Jonás

Detenido el 23 de abril en Argentina, ya está en el Altiplano. Es Fernando Farías Laguna, uno de los rostros más reconocidos del huachicol fiscal que le sangra 485 millones de pesos diarios a nuestro país.
El huachicol fiscal se ha convertido en uno los más graves azotes que sufre el país en los últimos años; es la prueba más clara y costosa del fracasado modelo aplicado por la imposición del expresidente Andrés Manuel López Obrador: para garantizar que se terminara la corrupción en las aduanas, se las entregó a la Marina Armada de México y el resultado lamentable es que la corrupción no terminó sino que se reinventó y sólo el huachicol fiscal puede haberle costado a México 600 mil millones de pesos.
El expresidente presumió que había terminado con el huachicol, el delito clásico, y nunca sucedió, sino que incluso se ha incrementado. 
Fernando Farías Laguna, junto con su hermano Roberto, están acusados de haber participado en la red del huachicol fiscal que para funcionar, requiere de la complicidad de quienes participan en la administración de las aduanas. Es imposible de otro modo que hayan cruzado la frontera trenes y buques cargados con combustible que no se reportó ante la autoridad y que se introdujo en el país para ser vendido subrepticiamente.
Farías Laguna se resistió hasta el último momento. Desde su detención en Argentina, a donde huyó con documentos falsos cuando el escándalo se descubrió, aseguró que su vida está en peligro. 
Ya está en el penal de máxima seguridad del Altiplano y enfrentará un largo proceso judicial del que se espera, surjan los elementos suficientes para detener una red de corrupción que no sólo está costando millones de pesos todos los días, sino que también ha causado una profunda mancha en la Marina Armada.
El tema está en manos de la Fiscalía General de la República, es decir en el área de influencia de Ernestina Godoy, quien ha demostrado más oficio político que capacidad e interés para procurar la justicia en el combate a los delitos del orden federal.
No hay mucho qué esperar, sobre todo porque, como ya lo sabemos, la red del huachicoleo fiscal no sólo ha involucrado a quienes son responsables de las aduanas, sino también a encumbrados políticos ligados con la actual clase gobernante.
El resultado de las detenciones de los Farías Laguna y personajes como el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, se prolongarán durante años. 
La cuestión es si el huachicol fiscal ya está detenido o sigue operando, aunque bajo la evidencia de su existencia, y prosperando en la impunidad y corrupción que permiten este fenómeno delictivo.

Farías Laguna y el tamaño del huachicol fiscal

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En un giro bastante extraño de la actuación internacional del gobierno mexicano, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, asistió en representación de nuestro país a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA en Argentina.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que había considerado no tener representación en el evento, pero decidió que García Harfuch representara al país para exponer cuál ha sido la estrategia nacional de seguridad y cuáles han sido los objetivos alcanzados hasta ahora. En realidad, hay muy poco o nada qué agregar en la información que la “Drug Enforcement Administration” o Administración de Control de Drogas, más conocida como DEA por sus iniciales, posee sobre la actividad de combate al crimen organizado y al trasiego de drogas en nuestro país. Lo importante era llevar el mensaje a los gobiernos latinoamericanos.
México, ya sabemos, se ha resistido a formar parte de la iniciativa del gobierno de Donald Trump que fue bautizada “Escudo de las Américas”, una suerte de junta de jefes de Estado encabezada por el mandatario norteamericano, destinada entre otros fines a apoyar y sumarse a los objetivos de combate al crimen organizado y los cárteles de la droga en América Latina, siempre bajo la pauta marcada por la Casa Blanca.
El gobierno mexicano ha preferido permanecer al margen, principalmente por la distancia ideológica y política que diferencia a la administración de la “cuarta transformación”, de izquierda, de las posturas más de derecha enarboladas por los gobiernos de naciones como Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, El Salvador y recientemente Colombia. En cambio, se ha preferido estrechar lazos con el gobierno de Brasil, aunque los aliados ideológicos se reducen rápidamente.
El apunte anterior resulta de la simple observación que ha modelado en los últimos años la prioridad en las relaciones internacionales del gobierno mexicano.
Sin embargo, la presencia de García Harfuch en Buenos Aires, Argentina, en un encuentro elaborado por la DEA para destacar el combate a la distribución delictiva de las drogas, le permite a la administración Sheinbaum presentar los avances en la lucha, en territorio mexicano, a los cárteles de la droga, la confiscación de estupefacientes y armas; la reducción de índices delictivos y homicidios; la colaboración permanente con el gobierno estadounidense en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y el nuevo esquema de coordinación entre autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno.
Naturalmente, García Harfuch destacó también la detención y eliminación de objetivos criminales, y la entrega de numerosos capos a la justicia estadounidense.
En el contexto de la permanente tensión con el gobierno de Trump, acudir al encuentro permite avanzar algunos pasos en objetivos comunes, y restar peso a los escándalos que se han sucedido últimamente, como la cancelación de la visa de Andy López Beltrán.

