¿Informes o mítines políticos?

Para bien o para mal, en la cultura política mexicana se ha normalizado que los informes de gobierno y legislativos se conviertan en todo, menos en ejercicios reales de rendición de cuentas. Son utilizados más bien para promocionar políticos, destapar aspiraciones, demostrar músculo político y construir narrativas sobre quién gobierna bien y quiénes son los malos.

El informe debería ser otra cosa: explicar qué se hizo, cuánto costó, qué resultados se obtuvieron y qué quedó pendiente. Es decir, rendir cuentas sobre lo realizado, no utilizar el espacio para anunciar lo que se pretende hacer.

Sin embargo, los informes terminan convertidos en verdaderas pasarelas políticas. Las primeras filas se reservan para políticos, funcionarios, empresarios e invitados especiales, mientras el ciudadano, a quien en teoría debería rendírsele cuentas, termina siendo un espectador más.

Guy Debord, en “La sociedad del espectáculo”, advertía sobre una sociedad en la que la representación puede terminar sustituyendo a la realidad. Salvando las distancias, algo parecido ocurre cuando el informe importa más por los invitados, su escenografía, el discurso y el mensaje político que por los resultados que presenta.

El problema es que esa puesta en escena también se paga con recursos públicos. Spots, pautas en redes sociales, espectaculares y bardas pueden terminar pareciéndose más a una campaña política que a un ejercicio institucional de información. Cuando comunicar lo que hizo un gobierno se transforma en promocionar a quien lo encabeza, la frontera entre rendición de cuentas y propaganda comienza a desaparecer.

Y no es un asunto menor. Cada peso destinado a construir una imagen política es un peso que forma parte del presupuesto público y, por tanto, debería estar sujeto a la misma exigencia de transparencia que cualquier otro gasto gubernamental. La comunicación institucional tiene sentido cuando ayuda al ciudadano a conocer y evaluar la acción de gobierno; pierde su propósito cuando busca convencerlo de que el gobierno en turno debe ser reconocido antes de que la propia sociedad emita su juicio.

También se ha permitido que el contenido del informe quede subordinado al discurso. Se habla de grandes logros, se presentan cifras estratégicamente seleccionadas, se recuerda y enfatiza lo que hicieron mal los anteriores y se anuncia lo que vendrá o se pretende hacer. Pero pocas veces se escucha con la misma fuerza qué metas no se cumplieron, qué programas no funcionaron, cuánto costaron los errores o cuáles son los resultados que todavía están pendientes. Rendir cuentas también significa hablar de aquello que no salió bien, aunque cueste trabajo.

Y aquí está la contradicción: el gobernante pretende decirle al ciudadano que su gobierno es bueno, cuando en realidad debería ser el ciudadano quien lo determine. La rendición de cuentas no consiste en que el gobierno se califique a sí mismo, sino en que entregue la información suficiente para que así la sociedad pueda evaluar sus resultados.

La sociedad debería ser el juez. Los resultados, la evidencia. El voto, la sentencia.

Por ello, vale la pena preguntarnos: ¿seguimos asistiendo a informes de gobierno o simplemente hemos normalizado los mítines políticos con cargo al erario? Porque un gobierno que realmente tiene resultados no debería depender de tanta escenografía para demostrarlos. Los resultados hablan por sí mismos.