Miguel De La Rosa Figueroa

A un requerimiento del Congreso del Estado, con motivo del decreto para el otorgamiento del descuento del 80% en las tarifas del agua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había notificado a la Legislatura, mediante el oficio P/EXT/95/2026, que tenía documentadas diversas quejas relacionadas con el desabasto y la mala calidad del agua, y que éstas pertenecían a 392 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (adjuntando a su oficio los listados de las  colonias afectadas, clasificados por municipio).
En la citada comunicación, la Comisión también hacía referencia que se identificaban 655 colonias potencialmente expuestas al desabasto y la mala calidad del agua, pues se abastecían de un mismo sistema hidráulico: la Presa Las Pintas y su interconexión con la Planta Potabilizadora No. 1, conocida como Miravalle.
Sin embargo, en el escrito enviado por la CEDHJ a la Junta Directiva del SIAPA, la Comisión únicamente relacionó 243 colonias, es decir, 149 colonias menos de las 392 que se tenían documentadas con quejas, y 412 menos de las 655 que se atienden del mismo sistema de abasto, potabilización y distribución y que se consideraban potencialmente expuestas a afectaciones.
La pregunta obligada es, ¿cómo pasó la CEDHJ de 655 colonias potencialmente expuestas, o de las 392 documentadas con quejas, a un reducido listado de 243?
En los corrillos de la institución defensora de los Derechos Humanos se escuchó el rumor de ciertas presiones del gobierno del Estado para recortar sus listas, sin duda aquí está la causa que explica tan desproporcionado ajuste.
Al final, el SIAPA aprobó un listado de 235 colonias para la aplicación del beneficio del descuento. Esta cifra es considerablemente baja y marcadamente injusta, si observamos que, de las 251 colonias de Tonalá y 171 de Tlaquepaque que potencialmente reciben agua del sistema de Miravalle, sólo 9 y 22 colonias respectivamente serán beneficiadas, en tanto que de las 168 de Guadalajara, 80 entraron en el acuerdo, y curiosamente, de las 65 de Zapopan que se presumían afectadas, se aumentaron a 92 las colonias beneficiadas.
No tenemos pruebas, pero tampoco dudas: la mayoría de colonias de Tonalá y Tlaquepaque no recibirán el descuento en sus tarifas de agua, no porque no sean afectadas con el mal servicio de agua, sino porque se ubican en municipios gobernados por Morena, y el gobierno del Estado, o sea MC, que tiene el control de la Junta Directiva del SIAPA, ha decidido castigarlas por esta razón.

