Qué los sectores agrícola y pecuario de Jalisco son uno de los motores de la economía del Estado, y uno de los abastecedores de alimentos del país, es una realidad que ya se está haciendo añeja. Sin embargo, lo que mayormente refleja este logro de los productores jaliscienses es persistencia su trabajo y su resiliencia ante las dificultades. Claro que las cosas podrían ser mejores para ellos.
Por eso es digno de analizar el proyecto de reforma presentado en el Congreso del Estado por un diputado de Morena, Martín Franco. Al Diputado que es un típico productor del campo oriundo de Los Altos de Jalisco, le pareció que una buena idea para apoyar a los agricultores jaliscienses era la aplicación de un “presupuesto constitucional”, es decir, un monto de recursos económicos públicos, obligatorio para el sector; su propuesta fue de 5% del presupuesto anual.
Sin embargo, ayer en el pleno del Congreso, su iniciativa no alcanzó los 26 votos indispensables para reformar la Constitución del Estado. La respuesta política de los diputados de morena y otros legisladores, fue la más simple: quienes votaron en contra no quieren al campo en Jalisco.
Pero una afirmación de esa naturaleza simplifica demasiado la realidad. ¿Basta con mandar más dinero al campo para que las condiciones de sus habitantes mejoren? ¿O lo único que se estaría provocando sería un aumento en los niveles de corrupción y dinero, abundante gratuito para los caciques y coyotes de los trámites gubernamentales?
Uno de los aspectos más cuestionables de los programas sociales del gobierno federal, es que la derrama económica no se mide en sus consecuencias; sin medir, sin evaluar, no se puede mejorar. Y ese principio de comportamiento es el que pretenden aplicar con esta nueva moda de los “presupuestos constitucionales”.
Al rechazar la iniciativa así presentada, se hicieron apuntes interesantes que conducen a preguntas evidentes: ¿Quiénes, y cómo, administrarían estos recursos? ¿A qué sectores se daría prioridad? ¿Cómo garantizar que el Estado mantenga crecimiento en su presupuesto y productividad? ¿Es viable generar más “presupuestos constitucionales”? A ese paso, el margen de maniobra y decisión de las futuras administraciones quedaría desaparecido y se perdería el sentido del diseño constitucional de un gobierno con origen democrático.
De acuerdo con cifras aceptadas, poco más de 300,000 personas trabajan en los sectores agrícola y pecuario en Jalisco; ¿existe una consulta directa que arroje resultados fiables de sus necesidades inmediatas?
Se hace más evidente que para estos sectores productivos, urgen más, apoyos en el desarrollo y la capacitación en competitividad; infraestructura carretera y de movilidad; facilidad de trámites; cobertura en salud y educación. En fin, todo aquello que no tuvieron durante años, hasta que sus hijos se fueron a trabajar a Estados Unidos y han comprado con las remesas, pero al costo de haber dejado sus lugares de origen.
Para que crezcan y mejoren los sectores agrícola y pecuario en Jalisco, no sólo se necesita más dinero y propuestas a botepronto. ¿Y el gobierno federal? Esa es otra pregunta que no ha sido respondida.