Claudia Salas

Este próximo 8 de septiembre llega a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. Para las entidades federativas, y de manera muy particular para Jalisco, no se trata de un simple trámite legislativo ni de una revisión técnica de cifras, sino el momento definitorio en el que la Federación debe decidir en dónde y en qué se debe invertir.
Durante los últimos años, ante la ausencia de presupuestos federales, Jalisco ha demostrado una capacidad formidable para sostener su desarrollo, generar empleo y modernizar su infraestructura con un esfuerzo local mayúsculo. Sin embargo, el pacto fiscal no puede operar en un solo sentido como lo ha hecho en los últimos años. No es sostenible que uno de los motores productivos más importantes del país reciba de vuelta solo una fracción marginal de lo que aporta, mientras las urgencias cotidianas de la ciudadanía tocan a la puerta todos los días. Las necesidades básicas no entienden de calendarios burocráticos y la población, tampoco.
En la discusión que está por iniciar en San Lázaro, Jalisco tiene prioridades impostergables que deben quedar debidamente etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación:
En primer lugar, el rescate integral de la red carretera federal que cruza nuestro Estado. El abandono y la falta sistemática de mantenimiento en las vías federales no solo han encarecido la logística comercial e impactado la competitividad regional, sino que representan un peligro constante y diario para la vida de miles de familias y transportistas que transitan por nuestras regiones.
En segundo término, la seguridad pública, porque la construcción de la paz exige corresponsabilidad real, no discursos y canciones. Se requieren recursos federales tangibles, constantes y transparentes, que fortalezcan las capacidades tecnológicas, operativas, forenses y de inteligencia de las corporaciones locales.
Para el tercer lugar, el más sentido en este momento: la infraestructura hídrica. Garantizar el abasto sustentable de agua potable, modernizar las redes de distribución y avanzar con seriedad en el saneamiento demandan una inversión federal concurrente y transexenal.
El acceso al agua es un derecho humano elemental que no puede regatearse ni postergarse un año más. A este panorama se suma una causa urgente que defenderemos con total convicción. Cuando en 2020 desapareció el Fondo Metropolitano, nuestras ciudades se quedaron sin los recursos federales que resolvían gran parte de los problemas del transporte, agua y las vialidades de millones de familias.
Dejar a las grandes urbes en el abandono financiero ha frenado obras indispensables de conectividad y mitigación ambiental que el Estado y los municipios ya no pueden costear por su cuenta. Las metrópolis no pueden esperar más por servicios dignos: en la Comisión de Zonas Metropolitanas en San Lázaro, daremos la batalla para que este presupuesto regrese pronto a donde urge, con reglas de operación claras, transparentes y libres de discrecionalidad.
Desde Jalisco seremos vigilantes implacables en cada etapa del debate presupuestal. Acudiremos a San Lázaro con argumentos técnicos, firmeza política y la causa clara de defender el presupuesto que por justicia y derecho le corresponde a nuestra gente.
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Presupuesto 2027: Jalisco espera lo justo

En la política y en la vida diaria, los berrinches y las distancias solo terminan costándole tiempo y dinero a la gente. Por eso, el plato fuerte de la reciente visita de la presidenta a Jalisco no fueron las fotos ni el protocolo, sino la reunión de trabajo mano a mano con el gobernador Pablo Lemus.
Ahí quedó clarísimo que mientras los actores locales de Morena prefirieron marear el problema del agua durante años, tuvo que venir la titular del Ejecutivo a poner orden y resolver lo que su equipo local no pudo ni supo articular.
Finalmente, la gestión directa del gobernador logró romper la congeladora y amarrar una inversión histórica de 22 mil 500 millones de pesos a tres años para entrarle de frente a la crisis del agua en la zona metropolitana y los municipios.
El acuerdo trae números y proyectos concretos sobre la mesa que se centrarán en tres objetivos que darán un gran respiro a Jalisco con la sustitución del Acueducto Chapala-Guadalajara, una obra de 10 mil millones de pesos para cambiar tuberías viejas, frenar el 34% de agua que tiramos en fugas y ahorrarle al Estado 500 millones de pesos al año en operación y energía eléctrica.
También se completará la obra de El Zapotillo y habrá una nueva etapa de obra para ampliar la Carretera a Chapala con 4 mil 500 millones de pesos, con inversión compartida, lo que permitirá completar el proyecto de la Línea 5 y facilitar la vida de quienes habitan o trabajan en la ribera del lago.
Tener el cheque apalabrado es una gran noticia, pero el verdadero reto empieza ahora. Para que el agua de verdad llegue a las llaves de las familias jaliscienses, tocará mantener puntual seguimiento con la CONAGUA, Hacienda y en la Cámara de Diputados, sin bajar la guardia y sin dejar que la perspectiva electoral diluya los acuerdos.
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Se abrió la llave del agua para Jalisco

