Miguel De La Rosa Figueroa

La presidenta Claudia Sheinbaum está por concluir su segundo año de gobierno con un porcentaje del 73% de aprobación ciudadana, según las mediciones de encuestadoras serias. Esto es fruto del trabajo que ha realizado y los logros alcanzados en favor de las y los mexicanos.
La gente, en su gran mayoría, respalda el trabajo de la doctora Sheinbaum porque, sin dejar de reconocer que aún hay desafíos que atender, se observan avances sustanciales en materia de seguridad, economía, salud, educación, obra pública, vivienda, infraestructura, ambiente, entre otros rubros importantes.
De lo anterior destaco algunos de ellos: En materia de seguridad, se ha logrado lo que pocos países del mundo han alcanzado en tan poco tiempo, avanzar en la pacificación del país con la disminución de los homicidios dolosos y los otros delitos de alto impacto en un porcentaje mayor a la mitad. También deben destacarse las más de 63 mil personas detenidas por generar violencia, la confiscación de más de 32 mil armas de fuego y 519 toneladas de drogas; la destrucción de más de 2 mil 725 laboratorios de producción de drogas. Todo esto gracias a la atención de las causas mediante la creación de oportunidades para las juventudes (245 mil nuevos lugares en universidades y 156 mil nuevos espacios en preparatorias, 500 mil jóvenes becados por el programa de capacitación laboral Construyendo el Futuro); a la consolidación de la Guardia Nacional que ya cuenta con 130 mil elementos y 590 cuarteles  y 20 mil unidades terrestres distribuidas en todo el territorio nacional; a la coordinación entre las instituciones de seguridad y los distintos niveles de gobierno con la habilitación de las mesas nacionales, estatales y regionales de seguridad; y al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación.
En el ámbito de la economía, México registra más crecimiento que Estados Unidos, su inflación es menor comparada con el país vecino, el peso se mantiene estable, la inversión extranjera directa es histórica, registra 35 mil millones de dólares y el salario se ha recuperado en un 154% real. Respecto de 2018, la tasa de desempleo es de menos del 3 por ciento, las exportaciones en el mes de julio alcanzaron 81 mil 400 millones de dólares, 44% más que en julio del año pasado.
En materia de salud se han construido 33 nuevos hospitales, 11 unidades de medicina familiar y 36 centros de salud y consultorios; se habilitaron 650 quirófanos modernos, se creó el programa Salud Casa por Casa con 20 mil profesionales de la salud, que han realizado 23 millones de visitas domiciliarias.  
Por todo el trabajo realizado y por los logros obtenidos, hay confianza en la presidenta y un enorme respaldo popular. Pero la oposición no lo acepta, tan pronto concluyó el Segundo Informe se montaron en señalamientos carentes de verdad, como el afirmar que el gobierno de la doctora Sheinbaum es malo y los del PRI y el PAN fueron buenos. Habría que preguntarse entonces, ¿por qué el pueblo en su inmensa mayoría respalda a la presidenta y a Morena, mientras que el PRI y el PAN enfrentan el descrédito social? De ser ciertas las afirmaciones de los líderes priistas y panistas, ¿acaso a la población mexicana le gusta que la maltraten y le disgusta que la traten bien? ¡Por supuesto que no! Lo que ocurre es que las cúpulas del PRIAN no ven forma de regresar al poder para continuar haciendo lo que hicieron cuando gobernaron: el saqueo de las arcas públicas para beneficio personal, en detrimento de la inversión en bienes y servicios para las y los mexicanos. Esas cúpulas, como no quieren corregirse y cambiar para recuperar la confianza de la gente, esperan por último recurso retornar al poder a través de la mentira, el infundio, la tergiversación de la realidad. Por eso atacan tan rabiosamente. Por el contrario, las militancias de base de estos partidos sí reconocen el trabajo de nuestra presidenta: en suma, el 51% de las personas que militan en el PAN, en el PRI y en MC, aprueban su gestión de gobierno. 
El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Por ello las calumnias de la oposición no prosperan en la conciencia de la gente y los avances del gobierno de la presidenta de México hoy convencen no solo a la mayoría de la ciudadanía, sino también a la mayoría de la oposición.
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Miguel De la Rosa Figueroa

“Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo”

Los habitantes de Mirador de San Isidro están muy cerca de conseguir el triunfo para su causa: mover la unidad habitacional del Programa Legado, a otro predio del municipio de Zapopan.
Esto se puede concluir porque la comunidad ha demostrado un alto nivel de organización y participación ciudadana y política:
1.- Instalaron un campamento con guardias vecinales que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
2.- Integraron un equipo multidisciplinario de especialistas en ingeniería, derecho, ambiente y urbanismo, con las mismas personas de la comunidad, para oponerse con fundamentos técnicos y legales a la construcción de la unidad habitacional.
3.- Han seguido un plan de acción política eficaz que incluye la sensibilización social, la denuncia ciudadana, el diálogo insistente con el gobierno y la frecuente manifestación pacífica.
4.- Han promovido recursos legales y obtenido la suspensión provisional de parte de la autoridad judicial, para frenar la obra.
De lado de las autoridades el ánimo favorece a los vecinos: En el Congreso del Estado seis fuerzas políticas hemos solicitado que se revise con extremo cuidado cualquier dictamen que haya de emitir el gobierno municipal, previo a autorizar la edificación. También la mayoría nos pronunciamos porque se reubique la construcción en otro espacio que sea digno para los servidores públicos del área de seguridad que las ocuparán, y que no afecte a quienes ya vivan donde se construya el asentamiento final.
En lo que toca al gobierno de Zapopan, en un primer momento insistió en que se construiría en el predio designado y autorizó el movimiento de tierras y el alineamiento municipal. El alcalde intentó además sobornar a los vecinos ofreciéndoles la reparación del alumbrado, vigilancia policiaca en el fraccionamiento, el balizamiento de calles y hasta la construcción de un parque lineal; pero las y los ciudadanos le contestaron que “ESO DEBERÍA HACERLO SIN CONDICIÓN ALGUNA, PORQUE SON SUS OBLIGACIONES COMO GOBIERNO MUNICIPAL”.
El alcalde, tenemos entendido, ya mandó al Ejecutivo una propuesta de reubicación y al parecer se encuentra en estudio.
El gobierno del Estado es el único insistente en que se construya en el terreno en disputa. Sin embargo, para fortuna de la comunidad de Mirador de San Isidro, los operadores técnicos, políticos y legales que asignó el gobierno local, no se distinguen por pericia profesional, oficio político para conciliar ni experticia jurídica. Por mucho les gana la comunidad en capacidad organizativa, capacidad política y de diálogo, así como en conocimientos jurídicos, ambientales y de urbanismo; por lo anterior la batalla entre la ciudadanía y el Ejecutivo, está cantada en favor de la primera.
Lo que le queda al Ejecutivo es demostrar que tiene madurez y humildad política, que puede reconocer un error y enmendarlo. Junto con ello, dar prueba de que conoce quién manda en un sistema democrático, y no, no es el gobierno, es la ciudadanía, es el pueblo.
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Mirador de San Isidro, a punto de ganar

