¿Quién controla realmente la agenda de seguridad en México?
La narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido insistente: México es un país soberano y ningún gobierno extranjero vendrá a dirigir o determinar las decisiones que corresponden al Estado mexicano. El mensaje se ha repetido frente a la ciudadanía bajo una premisa aparentemente contundente: colaboración sí, subordinación no. Sin embargo, los hechos en materia de seguridad proyectan una realidad distinta. Mientras desde Palacio Nacional se defiende públicamente la autonomía de las decisiones nacionales, las acciones encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han avanzado en la misma dirección de las exigencias que el gobierno estadounidense ha establecido para México en el combate al crimen organizado.
No estamos hablando únicamente de intereses coincidentes entre dos países vecinos. La administración estadounidense ha elevado la presión para actuar contra objetivos prioritarios, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, estructuras financieras vinculadas con actividades criminales y personas requeridas por su sistema de justicia. De manera paralela, en México se han ejecutado detenciones, operativos, aseguramientos, desarticulación de células y acciones contra estructuras que durante años mantuvieron una amplia capacidad de operación. La cuestión no es si nuestras autoridades tienen facultades para hacerlo, porque siempre las han tenido; el cuestionamiento es por qué muchas de estas acciones se aceleran precisamente cuando la exigencia proviene del exterior.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales interlocutores de la relación bilateral, mientras García Harfuch concentra del lado mexicano la operación de la estrategia de seguridad. Oficialmente se habla de coordinación entre dos gobiernos soberanos; políticamente, resulta necesario analizar dónde termina esa cooperación y dónde comienza el condicionamiento. No hace falta que una autoridad extranjera firme las órdenes mexicanas para ejercer influencia sobre la agenda: también se ejerce poder cuando se establecen prioridades, se imponen consecuencias y el otro gobierno termina respondiendo a ellas.
El escenario adquiere todavía mayor relevancia porque las medidas estadounidenses ya no alcanzan únicamente a integrantes de organizaciones criminales. Las restricciones y revocaciones de visas han involucrado a personajes con relevancia política, algunos relacionados con la actual administración y otros con vínculos políticos construidos durante el sexenio anterior. A ello se suman sanciones financieras, bloqueo de activos e investigaciones sobre personas y empresas presuntamente relacionadas con operaciones ilícitas. Cuando las consecuencias comienzan a acercarse a los círculos del poder político mexicano, resulta difícil reducirlas a un simple asunto migratorio.
Jurídicamente debe hacerse una distinción importante: la revocación de una visa no constituye por sí misma una sentencia penal. Sin embargo, las facultades estadounidenses no terminan ahí. Cuando existen conductas desarrolladas desde México que producen efectos dentro de su territorio, sus autoridades pueden investigar y, cuando cuentan con elementos suficientes conforme a su legislación, formular acusaciones y obtener órdenes judiciales contra ciudadanos mexicanos. Si posteriormente se cumplen los requisitos establecidos en los mecanismos de cooperación internacional, puede solicitarse la extradición de la persona requerida.
Esta dimensión adquiere todavía mayor relevancia a partir de la designación de determinadas organizaciones criminales mexicanas bajo el régimen jurídico estadounidense relacionado con terrorismo. Quienes sean investigados por financiar, apoyar o colaborar con esas estructuras, pueden enfrentar consecuencias penales conforme a aquella legislación. El fenómeno dejó así de ser observado exclusivamente bajo la lógica tradicional del narcotráfico para convertirse también en un asunto de seguridad nacional para el país vecino.
México, por supuesto, no está obligado a entregar automáticamente a una persona únicamente porque una autoridad extranjera la señale. Existe un tratado de extradición, procedimientos legales y garantías constitucionales que deben cumplirse. Pero la soberanía tampoco puede convertirse en argumento para ignorar información relacionada con posibles delitos cometidos dentro de nuestro territorio. Si existen datos sobre narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, financiamiento o colaboración con organizaciones criminales, corresponde a las instituciones mexicanas determinar si hay elementos suficientes para iniciar sus propias investigaciones.