La estrategia de seguridad ante el mundo

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El escandaloso caso de la visa cancelada de Andy López Beltrán llega a un callejón sin salida… para la justicia mexicana. Tras la agitación provocada por un hecho que se ha convertido en una cruzada nacional para Morena, la Fiscalía General de la República (FGR) desmintió ayer que exista una investigación o una carpeta abierta, o siguiera una indagatoria que involucre al hijo del expresidente López Obrador. Es, en la práctica, un intocable. 
Andy López ha sido, desde el viernes 14 de agosto, una causa de lucha política para la presidencia de la república, para la dirigencia nacional de Morena y para dirigentes estatales del partido en decenas de estados del país.
Pero desde que se conoció, porque publicó su carta a Donald Trump, que le habían retirado la visa, una pregunta quedaba en el aire sin respuesta: ¿Por qué no investigan a López Beltrán las autoridades mexicanas y deslindan definitivamente si tiene o no algún problema legal por conflictos de interés, uso indebido de recursos públicos, tráfico de influencias o nexos con el huachicol fiscal?
En las fuerzas políticas de oposición pasaron de las ofensas altisonantes de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, el presidente nacional del PRI, al planteamiento serio del Partido Acción Nacional (PAN), que sí solicitó esa investigación formal por parte de la FGR.
Se afirmó incluso que la declaración de testigos involucrados en la trama del huachicol fiscal, mencionaron a Andy López como uno de los involucrados; en las redes sociales estallaron también incontables historias que lo involucran en actividades ilícitas y de enriquecimiento al amparo del poder. 
Pero finalmente la Fiscalía General subrayó que no hay ni testimonios, ni denuncias, ni investigaciones.
Queda entonces la evidencia de la reacción presidencial, de la defensa hecha por Claudia Sheinbaum Pardo desde su rueda de prensa mañanera y su discurso posterior en una gira de trabajo en Tamaulipas.
El golpe está dado. El gobierno estadounidense hizo tambalear al partido político en el poder y probablemente, si no existe ninguna causa judicial y no se atreverán a ir directamente contra el hijo del expresidente López Obrador, sólo resta por ver si el impacto mediático se convierte en un resultado electoral el 6 de junio de 2027.
Porque lo más probable es que Morena no le quite la candidatura a diputado federal y también, lo más probable es que gane la elección porque ya está haciendo campaña desde ahora, a pesar de la prohibición legal. Sólo en las urnas se puede escribir una historia diferente para Andy López.