A un requerimiento del Congreso del Estado, con motivo del decreto para el otorgamiento del descuento del 80% en las tarifas del agua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) había notificado a la Legislatura, mediante el oficio P/EXT/95/2026, que tenía documentadas diversas quejas relacionadas con el desabasto y la mala calidad del agua, y que éstas pertenecían a 392 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (adjuntando a su oficio los listados de las  colonias afectadas, clasificados por municipio).
En la citada comunicación, la Comisión también hacía referencia que se identificaban 655 colonias potencialmente expuestas al desabasto y la mala calidad del agua, pues se abastecían de un mismo sistema hidráulico: la Presa Las Pintas y su interconexión con la Planta Potabilizadora No. 1, conocida como Miravalle.
Sin embargo, en el escrito enviado por la CEDHJ a la Junta Directiva del SIAPA, la Comisión únicamente relacionó 243 colonias, es decir, 149 colonias menos de las 392 que se tenían documentadas con quejas, y 412 menos de las 655 que se atienden del mismo sistema de abasto, potabilización y distribución y que se consideraban potencialmente expuestas a afectaciones.
La pregunta obligada es, ¿cómo pasó la CEDHJ de 655 colonias potencialmente expuestas, o de las 392 documentadas con quejas, a un reducido listado de 243?
En los corrillos de la institución defensora de los Derechos Humanos se escuchó el rumor de ciertas presiones del gobierno del Estado para recortar sus listas, sin duda aquí está la causa que explica tan desproporcionado ajuste.
Al final, el SIAPA aprobó un listado de 235 colonias para la aplicación del beneficio del descuento. Esta cifra es considerablemente baja y marcadamente injusta, si observamos que, de las 251 colonias de Tonalá y 171 de Tlaquepaque que potencialmente reciben agua del sistema de Miravalle, sólo 9 y 22 colonias respectivamente serán beneficiadas, en tanto que de las 168 de Guadalajara, 80 entraron en el acuerdo, y curiosamente, de las 65 de Zapopan que se presumían afectadas, se aumentaron a 92 las colonias beneficiadas.
No tenemos pruebas, pero tampoco dudas: la mayoría de colonias de Tonalá y Tlaquepaque no recibirán el descuento en sus tarifas de agua, no porque no sean afectadas con el mal servicio de agua, sino porque se ubican en municipios gobernados por Morena, y el gobierno del Estado, o sea MC, que tiene el control de la Junta Directiva del SIAPA, ha decidido castigarlas por esta razón.

Las colonias sin descuento, por sesgo partidista

Hace unos días, una representación de vecinos del Fraccionamiento Mirador de San Isidro, de Zapopan, acudió al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), a dialogar con el titular, Guillermo Medrano Barba, y manifestarle las razones por las cuales se oponen al nuevo desarrollo habitacional que pretende construir este organismo del gobierno estatal, en un área verde de la comunidad.
Ese diálogo lo habían reclamado insistentemente las personas al Ejecutivo de Jalisco, al municipio y al Congreso del Estado. Querían ser escuchados, como corresponde en derecho a la ciudadanía, y como es deber de los funcionarios públicos el atenderles.
¿Qué encontraron las y los ciudadanos en la “mesa de diálogo” con el IJALVI?
Encontraron la personificación del mal servicio público: un director del IJALVI, Guillermo Medrano, exdirigente estatal de MC, insensible, intransigente, intolerante y ofensivo.  No hubo empatía en el trato, no se escucharon con comedimiento sus planteamientos, fue más un monólogo de insistencias a favor de la construcción de la unidad habitacional. Uno de los videos que se grabaron de dicha reunión cuenta cómo, entre otras cosas indebidas, a la pregunta formulada por una ciudadana, el Lic. Medrano contestó con un “métete a estudiar”, expresión despectiva que atribuye ignorancia a quien cuestiona. Un servidor público comprometido con su función, debió brindar una respuesta atenta, articulada con base en la información solicitada y respetando la dignidad de quien la haya expuesto.
Los vecinos ya habían recibido empujones de parte de la policía el día que los desalojaron del predio que defienden. Posteriormente fueron acusados por la dirigente estatal de MC de ser manipulados políticamente –lo que implica una denigración de su racionalidad– para oponerse a esa construcción. Luego fueron invisibilizados durante semana y media por las autoridades del Gobierno del Estado y del municipio, que se negaban a atenderlos. A lo anterior, de por sí grave, hay que sumar las ofensas y el maltrato de otro mal servidor público.
Meterse a estudiar es lo que debería hacer el titular del IJALVI, para que aprenda a atender con respeto y empatía a la ciudadanía cuando reclama justamente sus derechos.
Podría empezar por estudiar la Constitución Política local, la Ley de Servidores Públicos del Estado, la de Responsabilidades y el Código de Ética estatal. Así conocería los valores y principios con los que debe actuar el servidor público; luego reconocería los derechos de la ciudadanía y las obligaciones que tienen los funcionarios públicos con ésta.
El servicio público es la oportunidad de ser útil a los semejantes. Siendo esto de por sí un privilegio, se compensa el desempeño con la retribución salarial correspondiente. Porque paga y es su derecho, no merece el pueblo de Jalisco este tipo de maltratos, ni este tipo de funcionarios.