Miguel De la Rosa Figueroa

Las colonias sin descuento, por sesgo partidista

Hace unos días, una representación de vecinos del Fraccionamiento Mirador de San Isidro, de Zapopan, acudió al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), a dialogar con el titular, Guillermo Medrano Barba, y manifestarle las razones por las cuales se oponen al nuevo desarrollo habitacional que pretende construir este organismo del gobierno estatal, en un área verde de la comunidad.
Ese diálogo lo habían reclamado insistentemente las personas al Ejecutivo de Jalisco, al municipio y al Congreso del Estado. Querían ser escuchados, como corresponde en derecho a la ciudadanía, y como es deber de los funcionarios públicos el atenderles.
¿Qué encontraron las y los ciudadanos en la “mesa de diálogo” con el IJALVI?
Encontraron la personificación del mal servicio público: un director del IJALVI, Guillermo Medrano, exdirigente estatal de MC, insensible, intransigente, intolerante y ofensivo.  No hubo empatía en el trato, no se escucharon con comedimiento sus planteamientos, fue más un monólogo de insistencias a favor de la construcción de la unidad habitacional. Uno de los videos que se grabaron de dicha reunión cuenta cómo, entre otras cosas indebidas, a la pregunta formulada por una ciudadana, el Lic. Medrano contestó con un “métete a estudiar”, expresión despectiva que atribuye ignorancia a quien cuestiona. Un servidor público comprometido con su función, debió brindar una respuesta atenta, articulada con base en la información solicitada y respetando la dignidad de quien la haya expuesto.
Los vecinos ya habían recibido empujones de parte de la policía el día que los desalojaron del predio que defienden. Posteriormente fueron acusados por la dirigente estatal de MC de ser manipulados políticamente –lo que implica una denigración de su racionalidad– para oponerse a esa construcción. Luego fueron invisibilizados durante semana y media por las autoridades del Gobierno del Estado y del municipio, que se negaban a atenderlos. A lo anterior, de por sí grave, hay que sumar las ofensas y el maltrato de otro mal servidor público.
Meterse a estudiar es lo que debería hacer el titular del IJALVI, para que aprenda a atender con respeto y empatía a la ciudadanía cuando reclama justamente sus derechos.
Podría empezar por estudiar la Constitución Política local, la Ley de Servidores Públicos del Estado, la de Responsabilidades y el Código de Ética estatal. Así conocería los valores y principios con los que debe actuar el servidor público; luego reconocería los derechos de la ciudadanía y las obligaciones que tienen los funcionarios públicos con ésta.
El servicio público es la oportunidad de ser útil a los semejantes. Siendo esto de por sí un privilegio, se compensa el desempeño con la retribución salarial correspondiente. Porque paga y es su derecho, no merece el pueblo de Jalisco este tipo de maltratos, ni este tipo de funcionarios.

“Métete a estudiar”

El 31 de julio del actual, en la colonia Mirador de San Isidro, ubicada en Zapopan, un grupo de vecinos que manifestaban pública y pacíficamente su rechazo a la construcción de un desarrollo de vivienda en un predio de la comunidad, sufrieron el abuso de la fuerza pública.
Días previos a la agresión, las personas de la localidad habían instalado un campamento en el terreno que se encuentra en disputa: por la madrugada de aquel día arribaron más de 100 agentes de seguridad pública que, sin más, comenzaron a retirarlos a empujones e incluso a varios de ellos tuvieron que sacarlos cargados. Una vez concluido el desalojo las autoridades asignaron un destacamento policial para el resguardo del sitio, el cual permanece hasta hoy.
Con esta actuación abusiva y excesiva, las autoridades estatal y municipal violentaron las garantías constitucionales de libre asociación y expresión que les asisten a las personas manifestantes, así como sus derechos a ser respetados en su dignidad e integridad humana. El Congreso tendrá que llamar a cuentas a los responsables de estos abusos.
El motivo principal de la inconformidad vecinal tiene que ver con una iniciativa que el gobernador del Estado envió al Congreso y posteriormente, mediante su aprobación, se autorizó al Ejecutivo a desincorporar del patrimonio público un predio para su donación al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), con el objeto de que se destinara a la construcción de viviendas asequibles para las personas que laboran en tareas de seguridad pública.
La autorización de desincorporación que otorgamos en el Congreso está sujeta al cumplimiento de diversos requisitos que establece la normativa estatal y municipal, los cuales deben acreditarse con dictámenes técnicos. Sin embargo, en un recorrido que realizamos a solicitud de los vecinos, posterior al desalojo, se pudo observar que ya iniciaron los movimientos de tierra e incluso el retiro de flora adulta. Se observó también, sin tener la expertiz específica, que existen condiciones que demeritan su idoneidad para el fin que se pretende: la colonia Mirador de San Isidro tiene una alta densidad poblacional, dispone de mínimas áreas verdes, las calles presentan saturación vehicular, el predio es colindante con un arroyo y por el cause trasado evidencia que el flujo de agua que desfoga es alto.
Los vecinos, además, expusieron que el predio es parte del patrimonio ambiental de la colonia, que el desarrollador lo promovió así cuando adquirieron los inmuebles.
Es lamentable equivocarse, sea el Ejecutivo, el Legislativo o la autoridad municipal, pero es aún más lamentable persistir en un error cometido. Creemos que debemos apoyar a las personas que se dedican a la seguridad pública, por la labor tan sensible y de riesgo que desempeñan –aunque a veces pueda mancharse por abusos como el que se refiere al inicio de esta columna–, creemos que el Estado debe procurar lo más posible ayudarles a ellos y a sus familias a estar bien y esto implica que puedan acceder a viviendas dignas, construidas en lugares dignos. Nos parece acertado un programa que procura este satisfactor. Con lo que no estamos de acuerdo y resulta condenable, es que se lesionen los derechos ambientales, de movilidad, de espacio vital de terceros, y que se haga, aún peor, valiéndose la autoridad del abuso y la excesiva fuerza del Estado para imponer su decisión, sin diálogo con quienes estamos siempre obligados a escuchar y atender, en nuestro carácter de servidores y funcionarios públicos: con la ciudadanía.
Por lo anterior, nos pronunciamos en favor de la vivienda para las y los agentes de seguridad pública, pero que se construya en un lugar donde existan las condiciones, las factibilidades previstas por la ley; no donde su desarrollo deteriore la calidad de vida de los antiguos y los nuevos pobladores.

