Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera preliminar una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar el acceso a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense

Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó de manera preliminar una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar el acceso a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense. La resolución representa otro revés para la administración, después de que la Corte Suprema rechazara previamente un intento similar para modificar la aplicación de este derecho constitucional.
La jueza federal de distrito Deborah Boardman, de Maryland, emitió la orden tras una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. La impugnación se dirigió contra la orden ejecutiva firmada por Trumpel pasado 6 de agosto, con la cual pretendía establecer nuevas restricciones para determinar quién puede obtener la ciudadanía estadounidense al nacer.
La medida estaba dirigida a hijos de personas que ingresan a Estados Unidos con visas temporales o de quienes se encuentran en el país sin autorización. El gobierno de Trump también ha señalado a mujeres que, según sus argumentos, ingresan bajo el pretexto de hacer turismo, pero cuyo propósito sería dar a luz en territorio estadounidense para que sus hijos obtengan la ciudadanía.

En su fallo de 35 páginas, Boardman sostuvo que la nueva orden presidencial es casi con toda seguridad inconstitucional. La jueza recordó que la Corte Suprema ya determinó que las personas incluidas en la clase protegida por el proceso judicial son ciudadanos por nacimiento.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes celebraron la resolución y señalaron que representa otro obstáculo para los intentos de restringir la ciudadanía por nacimiento. La primera orden ejecutiva de Trump sobre este tema también fue bloqueada por tribunales, que determinaron que casi todas las personas nacidas en Estados Unidos adquieren la ciudadanía.
La disputa forma parte de la política migratoria impulsada por Trump, que contempla medidas para aumentar las deportaciones y modificar distintas protecciones para personas migrantes. La administración también ha buscado eliminar algunas medidas que impiden la expulsión de ciudadanos de diversos países.