Jonás

Claudia Sheinbaum Pardo presentó su segundo informe de gobierno y recién acaba de terminar un recorrido relámpago por todo el país, en el que cada evento de rendición de cuentas fue en realidad, un abierto acto de propaganda. Sin embargo, su segundo año de gestión concluye hasta el miércoles de esta semana. Sólo un día después estará comenzando su tercer año de gobierno y contrario a lo que muchos pudieran considerar, el mayor reto para ella y su equipo no es Donald Trump ni los intereses estadounidenses.
Apenas la semana pasada el presidente de los Estados Unidos llevó todavía más lejos la crítica a México. Nada menos que en la tribuna de la Asamblea General de la ONU, se refirió a nuestro país como el mayor de los problemas de seguridad en el hemisferio, pues aquí radican los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado. Y no es confusión, no, el tono de su mensaje fue el de un reclamo al gobierno mexicano. Una traducción libre y aproximada podría ser: “el gobierno de México no los detiene”. 
El mensaje fue contundente. Tanto que la presidenta Sheinbaum, que sorpresivamente no acudió a la Asamblea General de la ONU, se negó a pronunciar nada desde su tribuna privada en Palacio Nacional.
Claro, el discurso de Trump puede ser totalmente cuestionable. Días atrás, la presidenta mexicana había pedido –entrando de lleno al juego de los reclamos mediáticos– un informe de los resultados del combate a las adicciones en Estados Unidos. La traducción en este caso sería: “Sí, de aquí salen las drogas y los cárteles, pero ustedes las consumen y las compran”. 
Que Trump y Sheinbaum hablan para su tribuna, es cierto. Que ambos abordan la permanente tensión entre las dos naciones con la vista puesta en las elecciones (noviembre en EE.UU. y 2027 en México) también es verdad, pero que el choque entre las dos naciones es desventajoso para nuestro país, sólo podrán negarlo los necios.
Si la observación de este fenómeno se da más en perspectiva y menos en el enfoque de las fraseologías presidenciales, se puede apreciar que el verdadero, el auténtico reto para el gobierno mexicano es retomar el control en México.
La presidenta Sheinbaum Pardo empieza un tercer año de gobierno acotada por la influencia de Andrés Manuel López Obrador y su ejército de seguidores (auténticos o convenencieros, da igual), y si la presidenta se queja porque esa es una “visión muy machista”, eso no le resta capacidad de influencia e injerencia al expresidente.
Inicia también un nuevo año de administración mientras la violencia ejercida por los cárteles de la droga recrudece; y no, no son válidas las estadísticas de disminución de homicidios dolosos si la influencia territorial de las organizaciones delincuenciales, sigue tan firme como en el sexenio pasado. Porque además –y esto es obvio–, los criminales van a resistir y tratar de mantener e incrementar su poder, a pesar de que detengan y “eliminen” a sus líderes.
El gran siguiente paso que debe dar la presidenta Sheinbaum, acosada también por un uso político y faccioso (totalmente evidente) de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y hasta parte del Poder Judicial federal, es enfrentar a la justicia a los políticos coludidos con el crimen organizados. Todos. Los morenistas, que son mayoría, y los que son de otros partidos políticos.
Cuando el gobierno de México controle el territorio y administre el uso de la violencia exclusivamente para aplicar la ley, ¿qué podrá decir Trump? Ojalá estuviéramos en ese escenario.

