Con la elección de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa, se resuelve la crisis más urgente, la de la ingobernabilidad en un Estado que ha sido azotado por todos los males políticos que puede provocar un gobierno improvisado, ajeno a las leyes y encima, en contubernio con las cúpulas del crimen organizado. Esa es la herencia nefasta de Rubén Rocha Moya y la clase política que llegó al poder con él en Sinaloa.
Sin embargo, no se resuelve la crisis provocada por el quiebre interno en Morena. Ese es otro asunto. Requerirá una operación política mayor y mucho más compleja.
De entrada, Graciela Domínguez llega cuestionada. Su mayor legitimidad es la prisa; el gobierno sinaloense no podía quedar al garete y ante la posibilidad de que las fuerzas fácticas del crimen organizado intentaran tomar más espacio para dominar, mientras continúa la guerra intestina entre dos facciones del narcotráfico.
Entre las fuerzas políticas de oposición, se mantuvieron los señalamientos de que Domínguez Nava es una extensión política del grupo de Rocha Moya. Es muy probable, pero la petición de diferentes grupos sociales para que llegara al gobierno un grupo que no tenga nexos con la cúpula actual, no puede cumplirse en unos días; cuentan con un año para organizarse y crear una fuerza política real, que cuente con viabilidad para ganar las elecciones que se efectuarán en 2028.
Si hubiera prosperado la petición de una desaparición de poderes, quizá la crisis se hubiera profundizado.
Por otra parte, en la cúpula nacional de Morena ya se anuncia un posible proceso interno de expulsión a Rocha Moya. Las razones que se esgrimen carecen, en los argumentos presentados hasta ahora, de profundidad jurídica y más se asemejan a una venganza mediática. Pero en el interés de sacar a Rocha Moya de Morena, se expresa una variante más de la crisis interna, porque cabe preguntar si ya no hay quien avale al político ahora en desgracia. Su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, todavía debe tener algún peso.
Es un reto de difícil solución, porque la crisis Rocha Moya no puede quedar en una mera anécdota.
No puede ser posible, si la “cuarta transformación” aspira todavía a mantenerse viable, que unos meses atrás la misma presidenta Sheinbaum haya llamado desde el Zócalo de la Ciudad de México a una cruzada en defensa de la soberanía y del acusado Rocha Moya, y ahora todos lo linchen mediáticamente. Pero no es sólo el gobernador con licencia, es todo el equipo político que lo acompañó al poder, incluido el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien fue el operador político de la campaña sinaloense de 2021. Todos están coludidos.
Y la presión del gobierno estadounidense aumentará, sin duda.
La crisis interna, continúa.