Manuel Rojas Rosales

Hay acciones de un gobierno que pueden discutirse, otras que pueden cuestionarse y algunas que, por su gravedad, resultan sencillamente aberrantes. Exhibir desde el poder una lista de periodistas, medios, políticos y críticos del gobierno federal es una de ellas.
El argumento de que no se trata de una “lista negra”, sino de un análisis sobre contenidos y redes sociales, no elimina el problema de fondo. Cuando el gobierno, por miedo, señala públicamente a quienes lo cuestionan, el mensaje puede convertirse en intimidación, especialmente en un país donde ejercer el periodismo ya implica enfrentar riesgos y amenazas.
En democracia, la crítica se responde con argumentos, datos y resultados, no desde una plataforma oficial. Si una información es falsa, se desmiente, si existe una acusación incorrecta, está el derecho de réplica. Lo que no debe ocurrir es utilizar el poder para identificar o estigmatizar a quienes piensan distinto.
Por eso también resulta preocupante hablar de “protección de las audiencias” mientras se pretende establecer qué voces deben tener mayor o menor espacio. Las audiencias no necesitan un gobierno que les diga a quién creer; necesitan libertad para escuchar todas las voces y decidir por sí mismas.
Frente a este escenario, desde el PAN impulsaremos foros para escuchar todas las opiniones. El primero ya se realizó este lunes en el Congreso de la Unión, “Diálogo Legislativo: Libertad de Expresión”, convocado por el diputado federal Miguel Monraz, con la participación de universidades, periodistas, medios de comunicación, instituciones y grupos parlamentarios.
La conclusión fue muy clara: todos los asistentes coincidieron en que se debe retirar la propuesta actual de lineamientos y abrir una nueva etapa de diálogo, amplia, transparente y presencial, que permita construir reglas con legitimidad, equilibrio y certeza, sin retrocesos en materia de libertad de expresión.
Porque el efecto de exponer a través de una lista, puede producir que un periodista piense dos veces antes de investigar, publicar o cuestionar al poder por temor a terminar exhibido desde el gobierno. Eso es lo que no podemos normalizar.
Proteger a las audiencias y defender la libertad no son caminos opuestos. Y una democracia se mide, precisamente, por la libertad que tienen quienes cuestionan al poder para hacerlo sin miedo.
Lo más preocupante es que terminemos normalizando estas prácticas. Una sociedad libre no puede permitir que las instituciones conviertan la discrepancia en sospecha ni el señalamiento en una forma de control.

ManuelRojasRosales

Cuando el poder señala, la libertad queda en riesgo

Jalisco enfrenta una de sus crisis más dolorosas: la desaparición de personas. Y mientras las autoridades hablan de una disminución en los casos, las familias continúan buscando a sus hijos, hermanos, padres y amigos. La pregunta resulta inevitable: ¿Realmente estamos ante una reducción de la crisis o solamente ante una reducción de las cifras que llegan a los registros oficiales?
Las autoridades reportan que durante el primer trimestre de 2026 las desapariciones disminuyeron 16.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. El dato puede presumirse, pero no explica toda la realidad. En esos primeros tres meses se registraron 522 desapariciones y, mientras el gobierno habla de una reducción, los colectivos de búsqueda aumentaron de 22 a 27. Cinco nuevos grupos de familias que tuvieron que organizarse para buscar por su propia cuenta, según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Jalisco.
Y hay un dato que debería preocupar todavía más: cinco adolescentes desaparecieron entre el 15 y el 17 de julio en distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara: Jeremi Alejandro Villegas Anaya, Carlos Humberto Corona Corona, Dominic Gabriel Méndez Jiménez, Facundo Vidal Sánchez Sánchez y Giovanni Natanael Flores Vázquez.
Uno de ellos (Carlos Humberto Corona), ya fue localizado sano y salvo. De los otros cuatro todavía se desconoce su paradero. Sus familias han expresado temor ante un posible patrón de reclutamiento criminal. No corresponde afirmar una causa sin que exista una investigación que la confirme, pero sí corresponde exigir al Gobierno de Jalisco que investigue hasta las últimas consecuencias.
Porque aquí está el problema: una estadística a la baja no significa necesariamente que la crisis esté bajo control. También puede significar que hay familias que no denuncian por miedo, amenazas o desconfianza. Una desaparición que no se registra no deja de existir.
Frente a esta realidad, el PAN Jalisco no se va a quedar callado ni de brazos cruzados. No dejaremos de alzar la voz para exigir apoyo, acompañamiento y atención para las familias que buscan a un ser querido. Seguiremos impulsando propuestas, reformas, mesas de diálogo y acciones que fortalezcan las capacidades de búsqueda y obliguen a las autoridades a dar resultados. Las familias no pueden enfrentar solas una tragedia que le corresponde atender al Estado.
Porque mientras haya una madre, un padre, un hermano o un hijo buscando a un ser querido, no podemos hablar de una crisis resuelta. Cada persona desaparecida tiene un nombre, una familia y una historia que no puede convertirse en una cifra más.
En Jalisco no podemos acostumbrarnos a las desapariciones ni conformarnos con estadísticas que disminuyen mientras el dolor permanece. El PAN Jalisco seguirá alzando la voz, acompañando a las familias y exigiendo resultados al gobierno, porque encontrar a una persona es una obligación del Estado y un derecho de las familias.

