Jonás

Justo porque acabamos de celebrar el aniversario 216 del inicio de la lucha por la Independencia de México, conviene hacer estar reflexión. Precisamente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum visita Sinaloa y para apoyar a la gobernadora dejada por Rubén Rocha Moya, la interina Graciela Domínguez Nava, invoca la soberanía y rechaza “la injerencia”, en clara referencia al gobierno de Donald Trump, tenemos que preguntarnos y responder con seriedad: ¿Qué hacemos, nos alejamos de los Estados Unidos o estrechamos la unión con ellos?
El gobierno de Canadá que encabeza Mark Carney, con apoyo mayoritario de su población, acaba de hacer una jugada maestra: ante la guerra de aranceles y los malos tratos del gobierno de Donald Trump, avanza en el proceso para convertirse en “miembro asociado” de la Unión Europea. Este movimiento es un resultado congruente de lo que ya había advertido Carney al mundo en su famoso discurso del 21 de enero de 2026 en el Foro de Davos: Estados Unidos dejó de ser un aliado para las potencias medias y éstas deben unirse para evitar convertirse en el menú que se sirva en la mesa de los grandes.
Así, el gobierno canadiense está siguiendo una lógica estrategia de comportamiento, pero también deja solo a México. Se anticipa así la desaparición del tratado trilateral entre nuestro país, Canadá y Estados Unidos.
¿Qué vamos a hacer? Es la cuestión a resolver.
¿Qué le conviene a nuestro país?
No tenemos un puente sólido con la Unión Europea, porque la figura del “miembro asociado” no es un accidente. Canadá y la UE lo trabajaron durante años.
Tampoco podemos voltear al Sur como si estuvieran esperándonos. De hecho, ya existe un club de naciones latinoamericanas aliadas con el gobierno de Donald Trump, en donde México decidió abiertamente no integrarse por razones que obedecen más a una línea política e ideológica. Estamos, de facto, confrontados con los gobiernos de Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, entre los más importantes.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos en lo visible, decide mantener los principios geopolíticos que estableció Andrés Manuel López Obrador y si no apoya, no critica a los autócratas de Cuba y Nicaragua, mientras las ofensivas de la Secretaría de Estado de Marco Rubio se acompañan de advertencias directas, ya no disimuladas, al gobierno mexicano.
Además, la presidenta juega en dos pistas: mantiene comunicación con los halcones del gobierno de Trump y en público los rechaza y critica. El pasado fin de semana, en su gira del Segundo Informe, en Sinaloa apoyó a Graciela Domínguez, gobernadora interina con el aval y el apoyo de Rubén Rocha Moya, y además rechazó el injerencismo. Lanzó su dardo particular a Estados Unidos.
Pero hay razones pragmáticas que no forman parte del análisis del gobierno federal. Por ejemplo: Jalisco es el cuarto estado del país con más exportaciones a los Estados Unidos. De hecho, la nuestra es la primera Entidad que no tiene frontera con ese país que más productos le vende; 80% de la producción jalisciense va a Estados Unidos, y no es sólo tequila y alimento, sino también tecnología de primer nivel y partes automotrices.
¿Qué va a decidir el gobierno mexicano? ¿Tomar distancia? ¿Mantener la confrontación por razones políticas, ideológicas y judiciales? ¿Se le consulta a los gobiernos estatales?
El gobierno de Donald Trump no es permanente. El intercambio comercial, cultural, demográfico, entre México y Estados Unidos lleva mucho tiempo. Pero deben tomarse decisiones serias, responsables, de largo aliento.

¿Qué hacer: alejarnos o estrechar la relación con Estados Unidos?

