Hiram Espinoza de los Monteros

Una persona abre Uber o DiDi, solicita un traslado y encuentra dos opciones. Puede viajar en automóvil o pagar menos si elige una motocicleta. El precio lo calcula la plataforma, el conductor aparece identificado y el cobro se realiza dentro de la aplicación.
Nada en ese procedimiento parece clandestino, no opera de forma oculta, con todo y que esta modalidad de servicio está prohibida en Jalisco.
En días recientes, la Secretaría de Transporte informó que ha retirado de circulación 35 motocicletas utilizadas para trasladar pasajeros mediante plataformas digitales. Quienes prestan el servicio pueden recibir una multa de hasta 22 mil 628 pesos, perder temporalmente su unidad y pagar, además, la grúa y los días de corralón.
La medida tiene una justificación evidente: el peligro. Viajar en moto implica un riesgo mayor. Entre enero y julio de este año, 78 motociclistas murieron en accidentes viales en el Área Metropolitana de Guadalajara. No se trata, por tanto, de defender una modalidad insegura con el argumento de que resulta más barata.
Lo que resulta difícil de explicar es por qué la aplicación de la ley parece detenerse precisamente en el conductor y no en la plataforma que lo oferta y se lleva su comisión sin salir raspada de alguna forma.
Uber y DiDi no son un tablón de anuncios donde dos particulares se encuentran por casualidad. Las empresas habilitan el servicio, incorporan a los conductores, conectan cada viaje, calculan la tarifa, procesan el pago y reciben una comisión. Sin la plataforma, esos traslados no existirían de la manera en que hoy se ofrecen.
La legislación estatal tampoco considera a las empresas simples espectadoras. La Ley de Movilidad obliga a las plataformas a verificar que los vehículos y sus conductores cumplan los requisitos para prestar el servicio. El reglamento establece, además, que las unidades registradas para el transporte privado de punto a punto deben contar, entre otras características, con un mínimo de cuatro puertas y cajuela o quinta puerta. Una motocicleta evidentemente no cumple tales condiciones.
La propia Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte de Jalisco, contempla sanciones (artículo 374) para las empresas de redes de transporte que omitan vigilar que los vehículos y conductores registrados cumplan la normatividad. La autoridad, por tanto, no carece de instrumentos para sancionar a Goliat en lugar de nomás irse de lleno contra David.
Sin embargo, mientras al motociclista se le impone una multa que probablemente represente varios meses de ingresos y se le retira su herramienta de trabajo, a las plataformas se les exhorta a dejar de ofrecer el servicio. Una recibe la sanción; las otras, una invitación a cumplir la ley.
También es simplista responsabilizar únicamente a quienes aceptan estos viajes. La modalidad tiene usuarios porque cuesta menos. En recorridos revisados recientemente, la diferencia frente al automóvil llegó a ser de entre 23 y 48 pesos. Para quien realiza varios traslados por semana, es una cantidad que se va sumando y no resulta menor.
Su crecimiento también habla de las deficiencias e insuficiencias del transporte público regulado y de una ciudad en la que desplazarse resulta cada vez más caro. Prohibir las motocicletas puede estar justificado por razones de seguridad, pero llevarlas al corralón no elimina la necesidad que explica su demanda.
La Secretaría de Transporte debe proteger a los usuarios también desde donde comienza cada viaje: la aplicación. Si Uber y DiDi pueden activar esta modalidad en Jalisco, también pueden desactivarla; al final, la autoridad está aplicando la ley sobre el eslabón más visible y más débil de una cadena que comienza mucho antes de que el conductor encienda el motor.
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Solo contra David

