.
En teoría, los partidos existen para representar ciudadanos. En la práctica, muchos ciudadanos terminan trabajando para sostener a los partidos.
Y mientras tanto, el contribuyente sigue pagando la cuenta. Miles de millones de pesos destinados cada año a las estructuras políticas que no han logrado impedir la expansión de la violencia, el deterioro institucional ni la creciente desconfianza pública. Cada elección nos prometen renovación. En cada elección reaparecen los mismos apellidos, grupos y operadores reciclados bajo diferentes siglas.
México necesita una reforma electoral verdadera. Una que elimine privilegios, reduzca burocracias, fortalezca la fiscalización y establezca requisitos más estrictos para crear partidos políticos. Quien aspire a recibir dinero público debe demostrar utilidad pública, democracia interna, transparencia absoluta y una trayectoria limpia de vínculos criminales.
La democracia no puede seguir siendo una fábrica de vividores.

La fábrica de vividores

Hay partidos que pierden elecciones. Y hay partidos que pierden el rumbo. El PAN logró ambas cosas.
Después de esperar más de 70 años para llegar a la Presidencia, Acción Nacional recibió el poder como quien recibe una herencia largamente anhelada. Lo tuvo apenas 12 años y le bastó para desperdiciar una oportunidad histórica. Hoy, convertido en una sombra de sí mismo, pretende vender como renovación lo que en realidad es un catálogo de sus peores recuerdos.
La imagen de Vicente Fox y Felipe Calderón reapareciendo en un mitin para respaldar a Maru Campos no proyecta fuerza. Proyecta desesperación. Es el equivalente político de abrir el álbum familiar y descubrir que las únicas fotografías disponibles son las de las peores fiestas.
Fox, el hombre que llegó al poder prometiendo inteligencia, modernidad y cambio, terminó gobernando a golpe de ocurrencias. Su legado fue tan ligero que la historia apenas lo recuerda entre chistes, botas y declaraciones desafortunadas. El gran reformador acabó convertido en comentarista de redes sociales. Un expresidente que confundió el liderazgo con la improvisación permanente.
Y luego está Calderón. El político que decidió lanzar una guerra contra el narcotráfico sin construir previamente las instituciones capaces de sostenerla. El resultado fue una espiral de violencia cuyas consecuencias siguen pagando millones de mexicanos. Pero el problema no es sólo ése. Su administración quedó marcada para siempre por la presencia de Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
La pregunta seguirá persiguiéndolo durante décadas: ¿No sabía o no quiso saber? Ninguna respuesta lo absuelve. Si ignoró lo que ocurría en el corazón de su estrategia de seguridad, fue una irresponsabilidad monumental. Si lo supo y lo toleró, la gravedad es aún mayor. Por acción u omisión, la responsabilidad política es ineludible.
Por eso resulta asombroso que el PAN crea que estos dos personajes pueden ayudarle a reconstruir credibilidad. Es como intentar apagar un incendio con gasolina. Mientras Morena explota el desgaste del poder, la oposición responde desempolvando a quienes explican buena parte de su tragedia.
Y en medio de esa pobreza política emerge Maru Campos como una víctima del sistema o una presunta carta presidencial rumbo a 2030. No porque exista una estructura sólida detrás de ella ni porque el partido haya construido nuevos liderazgos competitivos. Surge porque prácticamente no hay nadie más. Es la candidata del vacío, de la necesidad y de la escasez.
La oposición mexicana enfrenta un problema profundo: sigue creyendo que la nostalgia puede sustituir al proyecto. Que los fantasmas del pasado pueden convertirse en esperanza de futuro.
Pero los electores no suelen premiar los recuerdos. Mucho menos cuando esos recuerdos llevan por nombre Fox y Calderón.
La tragedia del PAN no es que haya perdido el poder. Es que parece empeñado en demostrar que tampoco aprendió nada desde que lo perdió.

