Si la riqueza es el conjunto de bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, entonces la fuente fundamental de la riqueza es la producción de dichos bienes y servicios, por lo tanto, depende tanto de las empresas ¡del tamaño que sean!, como del empleo.
El trabajo aporta el esfuerzo físico e intelectual, las destrezas y habilidades, así como los conocimientos. La maquinaria, las instalaciones, la infraestructura y las herramientas multiplican la capacidad de producción. Los recursos naturales proporcionan las materias primas, la energía, los minerales y los alimentos que necesitamos para sobrevivir. La tecnología y la innovación permite mejorar la producción, aumentar la productividad y disminuir los costos, y la organización empresarial combina esos factores productivos, asume riesgos y detecta las necesidades de bienes y servicios.
El empleo tiene varias funciones económicas, pero también sociales, es un mecanismo que permite generar riqueza y por ende participar de ella, permite distribuirla a través del ingreso generado. El empleo también amplía la recaudación fiscal y contribuye a disminuir la pobreza. Cuando es un empleo de calidad, facilita la participación de las personas en la vida económica y social, reduce la exclusión; permite adquirir conocimientos, habilidades, experiencia y capacidades; facilita el acceso a servicios de salud, pensiones y protección frente a riesgos laborales y fortalece los vínculos comunitarios, la participación social y las oportunidades de movilidad económica.
El verdadero desafío en política económica no es solo incrementar el número de personas ocupadas sino crear las condiciones para generar empleos de calidad, esto es empleos formales, con remuneración suficiente, de forma que proporcione un nivel de vida digno, que permita el acceso a la seguridad social, a un buen sistema de salud, una pensión y a la protección contra riesgos laborales y enfermedades.
Un empleo de calidad implica estabilidad laboral, posibilidades de ascenso y crecimiento salarial, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminación, libertad de asociación y respeto a la legislación laboral.
Empleos de mayor calidad son fuente de crecimiento, dinamismo económico, estabilidad social y política, sin embargo, en México aún estamos lejos de lograrlo.
De acuerdo con el INEGI, en agosto de 2026 el 66.3% de los ocupados son asalariados, el 37.8% se encuentra en condiciones críticas de ocupación, el 55% se encuentra en informalidad laboral y el 30.3% en el sector informal. Las condiciones empeoran en las localidades con menos de 100 mil habitantes, donde el 61.2% son asalariados, el 42.3% está en condiciones críticas de ocupación, el 68.4% en informalidad laboral y el 35% en el sector informal, y este deterioro ha venido aumentando desde mediados del 2024.
El otro problema es que el 44.9% de los ocupados tiene un ingreso como máximo de un salario mínimo, y el 32.4% de más de uno y hasta dos salarios mínimos. Ello significa que el 77.3% de los ocupados gana cuando mucho dos salarios mínimos.
En otras palabras, el 44.9% gana como máximo $315.04 pesos al día, esto es $9,582.47 pesos mensuales, y el 32.5% gana cuando mucho $630.08 pesos al día o $19,164.94 pesos mensuales.
El problema es que la canasta alimentaria urbana para una familia de cuatro personas cuesta $10,250.32 pesos mensuales, y una canasta básica completa tiene un costo de $19,621.32 pesos al mes. Mientras que en el ámbito urbano el costo es de $7,643.12 y $14,061.32 (INEGI, agosto 2026 “Líneas de Pobreza por Ingresos”).
Así, para cubrir el costo de la canasta alimentaria urbana, se requieren dos personas ocupadas por familia que ganen un salario mínimo cada uno, lo que les permitiría tener recursos para cubrir las necesidades no alimentarias. Es decir, necesitarían 2.05 salarios mínimos mensuales para alcanzar el costo monetario de una canasta completa y apenas estarían cubriendo sus necesidades más elementales.
La producción es la fuente de la riqueza, el empleo es uno de los principales mecanismos para generarla, pero la calidad del empleo es la que determina cuánto de esa riqueza se transforma en bienestar social.