La FGR no tiene pruebas contra Andy López

La visa que el Departamento de Estado de los Estados Unidos le canceló a Andy López Beltrán es de un tamaño gigante. No se puede entender de otra manera la sobrerreacción que han tenido desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta lo militantes de Morena en todos los rincones del país. Reaccionaron con un tremendismo mayor al que se manifestó cuando solicitaron la extradición del gobernador Rubén Rocha Moya para ser enjuiciado por nexos con el crimen organizado.
El dilema permanente en la “cuarta transformación” ha sido, desde 2018 cuando llegó al poder, la contradicción entre lo que son y lo que dicen ser. Pero quien se atrevió a llamar las cosas por su nombre fue el secretario del gobierno de Tabasco, Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel: “Realmente al que quieren no es al chico, sino al grande”.
La patética carta de Andy López al presidente Donald Trump no explica tanto las cosas como la frase de su tío Ramiro López Obrador, quien toma como un hecho normal que el hijo del expresidente recorra poblaciones por Tabasco para “fortalecer la transformación”, cuando lo que abiertamente pretende es ser diputado federal en el Distrito 6 de esa Entidad… aunque sea delito hacer campaña antes de que lo permitan el Instituto Nacional Electoral (INE), pero no se hace absolutamente nada para reconocerlo, impedirlo o sancionarlo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema de la cancelación de la visa de López Beltrán en su rueda de prensa mañanera del viernes 14 de agosto y aseguró que se trata de un acto político de injerencia (¡!); después, en gira de trabajo en Tamaulipas, junto al gobernador Américo Villarreal (otro de los sospechosos de estar relacionado con la delincuencia organizada), insistió en el asunto de la visa y comentó que “nadie es menos” en valor y dignidad, por no tener una visa para ir a Estados Unidos. Naturalmente, Villarreal avaló la postura que lo favorece.
La supuesta causa de defensa de Andy López llegó a extremos absurdos: el sábado 15 de agosto, en el Parque Luis Quintanar en nuestra ciudad, un grupo de morenistas encabezados por personajes como el alcalde Sergio Chávez, de Tonalá, y diputados federales como Merilyn Gómez Pozos y Alberto Maldonado Chavarín, realizaron una “asamblea” que todo el mundo sabe, es una respuesta al control que ejerce en el Comité Estatal de Morena el senador Carlos Lomelí Bolaños, pero como quieren hablar de la lucha interna por las candidaturas en el proceso electoral 2027, argumentaron que la asamblea servía para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía nacional… ¡por el retiro de la visa de Andy López!
Que el gobierno de Donald Trump le haya retirado la visa al hijo de Andrés Manuel López Obrador es una medida política, sin duda, pero en el marco de sus facultades. La visa de Andy no era otra cosa que un permiso para ingresar a territorio de Estados Unidos, donde como es públicamente conocido, tiene negocios millonarios (con prestanombres) y donde se ha dado una vida de abundancia totalmente contraria a la historia de la “austeridad republicana”. El Departamento de Estado no cometió ningún abuso contra Andy, que además, no quiere ya viajar a un país “decadente”, porque seguro se quedará en Tabasco a dignificar la vida de las personas a las que pedirá el voto.
El tema parece tan trillado que sorprende, hay que subrayarlo, la defensa del hijo de López Obrador, cuando lo que debería hacerse es una investigación desde la Fiscalía General de la República al menos para negar que, como se ha insistido, está involucrado en enriquecimiento, conflictos de interés y posibles contubernios.

El tamaño de la visa de Andy López

La semana que inició el pasado lunes 10 de agosto sorprendió con el terremoto que sacudió a Colombia. Con 7.4 grados, el fenómeno sacudió principalmente a dos ciudades colombianas: Pereira y Cali. Al día de hoy, la cifra oficial de fallecidos se acerca a 300 y la tragedia se extiende a heridos, desaparecidos y cuantiosos daños que tomarán años de trabajos e inversión pública y privada.
Y sin embargo, el gobierno colombiano que encabeza Abelardo de la Espriella, rechazó el apoyo enviado por el gobierno mexicano; fueron rechazados contingentes de las Fuerzas Armadas de México por no contar con un registro que, según se informó, sí tienen rescatistas de Ecuador, El Salvador, Israel y Estados Unidos.
Es sencillamente sorprendente. La administración federal colombiana repudió el apoyo de rescatistas mexicanas que han acumulado experiencia en más de 90 países apoyando en diferentes eventos trágicos.
Abelardo de la Espriella está en su derecho, como jefe de Estado, de abrir o cerrar sus fronteras a quienes considera, están más calificados para ayudar, pero hay una realidad inocultable: la suya es una posición de fundamentalismo político. Un extremismo absurdo que priva a miles de colombianos de recibir ayuda de rescatistas mexicanos, sólo porque rechaza la línea ideológica del gobierno mexicano. 
De la Espriella es de la extrema derecha, y el gobierno de la 4T se presume de izquierda. Las alianzas y los bloques están totalmente definidos. El nuevo gobierno colombiano se alinea con el grupo que ha establecido el presidente estadounidense Donald Trump, para combatir a los gobiernos latinoamericanos de izquierda. 
Sin embargo, ese fundamentalismo político que se ha manifestado en medio de una tragedia, no es exclusivo de la administración de De la Espriella. Es apenas una manifestación de lo que también acontece en México.
Hay evidencias recientes.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promueve la discusión de los Lineamientos para los Derechos de las Audiencias que, en la práctica, limitará la libertad de expresión de medios de comunicación; rechaza, además, una iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN) para que se establezca en la rueda de prensa mañanera un derecho de réplica legalmente reglamentado, para responder a las interpretaciones y posibles abusos de esta rueda de prensa cotidiana que construye narrativa y marca agenda en el país. “Que hagan su propia rueda de prensa”, respondió la presidenta.
Y adicionalmente, la consejera jurídica de la presidencia, Luis María Alcalde, hasta hace unas semanas presidenta nacional de Morena, presentó en Palacio Nacional un listado de periodistas y políticos que, afirmó, promueven mensajes “anti 4T” y atacan al gobierno de la presidenta Sheinbaum. Sencillamente, crítica quedó igualada en ataque.
Son otras manifestaciones de fundamentalismo político que, en el caso de los mexicanos, se enfocan contra la república.
Si el rechazo de Colombia a la ayuda escandaliza, hay que observar la ruta de los extremismos mexicanos que conducen a la pérdida de libertades y derechos.