Contra el abuso y la imposición

El PRI, el PAN y MC tienen, frente al problema de desabasto y mala calidad del agua que padecemos quienes vivimos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, total y completamente la culpa porque los tres han sido irresponsables, incapaces y corruptos en la manera de administrar al SIAPA.
Quejarse está bien, la ciudadanía ha de reclamar y hasta castigar sus negligencias, pero, además a quien hoy gobierna el Estado, a MC, debe exigirle que se aplique en serio a resolver el problema atendiendo dos tareas fundamentales que ha abandonado, al igual que lo hicieron los anteriores. Éstas son: potabilizar el agua adecuadamente y distribuirla a la población de manera eficiente.
Guadalajara no tiene un problema de abasto de agua, la CONAGUA le tiene asignada un volumen de 16 metros cúbicos por segundo, es decir 3 metros cúbicos más de los que necesitaría para proveer a los habitantes de la metrópoli. El problema es de potabilización, porque todos los que han gobernado al SIAPA no tuvieron la previsión de construir nuevas plantas de potabilización, de darles mantenimiento a las ya existentes y ampliarlas para ajustarlas a las necesidades crecientes de la ciudad.
Hoy la capacidad del SIAPA para potabilizar agua está rebasada, las plantas no alcanzan a procesar los volúmenes que se necesitan y en consecuencia terminan enviándola mal tratada a las redes de distribución o de plano no enviándola. Sumemos a lo anterior la corrupción, por la que el organismo operador paga los distintos insumos físico-químicos requeridos para sanear el agua, pero no llegan a las plantas de tratamiento y únicamente acaban utilizando los más baratos: sal, cal y un poco de cloro. Todavía más, los sistemas de bombeo no se han sustituido, la mayoría son antiguos y presentan fallas frecuentes que interrumpen el servicio por periodos prolongados.
El segundo problema es el de las redes de distribución: la mayoría han pasado ya su vida útil, presentan rupturas frecuentes y ensucian más el agua de como la vierten las potabilizadoras. Ninguno de los gobiernos locales anteriores se ha ocupado de cambiar progresivamente la red hídrica. Aquí aplicaron el refrán que reza “ojos que no ven, corazón que no siente”. Nadie veía la red, por tanto nadie le invertía, hasta que se empezó a tronar provocando que casi la mitad de agua que se inyecta a ellas se fugue, derivando en problemas de desabasto y en socavones en las calles.
Resulta extraño que, siendo la potabilización y la distribución del agua los mayores problemas que aquejan a la población, tocando al SIAPA atenderlas y subordinado éste al gobierno estatal según la ley vigente, el interés original del Ejecutivo haya sido el sistema de abasto y no su sistema de potabilización y distribución. El gobernador creyó más importante proponer construir un colector cerrado para trasladar agua a la ciudad, desde Chapala, y por cierto con capacidad para mover 10 metros cúbicos por segundo, lo que implica 2.5 metros más que los 7.5 que corren actualmente por el acueducto cerrado de Jocotepec, más la del canal abierto de Ocotlán. Dicen algunos que se propuso así para evitar que el agua de este último siguiera contaminándose en su rodado. Pero si ese fuera el problema, la solución más eficaz está ya a la mano desde el 2024: ¡echar a andar la Presa El Zapotillo! En esta presa el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador invirtió 8 mil 868 millones de pesos, cuenta con sistemas de bombeo y canales de distribución y está autorizada para darle a la ZMG, 3 metros cúbicos por segundo. Es agua de buena calidad que requiere procesos mínimos de potabilización, sin embargo, el gobierno del estado no la usa de forma regular. La disponibilidad de esta presa llevó a decir con certeza al propio exgobernador Alfaro, que el problema del agua estaba resuelto por los próximos 50 años.
Una parte de la solución al problema del agua está al alcance, es una solución más rápida (ya está, no hay que hacerla), más eficiente (usa bien los recursos de infraestructura que ya tenemos) y es completamente económica (ya se pagó por el gobierno federal). Entonces, ¿por qué quiere el gobierno del estado hacer obras por 42 mil millones de pesos, endeudando al pueblo de Jalisco? Sí, tiene razón… exactamente por eso.

