Mario Muñoz

Hubo un tiempo en que el recreo era una pequeña batalla por la libertad. Sonaba el timbre y los niños salían disparados al patio. Corrían, gritaban, competían, se peleaban y se reconciliaban. Se organizaban para jugar futbol, inventaban reglas, elegían capitanes y descubrían, sin manuales ni tutoriales, quién tenía liderazgo y quién debía aprender a perder.
Había algo elemental en aquello: había que sudar para divertirse.
Hoy, en demasiadas escuelas, basta con sacar un teléfono del bolsillo. El patio puede estar ahí, enorme y soleado, pero algunos prefieren permanecer sentados mirando una pantalla. Ya no corren: deslizan. Ya no inventan juegos: consumen videos. Ya no conversan: mandan mensajes a alguien que está a tres metros.
Y todavía tenemos el descaro de llamarlo progreso.
El celular no es el demonio. Es una herramienta. El problema empieza cuando dejamos que una herramienta se convierta en niñera, entretenimiento, anestesia emocional y sustituto de la convivencia. Y después nos sorprendemos porque los niños no toleran el aburrimiento, se distraen con facilidad o necesitan estímulos permanentes.
La pandemia aceleró esa dependencia. Lo que comenzó como una solución para mantener conectados a los estudiantes terminó convirtiéndose, para muchos menores, en una conexión que nunca se apagó.
Ahora la ciencia comienza a explicar algo que maestros y padres ya habían visto. Un estudio de investigadores de la Universidad de Zhejiang encontró que los videos cortos pueden reducir temporalmente la actividad de regiones cerebrales vinculadas con el control cognitivo y favorecer una navegación automática. No significa que las redes sociales destruyan permanentemente el cerebro. Sería una conclusión que el estudio no permite sostener. Pero sí debería encender una alarma.
Y aquí viene la parte incómoda: también los adultos tenemos responsabilidad.
Es más fácil darle un celular a un niño que jugar con él. Es más cómodo permitirle encerrarse con una pantalla que llevarlo al parque. Es menos cansado soportar veinte minutos de TikTok que escuchar veinte minutos de preguntas infantiles.
Hemos confundido la tranquilidad con el bienestar.
Mientras tanto, las plataformas compiten por cada segundo de atención, los algoritmos ofrecen un video después de otro y los adultos discutimos quién debe regularlas. La responsabilidad, sin embargo, empieza mucho antes de una ley: empieza en casa.
El patio enseñaba cosas que ninguna pantalla puede sustituir: liderazgo, cooperación, frustración, resistencia, imaginación y límites. Enseñaba que para ganar había que competir y que para volver a jugar después de perder había que tener carácter.
También enseñaba algo todavía más importante: que el cuerpo existe.
Quizá por eso debemos recuperar la cuota del sudor. No como nostalgia del pasado, sino como una necesidad del presente.
Porque un niño que nunca aprende a correr, esperar, perder, aburrirse y volver a intentarlo corre el riesgo de convertirse en un adulto incapaz de desconectarse.
Y mientras nosotros les compramos el teléfono para mantenerlos ocupados, alguien más está cobrando la factura: su atención, su tiempo y, poco a poco, su infancia.