Colombia rechaza el apoyo mexicano

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Un conflicto social se ha gestado desde varias semanas atrás en Mirador de San Isidro, en Zapopan. Vecinos establecidos cuestionan y rechazan la construcción de cuatro torres habitacionales que proporcionarán 200 espacios de habitación para familias de policías estatales en el marco del Programa Legado.
Evidentemente, hay dos versiones en el contraste de posturas.
Para quienes ya viven en la zona, la construcción de este complejo habitacional significa, entre otras cosas, la pérdida de un predio que consideran, debe ser un parque público. Además, prevén y con razones justificadas, que la instalación de 200 familias significa una reducción de áreas públicas y las complicaciones naturales: tránsito vehicular, servicios como agua potable y drenaje, entre las múltiples exigencias de la vida en comunidad. 
En contra parte, el gobierno del Estado y el gobierno del municipio consideran variantes como el hecho de que el predio en cuestión es de propiedad pública; el proyecto de construcción se elaboró y se sujetó a aprobación del Congreso del Estado, donde diputados de todas las expresiones políticas lo avalaron. Adicionalmente, el Programa Legado cuenta con el apoyo del gobierno estatal y está a punto de sujetarse a una reforma que lo hará permanente para que no quede sujeto sólo a la voluntad del gobierno en turno. 
Ayer mismo, en un evento diferente, la inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisaría de Tlajomulco, el gobernador Pablo Lemus, uno de los principales promotores de Legado, expresó que mejorar las instalaciones para los policías y los trabajadores de la seguridad, dignifica y mejora su trabajo. Defendió lo que durante muchos años se ha reclamado a los gobiernos estatal y municipales: mejores salarios, equipamiento, capacitación y dignificación para los policías.
Ya entrado en sus argumentos, Lemus Navarro consideró “una vileza” la actitud de diputados de oposición política que se oponen al proyecto de viviendas en San Isidro. 
Al margen de lo que opine el gobernador, ciertamente los vecinos que están en contra de la edificación están siendo incentivados por un grupo político que ve en esta inconformidad ciudadana una oportunidad de crecimiento; están próximas las elecciones del año 2027.
En este “caldo de cultivo social”, debe destacarse la postura que ha manifestado el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, que compartió la voluntad de establecer diálogo con los inconformes y con la calma que amerita porque el asunto tiene alcances mucho mayores que una elección, defendió el establecimiento de mesas de análisis que, con toda seguridad, serán espacio de discusiones acaloradas. 
El alcalde zapopano ha resuelto en varias ocasiones conflictos como éste. Es seguro que sabe de qué se trata.
Algunas diputadas estatales de Movimiento Ciudadano (Alejandra Giadans, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas) acudieron recientemente a una reunión con los vecinos inconformes y se comprometieron a llevar al espacio de la discusión legislativa sus reclamos. Ahora están obligadas a cumplir, igual que deben hacerlo los diputados de oposición que ya habían aprobado el proyecto pero ahora lo critican y lo rechazan.
Este caso, con todos los detalles que entraña porque hay muchos más, es ejemplo claro del choque de dos posiciones positivas en esencia: el Programa Legado y las demandas ciudadanas totalmente legítimas.
Hay que esperar que encuentren el punto medio y la solución, no sólo la instalación de un conflicto sin término.

