Claudia Salas

A las dos de la mañana, la habitación de Sofía, de 13 años, sigue iluminada por la pantalla de un teléfono celular mientras sus padres duermen. No juega ni busca información para la escuela; hace scroll infinito en Instagram, atrapada en un sinfín de videos con chicos guapos, dietas para la graduación, rutinas de maquillaje y comparaciones que la hacen sentir muy lejos de lo que esos estereotipos le exigen. Sofía duerme apenas cuatro horas al día, sufre ataques de ansiedad antes de ir a la secundaria porque siente que sale de un mundo y entra a otro que no sabe cómo enfrentar, y ya experimentó el primer mensaje intimidatorio desde un perfil anónimo. Su historia es el retrato vivo de millones de niñas en nuestro país.
Mientras la Unión Europea acaba de dar un golpe sobre la mesa legislativa para prohibir por completo las redes sociales a menores de 13 años y obligar a las plataformas a desactivar sus dinámicas adictivas, en México la infancia sigue a la intemperie digital. De acuerdo con datos del INEGI (ENDUTIH), más del 85% de las niñas y niños entre 6 y 14 años son usuarios activos de internet, con promedios de conexión que superan las cuatro horas diarias en la adolescencia temprana. Detrás de esas pantallas no hay inocencia: el Módulo sobre Ciberacoso del INEGI revela que casi el 30% de las adolescentes de 12 a 19 años ha sido víctima de violencia digital, experimentando miedo, inseguridad y secuelas directas en su salud mental, una realidad que acecha cada vez más también a los varones.
Durante años se nos vendió la coartada de la &#8220;responsabilidad parental&#8221;, exigiendo a madres y padres convertirnos en peritos cibernéticos. Pero ¿qué ventaja podemos tener las y los ciudadanos frente a emporios transnacionales que invierten fortunas en diseñar algoritmos que explotan la dopamina infantil? Ninguna. Esa asimetría es insostenible e inhumana.
Ahora, la propuesta europea cambia la lógica de raíz e invierte la carga de la prueba. Ya no son las familias ni el Estado quienes deben demostrar el daño; ahora son los gigantes de Meta, ByteDance y Alphabet las obligadas a probar que sus productos son seguros por diseño antes de operar.
Es cierto que México no cuenta todavía con una cartera de identidad digital soberana que permita verificar edades con llaves criptográficas sin vulnerar la privacidad de los usuarios. Pero la falta de esa herramienta técnica no puede justificar la parálisis del Estado. Si bien no podemos construir de inmediato un cerco de acceso biométrico, sí tenemos la urgencia de regular el producto.
El Congreso de la Unión y las autoridades de salud y educación deben intervenir ya para prohibir por ley el scroll infinito en cuentas de menores de edad, apagar las notificaciones nocturnas invasivas, erradicar la publicidad dirigida a la niñez y desterrar los teléfonos celulares de las aulas de educación básica.
La salud mental del 30% de nuestra población no puede quedar sujeta a los negocios del algoritmo porque les está costando la vida, la identidad y las relaciones humanas. No son suficientes mejores filtros de control parental configurados por padres agotados tras una jornada laboral. Necesitamos que el Estado fije límites claros a una industria que lucra con su vulnerabilidad. La salud mental y cognitiva de nuestras niñas y niños no puede seguir siendo el insumo desechable de la economía de la atención.