“Métete a estudiar”

El 31 de julio del actual, en la colonia Mirador de San Isidro, ubicada en Zapopan, un grupo de vecinos que manifestaban pública y pacíficamente su rechazo a la construcción de un desarrollo de vivienda en un predio de la comunidad, sufrieron el abuso de la fuerza pública.
Días previos a la agresión, las personas de la localidad habían instalado un campamento en el terreno que se encuentra en disputa: por la madrugada de aquel día arribaron más de 100 agentes de seguridad pública que, sin más, comenzaron a retirarlos a empujones e incluso a varios de ellos tuvieron que sacarlos cargados. Una vez concluido el desalojo las autoridades asignaron un destacamento policial para el resguardo del sitio, el cual permanece hasta hoy.
Con esta actuación abusiva y excesiva, las autoridades estatal y municipal violentaron las garantías constitucionales de libre asociación y expresión que les asisten a las personas manifestantes, así como sus derechos a ser respetados en su dignidad e integridad humana. El Congreso tendrá que llamar a cuentas a los responsables de estos abusos.
El motivo principal de la inconformidad vecinal tiene que ver con una iniciativa que el gobernador del Estado envió al Congreso y posteriormente, mediante su aprobación, se autorizó al Ejecutivo a desincorporar del patrimonio público un predio para su donación al Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), con el objeto de que se destinara a la construcción de viviendas asequibles para las personas que laboran en tareas de seguridad pública.
La autorización de desincorporación que otorgamos en el Congreso está sujeta al cumplimiento de diversos requisitos que establece la normativa estatal y municipal, los cuales deben acreditarse con dictámenes técnicos. Sin embargo, en un recorrido que realizamos a solicitud de los vecinos, posterior al desalojo, se pudo observar que ya iniciaron los movimientos de tierra e incluso el retiro de flora adulta. Se observó también, sin tener la expertiz específica, que existen condiciones que demeritan su idoneidad para el fin que se pretende: la colonia Mirador de San Isidro tiene una alta densidad poblacional, dispone de mínimas áreas verdes, las calles presentan saturación vehicular, el predio es colindante con un arroyo y por el cause trasado evidencia que el flujo de agua que desfoga es alto.
Los vecinos, además, expusieron que el predio es parte del patrimonio ambiental de la colonia, que el desarrollador lo promovió así cuando adquirieron los inmuebles.
Es lamentable equivocarse, sea el Ejecutivo, el Legislativo o la autoridad municipal, pero es aún más lamentable persistir en un error cometido. Creemos que debemos apoyar a las personas que se dedican a la seguridad pública, por la labor tan sensible y de riesgo que desempeñan –aunque a veces pueda mancharse por abusos como el que se refiere al inicio de esta columna–, creemos que el Estado debe procurar lo más posible ayudarles a ellos y a sus familias a estar bien y esto implica que puedan acceder a viviendas dignas, construidas en lugares dignos. Nos parece acertado un programa que procura este satisfactor. Con lo que no estamos de acuerdo y resulta condenable, es que se lesionen los derechos ambientales, de movilidad, de espacio vital de terceros, y que se haga, aún peor, valiéndose la autoridad del abuso y la excesiva fuerza del Estado para imponer su decisión, sin diálogo con quienes estamos siempre obligados a escuchar y atender, en nuestro carácter de servidores y funcionarios públicos: con la ciudadanía.
Por lo anterior, nos pronunciamos en favor de la vivienda para las y los agentes de seguridad pública, pero que se construya en un lugar donde existan las condiciones, las factibilidades previstas por la ley; no donde su desarrollo deteriore la calidad de vida de los antiguos y los nuevos pobladores.