¿Menos desaparecidos o menos denuncias?

Hay recorridos que cambian la manera de entender la política. Eso es justamente lo que estoy viviendo mientras recorro los 125 municipios de Jalisco. Cada día confirmo que ningún informe, ninguna estadística y ninguna reunión de oficina sustituyen una conversación con la gente. Ahí, en las plazas, en los mercados, en los ejidos y en las colonias, es donde realmente se conoce el Estado.
Caminar Jalisco también permite entender que muchos de los problemas que enfrenta nuestra gente tienen un origen común: las decisiones que se toman lejos de aquí. Mientras escucho a productores, comerciantes, jóvenes, madres de familia y presidentes municipales, también se confirma una realidad que hoy ya es evidente en las finanzas públicas. Durante el primer semestre del año, Jalisco dejó de recibir más de mil millones de pesos en participaciones federales y, de acuerdo con el secretario de Hacienda estatal, es la tercera Entidad más afectada del país por esta disminución. No es un dato menor. Es dinero que deja de llegar a los municipios, a la infraestructura, a la seguridad y a los servicios que todos los días demandan los ciudadanos.
Ante esta situación, más que resignarse o buscar soluciones que comprometan el futuro financiero del Estado, el gobierno de Jalisco debe defender con firmeza los recursos que por ley le corresponden. Jalisco es uno de los principales motores económicos del país, aporta al crecimiento nacional y merece un trato justo en la distribución del presupuesto federal. No se puede normalizar que nuestro Estado reciba menos mientras las necesidades de la población siguen creciendo.
Ese reclamo se escucha con claridad en cada municipio. En Teocaltiche y Villa Hidalgo, la conversación gira inevitablemente alrededor de la seguridad y del deseo de recuperar la tranquilidad que durante años caracterizó a sus comunidades. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, particularmente en colonias de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, muchas familias siguen expresando su preocupación por el acceso al agua y por la calidad del servicio. En Mezquitic, Bolaños y otros municipios de la región Norte, la exigencia continúa siendo la misma desde hace años: mejores caminos, mayor conectividad y oportunidades para que los jóvenes puedan construir su proyecto de vida sin verse obligados a dejar su tierra. Mientras tanto, en la Costa Sur y la Sierra de Amula, los alcaldes hablan del enorme esfuerzo que realizan para atender a su población con presupuestos cada vez más limitados.
Mientras Morena insiste en concentrar las decisiones y los recursos en el gobierno federal, los municipios son quienes enfrentan los problemas todos los días. Desde la Ciudad de México es muy fácil anunciar programas y presumir cifras, pero quienes dan la cara frente a los ciudadanos son los gobiernos municipales, muchas veces con recursos insuficientes para atender las demandas de sus comunidades.
Esa es una diferencia de visión que vale la pena señalar. En Acción Nacional creemos en un México donde los estados y los municipios tengan la fortaleza necesaria para responder a su gente. La política pública no debe construirse desde la centralización, sino reconociendo que quienes conocen la realidad de las comunidades son las autoridades más cercanas a los ciudadanos.
Por eso seguiré recorriendo los 125 municipios. Porque la política tiene sentido cuando se escucha, cuando se entiende antes de prometer y cuando se sirve antes que buscar aplausos. Cada kilómetro recorrido reafirma mi convicción de que caminando se conoce Jalisco, se entienden sus desafíos y también queda claro que nuestro Estado merece un trato justo, gobiernos cercanos y los recursos necesarios para construir un mejor futuro para todas las familias jaliscienses.
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Jalisco se entiende caminando