El scroll que devora a las infancias

Hay errores políticos que se pagarán con el futuro de toda una generación. El informe del IMCO sobre la prueba PISA 2025 no deja espacio para pretextos: la política educativa del gobierno federal es un fracaso histórico. Con un promedio de 403 puntos, México retrocedió a niveles peores que los de 2006. Veinte años de esfuerzo e inversión pública se perdieron por completo.
Hoy ocupamos el lugar 37 de 38 países en la OCDE. En matemáticas caímos a 388 puntos y en lectura a 408; perdimos siete puntos en cada una respecto a 2022. El rezago nacional es alarmante, porque 42 de cada 100 estudiantes tienen un bajo rendimiento general. Tenemos a jóvenes de 15 años que no pueden resolver una operación básica para contar lo que compran en la tienda, no comprenden un texto sencillo ni entienden explicaciones de ciencia elemental. Frente al problema, la respuesta oficial fue apagar la luz a la evaluación y desaparecieron el INEE, cancelaron la prueba PLANEA y extinguieron Mejoredu. Nos dejaron cuatro años a ciegas hasta PISA 2029.
Sin embargo, frente al naufragio federal, un Estado decidió no dejarse arrastrar: Jalisco.
Tener un modelo educativo propio fue clave para poner un alto a las malas decisiones del centro y proteger a sus estudiantes. Los datos hablan por sí solos. Mientras en el país el rezago y la insuficiencia alcanzan niveles de alerta del 50% al 70%, en Jalisco los alumnos en nivel insuficiente son apenas entre el 11% y 12%. Más contundente aún es el dato que el 82% de los estudiantes jaliscienses está avanzando con paso firme y superando el 57% promedio de la OCDE.
¿Cuál ha sido la fórmula? La diferencia radica en los hechos. Jalisco apostó por ser líder en inversión en educación tecnológica. Los frutos se vieron este mismo año: el 52% de los integrantes de la delegación mexicana en la olimpiada internacional de matemáticas fueron jaliscienses, logrando 175 medallas. Mientras que en el país la excelencia en matemáticas casi desapareció (apenas 0.1% en niveles altos, según PISA), Jalisco demuestra que con método, rumbo y tecnología los jóvenes sí destacan.
Detrás de estos resultados no hay discursos, hay presupuesto y estrategia: Jalisco cuenta con 1,200 escuelas intervenidas mediante un fideicomiso que garantiza aulas equipadas, tecnología y un método de estudio planeado y eficaz.
Esta crisis que nos deja Morena en la educación frena el desarrollo de México. Las carreras con matemáticas y tecnología son las mejor pagadas del país (+41% de salario real), pero el 42% de los empleadores advierte que cada vez hay menos personal calificado. El país está creando fuerza laboral precaria y no saldrá adelante con ocurrencias ni discursos. La ruta para rescatar la educación ya está a la vista: contenidos claros, ciencia, tecnología y el ejemplo de estados que se negaron a apagar el pizarrón.

La tragedia de apagar el pizarrón y la excepción de Jalisco

Este próximo 8 de septiembre llega a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. Para las entidades federativas, y de manera muy particular para Jalisco, no se trata de un simple trámite legislativo ni de una revisión técnica de cifras, sino el momento definitorio en el que la Federación debe decidir en dónde y en qué se debe invertir.
Durante los últimos años, ante la ausencia de presupuestos federales, Jalisco ha demostrado una capacidad formidable para sostener su desarrollo, generar empleo y modernizar su infraestructura con un esfuerzo local mayúsculo. Sin embargo, el pacto fiscal no puede operar en un solo sentido como lo ha hecho en los últimos años. No es sostenible que uno de los motores productivos más importantes del país reciba de vuelta solo una fracción marginal de lo que aporta, mientras las urgencias cotidianas de la ciudadanía tocan a la puerta todos los días. Las necesidades básicas no entienden de calendarios burocráticos y la población, tampoco.
En la discusión que está por iniciar en San Lázaro, Jalisco tiene prioridades impostergables que deben quedar debidamente etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación:
En primer lugar, el rescate integral de la red carretera federal que cruza nuestro Estado. El abandono y la falta sistemática de mantenimiento en las vías federales no solo han encarecido la logística comercial e impactado la competitividad regional, sino que representan un peligro constante y diario para la vida de miles de familias y transportistas que transitan por nuestras regiones.
En segundo término, la seguridad pública, porque la construcción de la paz exige corresponsabilidad real, no discursos y canciones. Se requieren recursos federales tangibles, constantes y transparentes, que fortalezcan las capacidades tecnológicas, operativas, forenses y de inteligencia de las corporaciones locales.
Para el tercer lugar, el más sentido en este momento: la infraestructura hídrica. Garantizar el abasto sustentable de agua potable, modernizar las redes de distribución y avanzar con seriedad en el saneamiento demandan una inversión federal concurrente y transexenal.
El acceso al agua es un derecho humano elemental que no puede regatearse ni postergarse un año más. A este panorama se suma una causa urgente que defenderemos con total convicción. Cuando en 2020 desapareció el Fondo Metropolitano, nuestras ciudades se quedaron sin los recursos federales que resolvían gran parte de los problemas del transporte, agua y las vialidades de millones de familias.
Dejar a las grandes urbes en el abandono financiero ha frenado obras indispensables de conectividad y mitigación ambiental que el Estado y los municipios ya no pueden costear por su cuenta. Las metrópolis no pueden esperar más por servicios dignos: en la Comisión de Zonas Metropolitanas en San Lázaro, daremos la batalla para que este presupuesto regrese pronto a donde urge, con reglas de operación claras, transparentes y libres de discrecionalidad.
Desde Jalisco seremos vigilantes implacables en cada etapa del debate presupuestal. Acudiremos a San Lázaro con argumentos técnicos, firmeza política y la causa clara de defender el presupuesto que por justicia y derecho le corresponde a nuestra gente.
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Presupuesto 2027: Jalisco espera lo justo

