Secuestros, extorsiones y desapariciones: una amenaza que alcanza a la población
La violencia en Jalisco ha dejado de ser un problema que podamos observar únicamente desde las cifras de homicidios. Hoy existen otros delitos que generan una preocupación profunda entre la ciudadanía: las extorsiones, los secuestros y las desapariciones de personas.
Durante mucho tiempo existió la percepción de que el secuestro y la extorsión estaban dirigidos principalmente contra empresarios, comerciantes o personas con un alto poder adquisitivo. Sin embargo, las formas de operar de los grupos criminales se han diversificado y la población en general se encuentra cada vez más expuesta a distintas modalidades de engaño, amenaza y privación de la libertad.
La obtención rápida de recursos se ha convertido en un incentivo para células delictivas que encuentran en la extorsión una forma de conseguir dinero. Ya no se necesita necesariamente identificar a una víctima con una gran capacidad económica. Una llamada, información obtenida de redes sociales, una falsa oferta laboral, una compraventa o una amenaza pueden ser suficientes para colocar a una persona y a su familia en una situación de enorme vulnerabilidad.
Las cifras permiten dimensionar el problema. De acuerdo con información elaborada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, durante el segundo semestre de 2025, 17.2 por ciento de los hogares del Área Metropolitana de Guadalajara tuvo al menos una integrante víctima de extorsión.
En Guadalajara, el porcentaje alcanzó el 19.6 por ciento de los hogares, mientras que en Zapopan fue del 18.4 por ciento.
Los registros de denuncias presentan números considerablemente menores. El sistema MIDE Jalisco reportó 89 carpetas de investigación por extorsión telefónica entre enero y mayo de 2026, mientras que en materia de secuestro se registraron 7 carpetas de investigación en ese mismo periodo.
Pero existe otro fenómeno que no puede quedar fuera cuando hablamos de la seguridad en Jalisco: la desaparición de personas.
Detrás de las cifras existen familias que salen todos los días a buscar a quienes no regresaron a casa. La localización y procesamiento de sitios de inhumación clandestina continúa mostrando la dimensión de una problemática que durante años ha golpeado al Estado. Entre diciembre de 2018 y julio de 2026, la Fiscalía de Jalisco reportó 256 sitios de inhumación clandestina procesados.
No podemos afirmar que todos estos delitos tengan el mismo origen ni que cada desaparición esté relacionada con el crimen organizado. Sin embargo, sí forman parte de una realidad de violencia que obliga a la ciudadanía a modificar la manera en que protege su información, sus movimientos y a su propia familia.
Porque las formas de acercarse a una víctima también han cambiado.
Una oferta de trabajo aparentemente atractiva, una compraventa realizada a través de redes sociales, una persona que solicita información, una llamada en la que aseguran tener secuestrado a un familiar o una cita con alguien a quien únicamente conocemos por internet, pueden convertirse en escenarios de riesgo.
Por eso la prevención comienza con algo tan sencillo como dejar de proporcionar información innecesaria.
Debemos evitar publicar constantemente dónde estamos, cuándo salimos de viaje, qué vehículo utilizamos, dónde estudian nuestros hijos o cuáles son nuestras rutinas. También debemos verificar la identidad de las personas con quienes hacemos negocios o acordamos encuentros y evitar acudir solos a lugares aislados.
Cuando salgamos a una cita, reunión, entrevista de trabajo o compraventa con una persona desconocida, alguien de confianza debe saber dónde estamos, con quién y aproximadamente a qué hora debemos regresar.
Ante una llamada de extorsión en la que aseguren tener privado de la libertad a un familiar, no debemos proporcionar información ni realizar depósitos inmediatamente. Primero debemos intentar localizar directamente a esa persona, comunicarnos con otros familiares y verificar la situación.
También debemos establecer mecanismos de seguridad dentro de nuestras propias familias: mantener comunicación sobre nuestros traslados, acordar una palabra clave para una emergencia y enseñar a niños y adolescentes a no proporcionar información sobre horarios, domicilios o actividades familiares.
Y cuando una persona desaparece, no hay que esperar 72 horas para denunciar. La búsqueda puede y debe comenzar desde el momento en que se desconoce su paradero.
Pero ninguna medida preventiva puede sustituir la responsabilidad de las autoridades.
La ciudadanía puede proteger su información, modificar rutinas, verificar antes de confiar y mantenerse alerta. Sin embargo, corresponde al Estado investigar, perseguir y desarticular a quienes utilizan la extorsión, la privación de la libertad y la violencia como mecanismos para obtener dinero o ejercer control.
Hoy la prevención también significa entender que el riesgo no necesariamente comienza con una amenaza.
Puede comenzar con una llamada, un mensaje, una oferta aparentemente inofensiva o con información que nosotros mismos hicimos pública.
No se trata de vivir con miedo, sino de aprender a identificar el riesgo antes de convertirnos en víctimas.