Ante el problema del agua, otra solución es posible

Miles de familias de la ZMG llevan años enfrentando una doble injusticia: padecer el desabasto y la mala calidad del agua en sus domicilios, lo que por sí mismo constituye una grave violación del derecho humano a disponer de ella, y tener que pagar al SIAPA una tarifa como si éste proporcionara a los usuarios de forma óptima tan vital líquido. Esta realidad, ignorada durante años por los gobiernos de MC, del PAN y del PRI, cambió el pasado 21 de julio cuando en el Congreso del Estado aprobamos el decreto que instruye al SIAPA la aplicación de descuentos del 80 por ciento en el cobro del servicio de agua potable a las familias, pequeños comercios e industrias afectadas.
El Poder Legislativo ha determinado que este beneficio deberán recibirlo colonias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el mismo SIAPA tienen documentadas y acreditadas las quejas por desabasto y mala calidad del agua. En el caso de la Comisión, el listado comprende 398 localidades y la relación del SIAPA integra a más de 200. No obstante, se deja abierta la posibilidad para que quienes lo soliciten y acrediten tal afectación, puedan obtener también este descuento.
Desde la perspectiva comercial, el decreto representa un elemental acto de justicia porque le permite al usuario (cliente o consumidor) pagarle o no al proveedor o vendedor (el SIAPA) un bien o servicio (el agua) en proporción al abastecimiento y calidad con que entrega el mismo. Pero desde la perspectiva humana, la crisis hídrica que dejaron años de corrupción, indolencia e ineptitud del MC y PRIAN, y que lesiona a las personas en su garantía fundamental de recibir agua potable, seguirá pendiente de otras decisiones que ayuden a revertir el desastre que vive el organismo operador del agua en la ZMG, en materia de infraestructura, operatividad, tecnología, administrativa y financiera.
Desastre que no ve salida tampoco con el “plan” hecho sobre las rodillas y desde la visión unilateral que el gobierno estatal actual ha presentado para su estudio ante el Congreso y que por tanto, habrá de reconstruirse antes de su aprobación, con la colaboración y la inclusión del punto de vista de especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y la propia gente.
El decreto es resultado de la exigencia de miles de ciudadanas y ciudadanos que alzaron la voz frente a la problemática del agua, y del cumplimiento de un deber con la ciudadanía que el grupo parlamentario de Morena, de Hagamos, Futuro y PT, junto con otros partidos de oposición, demandamos insistentemente y ante el cual, hasta el último minuto previo a su aprobación, siguió enfrentando la resistencia y el pichicateo de Movimiento Ciudadano.