Quienes atestiguamos en su momento la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocemos de primera mano la expectativa que generan para acabar con la desigualdad y la violencia de género. En 2006 y 2007 fueron marcos normativos diseñados para marcar un antes y un después. Sin embargo, los años han demostrado que a pesar de muchos avances, la impunidad es el lastre que impide su óptima operación. Aun con la vasta transferencia de recursos que hubo algunos años atrás hacia estados y municipios, no ha logrado detener la hemorragia de la violencia feminicida.
Hoy, la llegada de la iniciativa para la Ley General en Materia de Feminicidio vuelve a poner el foco en preguntarnos sin finalmente detendremos la violencia feminicida como uno de los muchos pendientes que el Estado tiene con las mujeres. Homologar el delito a nivel nacional, fijar penas severas de hasta 70 años y obligar a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio son aciertos jurídicos que corrigen vacíos históricos. Sería una ingenuidad asumir que la ley, por sí sola, resuelve la crisis.
Si desde el discurso oficial del gobierno federal se enarbola la bandera de la &#8220;profunda transformación&#8221;, es imperativo aplicar esa misma máxima al ámbito donde la justicia verdaderamente se fractura: en el sistema de impartición y procuración de justicia. La herida social de la inseguridad que viven las mujeres no se cura únicamente redactando nuevos códigos, sino desmantelando los vicios de origen de las instituciones encargadas de aplicarlos.
Una transformación sustancial en esta materia exige tres pilares impostergables: Un sistema judicial e investigador incorruptible, porque de nada sirve un catálogo unificado de agravantes si los ministerios públicos y jueces locales operan bajo complicidades, presiones políticas o acuerdos de impunidad; recursos operativos y presupuestales reales, para que las fiscalías estatales tengan laboratorios periciales dotados, personal con salarios dignos y capacidades operativas para integrar carpetas de investigación sólidas que no se caigan en los tribunales; y por supuesto, servidores públicos genuinamente sensibilizados no solo desde la perspectiva de género y justicia en un taller obligatorio de un par de horas, sino desde un estándar ético y profesional indispensable para mantener el cargo.
La creación de la Ley General de Feminicidio debe ser la pieza que destrabe el cuello de botella que el sistema de justicia tiene para garantizar una vida libre de violencia. Seguimos siendo puntero mundial en niñas y mujeres que desaparecen, que son asesinadas y orfandad por feminicidio. Es ahora o nunca.

¿Un paso hacia la impunidad feminicida?

En el debate sobre el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el dinero es muy importante, pero la voluntad política lo es más. Ante una crisis que no admite simulaciones ni pausas, la pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta dónde nos interesa realmente resolver el problema?
Por un lado, está la dimensión del reto. Hace solo unos días, el gobernador Pablo Lemus llevó la urgencia hídrica de Jalisco hasta el despacho de Bucareli en una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La intención es construir puentes con la Federación para coordinar proyectos estratégicos de infraestructura, saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago y financiamiento a largo plazo.
Sin embargo, mientras en el plano nacional se buscan acuerdos de fondo, en algunas partes de esta casa la respuesta es el desentendimiento.
Resulta incomprensible la postura de las administraciones morenistas de Tonalá y Tlaquepaque, que en un momento clave decidieron cerrar la puerta, no pagar y desconocer los adeudos históricos con el SIAPA. Estamos hablando de pasivos que rondan los 260 millones de pesos en el caso de Tlaquepaque, y 90 millones de pesos en Tonalá. Su argumento para no responder es que solo pagarán lo correspondiente a sus gestiones actuales, como si la responsabilidad de gobernar un municipio recayera en sus chequeras personales y no en la continuidad de las instituciones públicas.
En este reordenamiento del agua la regla tiene que ser clara: El dado marcó &#8220;todos ponen&#8221;. El propio Gobierno del Estado asumió la revisión y liquidación de sus propios pendientes por más de 200 millones de pesos, sumado a los acuerdos alcanzados con municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, e incluso la Universidad de Guadalajara que también harán lo propio.
No se puede pedir una solución integral si no intervienen todas las partes. El agua no es un tema de partidos políticos ni de regateos electorales; es un tema estricto de responsabilidad pública. Cuando un ayuntamiento le da la espalda a sus compromisos financieros, no le está ganando una disputa al gobierno estatal: está condenando a sus propios habitantes a vivir sin agua.
Tonalá y Tlaquepaque tienen que dar la cara, sentarse a la mesa y cumplir. Gobernar implica asumir los problemas de cabo a rabo, sin excepciones. Porque al final de la jornada, si la política se impone sobre la responsabilidad pública, la única que termina perdiendo es la ciudadanía. No se le puede dar la espalda a la gente.
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El dado marca “todos ponen”