Dos feminicidios: uno en Cuernavaca, el de Claudia Tacoronte; otro en Guadalajara, de Karla Pérez Jiménez. Ambas eran estudiantes y apenas pasaban los 20 años. Las dos estaban desprotegidas y sus muertes, que son tragedias, increpan a todos: las autoridades, las universidades y a los mexicanos. Es urgente reaccionar.
Al dar cuenta de estos sucesos, lamentables y peor todavía, totalmente evitables, pierden sentido y hasta parecen chocantes los permanentes anuncios de reducción de homicidios y feminicidios en México. ¿Qué se le puede decir a los españoles, a la Universidad de Granada que cortó de inmediato el intercambio de estudiantes que, como Claudia Tacoronte, pretendían venir a la Universidad Autónoma de Morelos?
Se pueden construir numerosas frases de reclamo y lamento, pero ya no tienen mucho sentido.
Karla Margarita Pérez Jiménez estudiaba Medicina. Decidió abordar una motocicleta de la plataforma Uber que, aunque no cuenta con permiso de las autoridades estatales en Jalisco, están dando el servicio de manera regular. Y después no se supo más de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado a unos metros de una brecha cercana a las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara. La ironía y la injusticia son mayores, porque Karla no era estudiante de este centro, pero le quitaron la vida ahí.
Y los estudiantes reaccionaron con una manifestación, con reclamos de demandas viejas que no han no sido correctamente atendidas: en esa brecha, estudiantes del CUCBA han sido asaltados y acosados. 
La violencia aparece cuando menos lo esperamos. Cuando el discurso público nos invita a creer que la situación ya está bajo control, ocurren nuevas tragedias que nos golpean.
Cuando se reconocía la lucha frontal contra el crimen organizado, los delincuentes empezaron a reclutar a menores de edad; cuando más se habla de proteger a las mujeres y se abren espacios para ellas, ahora están atacando a las jóvenes estudiantes.
Sería erróneo caer en una situación de pánico y considerar que eso está ocurriendo en todo el país, pero estos dos feminicidios en lugares alejados y diferentes entre sí, como Morelos y Jalisco, sí marca un patrón de emergencia: se requiere pasar del discurso a medidas más firmes y contundentes de prevención y protección.
No es suficiente proclamar los derechos de las mujeres y condolerse de la violencia contra ellas. Faltan las medidas y deben aplicarse en el ámbito particular de las familias, en las universidades y escuelas, en el transporte y en la vía pública. Para empezar.

La indispensable protección a las mujeres

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Como cada año, conmemoramos la gesta de la Independencia de México con la ceremonia del Grito y ayer temprano, el tradicional desfile militar en pleno 16 de septiembre. Se cumplieron 216 años de lo que inició Miguel Hidalgo y Costilla, conforme aprendimos en las aulas de educación básica. En este punto de nuestra historia, es importante considerar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum que acompañaron el desfile de los militares mexicanos, evento que representa su compromiso con el país: “México no se doblega, no se vende y no se arrodilla”.
Es una frase potente. En el ambiente del Zócalo de la Ciudad de México y ante el aparato militar desplegado (el desfile de México es uno de los más grandes que anualmente se realizan en América Latina), es fácil caer en un arranque de orgullo patrio.
Sin embargo, al aplicar consideraciones más frías y con base en lo que ha ocurrido en los últimos dos años, contribuye a un análisis más completo revisar lo que dijeron los vecinos de Estados Unidos en el contexto de los festejos patrios mexicanos que, por cierto, allá no pasan desapercibidos.
El presidente Donald Trump reconoció –otra vez– el trabajo de la administración de Claudia Sheinbaum, pero subrayó que a pesar de la colaboración observada y los logros en el combate al crimen organizado, la tarea no está completa si no se detiene y se lleva ante la justicia a los funcionarios de gobierno que están relacionados con los cárteles y el crimen organizado.
“Más de lo mismo”, diría el clásico. Pero justo por ser una repetición del mismo mensaje, es importante la lectura.
El gobierno de Claudia Sheinbaum arrastra desde mucho antes de estos festejos septembrinos, el reclamo del gobierno estadounidense sobre el combate a la clase política que, se sabe sin pruebas, pero también sin dudas, está coludida con los cárteles. Lo que antes se pudo revisar como sospecha, hoy tiene nombre y apellido: Rubén Rocha Moya y muchos de sus colaboradores más cercanos.
Y a la lista se añaden nombres de gobernadores en funciones y la presión crece en torno de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y también el senador Adán Augusto López. Ese tema no se puede negociar, no mientras sea presidente Donald Trump y seguramente, después que termine su mandato.
La cuestión, justo en los días en que los festejos patrios son un breve paréntesis y todas las batallas políticas apuntan a las elecciones del año entrante, no es quiénes, sino cuándo. ¿Cuándo el gobierno de Claudia Sheinbaum se decidirá a aceptar abiertamente que varios de los integrantes de la “cuarta transformación” forma parte de la delincuencia organizada?