El mayor reto de Sheinbaum no es Trump

Qué los sectores agrícola y pecuario de Jalisco son uno de los motores de la economía del Estado, y uno de los abastecedores de alimentos del país, es una realidad que ya se está haciendo añeja. Sin embargo, lo que mayormente refleja este logro de los productores jaliscienses es persistencia su trabajo y su resiliencia ante las dificultades. Claro que las cosas podrían ser mejores para ellos.
Por eso es digno de analizar el proyecto de reforma presentado en el Congreso del Estado por un diputado de Morena, Martín Franco. Al Diputado que es un típico productor del campo oriundo de Los Altos de Jalisco, le pareció que una buena idea para apoyar a los agricultores jaliscienses era la aplicación de un “presupuesto constitucional”, es decir, un monto de recursos económicos públicos, obligatorio para el sector; su propuesta fue de 5% del presupuesto anual.
Sin embargo, ayer en el pleno del Congreso, su iniciativa no alcanzó los 26 votos indispensables para reformar la Constitución del Estado. La respuesta política de los diputados de morena y otros legisladores, fue la más simple: quienes votaron en contra no quieren al campo en Jalisco.
Pero una afirmación de esa naturaleza simplifica demasiado la realidad. ¿Basta con mandar más dinero al campo para que las condiciones de sus habitantes mejoren? ¿O lo único que se estaría provocando sería un aumento en los niveles de corrupción y dinero, abundante gratuito para los caciques y coyotes de los trámites gubernamentales?
Uno de los aspectos más cuestionables de los programas sociales del gobierno federal, es que la derrama económica no se mide en sus consecuencias; sin medir, sin evaluar, no se puede mejorar. Y ese principio de comportamiento es el que pretenden aplicar con esta nueva moda de los “presupuestos constitucionales”.
Al rechazar la iniciativa así presentada, se hicieron apuntes interesantes que conducen a preguntas evidentes: ¿Quiénes, y cómo, administrarían estos recursos? ¿A qué sectores se daría prioridad? ¿Cómo garantizar que el Estado mantenga crecimiento en su presupuesto y productividad? ¿Es viable generar más “presupuestos constitucionales”? A ese paso, el margen de maniobra y decisión de las futuras administraciones quedaría desaparecido y se perdería el sentido del diseño constitucional de un gobierno con origen democrático.
De acuerdo con cifras aceptadas, poco más de 300,000 personas trabajan en los sectores agrícola y pecuario en Jalisco; ¿existe una consulta directa que arroje resultados fiables de sus necesidades inmediatas?
Se hace más evidente que para estos sectores productivos, urgen más, apoyos en el desarrollo y la capacitación en competitividad; infraestructura carretera y de movilidad; facilidad de trámites; cobertura en salud y educación. En fin, todo aquello que no tuvieron durante años, hasta que sus hijos se fueron a trabajar a Estados Unidos y han comprado con las remesas, pero al costo de haber dejado sus lugares de origen.
Para que crezcan y mejoren los sectores agrícola y pecuario en Jalisco, no sólo se necesita más dinero y propuestas a botepronto. ¿Y el gobierno federal? Esa es otra pregunta que no ha sido respondida.

¿Presupuesto constitucional para el campo?

El jefe de Estado de China, Xi Jinping, llegó a los Estados Unidos y fue recibido por el presidente Donald Trump con todas las demostraciones diplomáticas y de fuerza. Como parte de la recepción para “honrar” su presencia, fue internacionalmente viral un despliegue aéreo de dos bombarderos supersónicos B-1 Lancer, que sobrevolaron la pista a baja altura. Impresionante.
El mensaje es claro: una competencia entre los dos gigantes del mundo. Xi Jinping siguió el guion y ni siquiera se inmutó ante el paso de los aviones. Trump hizo como si sorprendiera y comentó algo a su visitante, sin recibir respuesta. Todo es parte del juego del poder.
Evidentemente, en México igual que en el resto del planeta, nos toca ser testigos de la lucha por la supremacía tecnológica, comercial y geopolítica, pero no pasa desapercibido que al mismo tiempo, en Palacio Nacional recibirán al jefe de Estado de Corea del Sur, Lee Jae Myung, aunque a diferencia de la cumbre en Estados Unidos, el motivo del encuentro en nuestro país se originó por el interés en el grupo musical BTS.
Considerando la realidad actual, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene enfrente una agenda más que interesante para desarrollar con Lee Jae Myung, ya que Corea del Sur es un gigante tecnológico internacional y las dos naciones coinciden en sus necesidades básicas: Corea con China y México con Estados Unidos. Lógicamente, esta lectura debe estar en la parte principal de las asesorías presidenciales.
Por otro lado, mientras en nuestro país se discute y se legisla sobre la mejor decisión sobre el uso de teléfonos inteligentes en el sistema de educación básica o la posibilidad de hacer rendir cuentas a los gigantes tecnológicos, es indispensable considerar qué postura debe tomarse en relación con los acuerdos, porque los habrá, que tomen Estados Unidos y China.
Muy por encima de los conflictos derivados por la actividad del crimen organizado, y mucho más allá de la gestión de Donald Trump (en el ámbito de la geopolítica la administración de Trump es un momento que está por terminar) que tanto condiciona la vida pública en México, lo más importante es resolver cuál será nuestra postura y nuestro papel en el orden internacional.
México no puede ser el país de los programas sociales y la visión de la 4T. Es la nación con más migrantes en Estados Unidos, una potencia creciente que quizá, ha olvidado su relevancia en el ámbito internacional.