Las crisis no avisan, pero sí se incuban. Durante décadas, las grandes zonas metropolitanas de México, incluida la nuestra, crecieron al ritmo de la improvisación. Se expandieron bajo la lógica de parchado urbano y de resolver la urgencia del día, reaccionar cuando el problema ya desbordó a la comunidad y administrar fronteras políticas invisibles en lugar de gobernar un territorio compartido.
El caso del agua en Jalisco y en el occidente del país es, quizás, el espejo más claro y doloroso de esta realidad. Nos demuestra con dureza lo que ocurre cuando una metrópoli no se planea con visión de futuro. Por años se pospusieron decisiones clave, se postergó la inversión en infraestructura hídrica y se creyó que los límites municipales bastaban para gestionar un recurso que no conoce de mapas ni de decretos. Hoy nos toca corregir el problema desde el origen, reparar fugas históricas, sanear cuencas agotadas y garantizar el abasto en colonias que durante años sufrieron la desatención.
Lo que vivimos con el agua en Guadalajara es la misma historia que se repite, con distintos matices, en la movilidad, en la gestión de residuos y en el ordenamiento del suelo de más de 70 zonas metropolitanas en el país. Casi el 65% de la población de México habita en ciudades que jamás fueron diseñadas para la escala que hoy tienen.
Seguir gestionando las ciudades con parches, retórica y buena voluntad es insostenible. Es momento de actuar con responsabilidad. Por esa razón, desde la presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, impulsamos una transformación de fondo. Este 5 de agosto logramos reunir en San Lázaro a representantes de 25 congresos locales de todo el país para asumir que la reconfiguración de nuestras ciudades no admite colores ni diferencias partidistas. La gente no pide discursos ideológicos cuando abre la llave y no sale agua, ni cuando espera el autobús de noche; pide soluciones institucionales que funcionen.
De esa Mesa Interparlamentaria salimos con el acuerdo claro de presentar en el próximo periodo de sesiones una Reforma Constitucional que reordene la gobernanza metropolitana y dé origen a la nueva Ley General de Coordinación Metropolitana.
Esta iniciativa busca cambiar las reglas del juego mediante cuatro decisiones estructurales: que la Federación, los estados y los municipios aporten recursos coordinados para megaproyectos de agua, saneamiento y movilidad regional, evitando que obras vitales queden a medias; crear organismos técnicos e imparciales que garanticen que los planes de desarrollo y agua trasciendan los gobiernos de tres o seis años; impulsar mecanismos estrictos de rendición de cuentas para que cada peso destinado a la infraestructura metropolitana se ejecute con transparencia y eficiencia; y también un Sistema Nacional de Información Territorial que genere plataforma de datos precisos para invertir donde más se necesita, previniendo el caos antes de que las crisis estallen.
Jalisco y Guadalajara nos han enseñado que corregir el rumbo cuesta mucho más que planear a tiempo. El remiendo será grande y profundo, pero a la vez un gran aprendizaje para toda América Latina. La reforma que promovemos busca precisamente pasar de la reacción a la prevención, poner orden en el territorio y garantizar el derecho pleno de la población a disfrutar de sus ciudades. Es tiempo de actuar hoy para no condenar el futuro de quienes habitarán nuestras metrópolis mañana.