Retos a la soberanía mexicana

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Este día se conmemoran 216 años de la Independencia de México. La república que ha perdurado durante más de dos siglos es totalmente diferente del proyecto que concibieron los integrantes de aquel naciente México de 1810. Lo más contundentemente claro desde el momento del Grito y la convocatoria de Miguel Hidalgo y Costilla, es que los mexicanos seguimos empujando y luchando por los derechos y el estado de cosas que deben existir cuando hay libertad. 
El aniversario que se conmemora hoy coincide con el gobierno estadounidense de Donald Trump y la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico organizado en cúpulas de poder, que al final del trayecto analítico no es cosa que la personificación de la corrupción y el rechazo a la ley.
El gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pretende, en un segundo período sexenal, prolongar el proyecto de nación que impulsó Andrés Manuel López Obrador y que, ahora sabemos, postuló causas loables en favor de millones de mexicanos desfavorecidos, pero también persiste en la concentración del poder en Palacio Nacional.
En unos pocos años, cuando se revise lo que pomposamente nombraron “la cuarta transformación”, se podrán observar los errores de fondo, que no de forma, implementados por un régimen que fue una nueva repetición trágica de lo que ha ocurrido en México y en las naciones latinoamericanas: la debilidad de las instituciones en favor de la fortaleza de los caudillos.
Al celebrarse con conciertos gruperos en las principales plazas públicas del país (el Zócalo y la Plaza de la Liberación) el aniversario 216 de México, aunque queda un estrecho margen de maniobra para comprobar si el ejercicio del poder por parte de una mujer marca alguna diferencia, algún giro distinto en las determinaciones gubernamentales, que escape a la lucha intestina y las circunstancias internacionales.
Estas Fiestas Patrias nos conducen a todos a la posibilidad de que los mexicanos, en las elecciones del año entrante, corroboren pragmáticamente que Morena y sus postulados cuestionables deben seguir gobernando porque ofrecen más de un billón de pesos en programas sociales, o rompan un mito erosionado de “partido político diferente”, y le quiten la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Ese cambio en la conformación del Poder Legislativo federal podría escribir un muy distinto futuro para el ejercicio de Claudia Sheinbaum en el poder. Tendría, ahora sí, que negociar con la oposición política, pero la elección aún se está escribiendo. 
Es probable (pero no inevitable), que México esté entrando en un agitado y convulso período como el que se vivió después de la consolidación de la Independencia, hasta 1821. Y seguimos teniendo a los Estados Unidos como vecino.

