Jonás

El senador sinaloense Enrique Inzunza, que aspiraba a suceder a Rubén Rocha Moya en el gobierno de su Estado, lanzó un abierto reto a la presidenta Claudia Sheinbaum y mantiene vigente la crisis interna en Morena. Al aferrarse a su espacio en el Cámara Alta, a pesar de que lleva 120 días sin presentarse, Inzunza Cázarez no defiende un proyecto político, sino que conserva el fuero que le impediría a cualquier autoridad mexicana, si fuera el caso, actuar contra él.
La historia política de Inzunza está estrechamente ligada a la del gobernador defenestrado, Rubén Rocha Moya. Tanto, que era la “opción A” para competir por la gubernatura sinaloense cuando concluyera el sexenio de Rocha. Pero la denuncia de las autoridades judiciales norteamericanas, que lo incluyeron en la lista encabezada por el gobernador, hizo pedazos sus planes de poder.
Su caso ha quedado un tanto en la oscuridad, o mejor dicho, bajo la enorme sombra del escándalo Rocha Moya, que ha sido el foco de atención por la lista de funcionarios publicada por la justicia de los Estados Unidos, y por la truculenta historia que incluye el asesinato de Héctor Melesio Cuén y el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a los norteamericanos. 
Sin embargo, le ha llegado su momento. 
Lo sorprendente del caso es que a pesar de la postura de la presidenta Sheinbaum, quien en su conferencia matutina pidió que Inzunza solicitara licencia al cargo, éste decidió tácitamente retarla, desobedecerla: encontró una salida al simplemente separarse de Morena, ya que tanto se aseguró que su presencia como senador dañaba al partido y a la “cuarta transformación”.
Pero sorprende también, en la misma proporción, que ningún senador morenista manifieste indignación ni pretenda, por ejemplo, promover un juicio político contra Inzunza. Eso refleja que dentro de Morena sigue el conflicto: muchos se resisten a aceptar la jefatura de Sheinbaum.
Y si el senador Inzunza se sale con la suya, también lo hace Rocha Moya. Después que solicitó licencia por tercera vez y ya no gobierna, ¿hay nuevas investigaciones judiciales en su contra? ¿Le retirarán siquiera la protección policiaca que le había sido asignada? Pareciera que sólo está padeciendo un simbólico “destierro político”, pero sin sufrir ninguna consecuencia grave.
Y para colmo, la nueva gobernadora interina, Graciela Domínguez, es su aliada política y excolaboradora. ¿Y la virtual candidata a gobernadora, Imelda Castro? También su estrecha aliada política.
Todo apunta a que el grupo en el poder en Sinaloa, fue “repudiado”, pero sólo para la foto y el discurso. Nada ha cambiado realmente.

El caso Enrique Inzunza

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ayer en El Colegio del Aire, en Zapopan, no terminó en un mero acto protocolario, sino que se convirtió en la culminación de negociaciones que empezaron hace varias semanas y que permiten superar una discusión política que retrasaba la solución a la crisis del agua. Tiene mérito el gobernador Pablo Lemus, pero sobre todo, representa un avance para resolver una crisis que tardará mucho en superarse. Sin embargo, ya se tomó la ruta adecuada.
Después del evento académico militar al que fue invitada la presidenta, tras dialogar con el gobernador Lemus Navarro se anunció un acuerdo benéfico para la Zona Metropolitana de Guadalajara: el gobierno federal financiará la construcción del acueducto de Guadalajara a Chapala, con un costo cercano a 10 mil millones de pesos, y el gobierno estatal se hará responsable de la ampliación de la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, con un costo cercano a 7 mil 500 millones de pesos.
Ambas obras pueden tardar hasta tres años en ser culminadas; por eso, la urgencia de iniciar ya con su construcción y contar con un financiamiento suficiente que evite retrasos e incremento en los costos.
El gobernador Lemus destacó también que ya hay un aval del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que permitirá iniciar el próximo 3 de septiembre las obras de ampliación de la Carretera a Chapala, desde el aeropuerto hasta el crucero a El Salto, es decir 4.7 kilómetros de ampliación para los que están comprometidos mil 500 millones de pesos de fondos federales.
Parecería que los acuerdos políticos para el uso de recursos públicos en beneficio de infraestructura que finalmente, apoya el desarrollo de los ciudadanos, deben alcanzarse con facilidad y sin mayor obstaculización, pero la realidad es otra; una visión diferente entre el gobierno federal y el gobierno del Estado, por razones políticas, ideológicas y de organización, ha ralentizado los convenios y los proyectos.
Este viernes 28 de agosto, el gobernador Lemus se reunirá con el secretario de Hacienda y con el titular de Conagua; con las instrucciones previas de la presidenta Sheinbaum, el encuentro debe ser resolutivo para los proyectos señalados y varios más de menor envergadura. 
Aún queda el paso de los proyectos en todas sus esferas por el Congreso estatal pero sin duda, la discusión será mucho menor a la que se anticipaba.
Que todo sea por mejorar las condiciones de Jalisco y sus habitantes.

