Homicidios a la baja: cuando el gobierno maquilla las cifras

Durante 2026, uno de los principales argumentos utilizados para hablar de una mejoría en materia de seguridad en México ha sido la disminución del homicidio doloso. Mes con mes se presentan porcentajes a la baja y comparaciones con años anteriores que permiten sostener que el país está reduciendo uno de los delitos de mayor impacto.

El problema comienza cuando dejamos de observar únicamente el número final y revisamos qué se está contabilizando dentro de ese número.

A partir de enero de 2026 entró en operación una nueva metodología nacional para registrar la incidencia delictiva. El nuevo Registro Nacional de Incidencia Delictiva modificó y amplió el catálogo utilizado durante años para concentrar la información que proporcionan las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas.

Entre las clasificaciones utilizadas actualmente aparece “Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, una categoría que obliga a revisar con mucho mayor cuidado las reducciones que hoy se anuncian en homicidio doloso.

De acuerdo con información obtenida directamente de fuentes relacionadas con la operación de las fiscalías, existen hechos que por sus características anteriormente habrían sido registrados dentro del homicidio doloso y que actualmente están siendo incorporados en esta clasificación y aquí está el verdadero problema.

Una nueva clasificación estadística no puede convertirse en un mecanismo para disminuir artificialmente un indicador delictivo.

El homicidio doloso se encuentra definido por la legislación penal. Existen elementos jurídicos que determinan cuándo una conducta constituye la privación intencional de la vida de una persona. Si esos elementos están presentes, modificar la categoría bajo la cual el hecho se reporta estadísticamente, no cambia la naturaleza de lo ocurrido.

Por eso resulta necesario conocer con precisión qué conductas están siendo registradas actualmente como “otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal”, cuáles son los criterios utilizados por las fiscalías para determinar esa clasificación y, principalmente, cuántos asuntos que presentan características relacionadas con una privación dolosa de la vida están terminando dentro de este apartado.

No se trata de sostener que absolutamente todos los registros incluidos en esa categoría sean homicidios dolosos. Se trata de exigir algo elemental cuando el gobierno utiliza las estadísticas para asegurar que la violencia está disminuyendo: que podamos saber exactamente qué se está contando y bajo qué criterio se está contando.

Esto cobra todavía mayor relevancia porque la información nacional de incidencia delictiva se construye precisamente con los registros que proporcionan las fiscalías y procuradurías de las 32 entidades federativas. Por lo tanto, cualquier modificación en la clasificación de las carpetas termina teniendo efectos sobre la estadística nacional.

Si un hecho que anteriormente se registraba como homicidio doloso ahora aparece dentro de una categoría diferente, el indicador de homicidio disminuye, aunque el hecho violento haya ocurrido exactamente de la misma manera.

Ahí es donde una modificación técnica puede terminar teniendo una consecuencia política.

Porque después esos números se presentan públicamente como resultados de una estrategia de seguridad: menos homicidios, menor violencia y un país supuestamente más seguro.

Pero para sostener esa conclusión no basta con presentar una gráfica descendente.

México necesita conocer el número total de muertes violentas registradas, cómo están siendo clasificadas, cuántas investigaciones cambiaron de clasificación y qué conductas específicas están siendo concentradas dentro de las nuevas categorías utilizadas por las fiscalías.

Además, existe otro elemento que no puede ignorarse: desde enero de 2026 cambió oficialmente la metodología nacional para medir la incidencia delictiva. Por lo tanto, cualquier comparación directa con años anteriores debe explicar que los datos no necesariamente fueron construidos exactamente bajo los mismos criterios.

La disminución del homicidio doloso sería, sin duda, una buena noticia para México. Pero precisamente por la importancia del dato, las autoridades tendrían que demostrar que estamos frente a una reducción real de las muertes intencionales y no frente a un movimiento de expedientes entre categorías estadísticas.

Porque integrar una nueva clasificación al catálogo no disminuye por sí misma la violencia.

Y si una conducta conserva los mismos elementos que caracterizan al homicidio doloso, pero deja de aparecer dentro de esa estadística, entonces no estamos hablando de una reducción del delito.

Estamos hablando de una reducción del indicador y son dos cosas completamente distintas.

La seguridad de un país no mejora porque disminuya una cifra en una tabla. Mejora cuando disminuyen los hechos que generan esa cifra.