Aniversario de la Independencia

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Una tragedia ocurrió el fin de semana pasado: en Cuautla, Morelos, fue asesinada una joven de 21 años de edad, Claudia Tacoronte. Española, estudiante de Pedagogía, llevaba un mes en México; había venido a la Universidad Autónoma de Morelos en un programa de intercambio desde de la Universidad de Granada, en España.
Terrible situación. No hay explicación que valga.
El tema se convierte en un incidente internacional, porque las máximas autoridades españolas se dirigieron ya el gobierno de México para reclamar justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció condolencias a familiares y personas cercanas a Claudia Tacoronte, pero eso no basta. Lo imperativo es que la Fiscalía de Morelos descubra a la brevedad quién y porqué le quitó la vida a una chica que seguramente, no tenía con ella pertenencias de excesivo valor y muy probablemente, no había tenido tiempo todavía para involucrarse en alguna actividad riesgosa. 
Al final, tendrá que darse una explicación real, razonable y justa. Y los responsables deberán enfrentar la justica. Es lo mínimo que puede hacerse.
Adicionalmente, se registraron protestas en España y la Universidad de Granada suspendió de inmediato el programa de intercambio académico; otros dos de sus estudiantes tenían proyectado viajar también a Morelos. Ya no será.
La presidenta Sheinbaum y su administración tienen una competencia limitada para intervenir en el lamentable asunto, aunque seguro por la vía de la Secretaría de Gobernación presionarán lo suficiente, pero al margen de la tragedia de un asesinato que se investiga bajo la modalidad de feminicidio (se supone que eso debe arrojar mejores resultados), lo que el hecho revela es la evidente violencia que sufren las mujeres en México. 
El discurso tan repetido de la reducción de homicidios en más del 50% pierde cualquier sentido. Todos los esfuerzos y el manejo estadístico en espacios locales e internacionales, pierden brillo ante un evento criminal como éste.
Es importante aclararlo: la muerte de una estudiante española no es más “importante” ni exige más justicia que las 34 mujeres asesinadas en Morelos sólo en los primeros tres meses del año, pero exhibe con más urgencia porque se convierte en un asunto internacional, que en Morelos y en México, junto con el combate a la violencia y al crimen organizado, debe aplicarse mayor energía en combatir la violencia contra las mujeres, porque pareciera que el tema sigue en las primeras líneas de todos los discursos políticos, pero sin que eso signifique cambios visibles.
Lamentablemente, ahora nuestro país se convierte en un sitio peligroso para los intercambios universitarios y así lo considerarán en España y en otros países.
Damos pasos hacia atrás.

Estudiante española asesinada

Comencemos por lo obvio. Los 500 diputados que integran la Cámara Baja en el Congreso de la Unión cuentan con un privilegio único, reservado en la Constitución Política del país: revisan, modifican, aprueban o rechazan el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cada año, la presidencia de la república envía a la Cámara su proyecto de presupuesto y ésta es la que determina qué presupuesto debe ejercerse.
El país completo depende de lo que determinan los 500 legisladores.
Sin embargo, la cuestión en el punto actual de la discusión es simple: ¿Determinan los diputados el presupuesto a ejercer en el país o son los ejecutores burocráticos de lo que se determina en Palacio Nacional?
Desde que Andrés Manuel López Obrador llegó alcanzó la presidencia en 2018, junto con una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, la autodenominada “cuarta transformación” ha convertido la Cámara de Diputados en una oficina de trámites. Imposible olvidar aquella instrucción obradorista: “No cambiarle ni una coma” a lo que les llegara de Palacio.
El país lleva ocho años tratando de acomodarse a la realidad de que la Cámara de Diputados sólo confronta ocasionalmente la voluntad presidencial. Justo con Claudia Sheinbaum Pardo es que empezó a resquebrajarse el monolítico poder morenista.
Esa es la realidad en la relación presidencia-diputados. La avasalladora votación de la mayoría conformada por Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, borra la actuación y los argumentos de los legisladores de partidos opositores al bloque; los más afortunados y hábiles logran algunas veces, posicionar iniciativas o protestas en el ojo mediático, pero nada se aprueba sin que pase por Palacio Nacional.
Este punto permite conducir a la discusión del presupuesto federal desde la perspectiva de Jalisco, en una crisis particular, la del agua.
Posturas políticas aparte, la realidad es incontestable: el Área Conurbada de Guadalajara pasa por una crisis hídrica. No hay agua suficiente porque los cortes siguen ocurriendo, y la calidad del líquido ya es conocida: turbio y con mal olor. Y no hay posibilidad de resolver en el corto plazo, porque la infraestructura está desbordada y el organismo distribuidor del agua, el SIAPA, está quebrado.
Se ha discutido hasta los detalles más pequeños la solución y es indispensable construir más infraestructura. Se requieren al menos 20 mil millones de pesos en una primera etapa.
En la ruta de la discusión está involucrada la visión del proyecto político estatal y la del proyecto político del gobierno federal.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, se alcanzó un acuerdo: el gobierno estatal se responsabiliza de un acueducto de Chapala a Guadalajara y de la ampliación de la planta potabilizadora más grande de la ciudad, la de Miravalle. A cambio, el gobierno federal se hace cargo de las obras complementarias de la Presa El Zapotillo, que está concluida pero que no aporta agua a la ciudad porque falta infraestructura.
Y la sorpresa es que a pesar del acuerdo político, en el proyecto presupuestal para 2027 no está contemplado el recurso económico para las obras de El Zapotillo.
¿Qué pueden hacer los diputados federales? Son 32 los jaliscienses.
¿Quedarán sometidos a la voluntad de la cúpula política de Palacio Nacional a pesar del interés superior de Jalisco?