El SIAPA dice que Tlaquepaque le debe más de 200 millones de pesos. Tlaquepaque responde: demuéstramelo.
Desde hace semanas el organismo y los ayuntamientos metropolitanos discuten sobre adeudos acumulados durante décadas. Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco ya alcanzaron acuerdos con el SIAPA; Tlaquepaque y Tonalá, no. ¿Es un asunto partidista? Puede que sí, pero no solo eso.
Laura Imelda Pérez sostiene que su gobierno reconoce solamente una fracción de lo reclamado y depositó ante el Tribunal de Justicia Administrativa 7.6 millones de pesos correspondiente solo al consumo de su administración. También asegura que el SIAPA no le entrega el desglose que acredita el resto y que incluso encontraron cuentas que no corresponden a su municipio.
En eso tiene un punto. Ningún gobierno debería pagar cientos de millones de pesos de dinero público sin saber exactamente de dónde sale la cuenta.
El problema viene cuando la alcaldesa insiste en que ella ya pagó lo correspondiente a su administración y pide recordar quiénes gobernaron Tlaquepaque anteriormente.
Es cierto, antes gobernó Movimiento Ciudadano durante tres administraciones consecutivas. Y si existen responsabilidades por haber dejado crecer la deuda, habrá que señalarlas. Pero cuando alguien compite para gobernar un municipio no pide recibir solamente lo que funciona. Hereda también contratos, problemas, litigios y compromisos pendientes. Para eso se candidatearon al cargo.
Eso no significa aceptar cualquier deuda que le pongan enfrente; significa resolver. La misma exigencia vale para el SIAPA.
Tlaquepaque asegura haber invertido más de 320 millones de pesos en infraestructura hidráulica, alcantarillado y drenaje para realizar trabajos que correspondían al SIAPA. Eso también debe entrar a la conciliación. Puede hacerse: Zapopan es el antecedente.
El SIAPA hablaba inicialmente de un adeudo cercano a 780 millones de pesos y, después de reconocer inversiones realizadas por el municipio, el acuerdo terminó alrededor de 102 millones.
La diferencia obliga a preguntar qué tan firmes eran las cuentas originales. Y también qué documentos tuvieron frente a ellos Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco antes de aceptar sus respectivos convenios.
Los tres municipios son gobernados por Movimiento Ciudadano; Tlaquepaque y Tonalá, que siguen sin convenio, por Morena. Eso no prueba favoritismos ni cerrazón, pero sí justifica pedir el mismo nivel de transparencia para todos.
Los problemas de agua turbia y suministro son reales y el SIAPA debe responder por ellos. Pero una deuda acumulada durante décadas no puede explicarse por problemas recientes.
Al final, lo que sobran son declaraciones y faltan cuentas claras.
Laura Imelda tiene razón cuando pide que el SIAPA demuestre la deuda, pero si lo hace, ya no bastará con recordar quién gobernaba antes, porque un Ayuntamiento no empieza de cero cada tres años.

Hiram Espinoza

Lo que se hereda

Supongamos que un día, “Pedro” decide generar un ingreso extra y comienza a vender pasteles hechos en casa. Le va bien. Primero llegan los conocidos, después los recomendados y aquello que comenzó como una manera de completar el gasto termina convirtiéndose en un pequeño negocio.
Pedro renta un local, se da de alta, contrata a dos personas y las registra ante el Seguro Social. Paga impuestos, servicios, nómina y cumple con las obligaciones de tener un negocio formal.
Hasta aquí, la historia de Pedro parece el sueño de cualquier secretario de Hacienda Pública.
¿Pero qué pasa si dos o tres años después las cuentas dejan de salir?
Puede cerrar, continuar por su cuenta, regresar a vender desde casa o incluso seguir haciendo prácticamente lo mismo, pero fuera de la formalidad.
No sabemos cuántos Pedros existen en Jalisco. Pero esta semana apareció un dato que hace que nos lo preguntemos.
Coparmex Jalisco informó que entre enero y julio disminuyeron en 2 mil 007 los registros patronales ante el IMSS y que 82 por ciento de esas bajas correspondió a patrones que tenían entre uno y cinco trabajadores.
Eso no significa que hayan cerrado 2 mil 007 empresas. La baja de un registro patronal puede responder a distintas razones administrativas.
De modo que la pregunta es: ¿qué pasó con quienes dejaron de estar ahí?
Otro dato. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, durante el primer trimestre del año, 48.6 por ciento de la población ocupada en Jalisco trabajaba en alguna condición de informalidad, alrededor de 1.87 millones de personas, una cifra mayor a la registrada apenas un año antes.
Una cosa no necesariamente explica la otra&#8230; no sabemos si existe relación entre ambos fenómenos y sería simplista afirmarlo. Pero sí podemos preguntarnos cuántos de aquellos pequeños patrones cerraron definitivamente, cuántos continuaron trabajando por su cuenta y cuántos, puede ser, regresaron a la informalidad.
Durante años hemos hablado de la informalidad como un problema de entrada. El objetivo es conseguir que quienes están fuera entren a la economía formal. Pero entrar no basta, también hay que permanecer.
Los anuncios gubernamentales suelen quedarse con la fotografía de la apertura: cuántos negocios comenzaron, cuántos empleos se generaron, cuánto se invirtió. Se habla menos de cuántos de aquellos pequeños negocios logran seguir años después.
Quizá hemos estado mirando la puerta solamente en un sentido. Nos preguntamos qué hacer para que alguien como Pedro abra un negocio, contrate trabajadores y entre a la formalidad.
Pero también deberíamos preguntarnos qué se hace para que, una vez que llegó, se quede.
Porque el discurso triunfalista suele mostrar la apertura, pero pocas veces el día después&#8230; Quizá también habría que preguntarnos, dos o tres años después, si Pedro sigue ahí&#8230; Y si no, ¿por qué se fue?