En la política y en la vida diaria, los berrinches y las distancias solo terminan costándole tiempo y dinero a la gente. Por eso, el plato fuerte de la reciente visita de la presidenta a Jalisco no fueron las fotos ni el protocolo, sino la reunión de trabajo mano a mano con el gobernador Pablo Lemus.
Ahí quedó clarísimo que mientras los actores locales de Morena prefirieron marear el problema del agua durante años, tuvo que venir la titular del Ejecutivo a poner orden y resolver lo que su equipo local no pudo ni supo articular.
Finalmente, la gestión directa del gobernador logró romper la congeladora y amarrar una inversión histórica de 22 mil 500 millones de pesos a tres años para entrarle de frente a la crisis del agua en la zona metropolitana y los municipios.
El acuerdo trae números y proyectos concretos sobre la mesa que se centrarán en tres objetivos que darán un gran respiro a Jalisco con la sustitución del Acueducto Chapala-Guadalajara, una obra de 10 mil millones de pesos para cambiar tuberías viejas, frenar el 34% de agua que tiramos en fugas y ahorrarle al Estado 500 millones de pesos al año en operación y energía eléctrica.
También se completará la obra de El Zapotillo y habrá una nueva etapa de obra para ampliar la Carretera a Chapala con 4 mil 500 millones de pesos, con inversión compartida, lo que permitirá completar el proyecto de la Línea 5 y facilitar la vida de quienes habitan o trabajan en la ribera del lago.
Tener el cheque apalabrado es una gran noticia, pero el verdadero reto empieza ahora. Para que el agua de verdad llegue a las llaves de las familias jaliscienses, tocará mantener puntual seguimiento con la CONAGUA, Hacienda y en la Cámara de Diputados, sin bajar la guardia y sin dejar que la perspectiva electoral diluya los acuerdos.
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Se abrió la llave del agua para Jalisco

Quienes atestiguamos en su momento la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocemos de primera mano la expectativa que generan para acabar con la desigualdad y la violencia de género. En 2006 y 2007 fueron marcos normativos diseñados para marcar un antes y un después. Sin embargo, los años han demostrado que a pesar de muchos avances, la impunidad es el lastre que impide su óptima operación. Aun con la vasta transferencia de recursos que hubo algunos años atrás hacia estados y municipios, no ha logrado detener la hemorragia de la violencia feminicida.
Hoy, la llegada de la iniciativa para la Ley General en Materia de Feminicidio vuelve a poner el foco en preguntarnos sin finalmente detendremos la violencia feminicida como uno de los muchos pendientes que el Estado tiene con las mujeres. Homologar el delito a nivel nacional, fijar penas severas de hasta 70 años y obligar a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio son aciertos jurídicos que corrigen vacíos históricos. Sería una ingenuidad asumir que la ley, por sí sola, resuelve la crisis.
Si desde el discurso oficial del gobierno federal se enarbola la bandera de la &#8220;profunda transformación&#8221;, es imperativo aplicar esa misma máxima al ámbito donde la justicia verdaderamente se fractura: en el sistema de impartición y procuración de justicia. La herida social de la inseguridad que viven las mujeres no se cura únicamente redactando nuevos códigos, sino desmantelando los vicios de origen de las instituciones encargadas de aplicarlos.
Una transformación sustancial en esta materia exige tres pilares impostergables: Un sistema judicial e investigador incorruptible, porque de nada sirve un catálogo unificado de agravantes si los ministerios públicos y jueces locales operan bajo complicidades, presiones políticas o acuerdos de impunidad; recursos operativos y presupuestales reales, para que las fiscalías estatales tengan laboratorios periciales dotados, personal con salarios dignos y capacidades operativas para integrar carpetas de investigación sólidas que no se caigan en los tribunales; y por supuesto, servidores públicos genuinamente sensibilizados no solo desde la perspectiva de género y justicia en un taller obligatorio de un par de horas, sino desde un estándar ético y profesional indispensable para mantener el cargo.
La creación de la Ley General de Feminicidio debe ser la pieza que destrabe el cuello de botella que el sistema de justicia tiene para garantizar una vida libre de violencia. Seguimos siendo puntero mundial en niñas y mujeres que desaparecen, que son asesinadas y orfandad por feminicidio. Es ahora o nunca.