Contra el abuso y la imposición

El PRI, el PAN y MC tienen, frente al problema de desabasto y mala calidad del agua que padecemos quienes vivimos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, total y completamente la culpa porque los tres han sido irresponsables, incapaces y corruptos en la manera de administrar al SIAPA.
Quejarse está bien, la ciudadanía ha de reclamar y hasta castigar sus negligencias, pero, además a quien hoy gobierna el Estado, a MC, debe exigirle que se aplique en serio a resolver el problema atendiendo dos tareas fundamentales que ha abandonado, al igual que lo hicieron los anteriores. Éstas son: potabilizar el agua adecuadamente y distribuirla a la población de manera eficiente.
Guadalajara no tiene un problema de abasto de agua, la CONAGUA le tiene asignada un volumen de 16 metros cúbicos por segundo, es decir 3 metros cúbicos más de los que necesitaría para proveer a los habitantes de la metrópoli. El problema es de potabilización, porque todos los que han gobernado al SIAPA no tuvieron la previsión de construir nuevas plantas de potabilización, de darles mantenimiento a las ya existentes y ampliarlas para ajustarlas a las necesidades crecientes de la ciudad.
Hoy la capacidad del SIAPA para potabilizar agua está rebasada, las plantas no alcanzan a procesar los volúmenes que se necesitan y en consecuencia terminan enviándola mal tratada a las redes de distribución o de plano no enviándola. Sumemos a lo anterior la corrupción, por la que el organismo operador paga los distintos insumos físico-químicos requeridos para sanear el agua, pero no llegan a las plantas de tratamiento y únicamente acaban utilizando los más baratos: sal, cal y un poco de cloro. Todavía más, los sistemas de bombeo no se han sustituido, la mayoría son antiguos y presentan fallas frecuentes que interrumpen el servicio por periodos prolongados.
El segundo problema es el de las redes de distribución: la mayoría han pasado ya su vida útil, presentan rupturas frecuentes y ensucian más el agua de como la vierten las potabilizadoras. Ninguno de los gobiernos locales anteriores se ha ocupado de cambiar progresivamente la red hídrica. Aquí aplicaron el refrán que reza “ojos que no ven, corazón que no siente”. Nadie veía la red, por tanto nadie le invertía, hasta que se empezó a tronar provocando que casi la mitad de agua que se inyecta a ellas se fugue, derivando en problemas de desabasto y en socavones en las calles.
Resulta extraño que, siendo la potabilización y la distribución del agua los mayores problemas que aquejan a la población, tocando al SIAPA atenderlas y subordinado éste al gobierno estatal según la ley vigente, el interés original del Ejecutivo haya sido el sistema de abasto y no su sistema de potabilización y distribución. El gobernador creyó más importante proponer construir un colector cerrado para trasladar agua a la ciudad, desde Chapala, y por cierto con capacidad para mover 10 metros cúbicos por segundo, lo que implica 2.5 metros más que los 7.5 que corren actualmente por el acueducto cerrado de Jocotepec, más la del canal abierto de Ocotlán. Dicen algunos que se propuso así para evitar que el agua de este último siguiera contaminándose en su rodado. Pero si ese fuera el problema, la solución más eficaz está ya a la mano desde el 2024: ¡echar a andar la Presa El Zapotillo! En esta presa el gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador invirtió 8 mil 868 millones de pesos, cuenta con sistemas de bombeo y canales de distribución y está autorizada para darle a la ZMG, 3 metros cúbicos por segundo. Es agua de buena calidad que requiere procesos mínimos de potabilización, sin embargo, el gobierno del estado no la usa de forma regular. La disponibilidad de esta presa llevó a decir con certeza al propio exgobernador Alfaro, que el problema del agua estaba resuelto por los próximos 50 años.
Una parte de la solución al problema del agua está al alcance, es una solución más rápida (ya está, no hay que hacerla), más eficiente (usa bien los recursos de infraestructura que ya tenemos) y es completamente económica (ya se pagó por el gobierno federal). Entonces, ¿por qué quiere el gobierno del estado hacer obras por 42 mil millones de pesos, endeudando al pueblo de Jalisco? Sí, tiene razón… exactamente por eso.