La puerta también es de salida

Hay una idea profundamente arraigada en nuestra cultura política: cada elección representa la oportunidad de encontrar al gobernante que, ahora sí, resolverá los grandes problemas de la sociedad.
Durante décadas, campañas y discursos alimentaron esa expectativa. Cada seis años aparecen candidatos que prometen terminar con la inseguridad, acabar con la corrupción, garantizar el agua, resolver la movilidad o devolver la paz. Algunos incluso llegan a presentarse como la solución misma.
Quizá por eso cada proceso electoral termina pareciéndose al anterior.
Pero basta mirar la agenda pública de Jalisco para preguntarnos si esa expectativa sigue siendo realista.
En las últimas semanas, la conversación se ha concentrado en el agua y las desapariciones. El primer tema obliga a discutir infraestructura, financiamiento y consumo responsable. El segundo volvió a exhibir la complejidad del reclutamiento criminal, la búsqueda de personas y la atención a las víctimas. Mientras tanto, la seguridad, la movilidad, el crecimiento urbano y otros desafíos permanecen ahí, sin desaparecer de la agenda.
Parecen problemas distintos, pero tienen algo en común: la solución no cabe en un solo periodo de gobierno.
Eso no significa que todos los gobiernos sean iguales. Hay administraciones que toman malas decisiones y otras que logran corregir el rumbo. Esa diferencia importa y debe seguir siendo motivo de evaluación.
Lo que dejó de ser razonable es esperar que una sola administración resuelva problemas que llevan décadas solidificándose y que, con toda probabilidad, necesitarán varias más para corregirse.
Sin embargo, la política sigue funcionando con el mismo libreto. Conforme se acerquen las campañas de 2027 volveremos a escuchar promesas de acabar los varios problemas que existen.
Quizá ha llegado el momento de aceptar que muchos de estos problemas públicos carecen de solución en un solo sexenio. Si es así, también tendría que cambiar la forma en que hablamos de ellos.
Tal vez el discurso más honesto sería otro. Algo tan poco espectacular como decir:
&#8220;Voy a dejar las cosas mejor de como las encontré, aunque no pueda resolver el problema por completo&#8221;.
Sería un pésimo eslogan de campaña.
Porque la política premia las certezas y las soluciones definitivas, aunque muchas veces sean imposibles. Sin embargo, esa frase probablemente describa mejor que cualquier otra lo que hoy significa gobernar.

