Cerrar la llave no acaba con el crimen

Durante años, el robo de hidrocarburos encontró en Jalisco un territorio fértil para convertirse en una fuente importante de financiamiento criminal. Hoy, cuando Pemex y las autoridades federales intensifican la localización e inhabilitación de tomas clandestinas, la pregunta ya no debería limitarse a cuántos ductos fueron intervenidos, sino a cómo se permitió que el problema alcanzara semejante dimensión y qué sucederá con las estructuras criminales que vivían de ese negocio.

Los números muestran que no hablamos de casos aislados. Durante el primer trimestre de 2026 se detectaron 578 tomas clandestinas en Jalisco, frente a 453 en el mismo periodo de 2025: un incremento de 27.6 por ciento que colocó al estado en el segundo lugar nacional.

Y el problema continúa. En agosto, autoridades localizaron en Degollado cuatro tomas clandestinas conectadas a un ducto de Pemex. Al seguir las mangueras encontraron un centro de acopio con aproximadamente 5 mil 400 litros de hidrocarburo. No hubo detenidos. Posteriormente, en Tototlán, otra intervención permitió asegurar más de 6 mil litros de petrolífero, un camión y diversos contenedores.

Combatir el huachicol y recuperar los ductos es indispensable. Lo que resulta difícil de explicar es cómo una infraestructura estratégica del Estado pudo ser intervenida sistemáticamente durante tanto tiempo, hasta permitir la consolidación de un mercado criminal alrededor del combustible.

Porque encontrar una toma, cerrarla y reparar el ducto resuelve solamente una parte del problema. La investigación tendría que llegar hasta quienes perforan, financian, almacenan, transportan y comercializan el hidrocarburo. De lo contrario, se recupera el combustible, pero no necesariamente se desarticula la organización.

Y ahí aparece un riesgo todavía mayor para Jalisco.

Cerrar la llave del huachicol no significa cerrar la estructura criminal que vivía de ella.

Quienes participan en estas redes conservan vehículos, rutas, logística, conocimiento territorial y capacidad operativa. Si pierden una fuente de financiamiento, pueden buscar otras actividades para sustituir esos ingresos. Por eso resulta necesario observar lo que ocurre con delitos como extorsión, secuestro, robo de carga, robo de vehículos y delitos contra transportistas.

No podemos afirmar que combatir el huachicol sea la causa directa del incremento de esos delitos. Pero sí existe un riesgo de diversificación criminal cuando una organización pierde uno de sus mercados y conserva intacta su estructura. De hecho, autoridades federales han documentado organizaciones que obtienen recursos simultáneamente de la comercialización ilegal de hidrocarburos, extorsión, secuestro, homicidio, tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

Por eso el éxito de esta estrategia no debería medirse únicamente por el número de tomas clandestinas clausuradas. También debería medirse por cuántas redes fueron desarticuladas, cuántos responsables fueron procesados y cuánto de ese mercado ilegal dejó realmente de existir.

Después de años permitiendo que el huachicol alcanzara estas dimensiones, cerrar las tomas era necesario. Pero hacerlo sin desarticular las estructuras que construyeron el negocio puede simplemente trasladar el problema.
Porque si el Estado cierra el ducto, pero deja intacta la organización criminal, no acaba con el delito: solamente la obliga a buscar de dónde sacar el siguiente peso.