Ante el problema del agua, otra solución es posible

Miles de familias de la ZMG llevan años enfrentando una doble injusticia: padecer el desabasto y la mala calidad del agua en sus domicilios, lo que por sí mismo constituye una grave violación del derecho humano a disponer de ella, y tener que pagar al SIAPA una tarifa como si éste proporcionara a los usuarios de forma óptima tan vital líquido. Esta realidad, ignorada durante años por los gobiernos de MC, del PAN y del PRI, cambió el pasado 21 de julio cuando en el Congreso del Estado aprobamos el decreto que instruye al SIAPA la aplicación de descuentos del 80 por ciento en el cobro del servicio de agua potable a las familias, pequeños comercios e industrias afectadas.
El Poder Legislativo ha determinado que este beneficio deberán recibirlo colonias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el mismo SIAPA tienen documentadas y acreditadas las quejas por desabasto y mala calidad del agua. En el caso de la Comisión, el listado comprende 398 localidades y la relación del SIAPA integra a más de 200. No obstante, se deja abierta la posibilidad para que quienes lo soliciten y acrediten tal afectación, puedan obtener también este descuento.
Desde la perspectiva comercial, el decreto representa un elemental acto de justicia porque le permite al usuario (cliente o consumidor) pagarle o no al proveedor o vendedor (el SIAPA) un bien o servicio (el agua) en proporción al abastecimiento y calidad con que entrega el mismo. Pero desde la perspectiva humana, la crisis hídrica que dejaron años de corrupción, indolencia e ineptitud del MC y PRIAN, y que lesiona a las personas en su garantía fundamental de recibir agua potable, seguirá pendiente de otras decisiones que ayuden a revertir el desastre que vive el organismo operador del agua en la ZMG, en materia de infraestructura, operatividad, tecnología, administrativa y financiera.
Desastre que no ve salida tampoco con el “plan” hecho sobre las rodillas y desde la visión unilateral que el gobierno estatal actual ha presentado para su estudio ante el Congreso y que por tanto, habrá de reconstruirse antes de su aprobación, con la colaboración y la inclusión del punto de vista de especialistas, universidades, organizaciones de la sociedad civil y la propia gente.
El decreto es resultado de la exigencia de miles de ciudadanas y ciudadanos que alzaron la voz frente a la problemática del agua, y del cumplimiento de un deber con la ciudadanía que el grupo parlamentario de Morena, de Hagamos, Futuro y PT, junto con otros partidos de oposición, demandamos insistentemente y ante el cual, hasta el último minuto previo a su aprobación, siguió enfrentando la resistencia y el pichicateo de Movimiento Ciudadano.

Justicia: si no hay agua, no habrá tarifa

Es profundamente lamentable que, pese a la realidad que enfrentan día a día millones de habitantes de la ZMG por la grave crisis de desabasto y la deficiente calidad del agua, el gobernador del Estado, su gabinete y la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, privilegien la confrontación política, la disputa electoral y la construcción de argumentos falaces, en lugar de asumir con responsabilidad la atención de uno de los problemas más sensibles para la población.
Resulta inconcebible que, después de once años de gobierno desde 2015, hayan sido incapaces de fortalecer la infraestructura hidráulica, ampliar las redes de potabilización y distribución de agua y sanear al SIAPA. Su negligencia, omisiones y presuntos actos de corrupción han profundizado una crisis que hoy padecen millones de jaliscienses, reproduciendo prácticas que superan incluso a las de los peores gobiernos del PRI y del PAN.
Esta actitud refleja indolencia, desconexión e indiferencia, no sólo para gobernar y administrar eficazmente las finanzas públicas de Jalisco, sino también para construir un diálogo serio, respetuoso y abierto con la sociedad sumando a las organizaciones civiles. Lejos de impulsar una estrategia integral, han desaprovechado la oportunidad de consolidar un plan sustentado en un diagnóstico técnico y científico, que trascienda a soluciones temporales, y establezca una política hídrica de largo plazo capaz de garantizar la disponibilidad, sustentabilidad, potabilidad, y buena calidad del agua, para asegurarla como patrimonio de las futuras generaciones.
Los hechos desmienten el discurso naranja. Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se invirtieron 8 mil 868 millones de pesos para la construcción de la Presa “El Zapotillo”, el sistema de bombeo y sus canales de distribución. Gracias a ello, la ZMG puede recibir 2,000 litros de agua por segundo, intermitentemente el bombeo se limita a 1,300 litros debido a que el gobierno estatal se ha desentendido desde hace cinco años de gestionar el derecho de vía indispensable para el tendido eléctrico que permitiría operar el sistema a su máxima capacidad.
La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha continuado fortaleciendo la infraestructura hidráulica de Jalisco. Entre 2025 y 2026 destinó 609 millones de pesos para la construcción de tres nuevas plantas de tratamiento en el Río Santiago, así como para la ampliación y rehabilitación de otras tres. Además, se instalaron tres estaciones de monitoreo ambiental en el río Zula, Poncitlán y La Calera. Estas acciones forman parte del esfuerzo de la federación para el saneamiento integral de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, que también beneficia a Michoacán, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México.
En Morena refrendamos la disposición para construir soluciones, no confrontaciones. Porque antes que cualquier interés partidista, siempre estará la vida, la salud y el derecho de nuestro pueblo a un futuro con agua suficiente y de calidad.