La miseria…

La Carretera a Chapala dejó de ser, desde hace años, la puerta de entrada digna a Guadalajara. Se convirtió en un monumento grotesco a la corrupción. Decenas y decenas de espectaculares oxidados, inclinados, gigantescos, ilegales y abandonados crecieron como maleza sobre el paisaje urbano, mientras los gobiernos anteriores volteaban hacia otro lado. No fue casualidad. Detrás de cada estructura había dinero, influencias y una red de protección política y judicial, que permitió que la contaminación visual devorara toda la ciudad.
La Zona Metropolitana de Guadalajara fue secuestrada por empresarios acostumbrados a operar al margen de la ley y por magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que durante años facilitaron suspensiones y resoluciones “a modo” para impedir clausuras y derribos. El negocio era redondo: particulares explotaban el espacio público sin regulación, los Ayuntamientos eran rebasados y la ciudad quedaba hundida en el desorden. Todo bajo el disfraz de la legalidad.
Hoy resulta imposible negar la podredumbre. Basta recorrer el ingreso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para observar una selva de fierros y lonas que ofrecen una imagen tercermundista, caótica y profundamente vergonzosa para miles de turistas nacionales e internacionales. Esa postal no representa a Guadalajara. Representa a la impunidad.
Por eso destaca que, por primera vez en muchos años, un alcalde decidiera enfrentar el problema de fondo. El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, inició una limpia histórica en la Carretera a Chapala con el retiro y clausura de más de 50 espectaculares. La medida no sólo tiene un componente urbano y ambiental. También representa un golpe directo contra los intereses económicos que durante años se sintieron intocables.
La decisión tiene el respaldo político desde Casa Jalisco. Pablo Lemus entendió desde hace tiempo que los espectaculares irregulares son sinónimo de corrupción institucionalizada. No es casualidad que haya advertido sobre órdenes de aprehensión contra propietarios de estructuras ilegales y que incluso planteara convertir estos casos en asuntos penales. La contaminación visual también es corrupción.
Y nombres sobran. La reciente detención del empresario Francisco Gerardo “N” volvió a exhibir cómo algunos personajes construyeron fortunas enteras bajo esquemas opacos, confrontando autoridades, operando anuncios presuntamente irregulares y utilizando el litigio como herramienta de presión. Durante años, la ciudad estuvo sometida a esos grupos que creyeron que el espacio público tenía dueño.
La limpia apenas comienza, pero manda un mensaje contundente: se acabó la era donde los espectaculares crecían con la complicidad de funcionarios y magistrados. Guadalajara merece cielos limpios, carreteras ordenadas y autoridades que defiendan la legalidad.
¡Con todo contra los corruptos que ensucian la ciudad, degradan el paisaje y convierten el espacio público en un negocio privado disfrazado de publicidad!

¡Con todo contra los corruptos!

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Hay cifras que deberían provocar una reflexión, no una celebración. El jueves 13 de agosto México registró 20 homicidios dolosos, la cifra diaria más baja en al menos 15 años, y la presidenta Claudia Sheinbaum la presentó como una señal de que la estrategia de seguridad está dando resultados.
Pero convertir un solo día en prueba de éxito es, cuando menos, una peligrosa forma de demagogia. La violencia no se combate con fotografías de una estadística favorable ni se derrota porque durante 24 horas el crimen mató menos. Mañana, pasado mañana o la próxima semana los números pueden volver a dispararse. Y entonces el festejo presidencial habrá durado exactamente lo que dura una cifra aislada.
Lo que no se dice es la horrorosa forma en la que están muriendo los adolescentes y jóvenes. Es el verdadero fracaso: México no ha sabido aprovechar su bono demográfico. Tenemos generaciones enteras de adolescentes y jóvenes que deberían estar estudiando, capacitándose, trabajando, emprendiendo y construyendo el país, pero demasiados encuentran escuelas deficientes, empleos precarios, barrios abandonados y un crimen organizado dispuesto a ofrecerles dinero, pertenencia y poder. Y muerte.
El propio Programa Nacional de Población 2026-2030 reconoce la necesidad de cerrar brechas en educación, trabajo decente, vivienda, seguridad social y otros servicios. El problema es que reconocerlo en un documento no significa convertirlo en una política pública eficaz.
¿Dónde está la estrategia nacional para impedir que un adolescente sea reclutado por una organización criminal? ¿Dónde están los programas permanentes de prevención en colonias con mayor violencia? ¿Dónde están las escuelas de tiempo completo, la capacitación laboral, la atención psicológica, el deporte, la cultura y los espacios comunitarios que realmente compitan con el poder de las organizaciones criminales?
Sin educación, capacitación, tratamiento de adicciones, empleo y seguimiento, mientras discutimos estadísticas, adolescentes y jóvenes siguen las víctimas de asesinatos atroces, desapariciones y reclutamiento criminal. Esa debería ser la medida del fracaso.
México necesita dejar de administrar la violencia y empezar a prevenirla. Un día con 20 homicidios es una buena noticia. Convertirlo en argumento de victoria nacional es otra cosa.
El verdadero triunfo llegará cuando un adolescente pueda elegir su futuro sin que el crimen organizado le gane la partida antes que el Estado.

El espejismo de la reducción de la violencia