Discusión: viviendas para policías en Zapopan

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La semana comenzó con la confirmación de las fuerzas políticas de oposición en el Estado: rechazo total al proyecto estatal para la construcción de infraestructura que permita resolver la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, ayer el gobernador Pablo Lemus avanzó un tramo importante en una negociación que puede resolver de fondo la confrontación política: se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y aseguró después que está casi concretada la negociación presupuestal.
Desde mediados de julio, el mandatario jalisciense había manejado una cifra multimillonaria que se requiere para una treintena de obras que resuelvan en los siguientes tres a cinco años los problemas más graves que han provocado la crisis de abasto y calidad del agua que debe distribuir el SIAPA. 
Con la negociación de ayer, puede destrabarse un paquete que complete 15 mil millones de pesos, según informó el mismo.
Es un avance fundamental y de concretarse, uno de los mayores logros para el trayecto final del año, que cerrará sin duda con dos temas dominantes en la agenda: la discusión del Presupuesto de Egresos 2027 para el Estado y el inicio formal de las actividades político electorales para la elección del año entrante. 
El abordaje en la crisis del agua recorre una ruta que será muy dilatada. Apenas ayer el director del SIAPA, Ismael Jáuregui, se reunió con tres de los presidentes municipales metropolitanos: Verónica Delgadillo, de Guadalajara; Juan José Frangie, de Zapopan, y Quirino Velázquez, de Tlajomulco. Quedan pendientes las negociaciones con los alcaldes Laura Imelda Pérez, de Tlaquepaque, y Sergio Chávez, de Tonalá, quien por cierto, ha insistió en su postura de moderación y acuerdo, junto con un llamado constante para evitar la polarización y la politización del tema… lástima que no es escuchado entre sus compañeros de Morena.
Ismael Jáuregui está entregado a la tarea de negociación: el Gobierno del Estado admite una deuda de 207 millones de pesos, pero propone pagarla en tres años. El titular del SIAPA debe pedir que eso se acelere, sobre todo si se considera que con la aplicación de descuentos en colonias por el agua sucia, el organismo operador del agua dejará de percibir 140 millones de pesos por mes.
Con los municipios, las deudas son multimillonarias también y se registran adeudos desde la década de los años 90 del siglo pasado, aunque el SIAPA sólo puede comprobar documentalmente, deudas que se arrastran del año 2006. Pero como dice el refrán, “de lo perdido, lo encontrado”. Al SIAPA le urge capitalizarse.
En ese contexto, que el gobernador Lemus Navarro pueda evitar el conflicto político con los partidos de oposición representados en el Congreso estatal, es un gran paso en beneficio de los habitantes de la ciudad, que reclaman sobre todo, agua de calidad saliendo de los grifos.

