Ahora el fisco contra migrantes en EU
En las últimas semanas las personas migrantes “indocumentadas” avecindadas en Estados Unidos han recibido una nueva embestida por parte de la Casa Blanca. Desde inicios del año la estrategia del gobierno de Donald Trump ha sido montar una persecución silenciosa y fuera de los reflectores mediáticos para reducir el impacto generado por las redadas en la comunidad, y con ello detener las movilizaciones y muestras de rechazo desde varios espacios de la sociedad.
Como parte de esta nueva estrategia encontramos dos prácticas que no se habían montado en escena.
Por un lado, se activó una ley de 1996 que permite imponer multas a los migrantes “indocumentados” por cada día que hayan permanecido en la Unión Americana después de su orden de expulsión. Las multas pueden ascender hasta los 998 dólares diarios a partir de la fecha de la orden deportación que recibieron por un juez.
Para poner en marcha esta disposición, el gobierno federal contrató a cuatro empresas privadas (Global Recovery Group, Caduceus, Response AI Solutions y Baptiste Group) para realizar los cobros dentro y fuera de la Unión Americana, con lo cual los cobradores privados no solo buscarán migrantes con órdenes de deportación en Estados Unidos, sino que comenzarán a llegar a México, Guatemala y Honduras, para realizar la encomienda para la cual fueron contratados en caso de que los migrantes ya se encuentren en sus comunidades de origen. Todo ello, enmarcado en el programa “Localización y Recuperación de Pagos”.
La persecución silenciosa no termina aquí. Ahora, la Casa Blanca utilizará al Departamento del Tesoro, que ha propuesto que todos los contribuyentes que busquen asistencia social mediante ciertos beneficios fiscales deberán comprobar su estatus, ora de ciudadanos estadunidenses, ora como “extranjeros cualificados”.
La propuesta del Tesoro y su Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) busca aplicar una serie de medidas para reforzar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés), publicada esta semana.
En caso de ser residentes o “extranjeros cualificados”, también deberán identificar a su cónyuge y su situación migratoria, de lo contrario, podrían ser acusados de presentar deliberadamente información incorrecta o falsa en su declaración de impuestos, y se harían acreedores de multas de 100 mil dólares y prisión de hasta tres años.
En el fondo, la nueva disposición busca limitar el acceso a beneficios fiscales a los migrantes, quienes independientemente de tener o no un estatus regular, pagan sus impuestos por sus actividades económicas. De ello, da cuenta el mismo Departamento del Tesoro que reconoce la existencia de entre 200 mil y 700 mil migrantes contribuyentes “sin papeles” que serán excluidos de subvenciones federales este año. Sin descontar, por supuesto, que el ICE utilice datos del sistema fiscal para localizar a migrantes “ilegales”.
Más allá del cambio de estrategia para ir contra los migrantes “indocumentados”, lo que observamos cotidianamente es el cierre de pinza sobre esa población con la finalidad expresa de expulsarlos de Estados Unidos y también de generar un escenario de terror que haga que dejen de lado la opción de migrar a la Unión Americana o “decidan” autodeportarse por el temor de ser detenidos en una redada.