La cuota del sudor

A todos nos quedó claro: Rubén Rocha Moya se fue por la libre. Desafió al poder, desafió a la presidenta Claudia Sheinbaum y desafió a Morena. El resultado fue contundente: fue aplastado políticamente.
Su intento de regresar a la gubernatura de Sinaloa, después de haber solicitado licencia y anunciado su reincorporación, terminó exhibiendo algo más profundo que una torpeza política. Reveló que el gobernador creyó que podía jugar con sus propias reglas, aun cuando las condiciones políticas habían cambiado.
La pregunta inevitable es brutal: ¿El crimen organizado fue el peor asesor de Rocha Moya?
Porque resulta difícil explicar semejante decisión sin preguntarse quién lo convenció de que podía desafiar a todos y salir indemne. Si alguien le hizo creer que tenía fuerza suficiente para enfrentarse al poder presidencial, a su partido y a la opinión pública, no le hizo un favor: lo empujó hacia su sepultura política.
Pero el problema ya no es solamente Rocha.
La verdadera pregunta es si Claudia Sheinbaum aprovechará esta crisis para hacer lo que hasta ahora no se ha atrevido a hacer: cortar de una vez por todas con los personajes del obradorismo que le han provocado crisis, desgaste y costos políticos innecesarios.
La presidenta heredó una estructura política, pero no tiene por qué heredar todos sus vicios, lealtades, compromisos y lastres.
Gobernar también significa elegir.
Y elegir significa entender que hay colaboradores, gobernadores, dirigentes y operadores cuya permanencia dejó de ser una fortaleza para convertirse en un problema. Mantenerlos por gratitud, por acuerdos políticos o por la necesidad de pagar cuotas del pasado puede terminar siendo más caro que prescindir de ellos.
Sheinbaum tiene una oportunidad que no debería desperdiciar.
No se trata de una purga política ni de ajustar cuentas con el pasado. Se trata de una decisión de supervivencia institucional: separar a su gobierno de quienes han demostrado que pueden generar una crisis en cuestión de horas y obligar a la presidenta a pagar el costo de sus errores.
La ciudadanía no votó para que la presidenta administrara eternamente las facturas del sexenio anterior.
Es el momento.
El poder presidencial también se demuestra cuando se tiene el valor de cortar aquello que ya no sirve.
Y Rocha Moya acaba de demostrar, de la manera más estúpida, lo que ocurre cuando alguien confunde el poder prestado con poder propio.

El momento preciso…

Hay cifras que deberían provocar una reflexión, no una celebración. El jueves 13 de agosto México registró 20 homicidios dolosos, la cifra diaria más baja en al menos 15 años, y la presidenta Claudia Sheinbaum la presentó como una señal de que la estrategia de seguridad está dando resultados.
Pero convertir un solo día en prueba de éxito es, cuando menos, una peligrosa forma de demagogia. La violencia no se combate con fotografías de una estadística favorable ni se derrota porque durante 24 horas el crimen mató menos. Mañana, pasado mañana o la próxima semana los números pueden volver a dispararse. Y entonces el festejo presidencial habrá durado exactamente lo que dura una cifra aislada.
Lo que no se dice es la horrorosa forma en la que están muriendo los adolescentes y jóvenes. Es el verdadero fracaso: México no ha sabido aprovechar su bono demográfico. Tenemos generaciones enteras de adolescentes y jóvenes que deberían estar estudiando, capacitándose, trabajando, emprendiendo y construyendo el país, pero demasiados encuentran escuelas deficientes, empleos precarios, barrios abandonados y un crimen organizado dispuesto a ofrecerles dinero, pertenencia y poder. Y muerte.
El propio Programa Nacional de Población 2026-2030 reconoce la necesidad de cerrar brechas en educación, trabajo decente, vivienda, seguridad social y otros servicios. El problema es que reconocerlo en un documento no significa convertirlo en una política pública eficaz.
¿Dónde está la estrategia nacional para impedir que un adolescente sea reclutado por una organización criminal? ¿Dónde están los programas permanentes de prevención en colonias con mayor violencia? ¿Dónde están las escuelas de tiempo completo, la capacitación laboral, la atención psicológica, el deporte, la cultura y los espacios comunitarios que realmente compitan con el poder de las organizaciones criminales?
Sin educación, capacitación, tratamiento de adicciones, empleo y seguimiento, mientras discutimos estadísticas, adolescentes y jóvenes siguen las víctimas de asesinatos atroces, desapariciones y reclutamiento criminal. Esa debería ser la medida del fracaso.
México necesita dejar de administrar la violencia y empezar a prevenirla. Un día con 20 homicidios es una buena noticia. Convertirlo en argumento de victoria nacional es otra cosa.
El verdadero triunfo llegará cuando un adolescente pueda elegir su futuro sin que el crimen organizado le gane la partida antes que el Estado.