La realidad que viven los municipios contrasta con el discurso del gobierno federal. Mientras se presume estabilidad financiera, los ayuntamientos enfrentan cada día menos recursos para atender servicios básicos e infraestructura que demandan las familias jaliscienses.
No es un asunto político, sino de hechos. Más de 800 millones de pesos destinados a programas fundamentales para los municipios de Jalisco permanecen retenidos o han sido recortados. Esto afecta a municipios metropolitanos como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco, pero también a municipios del interior del Estado, donde cada peso tiene un impacto directo en la calidad de vida de la población.
El caso del Programa de Devolución de Derechos (PRODER) resulta inadmisible. Municipios y organismos operadores invirtieron recursos propios para ejecutar obras de agua y saneamiento conforme a las reglas de la Conagua, pero la federación mantiene pendiente el reintegro de 232.7 millones de pesos, obligando a los gobiernos locales a descapitalizarse.
A esto se suma la reducción del 10% al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que representa una afectación de 547.1 millones de pesos durante 2025 y 2026. Menos recursos significan menos obras de agua potable, drenaje, pavimentación e infraestructura para las comunidades que más lo necesitan.
Alcaldes, especialistas y analistas coinciden en que el centralismo presupuestal está debilitando a los municipios. Cuando la Federación incumple o retrasa recursos, las obras se frenan, aumenta la presión sobre las finanzas locales y los ciudadanos terminan pagando las consecuencias.
Cuando un municipio pierde recursos, no pierde un partido político; pierden las familias que esperan mejores servicios, los productores que requieren caminos dignos y las comunidades que siguen esperando infraestructura básica.
En Acción Nacional defendemos el municipio libre, fundamento del federalismo establecido en el artículo 115 constitucional. Los municipios no pueden ser tratados como simples ejecutores de decisiones tomadas desde el centro del país, mientras se concentran cada vez más recursos en la federación.
Desde el PAN Jalisco respaldamos a los 125 municipios del Estado, sin distingos partidistas. Exigimos que se liberen los recursos que por ley les corresponden y que el presupuesto deje de utilizarse como un instrumento de control político.
Esta situación contrasta con la decisión del gobierno federal de concentrar miles de millones de pesos en grandes proyectos como el Tren Maya, la Refinería Olmeca en Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, obras que han requerido recursos muy superiores a los originalmente presupuestados y que siguen representando elevados costos para las finanzas públicas.
Mientras el gasto se centraliza en estos proyectos, los municipios enfrentan recortes y retrasos para atender necesidades tan básicas como el agua potable, el drenaje, la pavimentación y la infraestructura social.
Los municipios no piden privilegios; exigen justicia presupuestal. Defenderlos es defender el federalismo, la autonomía local y el bienestar de millones de jaliscienses.