Avanza la negociación para el presupuesto hídrico

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Teóricamente, habría que esperar hasta el inicio del proceso electoral para abordar temas político partidistas. Pero los acontecimientos se desbordan y no hay que dejarle a los partidos decidir por sí solos el futuro de las elecciones y la integración de las administraciones. Por eso es conveniente revisar la contienda interna del partido Morena en su aspiración por llegar a gobernar Guadalajara, la capital de Jalisco.
El suceso detonante para esta revisión comenzó con la visita de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, el pasado 29 de julio. En su discurso público se refirió a la crisis del agua que se vive en el Área Metropolitana, pero al interior del partido, ese tema era secundario: los morenistas esperaban con ansia las directrices para definir candidaturas para las alcaldías jaliscienses y las diputaciones locales.
Como respuesta, el partido postergó hasta los últimos días de agosto la emisión de convocatorias y la presidenta Montiel, les pidió a los militantes evitar actos anticipados y convocó al orden y el respeto. Fue lo primero que se rompió.
El senador Carlos Lomelí lanzó abiertamente su pretensión de competir por la candidatura morenista para contender por la alcaldía de Guadalajara el año entrante. No es que se haya revelado el secreto mejor guardado, ya lo había hecho antes. Pero su posicionamiento personal pareció una rebelión a lo pedido por Ariadna Montiel. Además, diferentes actores políticos del partido se manifestaron inconformes con el uso grupal que el senador Lomelí y la presidenta estatal Erika Pérez, han hecho del Comité Estatal.
De hecho, ayer la diputada federal Merylin Gómez Pozos reiteró el reclamo y comentó que así no se incentiva la unidad interna. Aunque también manifestó que competirá por la candidatura a Guadalajara.
De los 125 municipios de Jalisco, Guadalajara es el que más le importa a los morenistas. Son varias las razones, pero un par de éstas entrañan el máximo interés. Primero, derrotar a Movimiento Ciudadano en la capital del Estado significaría avanzar decisivamente en la posibilidad de ganar las elecciones del año 2030, cuando sí estará en disputa la gubernatura.
La segunda razón es que una añeja tradición jalisciense ha marcado que el alcalde de Guadalajara va en automático a Casa Jalisco y se convierte en gobernador… o ahora, gobernadora. Sería un doble triunfo.
Pero delinear una ruta política dista mucho de lograr transitarla.
Además de Lomelí y Gómez Pozos, hay otros aspirantes a esa misma candidatura en Morena: José María “Chema” Martínez, Mariana Fernández Ramírez, Itzul Barrera. Más los que se sumen.
Cada uno de ellos ha conseguido su parcela de popularidad y reconocimiento por sus críticas al gobierno municipal y a la administración estatal. Están en su derecho. Pero, ¿dónde está la propuesta, el proyecto de gobierno, la visión de un mejor futuro para la ciudad que, por cierto, es la segunda más importante del país y podría decirse, es la capital del Occidente mexicano?
Los proyectos personales son legítimos, pero hasta ahora no se ha proyectado una Guadalajara con una perspectiva diferente. Y además, persisten en su división.

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Ahora tocó en Michoacán. Ayer desde antes que amaneciera, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marína Armada de México y la Guardia Nacional, emprendieron un operativo que se desplegó principalmente en ésta, una de las entidades federativas más afectadas por la violencia y la criminalidad en el país, dirigido explícitamente a detener a Heraclio Guerrero Martínez, alias el “Tío Lako”.
Como consecuencia de esta actividad de seguridad, se registraron bloqueos en al menos 11 puntos carreteros de Michoacán; arrebataron vehículos y los quemaron, en una reacción ya conocida del crimen organizado.
Hasta la noche de ayer, el reporte oficial indicaba que el “Tío Lako” no fue detenido, aunque sí quedaron retenidas 12 personas relacionadas con el grupo delictivo que él encabeza, entre éstas su pareja y su hija.
Es indispensable, al elaborar una lectura más reposada de los sucesos, considerar elementos previos y paralelos con el operativo. 
Sobre los primeros, debe considerarse que fue justo en Michoacán donde se registraron amenazas contra elementos del gobierno estadounidense que intervienen en la calificación del aguacate que se exporta a Estados Unidos, lo que motivó una orden gubernamental para detener la actividad en este sector productivo. El impacto fue inmediato: el gobierno de la república ordenó un operativo militar para garantizar la seguridad de los trabajadores estadounidenses y reactivar de inmediato la actividad económica del sector aguacatero, que representa casi 600 millones de dólares sólo este año.
El tema paralelo, que no debe dejarse pasar, es que el operativo se activó en ausencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien se encuentra en Argentina como representante de México en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA.
Lo que ocurrió en Michoacán impactó de inmediato en Jalisco. Se lanzaron operativos para evitar que la violencia se extendiera, vía carreteras a la región vecina. De hecho, el “Tío Lako” es conocido como uno de los jefes del crimen organizado en una amplia zona en la que conviven Jalisco y Michoacán, y también fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el 22 de febrero (junto con uno de los hijos del perseguido) en Tapalpa, Jalisco.
La reacción operativa de las autoridades jaliscienses, en buena medida, y el hecho de que Guerrero Martínez sigue prófugo de acuerdo con los reportes oficiales, evitaron que le violencia y los narcobloqueos se extendieran.
En Argentina, seguramente, el secretario García Harfuch tuvo intercambios con las autoridades estadounidenses que lo presumieron como “un amigo de Estados Unidos”, y se comprobó cómo, unas horas después de presentar los resultados de las operaciones contra el crimen organizado en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, esta presunción quedaba probada nuevamente.
El “Tío Lako” sigue prófugo, pero el golpe a su organización delictiva seguramente cerrará el círculo más pronto que tarde.

El operativo contra el “Tío Lako”