La negociación Sheinbaum – Lemus

Con la elección de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa, se resuelve la crisis más urgente, la de la ingobernabilidad en un Estado que ha sido azotado por todos los males políticos que puede provocar un gobierno improvisado, ajeno a las leyes y encima, en contubernio con las cúpulas del crimen organizado. Esa es la herencia nefasta de Rubén Rocha Moya y la clase política que llegó al poder con él en Sinaloa.
Sin embargo, no se resuelve la crisis provocada por el quiebre interno en Morena. Ese es otro asunto. Requerirá una operación política mayor y mucho más compleja.
De entrada, Graciela Domínguez llega cuestionada. Su mayor legitimidad es la prisa; el gobierno sinaloense no podía quedar al garete y ante la posibilidad de que las fuerzas fácticas del crimen organizado intentaran tomar más espacio para dominar, mientras continúa la guerra intestina entre dos facciones del narcotráfico.
Entre las fuerzas políticas de oposición, se mantuvieron los señalamientos de que Domínguez Nava es una extensión política del grupo de Rocha Moya. Es muy probable, pero la petición de diferentes grupos sociales para que llegara al gobierno un grupo que no tenga nexos con la cúpula actual, no puede cumplirse en unos días; cuentan con un año para organizarse y crear una fuerza política real, que cuente con viabilidad para ganar las elecciones que se efectuarán en 2028. 
Si hubiera prosperado la petición de una desaparición de poderes, quizá la crisis se hubiera profundizado.
Por otra parte, en la cúpula nacional de Morena ya se anuncia un posible proceso interno de expulsión a Rocha Moya. Las razones que se esgrimen carecen, en los argumentos presentados hasta ahora, de profundidad jurídica y más se asemejan a una venganza mediática. Pero en el interés de sacar a Rocha Moya de Morena, se expresa una variante más de la crisis interna, porque cabe preguntar si ya no hay quien avale al político ahora en desgracia. Su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, todavía debe tener algún peso.
Es un reto de difícil solución, porque la crisis Rocha Moya no puede quedar en una mera anécdota.
No puede ser posible, si la “cuarta transformación” aspira todavía a mantenerse viable, que unos meses atrás la misma presidenta Sheinbaum haya llamado desde el Zócalo de la Ciudad de México a una cruzada en defensa de la soberanía y del acusado Rocha Moya, y ahora todos lo linchen mediáticamente. Pero no es sólo el gobernador con licencia, es todo el equipo político que lo acompañó al poder, incluido el actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien fue el operador político de la campaña sinaloense de 2021. Todos están coludidos.
Y la presión del gobierno estadounidense aumentará, sin duda.
La crisis interna, continúa.