El mensaje que debe leerse: Xi Jinping en EU

En realidad, estamos a punto de llegar a 131 millones. Pero para cerrar cifras, el cero es fenomenal. El asunto es que el INEGI recién publicó los resultados de su Encuesta Intercensal, porque como ya se sabe, cada década medimos con más precisión “cuántos somos y dónde estamos”.
Esta reciente encuesta se realizó del 6 de octubre al 14 de noviembre del año 2025, así que no se mide todo lo que ha ocurrido desde entonces, que son más de 10 meses
La revisión de una Encuesta Intercensal arroja datos y estadísticas muy útiles para diferentes sectores de la sociedad, pero en este espacio quiero detenerme en dos datos que hoy parecen pequeños, pero están construyendo el futuro del país:
a) Estamos envejeciendo aceleradamente; el promedio pasó de 29 a 32 años.
b) Estamos teniendo menos hijos. Antes se dijo que cada mexicana en promedio tenía 1.9 descendientes. Hoy son 1.2 y en lugares tan grandes como la Ciudad de México el promedio se reduce a 0.8 hijos por mujer.
De inmediato nos caen encima las preguntas obvias: ¿Eso es bueno o malo? ¿La tendencia va a cambiar para aumentar o para reducir?
Vamos por partes.
Bueno y malo. Ambos.
Si las mexicanas deciden tener menos hijos, se trata de una decisión personal. No en todo el país es igual. Si las habitantes de la Ciudad de México y otras grandes urbes apuntan a tener un hijo o no tener ninguna, hay otras regiones de país donde las mujeres tienen tres o cuatro. Eso significará, con el paso de un par de décadas, la disminución de la densidad geográfica, es decir, Ciudad de México podría dejar de ser la ciudad más poblada del país. Y eso significaría mucho: zonas urbanas abandonadas, servicios más abundantes, por ejemplo.
En cambio, la presión podría trasladarse a otras marchas urbanas, como la de Guadalajara o Monterrey.
El nivel de influencia de gobiernos estatales cambiará radicalmente, porque pesa más una élite política con más habitantes, más presupuesto, más representantes.
Esto impactará también en nuestras mediciones de migración. Probablemente acaben las migraciones de mexicanos a Estados Unidos, pero pueden aumentar las de otros países a México. No estamos inventando nada: en Europa viven desde décadas atrás el fenómeno de la migración africana y asiática por una razón tan sencilla como falta de habitantes.
Otra vez, ante un fenómeno tan complejo y con tantas variables, la pregunta se escribe sola: ¿Nos estamos preparando o dejaremos que las consecuencias no arrollen, como ha sucedido hasta ahora?

México: 130 millones de habitantes

El caso ya se ha hecho conocido, pero debe retomarse: Karla Margarita Pérez Jiménez, una jovencita de 22 años, irapuatense, estudiante de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc, abordó una motocicleta de la Plataforma Uber el 14 de septiembre. Hasta ahí le perdieron la pista. Fue encontrada muerta el 16 de septiembre, cerca de una brecha por la que caminan todos los días estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.
La tragedia de Karla alcanzó mayor dimensión pública porque coincidió con la de otra estudiante, ésta española, asesinada en Morelos.
Pero el asunto en el que es obligatorio enfocarse es la presencia de la motocicleta de Uber, por una razón muy sencilla: están prohibidas.
Es fácil suponer que Karla Pérez había abordado estas motocicletas muchas veces antes. Son más baratas y rápidas; peligrosas también. Pero muy probablemente, nunca pensó que su vida estuviera en peligro. De acuerdo con las versiones de los peritos, la chica falleció por un golpe contundente cerca de la frente.
Lamentar la tragedia es algo totalmente inocuo si no se acompaña de medidas que eviten más amenazas a jóvenes estudiantes. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, ya hizo un compromiso público para atender las exigencias de seguridad y transporte de los estudiantes del CUCBA, que protestaron por la muerte de Karla Pérez aunque no haya sido estudiante de la institución, pero sí porque su cuerpo apareció por donde ellos se mueven a diario.
Las autoridades universitarias también se comprometieron.
Pero hay un factor fundamental en esta ecuación: ¿y las motocicletas de Uber? ¿O las de otras plataformas? Por la muerte de Karla ya hay un detenido, pero debe prevenirse antes que reaccionar. No se pueden admitir más jóvenes estudiantes amenazadas, atacadas o en peligro.
De entrada, la Secretaría de Transporte aplicó un operativo para detener motocicletas: ya retiraron 41 de circulación. Seguramente no volverán a las calles porque la multa es de 22 mil 628 pesos.
También se emitieron sanciones para Uber, Didi e Indrive por ofrecer dicho servicio, porque reiteradamente se les ha notificado que estas operaciones son ilegales.
¿Será esto suficiente?
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Motocicletas de Uber, ¿prohibir o regular?