Ahí aparece una de las contradicciones más graves. Si desde el extranjero pueden identificarse movimientos financieros, empresas, operadores y posibles redes relacionadas con actividades criminales que funcionan dentro de México, resulta inevitable preguntarnos por qué nuestras instituciones necesitan que esa información genere primero consecuencias fuera del país para comenzar a mirar hacia los mismos espacios. México cuenta con fiscalías, unidades de inteligencia, corporaciones de seguridad y facultades jurídicas suficientes para investigar conductas que ocurren dentro de su jurisdicción.
Al mismo tiempo, existe un contraste político que no puede ignorarse. Mientras figuras mexicanas han enfrentado restricciones y medidas provenientes del gobierno estadounidense, Omar García Harfuch ha adquirido una posición relevante como interlocutor en materia de seguridad y ha recibido reconocimiento por las acciones desarrolladas bajo su conducción. Detenciones de objetivos prioritarios, combate al tráfico de fentanilo, desarticulación de células, intercambio de inteligencia y atención de requerimientos internacionales corresponden precisamente con varios de los resultados que el país vecino ha venido exigiendo.
Ese reconocimiento tiene inevitablemente una lectura política: mientras se ejercen consecuencias contra quienes son considerados un riesgo para los intereses de seguridad estadounidenses, se fortalece la relación con el funcionario mexicano encargado de ejecutar acciones que responden a esas prioridades. Esto no significa jurídicamente que exista una transferencia formal del mando, pero sí obliga a cuestionar quién está marcando el ritmo de la estrategia y hasta qué punto México está determinando autónomamente sus prioridades.
Estados Unidos está protegiendo sus propios intereses. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y la operación transnacional de organizaciones criminales afectan directamente su territorio y, ante ello, utiliza instrumentos diplomáticos, migratorios, financieros y penales. Eso forma parte de la defensa de sus intereses nacionales. Lo verdaderamente cuestionable es que muchas de las acciones que ahora se están realizando en México son precisamente aquellas que nuestras autoridades estaban facultadas para ejecutar desde hace años.
El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del Estado mexicano. Nuestra Constitución sostiene además los principios de autodeterminación y no intervención en la conducción de la política exterior. Por ello, la soberanía no debería necesitar una defensa discursiva permanente; debería demostrarse mediante instituciones capaces de investigar, perseguir y procesar al crimen organizado por determinación propia y con la fuerza que exige la protección de la sociedad.
La contradicción para la administración de Claudia Sheinbaum es entonces inevitable. Mientras la presidenta sostiene que ningún gobierno extranjero determinará las decisiones nacionales, las prioridades planteadas desde el exterior encuentran cada vez mayor correspondencia con las acciones ejecutadas por la estructura de seguridad mexicana. El debate no debería reducirse únicamente a quién está marcando la estrategia, sino a por qué fue necesaria la presión extranjera para ejecutar acciones que el Estado mexicano estaba facultado y obligado a realizar desde antes.
Porque por encima de cualquier discurso de soberanía, negociación bilateral o conveniencia política existe una obligación constitucional que no puede quedar sujeta a los intereses de una administración: garantizar la seguridad de la población. La seguridad pública no es una herramienta política ni una concesión del gobierno en turno; es una función esencial del Estado y debe ejercerse con independencia de quién ocupe temporalmente el poder.
Si la cooperación internacional permite detener objetivos criminales, desarticular organizaciones, perseguir recursos de procedencia ilícita, identificar redes financieras y obtener información que contribuya a combatir estructuras delictivas, México tiene que utilizar todos los mecanismos legales disponibles para proteger a sus ciudadanos. La prioridad no puede ser preservar un discurso político, evitar costos para una administración o proteger intereses partidistas. La prioridad tiene que ser la seguridad de quienes habitan este país.
Un Estado demuestra su fortaleza cuando coloca la vida, la integridad y la seguridad de sus ciudadanos por encima de cualquier cálculo político. No importa de dónde provenga la información, qué administración resulte afectada o qué personajes deban ser investigados: si existen elementos jurídicos para actuar, las instituciones tienen la obligación de hacerlo.
Porque al final, la soberanía que realmente importa no es la que se defiende desde un discurso político, sino la que permite que un Estado cumpla con su responsabilidad más elemental: proteger, salvaguardar y garantizar, a toda costa y dentro de la ley, la seguridad de sus ciudadanos.
