La importancia de las cámaras de videovigilancia en Jalisco

La videovigilancia se ha convertido en una de las herramientas más importantes para la investigación de los delitos. Después de un homicidio, una desaparición, un robo o una privación de la libertad, conocer por dónde pasó un vehículo, identificar una placa o reconstruir los últimos movimientos de una persona puede cambiar por completo el rumbo de una investigación. En Jalisco contamos desde hace años con cámaras conectadas al C5 precisamente para cumplir con esta función; el problema comienza cuando, al momento de necesitarlas, descubrimos que algunas simplemente no estaban funcionando.

El Gobierno de Jalisco reconoció recientemente que parte de los equipos del C5 presentan fallas y que existe infraestructura que ya resulta obsoleta. Por ello se pretende adquirir 355 nuevas cámaras para sustituir equipos y mejorar la capacidad de identificación de vehículos, placas y personas. La renovación es necesaria, pero también deja una pregunta que quizá resulta más importante que la propia compra: ¿qué ocurrió durante todo el tiempo en que esas cámaras dejaron de cumplir correctamente con su función?

En la práctica, quienes hemos tenido que solicitar videograbaciones relacionadas con algún hecho delictivo, nos encontramos con demasiada frecuencia con cámaras que no estaban funcionando, imágenes que no pudieron obtenerse o equipos cuya calidad no permitió recuperar información relevante. El problema no es solamente técnico. Cuando una cámara falla en un punto donde posteriormente ocurre un delito, se pierde información que pudo haber servido para seguir una ruta, identificar un automóvil o aportar elementos importantes para determinar qué sucedió y quiénes participaron.

Por eso resulta extraño que hoy se hable de sustituir cientos de cámaras como parte de una modernización, cuando la conservación de estos equipos tendría que ser una tarea permanente. Si una cámara deja de funcionar, la falla debería detectarse prácticamente en ese momento y generar una reparación o sustitución inmediata. No tendría que esperarse a acumular equipos obsoletos para después emprender una renovación general. Al final, estamos hablando de infraestructura que forma parte de la estrategia de seguridad del Estado y cuya utilidad depende precisamente de que funcione las veinticuatro horas.

Incluso resulta curioso que los sistemas tecnológicos destinados a detectar una fotoinfracción difícilmente parezcan perder de vista una placa, mientras que en materia de seguridad seguimos encontrándonos con puntos ciegos. Una comparación incómoda, pero inevitable.

Ahora Jalisco se encuentra frente a un proyecto mucho más ambicioso. Escudo Jalisco C5 contempla una ampliación importante de la infraestructura tecnológica del Estado, con miles de nuevas cámaras, lectores de placas, arcos carreteros, herramientas de análisis forense, reconocimiento facial, Inteligencia Artificial y la integración de diferentes sistemas municipales. Sobre el papel, el proyecto representa una transformación importante en la manera de vigilar y generar inteligencia para combatir la delincuencia.

Pero precisamente por la dimensión del proyecto es necesario mirar más allá del anuncio. Podemos construir un gran centro de monitoreo, instalar cientos de pantallas y adquirir tecnología cada vez más sofisticada, pero la capacidad real del sistema seguirá dependiendo de algo mucho más sencillo: que las cámaras que están en las calles funcionen. De poco sirve tener un espacio desde donde observar todo si, al momento de necesitar determinada imagen, descubrimos nuevamente que el dispositivo encargado de obtenerla estaba fuera de servicio.

También será importante conocer la calidad de los equipos que se están adquiriendo. Hoy no basta con colocar una cámara y contabilizarla como parte de la cobertura del Estado. La tecnología tendría que permitir identificar placas en movimiento, obtener imágenes útiles durante la noche, reconocer características de vehículos y personas, y conservar las grabaciones durante periodos suficientes para que puedan ser solicitadas dentro de una investigación. Pero, principalmente, tendría que existir un sistema capaz de detectar inmediatamente cuándo uno de esos equipos deja de transmitir.

El mantenimiento quizá no tenga el impacto político de inaugurar un nuevo centro de inteligencia ni de anunciar miles de cámaras adicionales, pero es precisamente ahí donde debería estar una parte importante de la atención. No basta con informar cuántas cámaras tiene Jalisco; también se debe conocer cuántas funcionan, cuánto tiempo permanecen fuera de servicio cuando presentan una falla, qué mantenimiento reciben y quién es responsable de supervisar permanentemente su operación.

La inversión en el C5 puede ser necesaria, pero también obliga al Estado a garantizar resultados. Si se van a destinar recursos públicos a nuevas cámaras, tecnología de reconocimiento, lectores de placas e infraestructura de monitoreo, debe existir la certeza de que los equipos funcionarán y estarán disponibles para las investigaciones cuando sean requeridos. La seguridad no se fortalece con el número de cámaras que se compran o se anuncian, sino con su capacidad real para prevenir, reaccionar y aportar información ante un delito.

Modernizar el C5 no debe servir para justificar las deficiencias que ya existen. Debe servir para corregirlas. Y a partir de ahora, una cámara fuera de servicio durante días o semanas ya no debería aceptarse como una falla técnica ordinaria, sino como una deficiencia que debe ser detectada, atendida y, en su caso, generar responsabilidades.

Porque si el Estado decide vigilar, también tiene la obligación de garantizar que su sistema de vigilancia funcione.