El espejismo de la reducción de la violencia

Las conferencias mañaneras pueden moldear percepciones, pero no alteran los estados financieros. El problema del gobierno federal es que pretende convertir los deseos en resultados y la propaganda en evidencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que Mexicana de Aviación “va muy bien” y que alcanzará la rentabilidad cuando opere con 20 aeronaves. También sostiene que el Tren Maya, los hoteles y los aeropuertos administrados por las Fuerzas Armadas son casos de éxito. Sin embargo, las cifras vuelven a ser el enemigo más incómodo del discurso oficial.
Mexicana de Aviación perdió 941 millones de pesos durante 2025 únicamente en su operación, sin contabilizar la amortización de la enorme inversión pública que requirió revivir una marca quebrada para convertirla en aerolínea federal.
El Tren Maya tampoco resiste el contraste con la realidad: se presume en Palacio Nacional, pero registró pérdidas operativas por tres mil 649 millones de pesos en el mismo periodo, sin incluir el costo multimillonario de una obra cuyo presupuesto terminó muy lejos de lo prometido.
No se trata de exigir utilidades inmediatas a proyectos de infraestructura. Se trata de cuestionar la deshonestidad política de venderlos como negocios exitosos cuando sobreviven gracias a los subsidios permanentes pagados por los contribuyentes. Una empresa que pierde dinero no es rentable porque el gobierno lo repita todos los días. Un tren no es exitoso porque se inaugure varias veces. Un aeropuerto vacío no deja de serlo porque las estadísticas se acomoden al discurso.
El obradorismo construyó su narrativa sobre la premisa de que bastaba la voluntad política para desafiar la lógica económica. Descalificó estudios técnicos, ignoró análisis de costo-beneficio y convirtió cualquier crítica en una supuesta defensa de los privilegios. Hoy, esa apuesta comienza a pasar factura. Los proyectos emblemáticos que prometían transformar al país dependen, en realidad, de un flujo constante de recursos públicos para mantenerse a flote.
Salvo los programas sociales, que ya forman parte del marco constitucional y obedecen a una política distinta, buena parte del legado material de Andrés Manuel López Obrador terminó siendo una costosa colección de promesas incumplidas. Se ofrecieron obras autosuficientes; se entregaron proyectos subsidiados. Se prometió eficiencia; aparecieron pérdidas. Se habló de desarrollo; llegaron los rescates financieros.
Lo más preocupante es que el nuevo gobierno no parece dispuesto a corregir el rumbo, sino a perfeccionar la narrativa. En lugar de reconocer los errores, insiste en administrar expectativas. En lugar de transparentar los costos, multiplica los elogios. Pero la contabilidad no milita en ningún partido. Los balances financieros no votan. Y los números, por mucho que incomoden al poder, terminan imponiendo una verdad que ninguna conferencia puede borrar: una mentira repetida mil veces sigue siendo una mentira, aunque cueste miles de millones de pesos sostenerla.

Verdades a medias… o mentiras

El Partido Acción Nacional ya no puede culpar al PRI, a Morena, a las campañas sucias o a la polarización. Si hoy es un partido disminuido, relegado y sin rumbo, es porque desperdició la oportunidad histórica que millones de mexicanos le entregaron en el año 2000: demostrar que se podía gobernar sin corrupción, sin soberbia y sin las viejas prácticas del régimen que tanto combatió.
No lo hizo.
Vicente Fox llegó con la promesa de sacar al PRI de Los Pinos y terminó inaugurando una era de improvisación y corrupción que se repartió en los Estados. Felipe Calderón gobernó con una legitimidad cuestionada y un país sumido en una crisis de violencia. En apenas dos sexenios, el PAN dilapidó el enorme capital moral que había construido durante décadas como oposición.
Hoy resulta hasta irónico escuchar a exgobernadores como Alberto Cárdenas o al propio Fox exigir estrategia, unidad y rumbo. ¿Cuál estrategia? El PAN lleva años sin una narrativa nacional, sin liderazgo competitivo y, sobre todo, sin autocrítica.
Las declaraciones de Alberto Cárdenas son más reveladoras por lo que exhiben que por lo que proponen. Si un consejero nacional y estatal admite que desconoce el plan rumbo al 2027, entonces el problema no es de comunicación: es de inexistencia. Un partido que no sabe hacia dónde va, difícilmente convencerá a los ciudadanos de llevar al país a un mejor destino.
El PAN tampoco entendió que los partidos sobreviven renovándose. Apostó por reciclar nombres, grupos y cuotas internas mientras abandonaba la formación de nuevos liderazgos. Hoy su dirigente nacional,  Jorge Romero, pasa inadvertido; Ricardo Anaya representa más el recuerdo de derrotas que una alternativa de futuro, y figuras como Maru Campos, que por momentos parecían abrir una nueva etapa, terminaron perdiendo rápidamente el impulso político. Se hundió sola.
La realidad es brutal. Las encuestas colocan al PAN peleando el tercer o cuarto lugar en muchas regiones. Su respuesta es mirar al retrovisor, convocar al “viejo panismo” y repartir reconocimientos entre quienes protagonizaron una época que ya terminó. La nostalgia nunca ha ganado una elección.
El drama del PAN no es muy distinto al del PRI. Ambos confundieron el poder con patrimonio. Ambos dejaron crecer burocracias partidistas incapaces de renovarse. Los dos administraron gobiernos señalados por corrupción y malas decisiones. Y ahora Morena, embriagado por el poder absoluto, parece recorrer exactamente el mismo camino.
La historia demuestra que en México el problema nunca ha sido únicamente quién gobierna, sino cómo el poder termina devorando a quienes prometieron cambiarlo. El PAN tuvo su oportunidad. La desperdició. Y hoy paga, como todos los demás partidos antes que él, la factura de haber traicionado la esperanza que un día representó.