Diputados federales y la discusión del Presupuesto 2027

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Quien se sorprenda, no había revisado antes cómo se hace la política en los Estados Unidos: en muchas de sus estrategias para lograr votos aparecen México y los mexicanos, para bien y para mal. Por eso llama la atención que la presidenta Claudia Sheinbaum haya usado su estrado mañanero para pedir, para exigir, que los políticos estadounidenses dejen de utilizar a México en su campaña electoral.
Es una defensa muy ingenua de la soberanía.
El más reciente de estos episodios lo protagonizó el secretario de Estado, Marco Rubio, que de vista en Ecuador, aseguró que los cárteles de la droga en México son “la cabeza de la serpiente” y que el gobierno mexicano colabora, pero no ha trabajado lo suficiente para combatirlos.
La presidenta reaccionó y aseguró que se trata de un discurso destinado a los votantes en Estados Unidos, que en noviembre votarán para renovar la Cámara de Representantes, pero exigió que no se use a México en la elección porque nuestro país “no es piñata de nadie”. 
De nada sirve la indignación, a menos que la presidenta haga exactamente lo mismo: lanzar un discurso que tiene como destinatarios a sus simpatizantes, aunque les hable a los políticos estadounidenses.
La realidad es que en política electoral, en Estados Unidos son maestros de la manipulación y el pragmatismo: nada está prohibido si les permite ganar la elección y el presidente Donald Trump se maneja con un descaro sin límites; acaba de prometer cinco mil dólares a cada ciudadano estadounidense si los republicanos ganan la elección… y todavía se está discutiendo si eso es legal, porque correcto, evidentemente no.
No hace falta adivinar. México y los mexicanos seguirán presentes en los discursos de candidatas y candidatos estadounidenses que vean útil señalar a nuestro país como la fuente de todos los males para los Estados Unidos.
Pero quejarse de eso no sirve de nada. A la presidenta Sheinbaum y a todos, les consta la importancia de México entre los norteamericanos, por cultura, población, economía y vecindad.
La cuestión es cómo aprovechar, con una estrategia gubernamental seria y efectiva, la interdependencia entre los países. Los discursos políticos no cambiarán la realidad, porque ante el micrófono se afirma, pero en la práctica se actúa.
En la mañanera –y eso sería ganancia– no deberían caber los mensajes con apariencia de sermones religiosos, sino la información sobre hechos consumados en actos de gobierno.