Problemas de largo aliento

¿Qué pasa cuando el crimen deja de operar como lo hacía hace apenas dos años?
Hubo un tiempo, largo y lamentable, en el que la Nueva Central Camionera dejó de ser una mera terminal de autobuses. Se convirtió en el último punto conocido de decenas de jóvenes que aceptaban una oferta de trabajo y después desaparecían.
Al inicio de la administración de Pablo Lemus, una de las primeras acciones fue establecer un operativo permanente en ese lugar. La lógica era sencilla: si el crimen había convertido la Central Camionera en un punto de captación, el Estado debía intervenir ahí.
Cerca de veinte meses después, aquellos casos dejaron de repetirse con la misma frecuencia. Eso no significa que el problema desapareció, ni que el operativo por sí solo lo resolviera. Pero sí dejó la enseñanza respecto a que cuando las autoridades logran identificar un patrón, pueden modificar la forma en que opera un delito.
El problema es cuando los patrones cambian.
Hace apenas unos días tres adolescentes de 13, 14 y 15 años, desaparecieron y, por fortuna, regresaron con vida. La Fiscalía informó que la investigación apuntaba a que una persona cercana los habría vinculado con una presunta oferta para integrarse a un grupo criminal. Las pruebas no fueron suficientes para judicializar el caso.
Ayer, alrededor de 80 personas marcharon por la Calzada Independencia para exigir la localización de Giovanni, Facundo, Humberto, Jeremy y Gabriel, cinco adolescentes desaparecidos en distintos municipios del Área Metropolitana.
No existe información pública para afirmar que estos casos están ligados en cuanto a las circunstancias. Hacerlo sería irresponsable.
Pero también sería un error dejar de hacerse la pregunta respecto al cómo desaparecieron.
Toca de nuevo el buscar coincidencias antes de que se conviertan en estadísticas. En detectar señales para saber si son o no hechos aislados.
Justamente para eso fue creada en esta administración la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. No solamente para coordinar la búsqueda de quienes ya desaparecieron, sino para entender los fenómenos que están detrás de esas desapariciones.
Si los indicios apuntan a que los mecanismos de captación podrían estar cambiando, ese tendría que ser hoy uno de sus principales objetos de análisis.
Si existe un patrón y éste pasa inadvertido, entonces el problema ya no será únicamente la desaparición de adolescentes. Será haber tenido las señales enfrente sin haberlas leído a tiempo.
Hace veinte meses el Estado entendió que el problema tenía un punto de encuentro: la Central Camionera. Hoy la pregunta ya no es qué ocurrió ahí. La pregunta es dónde está el siguiente patrón&#8230; y si alguien, también desde el andamiaje gubernamental, ya empezó a buscarlo.

Después de la Central

Para miles de familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la parte más difícil comenzó hace meses; para otras, hace años. Llegó cuando el agua dejó de inspirar confianza, cuando aparecieron los garrafones como gasto cotidiano, los filtros como necesidad y la incertidumbre sobre la calidad del agua como una preocupación permanente.
Pero con la presentación oficial del Plan Hídrico ante el Congreso de Jalisco comenzó otra etapa. Una que ya no gira alrededor del diagnóstico, sino de las decisiones. Porque si bien identificar el problema era indispensable; resolverlo será mucho más complejo.
En las últimas semanas se ha hablado de obras prioritarias, de nuevas líneas de conducción, de la modernización de plantas potabilizadoras y de proyectos para fortalecer el abastecimiento de agua en la ciudad. La discusión técnica, en buena medida, ya está planteada. Ahora toca responder ¿cómo se financiará todo eso?
El gobernador Pablo Lemus ha planteado una ruta: primero construir un consenso sobre las obras que necesita la ciudad y después definir el esquema de financiamiento. También sostiene que, hasta ahora, el gobierno federal no ha destinado recursos para nueva infraestructura hidráulica en Jalisco durante el actual sexenio. Al mismo tiempo, evita convertir esa diferencia en una confrontación con la presidenta Claudia Sheinbaum e insiste en mantener abiertas las vías de diálogo.
Esa postura merece una reflexión. Cuando un proyecto de esta magnitud rebasa la capacidad financiera de una sola instancia de gobierno, la coordinación deja de ser un gesto político para convertirse en una necesidad. Las grandes obras hidráulicas necesitan construirse con más que solo voluntad; requieren acuerdos, recursos y una visión compartida entre distintos niveles de gobierno.
También comienza una prueba para el Congreso de Jalisco, pues es previsible que existan diferencias sobre los mecanismos de financiamiento, los plazos de ejecución o los esquemas de inversión. Es un debate indispensable pues compromete recursos públicos para proyectos de largo alcance.
Sin embargo, sería un error que la discusión se agotara en la confrontación política. Mientras diputados, autoridades estatales y federación deliberan sobre cifras y modelos financieros, cientos de miles de personas siguen esperando algo mucho más sencillo: abrir la llave y confiar en el agua que sale de ella.
Ahí está el verdadero desafío.
La ingeniería podrá definir cuáles obras son las más adecuadas. La política deberá encontrar la forma de hacerlas posibles.
La semana pasada escribía que el costo de haber esperado terminó siendo enorme. Hoy el reto es distinto. Ya existe un diagnóstico y también una ruta de acción. Lo que sigue es demostrar que los acuerdos políticos pueden avanzar con la misma urgencia que exige una crisis que los ciudadanos ya no están dispuestos a seguir esperando.