Resuelven Sinaloa, pero no la crisis en Morena

Rubén Rocha Moya anunció el viernes 21 de agosto, su regreso al gobierno de Sinaloa; era un mandatario con licencia y estaba libre de regresar al cargo que, dijo, pretendía ocupar hasta el último día de octubre del año 2027. Pero la reacción en contra fue unánime y contundente. Al día siguiente, resolvió retirarse del cargo con otra licencia, esta vez indefinida.
El retorno de Rocha Moya provocó una crisis política de alcance nacional. ¿Ya quedó resuelta?
La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el asunto ayer lunes, pese a que ya lo había abordado el fin de semana. Sin ninguna reacción emocional, consideró que la decisión de Rocha Moya no era “pertinente”. Pero detrás de esta mesurada adjetivación, la mandataria deja de lado la tempestad interna que puede incluso, marcar el resto de su ejercicio de gobierno.
El gobernador Rocha Moya, aunque legalmente no está impedido, no puede regresar al ejercicio de gobierno por varias razones imperativas: está acusado en Estados Unidos de otorgar protección a cárteles de la droga y aún más, de participar activamente en la comisión de delitos.
Ya no existen las condiciones en las que recibió el apoyo del partido, de legisladores y gobernadores morenistas e incluso de la presidenta misma, cuando se convocó desde el Zócalo de la Ciudad de México a la defensa de la soberanía. Han sucedido muchas cosas más que impiden definitivamente el regreso de Rocha Moya: la negociación de Ismael “El Mayo” Zambada con la justicia estadounidense; la cancelación de la visa de Andy López Beltrán; la extradición de Fernando Farías Laguna; las amenazas a los funcionarios estadounidenses que califican el aguacate michoacano que dejó de exportarse unos días; los operativos para combatir y detener a capos del crimen organizado en Michoacán, Jalisco e Hidalgo; la negociación del T-MEC con el gobierno de Donald Trump y la presión que se ejerce directa e indirectamente desde el gobierno estadounidense al gobierno federal que encabeza Sheinbaum… estos factores y otros más, terminaron con la buena fortuna de Rocha Moya.
Y definitivamente, porque recibió la aprobación o incluso, la instrucción del expresidente Andrés Manuel López Obrador para intentar retomar el poder, es que se provocó una crisis dentro de la estructura del poder en Morena, tanto en el gobierno federal como en los espacios estatales y el Congreso de la Unión.
Lo que se está dirimiendo en estos momentos es qué grupo será mayoritario y tomará las decisiones en el ejercicio del poder: los “claudistas” o los “obradoristas”. 
Por eso la crisis no ha concluido. La presidenta tomó la delantera después de la sorpresa inicial que provocó Rocha Moya, pero la resistencia es real y también lo es que muchos funcionarios le entregan su lealtad a López Obrador y no a Claudia Sheinbaum.
La tendencia que acabe por imponerse marcará el proceso electoral 2027 y el rumbo inmediato del gobierno federal.

¿Ya se resolvió la crisis de Rocha Moya?

