La elección 2027 anticipa un retroceso democrático
El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en un espacio que no garantiza, sino que amenaza la democracia en nuestro país. Después de décadas de trabajo y presión ciudadana, el INE pasa de ser la máxima e inatacable autoridad que organiza las elecciones, a un refugio de discusiones bizantinas y absurdas: ¿Es válida o no una boleta que está dentro de la urna sin haber sido doblada?
En el Consejo General del INE, después de una discusión en la que se apeló a la lógica, a la razón más elemental, se aprobó por mayoría y en seguimiento a una agenda claramente política, aceptar que una boleta que se introdujo en la urna después que concluyó la jornada electoral, puede ser considerada un voto válido.
El asunto parece de primero de primaria: si un voto entra a una urna en cualquier casilla electoral que se instale en el país, deberá estar forzosamente doblado. No cabe de otra manera. Pero si al abrir la urna y conformar el paquete de votos, se encuentran papeletas enteras, sin haber sido dobladas, obviamente las metieron en la urna después, no durante la jornada de votación. Hasta ahora, estos votos eran considerados nulos de inmediato; no se contaban.
En la compleja legislación electoral mexicana, una discusión guiada con toda intención en el Consejo del INE, permitió argumentos torcidos para que finalmente se admitiera lo que es totalmente absurdo.
Este hecho prueba, junto con otras medidas como hacer más severos los requisites para el registro de observadores electorales e introducir la reforma que permita anular elecciones por “intervención de intereses extranjeros” basándose únicamente en publicaciones en redes sociales, que la del año 2027, será la elección más politizada y controlada por órganos de gobierno en la era moderna del país.
Debe subrayarse que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se formó en el círculo político cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador; su gestión como consejera presidenta ha estado plagada de escandalosas discusiones en las que se acusan beneficios para sus “cercanos”, abusando del erario, y una postura permanentemente genuflexa a las decisiones que se toman en los espacios de gobierno, en detrimento de las competencias del INE.
El proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y en Jalisco, los 125 municipios y el Congreso local, está marcado desde ahora por la presión permanente sobre los organizadores de la elección, y una evidente condescendencia a aceptarlo “por presión”.
