¿Quién está educando hoy a nuestros hijos? Durante años pensamos que la respuesta era sencilla: la familia, la escuela y la comunidad. Hoy ya no. Hoy también educa un algoritmo. Uno que no conocemos, que no elegimos y que no rinde cuentas ante las familias. Un algoritmo decide qué aparece en la pantalla de un niño, qué contenido se repite, cuánto tiempo permanece conectado y qué conversación, imagen o mensaje se le presenta después.
Y mientras las familias intentan proteger a sus hijos, las escuelas enfrentan nuevos desafíos y los gobiernos discuten cómo responder, hay una pregunta que no podemos seguir evadiendo: ¿quién vigila a quienes tienen la capacidad de influir todos los días en la formación de millones de niñas, niños y adolescentes? Porque el problema ya no es únicamente cuánto tiempo pasan nuestros hijos frente a una pantalla. El problema es qué hay detrás de esa pantalla.
Ahí hay oportunidades extraordinarias para aprender, crear, informarse y comunicarse. Pero también existen riesgos que hace algunos años ni siquiera imaginábamos: acoso sexual, contacto con adultos que buscan engañar a menores, contenidos violentos o peligrosos, extorsión, manipulación mediante Inteligencia Artificial y, en casos particularmente graves, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
Los datos obligan a tomar este debate con absoluta seriedad. Alrededor de 1.6 millones de menores en México han sufrido algún tipo de abuso sexual facilitado por internet o redes sociales. Y frente a esta realidad, seguir diciendo que todo depende de las familias sería una respuesta cómoda, pero insuficiente.
Por supuesto que madres y padres tienen una responsabilidad fundamental. Pero ninguna familia puede enfrentar sola un ecosistema digital construido con enormes recursos tecnológicos y económicos, cuyos sistemas están diseñados para captar, retener y multiplicar nuestra atención. Por eso el debate debe cambiar.
No podemos limitarnos a preguntar cuánto tiempo pasan nuestros hijos conectados. Tenemos que preguntarnos qué ven, por qué lo ven, quién decide mostrárselo y quién asume la responsabilidad cuando ese sistema provoca daños.
La respuesta no puede ser simplemente prohibir por prohibir ni convertir la protección en vigilancia. Tampoco podemos seguir dejando que las grandes plataformas se autorregulen mientras el Estado llega tarde y las familias intentan resolver solas un problema que las rebasa. Proteger a la infancia exige reglas claras, responsabilidades compartidas y decisiones de Estado. En Jalisco entendimos que este debate no podía esperar.
Por eso quiero reconocer el trabajo que desde septiembre del año pasado ha impulsado el diputado Julio Hurtado, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, con una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales y escolares.
La propuesta plantea establecer límites para que los menores de 16 años no puedan abrir cuentas en redes sociales y obligar a las plataformas a implementar mecanismos efectivos para verificar la edad de sus usuarios. También propone restringir el uso de celulares en las escuelas de educación básica, para recuperar espacios donde la prioridad sea aprender, convivir y desarrollarse. No se trata de una ocurrencia ni de una batalla contra la tecnología. El mundo entero está discutiendo este mismo problema.
Australia ya avanzó con restricciones para menores de 16 años. Francia aprobó medidas para limitar el acceso de menores de 15 años. Otros países han abierto el debate sobre verificación de edad, supervisión parental y obligaciones directas para las empresas tecnológicas.
La tendencia es clara: la infancia digital dejó de ser solamente un asunto privado de las familias. Se ha convertido en un desafío de derechos, educación, seguridad y responsabilidad pública. Pero hay algo que debemos subrayar: regular no puede significar trasladar toda la responsabilidad a los niños, a los adolescentes o a sus padres.
Si una plataforma utiliza algoritmos diseñados para mantenernos conectados, recomendar contenidos y prolongar el tiempo de uso, entonces esas empresas también deben asumir responsabilidad sobre los riesgos previsibles de su propio modelo. La protección debe comenzar desde el diseño.
Privacidad por defecto para menores. Mecanismos de denuncia accesibles y eficaces. Respuesta inmediata ante contenidos ilícitos. Mayor transparencia sobre los sistemas de recomendación. Herramientas reales para madres, padres y personas cuidadoras. Y, sobre todo, la obligación de que las plataformas entiendan que cuando sus servicios llegan a niñas, niños y adolescentes, ya no pueden actuar como si fueran simples intermediarias sin responsabilidad alguna.
En Jalisco ya dimos un primer paso. La iniciativa impulsada por Acción Nacional fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado y enviada al Congreso de la Unión. Ahora corresponde a las diputadas y diputados federales analizarla, discutirla y dictaminarla.
No puede terminar guardada en un cajón. Por eso es importante insistir en el exhorto presentado nuevamente por el diputado Julio Hurtado. Porque las familias mexicanas necesitan respuestas concretas, no discursos que aparecen cuando el daño ya está hecho.
Y qué bueno que este tema también haya sido colocado sobre la mesa desde el Gobierno de México. La protección de nuestros hijos no debería convertirse en una competencia por ver quién se lleva el crédito. Si existe una propuesta que puede contribuir a proteger a la infancia, lo responsable es discutirla, mejorarla y construir acuerdos.
Desde Acción Nacional tenemos claro que hay causas que deben estar por encima de cualquier cálculo partidista. La defensa de nuestras niñas, niños y adolescentes es una de ellas. Gobernar también significa anticiparse. Significa no esperar a que una generación pague las consecuencias de nuestras omisiones para entonces reaccionar. Significa reconocer que el mundo cambió y que nuestras leyes, nuestras escuelas y nuestras instituciones deben cambiar con él.
Nuestros hijos necesitan familias acompañadas, escuelas con reglas claras, educación digital y plataformas que asuman la responsabilidad que les corresponde. Porque mientras nosotros discutimos quién tiene la competencia o quién presenta la iniciativa, alguien más ya está influyendo en la vida de nuestros hijos todos los días. Y ese alguien es un algoritmo. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que opere sin responsabilidades. Proteger a nuestros hijos también es gobernar.