Las lecturas sobre el “asunto Rubén Rocha Moya” se multiplican y pasan de las consecuencias políticas a las especulaciones múltiples. Pero hay que darle la razón a Christopher Landau, el exembajador de Estados Unidos en México, no bastó con recargar las palomitas para ver la función; el asunto ha crecido hasta el nivel de hacer la pregunta correcta: ¿Claudia Sheinbaum vence a Andrés Manuel López Obrador y se convierte en la presidenta real del país?
De las múltiples lecturas para el fenómeno político desatado por el regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa y su inmediata –y ridícula– licencia presentada apenas al día siguiente, la que más impone es la de la fuerza del poder. ¿Por qué Rocha Moya se atrevió a regresar a la gubernatura sin pedirle permiso –literal– a la presidenta Sheinbaum? Porque Andrés Manuel López Obrador se lo dio. Se lo ordenó. 
¿Por qué Rocha Moya presentó licencia al cargo y quedó evidenciado como un político de cuarta línea? Porque la presidenta Sheinbaum, y Andrés Manuel López, lo autorizaron.
Es un asunto de evidencias, de realidad que aplasta.
En esta historia hay un tema que no puede ignorarse: le quitaron la visa a Andy López Beltrán. En la historia política que se escribe linealmente, ese episodio del 13 de agosto pasado no es asunto aislado. Reaccionó AMLO, el papá de Andy. Y la presidenta Sheinbaum también respondió, retomando el desgastado tema del soberanismo nacional. Pero nadie salió a defender a Andy, nadie fuera de los voceros morenistas de siempre que estructuran el discurso simplón, el que alimenta los ánimos de las bases de Morena.
Y en una semana crucial que corrió del 17 al 21 de agosto, después de la visa de Andy, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se fue a Argentina a una bizarra conferencia internacional contra el narcotráfico, organizada por la DEA. Ese tipo de eventos se visten de oropel pero sólo engañan a los incautos. Era una orden. La presidenta Sheinbaum informó que García Harfuch iba sólo porque el motivo de la reunión era útil para México.
… una justificación simplona.
García Harfuch fue porque era una orden y aprovechó para reinformar lo que ya se sabe: menos homicidios y menos delitos. ¿Cuál era la novedad? Ninguna. La sorpresa fue la coincidencia: mientras García Harfuch estaba allá, el Ejército y la Marina intentaron capturar al “Tío Lako” en Michoacán, y se concretó la extradición de Farías Laguna.
Y entonces, como respuesta política y de poder, Rocha Moya anunció “estoy de regreso”.
¿AMLO tronando a Sheinbaum?
¿O ganó Sheinbaum y es la nueva presidenta ejerciendo plenamente el poder? 
Veamos lo que pasa. Los eventos se desarrollan uno por uno.

El efecto Rocha Moya: ¿Sheinbaum dobla a AMLO?

Detenido el 23 de abril en Argentina, ya está en el Altiplano. Es Fernando Farías Laguna, uno de los rostros más reconocidos del huachicol fiscal que le sangra 485 millones de pesos diarios a nuestro país.
El huachicol fiscal se ha convertido en uno los más graves azotes que sufre el país en los últimos años; es la prueba más clara y costosa del fracasado modelo aplicado por la imposición del expresidente Andrés Manuel López Obrador: para garantizar que se terminara la corrupción en las aduanas, se las entregó a la Marina Armada de México y el resultado lamentable es que la corrupción no terminó sino que se reinventó y sólo el huachicol fiscal puede haberle costado a México 600 mil millones de pesos.
El expresidente presumió que había terminado con el huachicol, el delito clásico, y nunca sucedió, sino que incluso se ha incrementado. 
Fernando Farías Laguna, junto con su hermano Roberto, están acusados de haber participado en la red del huachicol fiscal que para funcionar, requiere de la complicidad de quienes participan en la administración de las aduanas. Es imposible de otro modo que hayan cruzado la frontera trenes y buques cargados con combustible que no se reportó ante la autoridad y que se introdujo en el país para ser vendido subrepticiamente.
Farías Laguna se resistió hasta el último momento. Desde su detención en Argentina, a donde huyó con documentos falsos cuando el escándalo se descubrió, aseguró que su vida está en peligro. 
Ya está en el penal de máxima seguridad del Altiplano y enfrentará un largo proceso judicial del que se espera, surjan los elementos suficientes para detener una red de corrupción que no sólo está costando millones de pesos todos los días, sino que también ha causado una profunda mancha en la Marina Armada.
El tema está en manos de la Fiscalía General de la República, es decir en el área de influencia de Ernestina Godoy, quien ha demostrado más oficio político que capacidad e interés para procurar la justicia en el combate a los delitos del orden federal.
No hay mucho qué esperar, sobre todo porque, como ya lo sabemos, la red del huachicoleo fiscal no sólo ha involucrado a quienes son responsables de las aduanas, sino también a encumbrados políticos ligados con la actual clase gobernante.
El resultado de las detenciones de los Farías Laguna y personajes como el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, se prolongarán durante años. 
La cuestión es si el huachicol fiscal ya está detenido o sigue operando, aunque bajo la evidencia de su existencia, y prosperando en la impunidad y corrupción que permiten este fenómeno delictivo.