El futuro de México se decide en sus metrópolis

Hay una pirueta retórica muy ensayada en la política mexicana cuando se señala los males del presente con los hechos del pasado, asegurándose siempre de tapar el logo propio a la vuelta el próximo periodo electoral. Eso pasó con la reciente visita a Jalisco de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, que dejó al descubierto, una vez más, esa estrategia de repartición de culpas donde la federación pretende actuar como mera espectadora y no como responsable de primer orden.
Al abordar la severa crisis del agua que impacta a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a diversas regiones del Estado, señaló un problema estructural con décadas de rezago en infraestructura: la red de distribución. La dirigente guinda repartió culpas por igual al PRI, el PAN y a Movimiento Ciudadano. Pero en el diagnóstico que sus afiliados locales le contaron ventajosamente, se les olvidó mencionar la grave omisión de Palacio Nacional al ponerle camisa de fuerza a Jalisco.
A Ariadna se olvida que tener agua limpia y disponible exige la corresponsabilidad y coordinación federal, no revanchas políticas desde el escritorio. Mejor guardó silencio, no habló de los proyectos de infraestructura hídrica que duermen en algún cajón de la CONAGUA y evade los recortes presupuestales asignados a los estados desde la fracción morenista de San Lázaro. Ahora resulta que llega a tierras tapatías quitada de la pena a pedir cuentas de todos los platos rotos en 8 años de su mal llamada “transformación”.
Pero el detalle más agudo de esta retórica no está solo en todo lo que se omite nombrar, sino en la incongruencia de quienes la aplauden en esa foto de grupo que circula en todos los medios anunciando su visita.
Resulta revelador observar cómo dentro de las filas de Morena militan hoy numerosos personajes que, en su momento, ostentaron cargos de primer nivel, presupuestos holgados e influencia decisiva bajo las siglas del PRI o del PAN. En aquellos años de gestión, esos mismos perfiles tampoco levantaron la voz, ni asignaron los recursos ni gestionaron las obras estructurales que hoy Jalisco echa en falta. Hoy, tras un oportuno cambio de camiseta, posan como recién llegados a la política, impolutos y listos para atacar y señalar hacia afuera lo que ellos mismos no resolvieron desde adentro.
La crisis hídrica de Jalisco no se va a solucionar con diagnósticos partidistas a la medida ni culpando al pasado mientras se condiciona el futuro. Si el gobierno federal busca ser un interlocutor serio en nuestra Entidad, debe empezar por asumir su parte: destrabar los recursos, acelerar las obras de CONAGUA y etiquetar el presupuesto que a Jalisco le corresponde por derecho. Porque cuando el agua falta en el grifo de las familias, la demagogia es lo primero que se seca.