Justicia: si no hay agua, no habrá tarifa

Es profundamente lamentable que, pese a la realidad que enfrentan día a día millones de habitantes de la ZMG por la grave crisis de desabasto y la deficiente calidad del agua, el gobernador del Estado, su gabinete y la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, privilegien la confrontación política, la disputa electoral y la construcción de argumentos falaces, en lugar de asumir con responsabilidad la atención de uno de los problemas más sensibles para la población.
Resulta inconcebible que, después de once años de gobierno desde 2015, hayan sido incapaces de fortalecer la infraestructura hidráulica, ampliar las redes de potabilización y distribución de agua y sanear al SIAPA. Su negligencia, omisiones y presuntos actos de corrupción han profundizado una crisis que hoy padecen millones de jaliscienses, reproduciendo prácticas que superan incluso a las de los peores gobiernos del PRI y del PAN.
Esta actitud refleja indolencia, desconexión e indiferencia, no sólo para gobernar y administrar eficazmente las finanzas públicas de Jalisco, sino también para construir un diálogo serio, respetuoso y abierto con la sociedad sumando a las organizaciones civiles. Lejos de impulsar una estrategia integral, han desaprovechado la oportunidad de consolidar un plan sustentado en un diagnóstico técnico y científico, que trascienda a soluciones temporales, y establezca una política hídrica de largo plazo capaz de garantizar la disponibilidad, sustentabilidad, potabilidad, y buena calidad del agua, para asegurarla como patrimonio de las futuras generaciones.
Los hechos desmienten el discurso naranja. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se invirtieron 8 mil 868 millones de pesos para la construcción de la Presa “El Zapotillo”, el sistema de bombeo y sus canales de distribución. Gracias a ello, la ZMG puede recibir 2,000 litros de agua por segundo, intermitentemente el bombeo se limita a 1,300 litros debido a que el gobierno estatal se ha desentendido desde hace cinco años de gestionar el derecho de vía indispensable para el tendido eléctrico que permitiría operar el sistema a su máxima capacidad.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha continuado fortaleciendo la infraestructura hidráulica de Jalisco. Entre 2025 y 2026 destinó 609 millones de pesos para la construcción de tres nuevas plantas de tratamiento en el Río Santiago, así como para la ampliación y rehabilitación de otras tres. Además, se instalaron tres estaciones de monitoreo ambiental en el río Zula, Poncitlán y La Calera. Estas acciones forman parte del esfuerzo de la federación para el saneamiento integral de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, que también beneficia a Michoacán, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.
En Morena refrendamos la disposición para construir soluciones, no confrontaciones. Porque antes que cualquier interés partidista, siempre estará la vida, la salud y el derecho de nuestro pueblo a un futuro con agua suficiente y de calidad.