La larga crónica de un fracaso anunciado

Durante años se nos dijo que la corrupción era el origen de todos los males del país y que bastaba con erradicarla para transformar a México. Ese fue el corazón del discurso de la llamada Cuarta Transformación. La honestidad se convirtió en un eslogan y la superioridad moral en un argumento político. Sin embargo, gobernar exige mucho más que promesas.
Las cifras difundidas recientemente sobre las sanciones a servidores públicos llaman la atención. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registró un número considerablemente mayor de inhabilitaciones, destituciones y suspensiones que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Los datos, por sí mismos, no prueban que un gobierno haya sido más corrupto o más honesto que otro. Pero sí evidencian una contradicción incómoda para quienes prometieron una limpieza sin precedentes –el gobierno de Peña Nieto impuso 53 mil 439 sanciones a servidores públicos. En contraste, la administración de López Obrador registró 15 mil 266–.
El problema no es sólo cuántos funcionarios fueron castigados. El verdadero problema es la simulación. Se sustituyó la construcción de instituciones fuertes por la narrativa política, la investigación técnica por la descalificación de los críticos y la rendición de cuentas por las conferencias diarias. Pareció suficiente repetir que ya no había corrupción para convencer al país de que ésta había desaparecido.
Pero la corrupción no se combate con discursos, sino con auditorías, fiscalías independientes, órganos de control robustos y sanciones ejemplares. Cuando las instituciones se debilitan o se subordinan al poder político, la impunidad encuentra terreno fértil. Y la impunidad, tarde o temprano, termina cobrando factura a todos.
Resulta paradójico que un gobierno cuya legitimidad descansó en la promesa de erradicar la corrupción, enfrente hoy cuestionamientos sobre la eficacia de ese combate. Más preocupante es que buena parte de la discusión pública se reduzca a defender colores partidistas, cuando el verdadero interés debería ser fortalecer el estado de derecho.
La corrupción no distingue ideologías. Vive igual bajo gobiernos de izquierda que de derecha cuando desaparecen los contrapesos y la vigilancia ciudadana. Por eso el conformismo es tan peligroso como la corrupción misma.
Y aquí cabe una reflexión incómoda: si un gobierno tan cuestionado como el de Enrique Peña Nieto terminó mostrando una actuación administrativa más intensa contra funcionarios que el gobierno que prometió acabar con la corrupción, entonces el problema ya no es de propaganda, sino de resultados. Y si eso es cierto, como sociedad estamos muy, pero muy jodidos.

