¿Quién responde?
Era febrero de 2014 y el entonces presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, anunciaba una inversión de 105 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano para intervenir tres vialidades del municipio: Prolongación Pablo Valdés, San Gaspar y avenida Malecón.
La apuesta era por el concreto hidráulico. Y había una razón para presumirlo: se hablaba de una vida útil de hasta 30 años. Han pasado apenas doce y en Avenida Malecón tenemos un socavón. Uno enorme.
El problema comenzó en el cruce de Malecón y Tenacatita, donde el hundimiento terminó por abrir un boquete de aproximadamente 30 metros de largo, 12 de ancho y seis de profundidad. La reparación no será menor. El propio SIAPA ha advertido que la intervención integral podría alcanzar los 100 millones de pesos.
Pero quizá el tamaño del agujero no sea lo más relevante, sino lo que apareció cuando comenzaron los trabajos. El director del SIAPA, Ismael Jáuregui, dijo que al excavar encontraron escombro y basura debajo de la vialidad.
La vida útil del concreto no es la misma que la de un colector. Y un socavón, por sí solo, no demuestra que aquella obra se haya ejecutado mal. Pero encontrar esos materiales obliga a preguntar desde cuándo estaban ahí, si debieron retirarse y qué hicieron quienes construyeron y supervisaron la intervención de 2014.
Una cosa es que una infraestructura falle después de años de servicio: que un colector se deteriore, que las lluvias terminen por vencerlo o que el crecimiento de la ciudad supere la capacidad para la cual fue construido. Otra es que una obra se haya realizado sobre condiciones inadecuadas sin que nadie las atendiera. Hay que esclarecer qué ocurrió en Malecón.
Este no es el primer aviso sobre esa misma vía. Hace un año se registró otro socavón a pocos metros de donde hoy realizan reparaciones. ¿Vendrán más en otros puntos cercanos?
Porque en 2014 hubo dinero público para intervenir esa avenida. Hubo autoridades responsables de contratar la obra, supervisarla y recibirla. Hubo empresas encargadas de ejecutarla. Tendría que haber también documentos que permitan conocer qué se contrató y qué se entregó.
Doce años después estamos abriendo nuevamente la avenida y encontrando escombro y basura debajo. No basta con reparar el socavón. Hace falta determinar qué provocó el hundimiento y si existen responsabilidades por la construcción, la supervisión o el mantenimiento de esa infraestructura.
Si durante los trabajos aparecen indicios de que la obra pública pudo haberse ejecutado de manera distinta a lo contratado, alguien tendría que documentarlo. Revisar expedientes. Recuperar contratos. Identificar empresas. Revisar estimaciones, supervisiones y actas de entrega-recepción. Y, si de esa revisión surgen posibles actos de corrupción, presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
¿Quién debe encabezar esa revisión? ¿El SIAPA? ¿El gobierno de Tonalá que hoy encabeza Sergio Chávez? ¿El gobierno de Jalisco?
Alguien tiene que responder. De otra manera, volveremos a gastar millones de pesos del dinero de todos sin saber por qué falló la infraestructura ni quién debe hacerse responsable. Hasta el próximo socavón.