¿Un paso hacia la impunidad feminicida?

En el debate sobre el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el dinero es muy importante, pero la voluntad política lo es más. Ante una crisis que no admite simulaciones ni pausas, la pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta dónde nos interesa realmente resolver el problema?
Por un lado, está la dimensión del reto. Hace solo unos días, el gobernador Pablo Lemus llevó la urgencia hídrica de Jalisco hasta el despacho de Bucareli en una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La intención es construir puentes con la Federación para coordinar proyectos estratégicos de infraestructura, saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago y financiamiento a largo plazo.
Sin embargo, mientras en el plano nacional se buscan acuerdos de fondo, en algunas partes de esta casa la respuesta es el desentendimiento.
Resulta incomprensible la postura de las administraciones morenistas de Tonalá y Tlaquepaque, que en un momento clave decidieron cerrar la puerta, no pagar y desconocer los adeudos históricos con el SIAPA. Estamos hablando de pasivos que rondan los 260 millones de pesos en el caso de Tlaquepaque, y 90 millones de pesos en Tonalá. Su argumento para no responder es que solo pagarán lo correspondiente a sus gestiones actuales, como si la responsabilidad de gobernar un municipio recayera en sus chequeras personales y no en la continuidad de las instituciones públicas.
En este reordenamiento del agua la regla tiene que ser clara: El dado marcó &#8220;todos ponen&#8221;. El propio Gobierno del Estado asumió la revisión y liquidación de sus propios pendientes por más de 200 millones de pesos, sumado a los acuerdos alcanzados con municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, e incluso la Universidad de Guadalajara que también harán lo propio.
No se puede pedir una solución integral si no intervienen todas las partes. El agua no es un tema de partidos políticos ni de regateos electorales; es un tema estricto de responsabilidad pública. Cuando un ayuntamiento le da la espalda a sus compromisos financieros, no le está ganando una disputa al gobierno estatal: está condenando a sus propios habitantes a vivir sin agua.
Tonalá y Tlaquepaque tienen que dar la cara, sentarse a la mesa y cumplir. Gobernar implica asumir los problemas de cabo a rabo, sin excepciones. Porque al final de la jornada, si la política se impone sobre la responsabilidad pública, la única que termina perdiendo es la ciudadanía. No se le puede dar la espalda a la gente.
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El dado marca “todos ponen”