El agua no se politiza, se garantiza

Movimiento Ciudadano ha hundido al SIAPA en un mar de corrupción e incapacidad que hoy le impiden al organismo dotar del servicio de agua suficiente, limpia y de calidad a cientos de miles de familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Lo más preocupante es que, en lugar de asumir su responsabilidad y reconocer su incapacidad, los gobiernos naranjas se deslindan del problema y hasta emprenden una estrategia para repartir culpas.
Con esa mala intención acusan a la ciudadanía de tener parte de la responsabilidad, insinuando que el problema es la falta de limpieza de los tinacos y aljibes. Según ellos de ahí vienen los sedimentos que propician que el agua salga turbia y maloliente.
Señalan también a los municipios por los adeudos con el SIAPA, cuando esos pasivos se generaron precisamente durante administraciones encabezadas por MC. Los datos oficiales del organismo muestran que los principales deudores son el ayuntamiento de Guadalajara con 1,099 millones de pesos y el de Zapopan con 828.5 millones. San Pedro Tlaquepaque adeuda 209.9 millones, ¡pero este pasivo lo generaron las tres últimas administraciones de MC en ese municipio!
Acusan además, al Congreso del Estado, porque no les autoriza un endeudamiento de 20 mil millones para un supuesto &#8220;plan estratégico&#8221; que afectaría sin duda las finanzas estatales por décadas, y que ni siquiera han entregado formalmente al Poder Legislativo para su estudio y discusión.
El dichoso plan, según las y los especialistas, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, lo está elaborando el gobierno emecista de manera unilateral, porque nunca se les ha escuchado ni tomado en cuenta para su formulación.
Así pretenden que el Congreso les firme un cheque en blanco, autorizando una deuda para un plan que carece de diálogo social y consulta técnica, lo que abre la fundada sospecha de que, como otros proyectos naranjas, abusando de una necesidad, termine convertido en un mal negocio para los jaliscienses, pero muy buen negocio para los funcionarios y sus cercanos, tal como lo es el programa de verificación vehicular, la Línea 4 del Tren Ligero y el edificio administrativo de Tlajomulco.
La realidad es mucho más grave que sus excusas. Mientras el gobierno estatal intenta minimizar la crisis diciendo que sólo son alrededor de 200 colonias afectadas, los propios antecedentes del SIAPA documentan cientos de colonias con reportes de agua turbia, con mal olor y sedimentos, además de un incremento de las denuncias ciudadanas por fallas en el servicio. A ello se suman los hallazgos presentados por investigadores universitarios y organizaciones sociales, con estudios que demuestran la presencia de microorganismos, bacterias, ausencia de cloro residual, metales pesados como plomo y mercurio, además de contaminantes químicos que hacen inviable considerar esa agua como apta para consumo humano. Las consecuencias ya se reflejan en afectaciones gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias denunciadas por cientos de familias.
Por otra parte, MC reclama recursos de la federación, cuando durante las administraciones del licenciado Andrés Manuel López Obrador y ahora de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se han destinado más recursos a la Entidad. Simplemente este año Jalisco recibirá aproximadamente 4 mil 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado por el Estado, recursos que indudablemente son parte de los 5 mil millones que presume el gobierno local que serán aportación estatal para iniciar este proyecto.
Movimiento Ciudadano ha gobernado ocho años el Estado, ha gobernado también los principales municipios metropolitanos y ha administrado al SIAPA; hoy, frente al desastre que ocasionaron, descubren que la responsabilidad es de todos menos de ellos. Esa parece ser la única política pública distributiva que sí practica MC, la del reparto de culpas.

MC… el mar de corrupción e incapacidad que hundió al SIAPA

Han pasado ocho años desde que Andrés Manuel López Obrador ganara la Presidencia de la República aquel 1 de julio del año 2018. Ese día, 30 millones 111 mil 853 mexicanas y mexicanos, que  representaron el 53% de quienes acudieron a votar, lo hicieron por el proyecto político que él postulaba y que se sintetizaba en una frase sencilla pero poderosa: “Por el bien de todos, primero los pobres”.
No hubo cambio de eslogan durante sus tres campañas electorales presidenciales y los 12 años de lucha política que sucedieron a su primera candidatura, porque la mayor  aspiración para gobernar, cuando se es auténticamente de izquierda, es convertir al Estado en instrumento de desarrollo en favor especialmente de los sectores sociales marginados.
En México, por desgracia, después de 36 años de gobiernos neoliberales, en condición de precariedad alimentaria, no alimentaria, de ingresos y de servicios, hasta antes del 2018 se encontraban casi 50 millones de personas.
Con su triunfo y en sólo 6 años de gobierno, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos que se encontraban en tal situación lograron superar la pobreza, porque el Estado volvió a ser instrumento para combatirla y no testigo para contemplarla.
Con López Obrador mejoró sustancialmente el salario de millones de obreros y profesionistas, de más de un millón de maestros, de más de 600 mil profesionales de la salud y un poco más de 400 mil servidores públicos del ámbito de la seguridad pública.
Nunca antes un gobierno como el de Andrés Manuel, llegó a destinar tantos recursos públicos (casi un billón de pesos) a programas sociales elevados a derechos constitucionales.
Por la continuidad de estos importantes logros sociales y económicos y por la trayectoria y brillo propio de su sucesora, la gente en mayor cantidad acudió a votar el 1 de junio por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Cerca de 36 millones (6 millones más que por AMLO) votaron por ella,  por Morena y por los partidos aliados.
Con la doctora Claudia Sheinbaum vamos muy bien, la mayoría de la ciudadanía (el 76%) la aprueba porque la ve trabajar todos los días por la mejora de la seguridad: 49% de disminución de homicidios, más de 53 mil generadores de violencia detenidos, más de 125 mil elementos integrados a la Guardia Nacional distribuidos en cerca de 600 cuarteles territoriales, entre otros resultados relevantes.
En materia de cobertura de programas de bienestar, un poco más de 42 millones de personas son beneficiadas con pensiones o becas.
A 8 años podemos decir con certeza que en México la Transformación Avanza, que el triunfo de Morena en el 2018 y en el 2024 también han sido triunfos del pueblo, porque le han dado a éste buenos resultados.