Ahora empieza la parte más difícil

El Gobierno de Jalisco calcula que serán necesarios más de 20 mil millones de pesos para ejecutar obras estratégicas que permitan garantizar agua de calidad para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Paradójicamente, el propio gobierno estima que para finales de este año la cartera vencida del SIAPA alcanzará prácticamente esa misma cantidad, según explicó el jefe de Gabinete, Alberto Esquer.
En otras palabras, lo que hace falta para rescatar al SIAPA es prácticamente equivalente a lo que ha dejado de cobrar. Sería cómodo concluir que el problema es que los ciudadanos dejaron de pagar, pero también sería una explicación incompleta.
En últimos meses, la cifra de usuarios que decidieron ya no pagar el servicio ha crecido y según sondeos, la razón es que el servicio que reciben dista de ser bueno. Durante meses, medios de comunicación, especialistas y organismos defensores de derechos humanos documentaron quejas por agua turbia, con sedimentos, malos olores y dudas sobre su calidad. La confianza comenzó a deteriorarse mucho antes que el crecimiento de la cartera vencida.
También conviene matizar otra idea que ha cobrado fuerza. El gobierno estatal sostiene que la crisis es consecuencia de más de 25 años de rezago en inversiones estructurales. Es un diagnóstico que parece razonable, pero que también deja preguntas abiertas sobre porqué durante ese mismo periodo la ciudad siguió creciendo. Se construyeron nuevos fraccionamientos, se extendieron redes de distribución y se incorporaron miles de nuevas tomas domiciliarias.
La discusión, entonces, no parece ser únicamente si hubo o no inversión, sino que ésta se destinó sólo para resolver la expansión de la ciudad.
También sigue sin responderse con claridad dónde comienza exactamente el problema que hoy llega hasta los hogares. El anterior director del SIAPA sostuvo reiteradamente que el agua salía en buenas condiciones de la planta potabilizadora de Miravalle. Si eso era así, la pregunta sigue siendo válida: ¿en qué punto del trayecto deja de ser agua transparente para convertirse en turbia, con sedimentos y malos olores? ¿En las plantas, en las líneas principales o en tuberías que debieron sustituirse hace años?
La respuesta importa porque de ella depende saber si las inversiones anunciadas resolverán el problema de raíz o solamente una parte de él.
Hoy la prioridad es atender la emergencia. Es entendible. Las obras anunciadas apuntan precisamente hacia ese objetivo y, muy probablemente, será necesario encontrar mecanismos extraordinarios de financiamiento para hacerlas realidad, pero el rescate del SIAPA no debería limitarse a conseguir dinero.
Durante décadas, el SIAPA también acumuló la mala reputación de convertirse en espacio para cuotas políticas, recomendaciones y estructuras administrativas que crecieron mientras la confianza ciudadana disminuía.
Por eso el saneamiento no puede ser solamente hidráulico sino también administrativo, financiero y de rendición de cuentas. Si hoy se plantea una inversión histórica para rescatar al organismo, también resulta razonable esperar una revisión igual de profunda sobre la forma en que administra sus recursos, opera su estructura interna y responde a los ciudadanos.
Lo lógico sería que a la par de la propuesta financiera, al Congreso de Jalisco también llegue el diagnóstico de estructura interna del organismo, su gasto operativo, sus procesos y el plan para en lo futuro inmediato, administrar mejor los recursos que ya tiene. Ese diagnóstico también debería formar parte del rescate.