Las crisis no avisan, pero sí se incuban. Durante décadas, las grandes zonas metropolitanas de México, incluida la nuestra, crecieron al ritmo de la improvisación. Se expandieron bajo la lógica de parchado urbano y de resolver la urgencia del día, reaccionar cuando el problema ya desbordó a la comunidad y administrar fronteras políticas invisibles en lugar de gobernar un territorio compartido.
El caso del agua en Jalisco y en el occidente del país es, quizás, el espejo más claro y doloroso de esta realidad. Nos demuestra con dureza lo que ocurre cuando una metrópoli no se planea con visión de futuro. Por años se pospusieron decisiones clave, se postergó la inversión en infraestructura hídrica y se creyó que los límites municipales bastaban para gestionar un recurso que no conoce de mapas ni de decretos. Hoy nos toca corregir el problema desde el origen, reparar fugas históricas, sanear cuencas agotadas y garantizar el abasto en colonias que durante años sufrieron la desatención.
Lo que vivimos con el agua en Guadalajara es la misma historia que se repite, con distintos matices, en la movilidad, en la gestión de residuos y en el ordenamiento del suelo de más de 70 zonas metropolitanas en el país. Casi el 65% de la población de México habita en ciudades que jamás fueron diseñadas para la escala que hoy tienen.
Seguir gestionando las ciudades con parches, retórica y buena voluntad es insostenible. Es momento de actuar con responsabilidad. Por esa razón, desde la presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, impulsamos una transformación de fondo. Este 5 de agosto logramos reunir en San Lázaro a representantes de 25 congresos locales de todo el país para asumir que la reconfiguración de nuestras ciudades no admite colores ni diferencias partidistas. La gente no pide discursos ideológicos cuando abre la llave y no sale agua, ni cuando espera el autobús de noche; pide soluciones institucionales que funcionen.
De esa Mesa Interparlamentaria salimos con el acuerdo claro de presentar en el próximo periodo de sesiones una Reforma Constitucional que reordene la gobernanza metropolitana y dé origen a la nueva Ley General de Coordinación Metropolitana.
Esta iniciativa busca cambiar las reglas del juego mediante cuatro decisiones estructurales: que la Federación, los estados y los municipios aporten recursos coordinados para megaproyectos de agua, saneamiento y movilidad regional, evitando que obras vitales queden a medias; crear organismos técnicos e imparciales que garanticen que los planes de desarrollo y agua trasciendan los gobiernos de tres o seis años; impulsar mecanismos estrictos de rendición de cuentas para que cada peso destinado a la infraestructura metropolitana se ejecute con transparencia y eficiencia; y también un Sistema Nacional de Información Territorial que genere plataforma de datos precisos para invertir donde más se necesita, previniendo el caos antes de que las crisis estallen.
Jalisco y Guadalajara nos han enseñado que corregir el rumbo cuesta mucho más que planear a tiempo. El remiendo será grande y profundo, pero a la vez un gran aprendizaje para toda América Latina. La reforma que promovemos busca precisamente pasar de la reacción a la prevención, poner orden en el territorio y garantizar el derecho pleno de la población a disfrutar de sus ciudades. Es tiempo de actuar hoy para no condenar el futuro de quienes habitarán nuestras metrópolis mañana.

El futuro de México se decide en sus metrópolis

Hay una pirueta retórica muy ensayada en la política mexicana cuando se señala los males del presente con los hechos del pasado, asegurándose siempre de tapar el logo propio a la vuelta el próximo periodo electoral. Eso pasó con la reciente visita a Jalisco de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, que dejó al descubierto, una vez más, esa estrategia de repartición de culpas donde la federación pretende actuar como mera espectadora y no como responsable de primer orden.
Al abordar la severa crisis del agua que impacta a la Zona Metropolitana de Guadalajara y a diversas regiones del Estado, señaló un problema estructural con décadas de rezago en infraestructura: la red de distribución. La dirigente guinda repartió culpas por igual al PRI, el PAN y a Movimiento Ciudadano. Pero en el diagnóstico que sus afiliados locales le contaron ventajosamente, se les olvidó mencionar la grave omisión de Palacio Nacional al ponerle camisa de fuerza a Jalisco.
A Ariadna se olvida que tener agua limpia y disponible exige la corresponsabilidad y coordinación federal, no revanchas políticas desde el escritorio. Mejor guardó silencio, no habló de los proyectos de infraestructura hídrica que duermen en algún cajón de la CONAGUA y evade los recortes presupuestales asignados a los estados desde la fracción morenista de San Lázaro. Ahora resulta que llega a tierras tapatías quitada de la pena a pedir cuentas de todos los platos rotos en 8 años de su mal llamada “transformación”.
Pero el detalle más agudo de esta retórica no está solo en todo lo que se omite nombrar, sino en la incongruencia de quienes la aplauden en esa foto de grupo que circula en todos los medios anunciando su visita.
Resulta revelador observar cómo dentro de las filas de Morena militan hoy numerosos personajes que, en su momento, ostentaron cargos de primer nivel, presupuestos holgados e influencia decisiva bajo las siglas del PRI o del PAN. En aquellos años de gestión, esos mismos perfiles tampoco levantaron la voz, ni asignaron los recursos ni gestionaron las obras estructurales que hoy Jalisco echa en falta. Hoy, tras un oportuno cambio de camiseta, posan como recién llegados a la política, impolutos y listos para atacar y señalar hacia afuera lo que ellos mismos no resolvieron desde adentro.
La crisis hídrica de Jalisco no se va a solucionar con diagnósticos partidistas a la medida ni culpando al pasado mientras se condiciona el futuro. Si el gobierno federal busca ser un interlocutor serio en nuestra Entidad, debe empezar por asumir su parte: destrabar los recursos, acelerar las obras de CONAGUA y etiquetar el presupuesto que a Jalisco le corresponde por derecho. Porque cuando el agua falta en el grifo de las familias, la demagogia es lo primero que se seca.