La simulación en cifras

Si algo quedó demostrado durante los episodios de los narcobloqueos que ha vivido Jalisco en los últimos años, es que las balas no se detienen con discursos ni con simulacros. Se detienen con inteligencia, tecnología, coordinación y decisiones oportunas. Por eso resulta inevitable preguntarse: ¿Para qué un simulacro de bloqueos carreteros este lunes si el protocolo real ya está perfectamente definido?
La respuesta oficial por parte del gobierno federal o la Secretaría de la Defensa Nacional habla de fortalecer la coordinación entre instituciones. Suena bien. Pero la realidad ha demostrado que, cuando los grupos criminales incendian vehículos y paralizan carreteras, las corporaciones de seguridad no salen a librar enfrentamientos urbanos. Nadie en su sano juicio quiere una batalla campal en medio de avenidas repletas de familias, estudiantes y trabajadores. La prioridad es contener el riesgo y proteger vidas.
El verdadero combate ocurre mucho antes de que aparezcan las llamas. Está en el trabajo de inteligencia que identifica a quienes reciben la orden de sembrar el caos. Está en los sistemas de videovigilancia capaces de seguir cada movimiento de los vehículos utilizados por los sicarios. Está en el monitoreo de las comunicaciones, en el análisis criminal y en la capacidad de detener a los responsables antes de que prendan fuego al primer camión. ¿O después?
Si la estrategia consiste precisamente en evitar enfrentamientos directos para no multiplicar las víctimas, ¿qué aporta movilizar decenas de patrullas con sirenas encendidas hacia escenarios ficticios? ¿Se está entrenando una respuesta que, por diseño, nunca ocurrirá de esa manera?
Después de la Copa del Mundo, las propias autoridades celebraron un incremento en la percepción de seguridad entre la población. Los visitantes se fueron convencidos de que Jalisco es un Estado capaz de organizar eventos internacionales con orden y tranquilidad. Esa imagen positiva se construyó gracias a un enorme despliegue tecnológico, cámaras, centros de mando, inteligencia y coordinación institucional de corporaciones de seguridad. No gracias a los simulacros.
Los recursos públicos son limitados. Cada hora de operación, combustible, personal y logística debería traducirse en resultados concretos. Tal vez sería más útil realizar ejercicios silenciosos de inteligencia, pruebas de interoperabilidad entre los sistemas de videovigilancia, simulaciones cibernéticas para rastrear comunicaciones criminales o auditorías sobre los tiempos reales de reacción de los centros de mando.
La seguridad no se gana con espectáculos operativos. Se gana anticipándose al delito. Porque cuando un narcobloqueo comienza, el Estado ya llegó tarde. La verdadera victoria consiste en impedir que ocurra.
¿Habrá algo detrás del simulacro? ¿Por qué sólo en Jalisco y no Michoacán o Sinaloa?
Pregunta para la presidenta, Claudia Sheinbaum.

¿Para qué un simulacro?

Hay escenas que no deberían ocurrir jamás. Una de ellas se vivió durante el Fan Fest de Guadalajara, cuando un grupo de jóvenes decidió hacer el absurdo juego del “quiere volar” con una persona en silla de ruedas. La levantaron, la lanzaron y, al no sostenerla, la dejaron caer. El resultado fue el esperado: terminó lesionada y tuvo que ser atendida por la Cruz Roja.
No fue un accidente. Fue una cadena de malas decisiones.
Existe una preocupante normalización de la imprudencia disfrazada de diversión. Para algunos, “echar desmadre” significa perder cualquier noción de responsabilidad, ignorar los límites del sentido común y convertir a los demás en objetos de entretenimiento. No importa si alguien resulta herido. Lo importante parece ser conseguir un video para redes sociales o provocar las risas del grupo.
Esa actitud no tiene nada de festiva. Es inmadurez en su máxima expresión.
La emoción de un evento masivo nunca puede justificar conductas que ponen en riesgo la integridad de otras personas. Mucho menos cuando la víctima presenta una condición de movilidad que exige mayores cuidados y respeto. La inclusión no consiste únicamente en abrir espacios para todos; también implica garantizar que quienes asisten puedan hacerlo con seguridad y dignidad.
Lo ocurrido obliga a reflexionar sobre la falta de empatía que parece crecer entre algunos jóvenes, alimentada por la necesidad de llamar la atención y por una cultura donde el límite entre la broma y la agresión se ha vuelto peligrosamente difuso. Cuando la diversión depende de humillar, exponer o arriesgar a otra persona, deja de ser diversión y se convierte en violencia.
También es un llamado para quienes organizan eventos multitudinarios y para las autoridades encargadas de la seguridad. No basta con desplegar elementos de vigilancia para prevenir riñas. Es necesario actuar de inmediato cuando aparecen conductas temerarias que pueden terminar en tragedia.
Las personas con discapacidad y sus familias deben extremar precauciones si observan grupos que actúan de manera imprudente o agresiva. Nadie debería verse obligado a evitar espacios públicos por culpa de individuos incapaces de distinguir entre una celebración y una agresión, pero mientras persista esta cultura de la irresponsabilidad, la prevención puede evitar consecuencias más graves.
La verdadera fiesta es aquella donde todos regresan a casa sanos y salvos. Quien convierte el riesgo ajeno en diversión no merece aplausos ni excusas. Merece el rechazo social y, cuando corresponda, enfrentar las consecuencias legales de sus actos.