La tubería rota del discurso federal

Varios de los perfiles legislativos que tiene Jalisco en San Lázaro nos han quedado a deber. Es inevitable hacer una pausa en una de las heridas políticas más profundas que se le han abierto a nuestro Estado en los últimos dos años: la inacción legislativa en momentos de crisis. Cuando Jalisco ha atravesado etapas de auténtica vulnerabilidad, aquellos espacios que por definición deberían ser la primera línea de defensa de las y los jaliscienses, como la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, simplemente se han quedado pasmados.
La pregunta es tan obvia como incómoda: ¿este silencio y la nula capacidad de respuesta ante los problemas del Estado responden a una preocupante falta de iniciativa propia, o son el resultado de agachar la cabeza ante el manoteo y las órdenes estrictas de su partido? La disciplina partidista no puede, ni debe, estar por encima de las urgencias de la gente que los puso en esa curul.
Sin embargo, cuando la ineficacia en la gestión de recursos es evidente, la maquinaria suele recurrir a su vieja y conocida táctica de la manipulación mediática. A base de declaraciones a modo, narrativas fabricadas y discursos que no se sostienen en los hechos, se intenta cubrir el vacío de los presupuestos que jamás llegaron a la Entidad. Se construye una realidad de papel para ocultar el abandono de la federación. Ningún estado del país es autosuficiente y todos requieren del músculo que da tener un presupuesto sensible en el territorio.
Lo cierto es que la memoria política de la ciudadanía no es corta. A casi un año de que la Comisión de Presupuesto le diera la espalda a Jalisco en sus momentos más álgidos, el reloj avanza hacia una coyuntura decisiva que comienza en septiembre.
Ricardo Monreal ya dio línea clara de cuál será la agenda de temas prioritarios para el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados; la duda que hoy recorre al Estado es si las y los diputados jaliscienses de Morena serán capaces de romper la inercia y dar resultados en los temas que a Jalisco le es urgente resolver, o si volverán a priorizar el libreto nacional sobre las necesidades locales.
Para que no haya pretextos ni olvidos, la tarea prioritaria para Jalisco ya está trazada y requiere un presupuesto digno en tres frentes innegociables:
1. Seguridad: La urgencia principal de las familias jaliscienses. No admite más tijeretazos ni discursos huecos; se necesitan fondos etiquetados y recursos reales para fortalecer las capacidades operativas y devolver la tranquilidad a los municipios.
2. Saneamiento de agua y reconstrucción de la red hídrica: No hay desarrollo ni salud pública posibles con una infraestructura hídrica al límite. Jalisco necesita inversiones de gran calado para el saneamiento de sus cuencas y la modernización de sus redes, no remedios superficiales.
3. Recuperación de las carreteras jaliscienses: Las vías de comunicación del Estado son las arterias de su economía y la seguridad de miles de personas que las transitan a diario. Exigen un presupuesto a la altura para su rehabilitación integral, no las migajas que las han condenado al deterioro.
El próximo periodo de sesiones será un espejo implacable y todos los ojos del Estado estarán ahí viendo cómo se da respuesta. Las y los representantes jaliscienses del chaleco guinda en el Congreso tienen en sus manos la oportunidad de demostrar si llegaron a San Lázaro a ser la voz de su gente o simples tramitadores de la agenda del Centro. La tarea está puesta; los resultados dirán lo demás.

El presupuesto no olvida

Para entender mucho de la problemática que vivimos en materia de agua hay que tener una lúcida memoria histórica. La narrativa de los voceros de Morena al afirmar que es un problema que &#8220;nació hace ocho años&#8221; no solo es un insulto a la inteligencia de las y los jaliscienses; es un síntoma de una profunda y conveniente amnesia.
La crisis hídrica que se empeña en estrangular a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a gran parte del Norte, Centro y Sur del país, no se construyó en un sexenio. Es una avalancha que lleva arrastrándose por lo menos hace más de cuatro décadas. Es el resultado acumulado de omisiones, crecimiento urbano desmedido, tomas clandestinas, cuencas severamente contaminadas y, sobre todo, de un catálogo de mezquindades políticas que prefirieron el cálculo electoral por encima del futuro de la gente.
Hagamos memoria, porque la historia no miente. En los años noventa, cuando se buscó una solución de fondo a través de un histórico crédito japonés para infraestructura hidráulica, fue precisamente la mayoría priista en el Congreso local la que decidió meterle el freno de mano. Prefirieron ahogar el proyecto antes de permitir que un gobierno de oposición se colgara una medalla indispensable para el Estado. Prefirieron que nos faltara agua mañana con tal de que no les faltaran votos.
Lamentablemente, esa mezquindad sigue viva. Hoy vemos con indignación cómo recientemente representantes populares de Jalisco, como Mery Gómez Pozos, asumen una postura de chantaje político. Al declarar que el financiamiento para solucionar de fondo el problema del agua en Jalisco pasará &#8220;sobre su cadáver&#8221;, no solo dinamitan los puentes del diálogo, sino que exhiben la peor cara de la revancha política. El agua no es un botín electoral ni un &#8220;contentillo&#8221; de partido; es un derecho humano fundamental que no puede estar sujeto a las filias, fobias o caprichos de una comisión legislativa.
Condicionar la dignidad y la salud de las familias de Jalisco es un acto de crueldad política. El problema no solo es de abastecimiento; es de distribución. En el Centro Histórico de Guadalajara y sus barrios aledaños, la red de distribución supera los 100 años de antigüedad. Estamos intentando sostener una ciudad moderna, con un acelerado crecimiento vertical y nuevas demandas habitacionales, sobre arterias obsoletas de principios del siglo pasado que ya cumplieron su vida útil. La capacidad de tratamiento y bombeo no alcanza, y como era de esperarse, ahora abrimos el grifo y sale la podredumbre de omisiones pasadas.
Si las zonas metropolitanas no son replanteadas por completo en su operación, el desabasto será un cuento de nunca acabar. Necesitamos sustituir de manera urgente las redes de distribución, pero esto requiere rediseñar la política pública del agua en su totalidad. Y aquí es donde topamos con pared, porque las reglas del juego y las principales facultades están, por ley, en la cancha de la federación.
Si de buscar culpables se trata, el Gobierno Federal sigue siendo el principal sospechoso en el banquillo. La desatención de la Conagua, el abandono presupuestal sistemático a los estados y la nula prioridad a una agenda de seguridad hídrica nacional nos han traído a este punto de quiebre.
El reto que enfrenta Pablo Lemus no es el de administrar la inercia, sino el de unir las piezas de un rompecabezas roto por decisiones de hace 40 años. Toca reconstruir sobre las trabas del pasado, sanar nuestras cuencas, frenar el saqueo de las tomas clandestinas, renovar nuestras redes obsoletas y exigir, con la fuerza de Jalisco, la infraestructura y el presupuesto que la federación nos ha regateado por décadas.