Los municipios no pueden seguir pagando el costo del abandono federal

El acceso al agua potable no es un privilegio ni una concesión de los gobiernos; es un derecho humano fundamental. Sin embargo, hoy miles de familias en la Zona Metropolitana de Guadalajara viven una realidad que contradice ese principio. Abrir la llave de sus hogares ya no garantiza recibir agua limpia, segura y apta para el consumo. La crisis de la calidad del agua ha dejado de ser un problema técnico para convertirse en un asunto de salud pública, de confianza ciudadana y de responsabilidad gubernamental.
Son cientos de colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá las que han reportado agua con coloración, mal olor o sedimentos. Mientras las autoridades buscan explicaciones, las familias han tenido que asumir un gasto adicional comprando agua para cocinar, bañarse o realizar actividades básicas. Lo verdaderamente injusto es que los ciudadanos estén pagando más por un servicio que hoy no ofrece las condiciones mínimas de calidad.
Desde el PAN Jalisco respaldamos el descuento del 80 por ciento en el concepto correspondiente al suministro de agua para las y los usuarios afectados. Es una medida necesaria para aliviar el impacto económico que enfrentan miles de hogares. Sin embargo, debemos decirlo con claridad: este descuento no resuelve el problema. Es únicamente un paliativo. El otro 20 por ciento del recibo corresponde a los servicios de alcantarillado y drenaje, pero el fondo del asunto sigue siendo el mismo: la ciudadanía no puede conformarse con descuentos cuando lo que exige es agua limpia y suficiente.
La obligación del SIAPA no es privilegiar la recaudación, sino garantizar un servicio de calidad. Durante años, las tarifas han aumentado de manera importante, mientras la infraestructura envejece, las fugas persisten y ahora la calidad del agua genera una legítima preocupación entre la población.
El reciente plan emergente anunciado por las autoridades, que contempla pipas, plantas potabilizadoras y acciones temporales, puede atender parcialmente la contingencia, pero tampoco representa la solución de fondo. No estamos para defender a ningún gobierno; estamos para defender a las familias de Jalisco. Por ello exigimos que este plan tenga plazos claros, metas públicas y mecanismos de evaluación que permitan conocer si realmente está resolviendo la crisis o únicamente administrándola.
Lo que Jalisco necesita es un verdadero plan integral para rescatar el sistema hidráulico metropolitano. Un proyecto que incluya la rehabilitación de la infraestructura, la modernización de plantas de tratamiento y distribución, la sustitución de redes obsoletas, un programa permanente de mantenimiento preventivo, monitoreos públicos sobre la calidad del agua y una estrategia financiera que garantice la viabilidad del SIAPA sin trasladar las ineficiencias a los ciudadanos.
Asimismo, es indispensable realizar una auditoría técnica y financiera profunda al organismo para conocer con precisión el estado de sus instalaciones, el destino de los recursos públicos y las causas que llevaron a esta crisis. La transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para recuperar la confianza de la población.
Esta situación no debe convertirse en un espacio para la politiquería ni para repartir culpas. La ciudadanía espera soluciones, no discursos. Es momento de que el Gobierno del Estado, los municipios, especialistas y autoridades federales construyan una ruta conjunta que atienda las causas estructurales del problema y garantice resultados medibles.
El agua no puede seguir siendo una promesa pendiente. Las familias de Jalisco merecen abrir la llave de sus hogares con la tranquilidad de recibir agua limpia, suficiente y segura. Esa es la responsabilidad de quienes gobiernan y esa seguirá siendo la exigencia del PAN Jalisco.
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El agua no puede seguir siendo una promesa pendiente

