A las dos de la mañana, la habitación de Sofía, de 13 años, sigue iluminada por la pantalla de un teléfono celular mientras sus padres duermen. No juega ni busca información para la escuela; hace scroll infinito en Instagram, atrapada en un sinfín de videos con chicos guapos, dietas para la graduación, rutinas de maquillaje y comparaciones que la hacen sentir muy lejos de lo que esos estereotipos le exigen. Sofía duerme apenas cuatro horas al día, sufre ataques de ansiedad antes de ir a la secundaria porque siente que sale de un mundo y entra a otro que no sabe cómo enfrentar, y ya experimentó el primer mensaje intimidatorio desde un perfil anónimo. Su historia es el retrato vivo de millones de niñas en nuestro país.
Mientras la Unión Europea acaba de dar un golpe sobre la mesa legislativa para prohibir por completo las redes sociales a menores de 13 años y obligar a las plataformas a desactivar sus dinámicas adictivas, en México la infancia sigue a la intemperie digital. De acuerdo con datos del INEGI (ENDUTIH), más del 85% de las niñas y niños entre 6 y 14 años son usuarios activos de internet, con promedios de conexión que superan las cuatro horas diarias en la adolescencia temprana. Detrás de esas pantallas no hay inocencia: el Módulo sobre Ciberacoso del INEGI revela que casi el 30% de las adolescentes de 12 a 19 años ha sido víctima de violencia digital, experimentando miedo, inseguridad y secuelas directas en su salud mental, una realidad que acecha cada vez más también a los varones.
Durante años se nos vendió la coartada de la “responsabilidad parental”, exigiendo a madres y padres convertirnos en peritos cibernéticos. Pero ¿qué ventaja podemos tener las y los ciudadanos frente a emporios transnacionales que invierten fortunas en diseñar algoritmos que explotan la dopamina infantil? Ninguna. Esa asimetría es insostenible e inhumana.
Ahora, la propuesta europea cambia la lógica de raíz e invierte la carga de la prueba. Ya no son las familias ni el Estado quienes deben demostrar el daño; ahora son los gigantes de Meta, ByteDance y Alphabet las obligadas a probar que sus productos son seguros por diseño antes de operar.
Es cierto que México no cuenta todavía con una cartera de identidad digital soberana que permita verificar edades con llaves criptográficas sin vulnerar la privacidad de los usuarios. Pero la falta de esa herramienta técnica no puede justificar la parálisis del Estado. Si bien no podemos construir de inmediato un cerco de acceso biométrico, sí tenemos la urgencia de regular el producto.
El Congreso de la Unión y las autoridades de salud y educación deben intervenir ya para prohibir por ley el scroll infinito en cuentas de menores de edad, apagar las notificaciones nocturnas invasivas, erradicar la publicidad dirigida a la niñez y desterrar los teléfonos celulares de las aulas de educación básica.
La salud mental del 30% de nuestra población no puede quedar sujeta a los negocios del algoritmo porque les está costando la vida, la identidad y las relaciones humanas. No son suficientes mejores filtros de control parental configurados por padres agotados tras una jornada laboral. Necesitamos que el Estado fije límites claros a una industria que lucra con su vulnerabilidad. La salud mental y cognitiva de nuestras niñas y niños no puede seguir siendo el insumo desechable de la economía de la atención.