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¿Quién manda y quién gobierna?

Los habitantes de Mirador de San Isidro están muy cerca de conseguir el triunfo para su causa: mover la unidad habitacional del Programa Legado, a otro predio del municipio de Zapopan.
Esto se puede concluir porque la comunidad ha demostrado un alto nivel de organización y participación ciudadana y política:
1.- Instalaron un campamento con guardias vecinales que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2.- Integraron un equipo multidisciplinario de especialistas en ingeniería, derecho, ambiente y urbanismo, con las mismas personas de la comunidad, para oponerse con fundamentos técnicos y legales a la construcción de la unidad habitacional.
3.- Han seguido un plan de acción política eficaz que incluye la sensibilización social, la denuncia ciudadana, el diálogo insistente con el gobierno y la frecuente manifestación pacífica.
4.- Han promovido recursos legales y obtenido la suspensión provisional de parte de la autoridad judicial, para frenar la obra.
De lado de las autoridades el ánimo favorece a los vecinos: En el Congreso del Estado seis fuerzas políticas hemos solicitado que se revise con extremo cuidado cualquier dictamen que haya de emitir el gobierno municipal, previo a autorizar la edificación. También la mayoría nos pronunciamos porque se reubique la construcción en otro espacio que sea digno para los servidores públicos del área de seguridad que las ocuparán, y que no afecte a quienes ya vivan donde se construya el asentamiento final.
En lo que toca al gobierno de Zapopan, en un primer momento insistió en que se construiría en el predio designado y autorizó el movimiento de tierras y el alineamiento municipal. El alcalde intentó además sobornar a los vecinos ofreciéndoles la reparación del alumbrado, vigilancia policiaca en el fraccionamiento, el balizamiento de calles y hasta la construcción de un parque lineal; pero las y los ciudadanos le contestaron que “ESO DEBERÍA HACERLO SIN CONDICIÓN ALGUNA, PORQUE SON SUS OBLIGACIONES COMO GOBIERNO MUNICIPAL”.
El alcalde, tenemos entendido, ya mandó al Ejecutivo una propuesta de reubicación y al parecer se encuentra en estudio.
El gobierno del Estado es el único insistente en que se construya en el terreno en disputa. Sin embargo, para fortuna de la comunidad de Mirador de San Isidro, los operadores técnicos, políticos y legales que asignó el gobierno local, no se distinguen por pericia profesional, oficio político para conciliar ni experticia jurídica. Por mucho les gana la comunidad en capacidad organizativa, capacidad política y de diálogo, así como en conocimientos jurídicos, ambientales y de urbanismo; por lo anterior la batalla entre la ciudadanía y el Ejecutivo, está cantada en favor de la primera.
Lo que le queda al Ejecutivo es demostrar que tiene madurez y humildad política, que puede reconocer un error y enmendarlo. Junto con ello, dar prueba de que conoce quién manda en un sistema democrático, y no, no es el gobierno, es la ciudadanía, es el pueblo.
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Mirador de San Isidro, a punto de ganar