El registro obligatorio de las líneas telefónicas celulares con la CURP, ha dejado al descubierto un problema mucho más profundo que un simple trámite administrativo: la enorme desconfianza que millones de mexicanos sienten hacia las instituciones encargadas de proteger sus datos personales.
Las autoridades sostienen que esta medida permitirá combatir delitos como la extorsión y eliminar el anonimato de quienes utilizan líneas telefónicas para actividades ilícitas. El objetivo puede parecer válido, pero la realidad demuestra que una buena intención no basta cuando no existe confianza en quien implementa la política pública.
Los números son claros. Apenas alrededor del 45% de las líneas celulares del país han sido registradas. Diversos análisis publicados en medios nacionales señalan que cerca del 47% de los mexicanos preferiría perder su número telefónico antes que entregar sus datos personales, debido al temor de que la información pueda ser vulnerada o utilizada de manera indebida. Incluso miles de ciudadanos han promovido amparos para cuestionar la medida.
La experiencia nos obliga a ser prudentes. México ha enfrentado filtraciones de bases de datos y constantes cuestionamientos sobre la protección de la información personal. Por eso resulta entendible que exista preocupación cuando se solicita a millones de ciudadanos vincular su identidad con su línea telefónica.
Además, diversos grupos y ciudadanos, han señalado que no existe evidencia suficiente de que un padrón obligatorio, por sí solo, reduzca delitos como la extorsión. Mientras tanto, las organizaciones criminales continúan operando mediante teléfonos robados, chips obtenidos ilegalmente o llamadas realizadas desde centros penitenciarios. El ciudadano que cumple con la ley termina siendo quien carga con nuevas obligaciones, mientras el crimen encuentra otras formas de actuar.
Desde Acción Nacional respaldamos todas las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad pública, pero también creemos que esa lucha debe ir acompañada de transparencia, certeza jurídica y una verdadera protección de los datos personales. La confianza ciudadana no puede construirse mediante amenazas de cancelar líneas telefónicas, sino ofreciendo garantías claras sobre el manejo de la información.
El Gobierno debe escuchar lo que hoy expresan millones de mexicanos. Cuando casi la mitad de la población decide no participar en una política pública de esta magnitud, no puede calificarse simplemente como resistencia al cambio. Es un llamado de atención sobre la falta de confianza que existe hacia las instituciones.
La seguridad y la protección de los datos personales no son objetivos incompatibles. Ambos deben caminar de la mano. Por ello, es indispensable fortalecer los mecanismos de resguardo de la información, transparentar el funcionamiento del sistema y corregir las deficiencias antes de imponer sanciones que podrían afectar a millones de usuarios.
La confianza no se impone por decreto. Se construye con resultados, transparencia y respeto a los derechos de los ciudadanos. Ese es el reto que hoy tienen las autoridades y la razón por la que millones de mexicanos siguen diciendo: primero dennos certeza, después pidan confianza.
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El problema no es el registro, sino la falta de credibilidad

Mientras desde Palacio Nacional se insiste en repetir que México cuenta con un sistema de salud mejor que el de países desarrollados y se presume el funcionamiento de las llamadas Farmacias del Bienestar, millones de mexicanos enfrentan una realidad completamente distinta. La propaganda oficial choca de frente con los hospitales saturados, los anaqueles vacíos, las recetas sin surtir y la desesperación de quienes tienen que luchar todos los días no sólo contra una enfermedad, sino también contra un sistema que simplemente dejó de responder.
Hoy la salud pública atraviesa una de las peores crisis de su historia. No se trata de una percepción ni de una estrategia política de la oposición. Es una realidad que viven pacientes, médicos, enfermeras y familias en los 32 estados del país. Basta recorrer cualquier hospital del IMSS, del ISSSTE o del modelo IMSS-Bienestar para encontrar escenas que deberían avergonzar a cualquier gobierno: personas esperando durante horas atención médica, familiares comprando medicamentos e insumos que el Estado está obligado a proporcionar, pacientes recuperándose en sillas por la falta de camas y médicos trabajando bajo condiciones indignas, sin el material indispensable para salvar vidas.
Pero existe un problema todavía más grave que el propio desabasto: el intento por ocultar la realidad. Médicos, enfermeras y trabajadores del Sector Salud han denunciado la falta de medicamentos, material de curación e insumos básicos. En lugar de atender esas denuncias y corregir las fallas, diversos casos evidencian que quienes levantan la voz enfrentan hostigamiento, amenazas o incluso la pérdida de su empleo. 
El deterioro del sistema de salud, marcado por decisiones improvisadas, el desabasto de medicamentos y el desperdicio de insumos esenciales, refleja una crisis indignante. Mientras miles de pacientes esperaban tratamiento, en el Hospital Infantil de México &#8220;Federico Gómez&#8221; caducaron más de 18.4 millones de medicamentos e insumos médicos, con un valor superior a 121 millones de pesos, evidenciando un sistema incapaz de garantizar una atención digna y oportuna.
Resulta inaceptable que mientras las autoridades insisten en construir una narrativa de éxito, las familias mexicanas tengan que endeudarse para comprar medicamentos que deberían recibir gratuitamente o, peor aún, resignarse porque simplemente no pueden pagarlos. La salud dejó de ser un derecho garantizado para convertirse en un privilegio reservado para quienes tienen recursos económicos.
Urge transparentar las compras públicas, garantizar el suministro de medicamentos, sancionar a quienes incumplen contratos, proteger al personal médico que denuncia las deficiencias y, sobre todo, reconocer que el problema existe. Porque ninguna crisis puede resolverse mientras el gobierno siga negándola.
Los mexicanos merecemos hospitales equipados, médicos respaldados y pacientes atendidos con dignidad. Merecemos un sistema de salud que funcione, no campañas de comunicación que pretendan maquillar el fracaso. Porque detrás de cada paciente sin atender, de cada receta sin surtir y de cada tratamiento interrumpido, hay una familia esperando respuestas que simplemente no llegan.
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El colapso del sistema de salud, radiografías del desabasto

