Infancias trans: la tutela de los padres frente a la imposición ideológica de Morena
El debate en torno a la reforma sobre infancias trans en el Congreso de Jalisco no puede reducirse a una caricatura maniquea entre conservadores y progresistas. La reiterada votación en el Pleno local —donde se rechazó una vez más la modificación a la Ley del Registro Civil exigida por mandato judicial— puso sobre la mesa una discusión jurídica y social mucho más profunda: si el Estado debe facultar a un menor de edad para alterar su identidad legal sin la autorización, conocimiento y acompañamiento de sus padres.
En ese punto nodal descansa la postura de rechazo asumida por Movimiento Ciudadano. Lejos de tratarse de una cerrazón dogmática, el planteamiento responde a un principio elemental de protección a la niñez y de preservación de la patria potestad. Permitir que niñas, niños o adolescentes realicen trámites registrales de trascendencia jurídica absoluta al margen de quienes ejercen su tutela legal, desarticula la función protectora de la familia. El verdadero interés superior de la niñez no se garantiza dejando al menor en la orfandad institucional frente a la burocracia civil, sino asegurando que cualquier proceso que incida en su desarrollo cuente con el respaldo de quienes tienen la obligación legal, moral y cotidiana de velar por su bienestar: sus padres.
En contraste, la insistencia de Morena y sus aliados evidencia la pretensión de imponer una agenda de género dogmática y vertical que no responde a la realidad social ni a la cultura comunitaria de Jalisco. Amparados en un discurso retórico de supuesta defensa de los derechos humanos, los legisladores de la bancada guinda han preferido subordinar la patria potestad y la salvaguarda familiar a las exigencias ideológicas de su agenda. Resulta muy cómodo enarbolar banderas progresistas desde la comodidad de una curul o la resonancia de las redes sociales, omitiendo deliberadamente que la madurez de un menor no puede suponerse por decreto y que despojar a los progenitores de su rol de guía vulnera la estabilidad emocional del propio niño.
El Congreso de Jalisco marcó una línea clara frente a la estridencia. Defender los derechos fundamentales es una obligación del Estado, pero esa causa no puede pervertirse para debilitar a la familia como primera línea de defensa de la infancia. Entre el activismo que busca legislar de espaldas a la sociedad y la prudencia de quienes exigen respetar la tutela de los padres, la mayoría parlamentaria optó por cuidar a la niñez desde la responsabilidad y el sentido común.