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Hay noticias que provocan enojo. Otras provocan risa. Y hay algunas que, de plano, nos dejan con la sensación de que alguien está jugando con nuestra cara. La semana pasada terminó con una de esas.
Mientras los mexicanos hacen malabares para pagar la renta, el súper, la luz, la gasolina y todo aquello que misteriosamente sube más rápido que los salarios, el Gobierno federal decidió seguir consintiendo a Pemex y a su sindicato.
El acuerdo laboral para los trabajadores petroleros contempla incrementos salariales de 7%, que representan una nueva presión para las finanzas de una empresa que lleva años viviendo con el tanque de oxígeno puesto.
Aquí está lo verdaderamente absurdo: Pemex está en quiebra. Tiene deudas con bancos (más de 80 mil millones de dólares), enfrenta millonarios compromisos con proveedores (374 mil millones de pesos), requiere apoyo del Gobierno (Hacienda le dará 263.5 mil millones de pesos) y, aun así, mantiene una estructura laboral con prestaciones que cualquier trabajador común quisiera ver en su recibo de nómina: salarios jugosos y pensiones de medio millón de pesos para privilegiados.
La empresa está endeudada, pero hay aumento. La empresa necesita dinero público, pero hay prestaciones. La empresa requiere rescates, pero la fiesta continúa.
Y si falta dinero, siempre queda una solución infalible: que lo pague el contribuyente. Total, el dinero no es de quien firma el cheque.
Ese es el pequeño detalle que parece habérsele olvidado al Gobierno.
Nadie está cuestionando que los trabajadores tengan derecho a mejores salarios. El problema es que Pemex no es una empresa sana que esté repartiendo las ganancias extraordinarias de un negocio exitoso.
Es una empresa cuya producción petrolera lleva años lejos de las fantasías de grandeza que se vendieron desde la tribuna (prometieron 2.6 millones de barriles diarios y apenas estamos en 1.6 millones). Pero parece que en Pemex existe una regla muy sencilla: si las cuentas no cuadran, que cuadre el Gobierno.
Porque mientras la petrolera necesita miles de millones de pesos para seguir operando, los mexicanos seguimos esperando aquella gasolina casi regalada que durante años fue una de las grandes promesas de la llamada Cuarta Transformación. ¿Se acuerdan? Aquel combustible de 10 pesos por litro.
Si Pemex quiere aumentos extraordinarios, perfecto: que aumente también la productividad. Que reduzca costos. Que disminuya pérdidas. Que cobre lo que le deben. Que pague a sus proveedores. Que incremente la eficiencia de sus refinerías. Que produzca más. Que genere utilidades.
Y, sobre todo, que deje de depender del contribuyente. Es el que paga.
Nos hemos acostumbrado tanto al absurdo que ya ni siquiera nos sorprende. Pero debería. Porque Pemex no pertenece al Gobierno. Cada peso que se gasta mal, cada privilegio que no se justifica y cada deuda que termina respaldando el erario tiene un propietario: el ciudadano.
Estamos hablando de una fiesta con dinero ajeno. ¡Y todos callados!

La fiesta con el dinero ajeno