Cuando uno piensa que ya vio todo en las mañaneras, siempre aparece un nuevo episodio dispuesto a superar al anterior. Lo que nació como un espacio para informar, rendir cuentas y responder a los grandes problemas nacionales, cada vez se parece más a un escenario donde la política se mezcla con el espectáculo, mientras las urgencias del país siguen esperando su turno.
La reciente aparición del llamado &#8220;Pato Merlín&#8221;, convertido en una de las figuras del Mundial 2026, provocó críticas de la ciudadanía, de distintos colectivos, así como de periodistas y personas analistas, quienes cuestionaron las prioridades del gobierno. Para muchas voces, el acto representó una estrategia de distracción y un intento por apropiarse de un fenómeno popular surgido de manera espontánea entre la afición mexicana.
La molestia no radica en la existencia de una mascota ni en el buen humor. El problema es el contraste. Mientras cientos de madres buscadoras continúan solicitando una audiencia para exigir verdad y justicia por sus familiares desaparecidos, el Salón de Palacio Nacional abrió sus puertas para recibir a un personaje viral. La comparación resulta inevitable y dolorosa. La percepción que deja este episodio es que el espectáculo encuentra espacio, mientras el sufrimiento de miles de familias continúa esperando ser escuchado.
Más preocupante aún es observar cómo una conferencia de Estado, financiada con recursos públicos y concebida para informar a la nación, termina utilizándose para actos que muchas personas consideran propagandísticos o de entretenimiento político. La investidura presidencial exige seriedad cuando el país enfrenta desafíos en materia de seguridad, salud, economía y desapariciones. No se trata de prohibir el humor, sino de comprender que existe un momento y un espacio para cada situación.
Como si el episodio no hubiera sido suficiente, dos días después la presidenta pidió que sonara la canción &#8220;Supérame&#8221;, de Grupo Firme, en respuesta a las críticas surgidas tras una entrevista de Carlos Monsivais, sobre la figura del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Para muchos, el gesto reflejó poco tacto frente a una sociedad que espera soluciones a los problemas del país, no respuestas musicales desde el poder.
Resulta paradójico. Durante años, el discurso oficial responsabilizó, y aún hoy sigue responsabilizando a Felipe Calderón, de prácticamente todos los males del país. La inseguridad, la corrupción, la pobreza, las deficiencias del sistema de salud e incluso el bajo crecimiento económico fueron atribuidos, una y otra vez, a los gobiernos del pasado. Esa narrativa se repitió desde la máxima tribuna del país durante todo el sexenio anterior y continúa en la actual administración. Por cierto, es de resaltar que acaban de entregar un premio internacional a Felipe Calderon, otorgado por la Fundación Marqués de Oliva en Madrid, por su contribución a la democracia, el fortalecimiento institucional, la pluralidad y el desarrollo de la sociedad.
Pareciera que para este gobierno es válido mirar constantemente al pasado para justificar sus errores, pero resulta inaceptable que alguien cuestione el legado de su propio movimiento. La pregunta, entonces, es inevitable: ¿quién tiene realmente que superar a quién?
Las familias de las personas desaparecidas no necesitan que en las mañaneras se reciba a un pato viral; necesitan ser escuchadas. La ciudadanía no espera ocurrencias ni escuchar canciones. México reclama soluciones, sensibilidad y un gobierno concentrado en atender los problemas que verdaderamente lastiman al país.
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La Mañanera entre patos y “Supérame”