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Hay errores políticos que se pagarán con el futuro de toda una generación. El informe del IMCO sobre la prueba PISA 2025 no deja espacio para pretextos: la política educativa del gobierno federal es un fracaso histórico. Con un promedio de 403 puntos, México retrocedió a niveles peores que los de 2006. Veinte años de esfuerzo e inversión pública se perdieron por completo.
Hoy ocupamos el lugar 37 de 38 países en la OCDE. En matemáticas caímos a 388 puntos y en lectura a 408; perdimos siete puntos en cada una respecto a 2022. El rezago nacional es alarmante, porque 42 de cada 100 estudiantes tienen un bajo rendimiento general. Tenemos a jóvenes de 15 años que no pueden resolver una operación básica para contar lo que compran en la tienda, no comprenden un texto sencillo ni entienden explicaciones de ciencia elemental. Frente al problema, la respuesta oficial fue apagar la luz a la evaluación y desaparecieron el INEE, cancelaron la prueba PLANEA y extinguieron Mejoredu. Nos dejaron cuatro años a ciegas hasta PISA 2029.
Sin embargo, frente al naufragio federal, un Estado decidió no dejarse arrastrar: Jalisco.
Tener un modelo educativo propio fue clave para poner un alto a las malas decisiones del centro y proteger a sus estudiantes. Los datos hablan por sí solos. Mientras en el país el rezago y la insuficiencia alcanzan niveles de alerta del 50% al 70%, en Jalisco los alumnos en nivel insuficiente son apenas entre el 11% y 12%. Más contundente aún es el dato que el 82% de los estudiantes jaliscienses está avanzando con paso firme y superando el 57% promedio de la OCDE.
¿Cuál ha sido la fórmula? La diferencia radica en los hechos. Jalisco apostó por ser líder en inversión en educación tecnológica. Los frutos se vieron este mismo año: el 52% de los integrantes de la delegación mexicana en la olimpiada internacional de matemáticas fueron jaliscienses, logrando 175 medallas. Mientras que en el país la excelencia en matemáticas casi desapareció (apenas 0.1% en niveles altos, según PISA), Jalisco demuestra que con método, rumbo y tecnología los jóvenes sí destacan.
Detrás de estos resultados no hay discursos, hay presupuesto y estrategia: Jalisco cuenta con 1,200 escuelas intervenidas mediante un fideicomiso que garantiza aulas equipadas, tecnología y un método de estudio planeado y eficaz.
Esta crisis que nos deja Morena en la educación frena el desarrollo de México. Las carreras con matemáticas y tecnología son las mejor pagadas del país (+41% de salario real), pero el 42% de los empleadores advierte que cada vez hay menos personal calificado. El país está creando fuerza laboral precaria y no saldrá adelante con ocurrencias ni discursos. La ruta para rescatar la educación ya está a la vista: contenidos claros, ciencia, tecnología y el ejemplo de estados que se negaron a apagar el pizarrón.

La tragedia de apagar el pizarrón y la excepción de Jalisco