En 2019 Jalisco tomó una decisión poco común en la política mexicana: pensar su política educativa más allá de un sexenio de gobierno. Así nació Recrea, un modelo educativo de largo plazo, diseñado deliberadamente para trascender administraciones estatales.
Este proyecto involucró la participación de docentes, madres y padres de familia, universidades, sociedad civil y especialistas, con un objetivo común: poner “la vida del estudiante al centro”.
Hoy, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) 2025 nos permiten mirar aquella decisión con perspectiva. México se ubicó en el penoso lugar 37 de 38 países de la OCDE y permaneció por debajo del promedio en competencias como Matemáticas, Lectura y Ciencias.
Sin embargo, los datos de PISA no sólo mostraron una crisis de aprendizaje, sino también una crisis de visión. Durante los últimos años, México fue perdiendo capacidad para evaluar, corregir y sostener una política educativa de largo plazo. Un claro ejemplo es que a finales del sexenio de López Obrador, se aprobó la extinción de Mejoredu, el organismo público encargado de la mejora continua y la evaluación diagnóstica del sistema educativo.
Así, mientras la Federación desmontaba instituciones de evaluación, Jalisco convirtió la evaluación en una política permanente con el hoy llamado programa Jalisco Avanza: un sistema de evaluación propio, que se aplica prácticamente a toda la población escolar y utiliza esa información para ajustar la política educativa. Con ello no podemos asumir que todo esté resuelto. Jalisco aún tiene grandes retos educativos. Sin embargo, lo que hemos construido nos permite hacer algo indispensable: reconocer dónde no estamos funcionando para poder corregir, priorizar y tomar mejores decisiones. Es, precisamente, una de las principales recomendaciones que el IMCO hace hoy a la Federación: recuperar una evaluación nacional que permita saber con precisión dónde están nuestros estudiantes.
De igual forma, una visión de largo plazo no sólo se refleja en aquello que decidimos medir, sino también en aquello en lo que decidimos invertir.
Entre 2018 y 2025 hay dos cifras que ayudan a entender el rumbo federal: el gasto en Ciencia y Tecnología cayó 15.6% en términos reales, mientras Protección Social creció 57.8%, de acuerdo con el CIEP. Por otro lado, aunque México no ha dejado de gastar en educación, el presupuesto educativo creció muy por debajo del gasto público total y perdió participación dentro de las prioridades nacionales.
Me queda claro que un país puede –y debe– proteger a quien más lo necesita hoy, pero también tiene la obligación de invertir en las capacidades que permitirán que la siguiente generación necesite menos transferencias mañana. Esa es la diferencia que vale la pena discutir: entre resolver únicamente las necesidades del presente y, al mismo tiempo, construir las oportunidades del futuro.
En Jalisco, los gobiernos naranjas han apostado por una ruta clara: construir un modelo educativo propio, medirlo, corregirlo y sostenerlo más allá de una administración. Una visión que entiende la educación como una inversión estratégica para el desarrollo, sin abandonar las necesidades sociales y económicas del presente.
Los resultados educativos no se construyen de un día para otro, como tampoco los grandes proyectos de gobierno, porque si realmente queremos cambiar el futuro de una generación, tenemos que entender que estos requieren tiempo, evaluación, correcciones y, sobre todo, continuidad.