El Tercer Congreso de Líderes Progresistas, celebrado recientemente en el Teatro Solís y en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, ofreció un diagnóstico cristalino de las prioridades estratégicas de las izquierdas continentales.
Sin embargo, el balance analítico del foro devela una preocupante inclinación hacia la introspección táctica y el diseño de narrativas puramente defensivas. En lugar de consolidarse como un espacio académico y gubernamental para el intercambio de mejores prácticas de gestión pública y gobernanza pragmática, el encuentro concentró sus esfuerzos en articular discursos orientados casi exclusivamente a contener el avance de las opciones políticas de derecha en la región, subordinando el bienestar inmediato del ciudadano a la mera supervivencia partidaria.
Destacó el mensaje de Gabriel Boric, expresidente de Chile que llamó a la izquierda regional “a no convertirse en un muro de los lamentos y ponerse a trabajar”.
Esta marcada existencia del debate meramente ideológico sobre la eficacia administrativa desnudó la principal carencia de los liderazgos convocados, que sumó a 120 representantes: “la sustitución sistemática de las demandas ciudadanas concretas por abstracciones teóricas desconectadas de la realidad”.
La gobernanza contemporánea exige soluciones técnicas exentas de dogmatismos, donde los indicadores de desarrollo socioeconómico, la seguridad ciudadana y la eficiencia fiscal operen como los verdaderos ejes de validación entre gobernantes y gobernados.
Al marginar la discusión sustantiva sobre políticas públicas medibles, aunque sí estaban plasmadas en la agenda, el foro desperdició una oportunidad crucial para redefinir el ejercicio del poder gubernamental desde la perspectiva de la resolución efectiva de problemas estructurales históricos.
Lo cierto es que la ciudadanía está desencantada de tantas promesas retóricas que no se traducen en mejoras tangibles en su calidad de vida y opta por el castigo en los comicios o, peor aún, por el desapego al sistema democrático. La insistencia en priorizar el relato doctrinal sobre el dato empírico no solo erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas, sino que produce una pérdida sistemática de su base electoral y de la población efectivamente gobernada.
El cónclave en Montevideo evidenció que el progresismo en América corre el riesgo inminente de aislarse en su propio discurso y pone a estas coaliciones progresistas a que aspiren a revertir la tendencia de contar con un menor número de representados y recuperar la confianza ciudadana. Para ellos, resulta imperativo transitar desde la autoevaluación puramente político-discursiva, hacia un modelo de gestión pública efectivo, eminentemente técnico, transparente y orientado a resultados. Por lo pronto, por estos errores y desenfoques, solo les queda Brasil como gobierno insignia en el Cono Sur. Han perdido a Argentina, Ecuador, Chile, Panamá, Perú, Paraguay y Colombia.
Seguimos en conexión.