La tubería rota del discurso federal

Jonás

¿Presupuesto constitucional para el campo?

Eduardo González Velázquez

Doble nacionalidad

Marcela Michel López

El que a dos amos sirve con alguno queda mal

Mi pecho no es bodega

En San Lázaro acabamos de presenciar cómo la mayoría de Morena consagró una nueva fobia de Estado: el miedo a que un documento extranjero disuelva el compromiso con México. Con la prisa que siempre acompaña a las consignas sin rigor técnico, aprobaron la reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para prohibir que cualquier mexicana o mexicano con doble nacionalidad aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno.
El oficialismo insiste en disfrazar este cerrojo con la retórica revolucionaria de la soberanía, y nos dicen desde la tribuna que se trata de evitar lealtades divididas o traidores a México. Sin embargo, la farsa se desmorona en cuanto confrontamos su narrativa con la realidad. Saquemos bien las cuentas: En un país de 130 millones de personas, es un auténtico despropósito movilizar todo el aparato legislativo y abrir la Carta Magna para legislar sobre apenas el 0.45% de la población.
¿Desde cuándo medio punto porcentual justifica una cirugía constitucional? La respuesta no radica en la seguridad nacional ni en el derecho público; radica en el  innegable tufo electoral que impregna cada renglón del dictamen.
Detrás de este falso patriotismo se esconde el pavor indisimulable de Morena a competir en igualdad de circunstancias. Le temen al surgimiento de perfiles con preparación, peso político y arrastre real que puedan disputarles y arrebatarles espacios de poder en 2027 y 2030. Saben que su hegemonía no es invencible y, aterrados ante la posibilidad de enfrentar contrincantes fuertes a los que no puedan someter con propaganda, prefieren eliminarlos de la contienda antes de que comience la carrera.
Cuando el poder modifica la Constitución para incidir sobre universos minúsculos, no está atendiendo una prioridad de país, sino está confeccionando un traje a la medida. Es la cobardía institucionalizada de quien prefiere vetar adversarios en el papel porque sabe que en las urnas puede perder.
La contradicción resulta grotesca. El mismo régimen que llena plazas elogiando a nuestros connacionales en el exterior y llamándolos &#8220;héroes vivientes&#8221; por sostener la economía con sus remesas, es el que hoy les impone una presunción de traición. Si tienes raíces binacionales, si tu familia migró o si te formaste fuera, para el discurso populista eres orgullo nacional; pero si aspiras a transformar el país desde un cargo público, te vuelves una amenaza que hay que erradicar por decreto. ¿Con qué cara irá Morena a pedir el voto extranjero cuando impide su participación?
Legislar para el 0.45% no es blindar a la patria; es exhibir el pánico electoral de un
oficialismo que le huye al contraste democrático. Agregar que esta maroma legislativa tiene nombre: Ricardo Salinas Pliego y Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No podemos permitir que conviertan la Constitución en un garrote para eliminar rivales por adelantado. La democracia no se protege cerrando candados por miedo a perder.

El 0.45% y la paranoia electoral de Morena