México, usado en las elecciones gringas

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Después que en Jalisco hemos sido testigos de que ya muchos personajes políticos están en campaña y no hay autoridad que los detenga o sancione, por fin ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) aprobó un calendario de actividades para el Proceso Electoral 2026-2027.
El 1 de octubre inicia el proceso que tendrá en total 101 actividades, entre las que destacan para efecto general, las precampañas, las campañas, la selección de candidatas y candidatos, y claro, la jornada electoral que tendrá lugar, como lo marca la Constitución Política de México, el primer domingo de junio del año electoral: 6 de junio.
¿Cambia el calendario los comportamientos fuera de la ley? No, pero sí le ofrece a la ciudadana cuando menos un marco legal; una delimitación en el tiempo y en las obligaciones que tienen la autoridad electoral, los partidos políticos, quienes ambicionan competir por un cargo y también, los ciudadanos en general.
La elección en Jalisco es muy importante, aunque sea intermedia. Los jaliscienses estaremos convocados a votar para elegir a 125 presidentes municipales, 38 diputadas o diputados del Congreso estatal y aunque es otra elección, en este caso federal, también tendremos elección para diputadas y diputados federales.
Al día de la publicación del calendario para el proceso, el IEPC sigue en varios aprietos, y el primero es que no cuenta con la garantía de un presupuesto que permita realizar todas las acciones en el calendario, entre las que figura el establecimiento de consejos electorales municipales y distritales.
El presupuesto debe ser suministrado por el gobierno del Estado, y con toda seguridad habrá discusiones, quizá no públicas, pero sí para determinar que con la menor cantidad de recursos económicos se pueda garantizar toda la elección.
Aunque el trabajo de los consejeros electorales aparente ser burocrático, está lleno de obstáculos y conflictos; todas las fuerzas políticas hacen presión y observan el desempeño de los consejeros. Se presentarán quejas y denuncias, se harán campañas de comunicación para desacreditar y al final, en este complejo entorno, debe efectuarse una elección que valide a los siguientes ayuntamientos y la integración del Poder Legislativo estatal.
La presión es tan real y constante, que actualmente la dirigencia del Partido Morena aún denuncia públicamente que se cometió un fraude electoral en la elección de 2024, aunque todo el proceso ya se haya calificado, juzgado, sentenciado y concluido.
A pesar de todas las dificultade que están por presentarse, incluida la validación de la presidencia del IEPC, el proceso sostiene la estructura democrática de Jalisco y es importante, además, por la trascendencia que tiene el Estado de Jalisco en el país.

Arranque el proceso electoral en Jalisco

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Mi pecho no es bodega

El caso ya se ha hecho conocido, pero debe retomarse: Karla Margarita Pérez Jiménez, una jovencita de 22 años, irapuatense, estudiante de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc, abordó una motocicleta de la Plataforma Uber el 14 de septiembre. Hasta ahí le perdieron la pista. Fue encontrada muerta el 16 de septiembre, cerca de una brecha por la que caminan todos los días estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.
La tragedia de Karla alcanzó mayor dimensión pública porque coincidió con la de otra estudiante, ésta española, asesinada en Morelos.
Pero el asunto en el que es obligatorio enfocarse es la presencia de la motocicleta de Uber, por una razón muy sencilla: están prohibidas.
Es fácil suponer que Karla Pérez había abordado estas motocicletas muchas veces antes. Son más baratas y rápidas; peligrosas también. Pero muy probablemente, nunca pensó que su vida estuviera en peligro. De acuerdo con las versiones de los peritos, la chica falleció por un golpe contundente cerca de la frente.
Lamentar la tragedia es algo totalmente inocuo si no se acompaña de medidas que eviten más amenazas a jóvenes estudiantes. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, ya hizo un compromiso público para atender las exigencias de seguridad y transporte de los estudiantes del CUCBA, que protestaron por la muerte de Karla Pérez aunque no haya sido estudiante de la institución, pero sí porque su cuerpo apareció por donde ellos se mueven a diario.
Las autoridades universitarias también se comprometieron.
Pero hay un factor fundamental en esta ecuación: ¿y las motocicletas de Uber? ¿O las de otras plataformas? Por la muerte de Karla ya hay un detenido, pero debe prevenirse antes que reaccionar. No se pueden admitir más jóvenes estudiantes amenazadas, atacadas o en peligro.
De entrada, la Secretaría de Transporte aplicó un operativo para detener motocicletas: ya retiraron 41 de circulación. Seguramente no volverán a las calles porque la multa es de 22 mil 628 pesos.
También se emitieron sanciones para Uber, Didi e Indrive por ofrecer dicho servicio, porque reiteradamente se les ha notificado que estas operaciones son ilegales.
¿Será esto suficiente?
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Motocicletas de Uber, ¿prohibir o regular?