Farías Laguna y el tamaño del huachicol fiscal

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Ahora tocó en Michoacán. Ayer desde antes que amaneciera, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marína Armada de México y la Guardia Nacional, emprendieron un operativo que se desplegó principalmente en ésta, una de las entidades federativas más afectadas por la violencia y la criminalidad en el país, dirigido explícitamente a detener a Heraclio Guerrero Martínez, alias el “Tío Lako”.
Como consecuencia de esta actividad de seguridad, se registraron bloqueos en al menos 11 puntos carreteros de Michoacán; arrebataron vehículos y los quemaron, en una reacción ya conocida del crimen organizado.
Hasta la noche de ayer, el reporte oficial indicaba que el “Tío Lako” no fue detenido, aunque sí quedaron retenidas 12 personas relacionadas con el grupo delictivo que él encabeza, entre éstas su pareja y su hija.
Es indispensable, al elaborar una lectura más reposada de los sucesos, considerar elementos previos y paralelos con el operativo. 
Sobre los primeros, debe considerarse que fue justo en Michoacán donde se registraron amenazas contra elementos del gobierno estadounidense que intervienen en la calificación del aguacate que se exporta a Estados Unidos, lo que motivó una orden gubernamental para detener la actividad en este sector productivo. El impacto fue inmediato: el gobierno de la república ordenó un operativo militar para garantizar la seguridad de los trabajadores estadounidenses y reactivar de inmediato la actividad económica del sector aguacatero, que representa casi 600 millones de dólares sólo este año.
El tema paralelo, que no debe dejarse pasar, es que el operativo se activó en ausencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien se encuentra en Argentina como representante de México en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA.
Lo que ocurrió en Michoacán impactó de inmediato en Jalisco. Se lanzaron operativos para evitar que la violencia se extendiera, vía carreteras a la región vecina. De hecho, el “Tío Lako” es conocido como uno de los jefes del crimen organizado en una amplia zona en la que conviven Jalisco y Michoacán, y también fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el 22 de febrero (junto con uno de los hijos del perseguido) en Tapalpa, Jalisco.
La reacción operativa de las autoridades jaliscienses, en buena medida, y el hecho de que Guerrero Martínez sigue prófugo de acuerdo con los reportes oficiales, evitaron que le violencia y los narcobloqueos se extendieran.
En Argentina, seguramente, el secretario García Harfuch tuvo intercambios con las autoridades estadounidenses que lo presumieron como “un amigo de Estados Unidos”, y se comprobó cómo, unas horas después de presentar los resultados de las operaciones contra el crimen organizado en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, esta presunción quedaba probada nuevamente.
El “Tío Lako” sigue prófugo, pero el golpe a su organización delictiva seguramente cerrará el círculo más pronto que tarde.

El operativo contra el “Tío Lako”