El agua no se politiza, se garantiza

José Manuel Romo Parra

Lista para seguir cuidando de Guadalajara

Juan Pablo Colín

Morena y sus mentiras en Jalisco

Hiram Espinoza de los Monteros

Ya es tarde en la cosecha

Mi pecho no es bodega

Jonás

Arranque el proceso electoral en Jalisco

El sábado pasado visitó Jalisco la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de informar a las y los jaliscienses el avance de su gobierno en este segundo año de la administración. Así lo está haciendo en todas las entidades de la república, de frente a la ciudadanía, para rendirle cuentas a la ciudadanía como corresponde hacerlo a todo gobierno democrático.
Asistieron al informe en Jalisco más de 20 mil personas, de las cuales 13 mil pudieron ingresar al recinto, la arena VFG, y cerca de 7 mil se quedaron afuera por falta de cupo.
El encuentro tuvo un ambiente de júbilo, demostrando con ello el amplio respaldo popular que mantiene la presidenta Sheinbaum y que no solo se aprecia en el resultado de las encuestas, sino también en la concurrida y animada asamblea de nuestro y las de las otras entidades.
En el informe dieron a conocer las acciones del gobierno federal que impactan en la Entidad en materia de salud, educación, seguridad, apoyo al campo, rehabilitación de carreteras, etcétera. Destacan las inversiones en programas sociales que en sus diversas modalidades benefician a casi dos millones de jaliscienses.
La presidenta también anunció el arranque de las obras de construcción del Tren Querétaro-Guadalajara y una planta de electricidad de ciclo combinado, junto con una inversión relevante para el saneamiento del Río Santiago.
La oposición de inmediato reaccionó a la visita de la presidenta, tratando de negar los logros alcanzados. En ese esfuerzo vimos a MC, al PAN y al PRI, aunque con nulo impacto en la opinión pública. Ni la oposición pudo negar lo que es visible a los ojos de todas y todos los jaliscienses: las pensiones para adultos mayores, de personas con discapacidad, de jóvenes construyendo el futuro, las becas Rita Cetina para todos los estudiantes de educación básica y tantas acciones más. Ahí están, presentes en las familias, en los hogares, en las escuelas; son parte de la realidad cotidiana de la gente.
También el trabajo del gobierno federal en materia de seguridad y los avances obtenidos. Lo hemos visto todas y todos, particularmente las y los habitantes de Jalisco.
La maquinaria para el reencarpetamiento que envió la presidenta a rehabilitar las carreteras federales se pueden apreciar trabajando en la Entidad y parte de los beneficios ya se disfrutan por la población con mejores caminos.
Las viviendas que está construyendo Infonavit, Conavi y Fovissste bajo el Plan Nacional de Vivienda Federal, también se observan en municipios metropolitanos y sobre todo al interior del Estado.
A pesar de las narrativas distorsionadas de la oposición, confrontadas con la realidad palpable de la buena marcha del gobierno de la presidenta, se afirma hacia ella la confianza y el respaldo de las y los mexicanos y jaliscienses.

El Segundo Informe de la Presidenta