José Francisco Muñoz Valle

El valor de la universidad en el mundo contemporáneo

Anuar García Gutiérrez

La importancia de las cámaras de videovigilancia en Jalisco

Mi pecho no es bodega

Jonás

Resuelven Sinaloa, pero no la crisis en Morena

Marcela Páramo Ortega

Universidad sin barreras

Cada año el regreso a clases representa una mezcla de esperanza y preocupación para miles de familias. Esperanza porque la educación sigue siendo la mejor herramienta para construir un mejor futuro; preocupación porque el inicio del ciclo escolar se ha convertido en uno de los gastos más fuertes del año para la economía familiar.
El próximo 31 de agosto iniciará el ciclo escolar 2026-2027. En Jalisco regresarán a las aulas más de 1.3 millones de estudiantes, de los cuales aproximadamente 900 mil cursan primaria y 417 mil secundarias. Detrás de esa cifra hay más de un millón de historias de esfuerzo, padres que hacen cuentas, madres que sacrifican gastos del hogar y familias que recurren al crédito para cumplir con una obligación que debería estar respaldada por una verdadera política educativa.
Las cifras no mienten. De acuerdo con investigaciones difundidas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), surtir únicamente la lista básica de útiles puede representar entre 500 y 1,000 pesos, dependiendo del grado escolar y la ciudad. Sin embargo, cuando se agregan uniformes, calzado, mochilas, cuotas escolares, materiales complementarios y transporte, el gasto total fácilmente alcanza entre 3,000 y 5,000 pesos por estudiante.
Eso significa que una familia con dos hijos puede desembolsar entre 6,000 y 10,000 pesos en apenas unas semanas. Para miles de hogares cuyo ingreso apenas alcanza para cubrir alimentación, vivienda y transporte, el regreso a clases representa uno de los golpes más severos del año.
Frente a esta realidad, el gobierno insiste en vender la idea de que los apoyos económicos resuelven el problema. En primaria se entrega un apoyo anual de 2,500 pesos por alumno; en secundaria 1,900 pesos bimestrales por hogar con un estudiante, con un incremento de 700 pesos bimestrales por cada alumno adicional de ese nivel. Sobre el papel parecen cifras importantes, pero en la práctica son apoyos que llegan tarde o resultan insuficientes frente al incremento constante de los precios.
Los cuadernos cuestan más, los lápices aumentaron de precio, las mochilas son más caras y los uniformes registran incrementos año con año. Además, muchas escuelas continúan solicitando materiales específicos, determinadas marcas o cuotas que incrementan todavía más la presión económica sobre las familias.
El gobierno presume la entrega de apoyos, pero no puede demostrar que éstos mejoren el aprendizaje o reduzcan el abandono escolar. Sin indicadores claros ni rendición de cuentas, el asistencialismo termina sustituyendo a una verdadera política educativa.
Repartir dinero no sustituye la obligación de construir mejores escuelas, invertir en infraestructura y elevar la calidad educativa. Sin una estrategia integral, los apoyos alivian momentáneamente el gasto, pero no transforman la educación.
Mientras el gobierno presume apoyos, las papelerías están llenas y las familias hacen cuentas, recortan gastos y se endeudan para que sus hijos puedan estudiar. Así comienza el ciclo escolar 2026-2027.

El verdadero costo de regresar a clases