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En un giro bastante extraño de la actuación internacional del gobierno mexicano, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, asistió en representación de nuestro país a la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA en Argentina.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que había considerado no tener representación en el evento, pero decidió que García Harfuch representara al país para exponer cuál ha sido la estrategia nacional de seguridad y cuáles han sido los objetivos alcanzados hasta ahora. En realidad, hay muy poco o nada qué agregar en la información que la “Drug Enforcement Administration” o Administración de Control de Drogas, más conocida como DEA por sus iniciales, posee sobre la actividad de combate al crimen organizado y al trasiego de drogas en nuestro país. Lo importante era llevar el mensaje a los gobiernos latinoamericanos.
México, ya sabemos, se ha resistido a formar parte de la iniciativa del gobierno de Donald Trump que fue bautizada “Escudo de las Américas”, una suerte de junta de jefes de Estado encabezada por el mandatario norteamericano, destinada entre otros fines a apoyar y sumarse a los objetivos de combate al crimen organizado y los cárteles de la droga en América Latina, siempre bajo la pauta marcada por la Casa Blanca.
El gobierno mexicano ha preferido permanecer al margen, principalmente por la distancia ideológica y política que diferencia a la administración de la “cuarta transformación”, de izquierda, de las posturas más de derecha enarboladas por los gobiernos de naciones como Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, El Salvador y recientemente Colombia. En cambio, se ha preferido estrechar lazos con el gobierno de Brasil, aunque los aliados ideológicos se reducen rápidamente.
El apunte anterior resulta de la simple observación que ha modelado en los últimos años la prioridad en las relaciones internacionales del gobierno mexicano.
Sin embargo, la presencia de García Harfuch en Buenos Aires, Argentina, en un encuentro elaborado por la DEA para destacar el combate a la distribución delictiva de las drogas, le permite a la administración Sheinbaum presentar los avances en la lucha, en territorio mexicano, a los cárteles de la droga, la confiscación de estupefacientes y armas; la reducción de índices delictivos y homicidios; la colaboración permanente con el gobierno estadounidense en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y el nuevo esquema de coordinación entre autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno.
Naturalmente, García Harfuch destacó también la detención y eliminación de objetivos criminales, y la entrega de numerosos capos a la justicia estadounidense.
En el contexto de la permanente tensión con el gobierno de Trump, acudir al encuentro permite avanzar algunos pasos en objetivos comunes, y restar peso a los escándalos que se han sucedido últimamente, como la cancelación de la visa de Andy López Beltrán.

La estrategia de seguridad ante el mundo

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Economía mexicana: logros y desafíos

Esta semana, la primera del mes de septiembre, no empiezan sólo las Fiestas Patrias. Al cumplirse 216 años de la Guerra de Independencia, inician también los informes de gobierno, y el primero de todos será el de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo. Desde Palacio de Gobierno, dará cuenta de lo que ha sido el más reciente de sus dos años de gobierno.
Además, en nuestro terruño, el Área Conurbada de Guadalajara, y en el resto de Jalisco, los 125 presidentes municipales (ellas y ellos), presentarán su informe de gobierno con una lógica completamente electoral, porque para muchos de los alcaldes y alcaldesas, será la última oportunidad de buscar la reelección –figura que desaparece por una reforma impulsada desde la presidencia de la república– y para quienes ya no pueden buscar el cargo de nuevo, es la ocasión ideal de impulsar a quien será la candidata o el candidato de su preferencia.
Pero para los asuntos locales habrá tiempo más adelante. ¿Qué escenario es el que rodea a Claudia Sheinbaum en su segundo informe?
El más evidente es el de la seguridad. 
Justo cuando el gobierno de Donald Trump endurece su postura en numerosos frentes –no se puede ignorar cómo, literalmente, se apoderan del petróleo venezonalo y dejan en el cargo a la representante de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez– y se acaba de informar del uso de un arma de última generación, el rayo láser, para derribar drones que le atribuyen al crimen organizado, los representantes del gobierno norteamericano insisten en aumentar la presión contra el crimen organizado y los políticos que se han aliado con la delincuencia.
En este panorama, la presidenta seguramente ofrecerá información sobre el caso Farías Laguna, hablará de Rubén Rocha Moya y aunque evitará totalmente una mención sobre Andy López Beltrán o su padre, Andrés Manuel López Obrador, repetirá las estadísticas de reducción de homicidios y delitos de alto impacto. 
El asunto no es sencillo, pero al margen del informe presidencial, queda claro el deslinde de Rocha Moya y los que están contaminados con sus acciones sospechosas y denunciadas por la justicia de Estados Unidos.
Naturalmente, se abordarán los programas sociales y los miles de millones de pesos distribuidos entre los mexicanos. 
Se presumirá la economía nacional que sigue en el filo del mínimo crecimiento, pero con inversiones extranjeras que salvan el nivel mínimo.
Se abordarán obras de infraestructura que no podrán rescatar la amplia difusión del fracaso económico que han sido el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. 
Y con toda seguridad, se presentará en el informe presidencial la aprobación de los Lineamientos para proteger los Derechos de las Audiencias que, se subrayará, no representan ninguna represión a la libertad de expresión.
Y seguiremos adelante.

Informes de gobierno