El costo de haber esperado

Durante décadas, el Tratado de Libre Comercio —hoy T-MEC— se entendió como el eje para facilitar el intercambio de mercancías, pero con la enorme virtud de ofrecer algo que ninguna economía puede despreciar: certidumbre. Empresas de los tres países invirtieron miles de millones de dólares con la confianza de reglas claras y relativamente estables para producir, exportar y crecer.
Hoy esa lógica cambia.
La revisión del T-MEC deja claro que el principal instrumento de presión ya no necesariamente pasa por cancelar el tratado o imponer aranceles permanentes. Basta con mantener abiertas las dudas sobre su futuro. La incertidumbre se convierte en una herramienta de negociación.
Para un país como México, sumamente integrado a la economía estadounidense, ese escenario tiene implicaciones que van más allá de la estrategia diplomática del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y para Jalisco, uno de los estados con mayor vocación exportadora, la discusión es medular. La industria electrónica, los dispositivos médicos, la agroalimentaria, el tequila y buena parte del sector manufacturero dependen, en distinta medida, de un entorno comercial que sea predecible.
Cuando una empresa decide instalar una planta, ampliar una línea de producción o contratar más personal, no solo revisa costos, impuestos o incentivos. También calcula si las reglas que hoy hacen viable esa inversión seguirán vigentes dentro de cinco o diez años. La incertidumbre rara vez aparece en un balance financiero, pero termina influyendo al grado de &#8220;tirar&#8221; la negociación.
Por eso, reducir la revisión del T-MEC a un intercambio de declaraciones políticas es erróneo, pues lo que está en juego no es solo el contenido del tratado comercial, sino la confianza con la que empresas, inversionistas y trabajadores pueden planear el futuro.
México, por supuesto, debe defender sus intereses en esta negociación. Pero quizá el activo más valioso que tiene sobre la mesa no sea un capítulo del tratado ni una regla de origen. Lo que realmente necesita preservar es la certeza de que seguirá siendo un país donde las reglas no cambian al ritmo de cada negociación.
Porque un tratado puede reescribirse en una mesa de negociación. La confianza, en cambio, puede tardar años en volver a construirse.

Certidumbre en negociación

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“Intentan dividirnos”: Sheinbaum sobre EU

Claudia Sheinbaum presentó su Segundo Informe de Gobierno y ocurrió lo previsible. Ella encontró avances en prácticamente todos los rubros; la oposición encontró un país en ruinas.
No es sorpresa. Los informes presidenciales están diseñados para destacar resultados, reducir las ineficiencias y presentar una narrativa favorable del gobierno. La oposición, por su parte, tiene la responsabilidad de revisar las cifras, señalar omisiones y confrontar el discurso con la realidad.
El problema comienza cuando la crítica pierde proporción y la conclusión se vuelve simplista: todo está mal.
¿Todo?
México enfrenta problemas graves, sí. La inseguridad, con todo y la reducción de homicidios, sigue alterando la vida cotidiana de millones de personas. Persisten la impunidad, las deficiencias del sistema de salud, el bajo crecimiento económico, los subsidios a onerosos proyectos que no terminan de cuajar. A eso se suman los escándalos de integrantes de Morena que no concuerdan con el discurso de austeridad y honestidad.
Nada de eso se minimiza y por ende, aceptar sin cuestionamientos las cifras presentadas por la presidenta sería un despropósito.
Sin embargo, hay otros datos que tampoco deberían ignorarse. Claudia Sheinbaum conserva una aprobación cercana al 70 por ciento. Morena, en cambio, registra 41 por ciento de preferencia electoral. La diferencia importa.
La popularidad no demuestra que un gobierno tenga razón ni certifica que sus resultados sean buenos. Pero sí representa información política que la oposición debería tratar de entender. Más aún cuando existe una franja importante de ciudadanos que aprueba a la presidenta, pero no manifiesta la misma simpatía por su partido.
El mismo ciudadano puede valorar los programas sociales y sentirse inseguro. Puede reconocer una mejoría en sus ingresos y padecer la falta de medicamentos. Puede aprobar a Sheinbaum, reprobar a otros personajes de Morena e identificar deficiencias en el gobierno, sin que eso signifique que ve en la oposición una alternativa mejor.
Durante la entrega del informe en el Congreso, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron un inventario de escándalos, contradicciones y resultados pendientes. Muchas de las críticas tienen sustento.
La pregunta es para qué les están sirviendo, porque tener razón sobre las fallas de un gobierno no significa haber convencido a los ciudadanos de que se sabe cómo corregirlas.
Las elecciones de 2027 son una nueva prueba para la oposición. ¿Podrán entender las inconformidades que existen en la sociedad para proponer una solución concreta?
Ya se verá.
El país descrito en un informe presidencial nunca es el país completo. El que describe la oposición, tampoco.
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¿Todo está mal?