Justo porque acabamos de celebrar el aniversario 216 del inicio de la lucha por la Independencia de México, conviene hacer estar reflexión. Precisamente después de que la presidenta Claudia Sheinbaum visita Sinaloa y para apoyar a la gobernadora dejada por Rubén Rocha Moya, la interina Graciela Domínguez Nava, invoca la soberanía y rechaza “la injerencia”, en clara referencia al gobierno de Donald Trump, tenemos que preguntarnos y responder con seriedad: ¿Qué hacemos, nos alejamos de los Estados Unidos o estrechamos la unión con ellos?
El gobierno de Canadá que encabeza Mark Carney, con apoyo mayoritario de su población, acaba de hacer una jugada maestra: ante la guerra de aranceles y los malos tratos del gobierno de Donald Trump, avanza en el proceso para convertirse en “miembro asociado” de la Unión Europea. Este movimiento es un resultado congruente de lo que ya había advertido Carney al mundo en su famoso discurso del 21 de enero de 2026 en el Foro de Davos: Estados Unidos dejó de ser un aliado para las potencias medias y éstas deben unirse para evitar convertirse en el menú que se sirva en la mesa de los grandes.
Así, el gobierno canadiense está siguiendo una lógica estrategia de comportamiento, pero también deja solo a México. Se anticipa así la desaparición del tratado trilateral entre nuestro país, Canadá y Estados Unidos.
¿Qué vamos a hacer? Es la cuestión a resolver.
¿Qué le conviene a nuestro país?
No tenemos un puente sólido con la Unión Europea, porque la figura del “miembro asociado” no es un accidente. Canadá y la UE lo trabajaron durante años.
Tampoco podemos voltear al Sur como si estuvieran esperándonos. De hecho, ya existe un club de naciones latinoamericanas aliadas con el gobierno de Donald Trump, en donde México decidió abiertamente no integrarse por razones que obedecen más a una línea política e ideológica. Estamos, de facto, confrontados con los gobiernos de Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, entre los más importantes.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al menos en lo visible, decide mantener los principios geopolíticos que estableció Andrés Manuel López Obrador y si no apoya, no critica a los autócratas de Cuba y Nicaragua, mientras las ofensivas de la Secretaría de Estado de Marco Rubio se acompañan de advertencias directas, ya no disimuladas, al gobierno mexicano.
Además, la presidenta juega en dos pistas: mantiene comunicación con los halcones del gobierno de Trump y en público los rechaza y critica. El pasado fin de semana, en su gira del Segundo Informe, en Sinaloa apoyó a Graciela Domínguez, gobernadora interina con el aval y el apoyo de Rubén Rocha Moya, y además rechazó el injerencismo. Lanzó su dardo particular a Estados Unidos.
Pero hay razones pragmáticas que no forman parte del análisis del gobierno federal. Por ejemplo: Jalisco es el cuarto estado del país con más exportaciones a los Estados Unidos. De hecho, la nuestra es la primera Entidad que no tiene frontera con ese país que más productos le vende; 80% de la producción jalisciense va a Estados Unidos, y no es sólo tequila y alimento, sino también tecnología de primer nivel y partes automotrices.
¿Qué va a decidir el gobierno mexicano? ¿Tomar distancia? ¿Mantener la confrontación por razones políticas, ideológicas y judiciales? ¿Se le consulta a los gobiernos estatales?
El gobierno de Donald Trump no es permanente. El intercambio comercial, cultural, demográfico, entre México y Estados Unidos lleva mucho tiempo. Pero deben tomarse decisiones serias, responsables, de largo aliento.

¿Qué hacer: alejarnos o estrechar la relación con Estados Unidos?

Dos feminicidios: uno en Cuernavaca, el de Claudia Tacoronte; otro en Guadalajara, de Karla Pérez Jiménez. Ambas eran estudiantes y apenas pasaban los 20 años. Las dos estaban desprotegidas y sus muertes, que son tragedias, increpan a todos: las autoridades, las universidades y a los mexicanos. Es urgente reaccionar.
Al dar cuenta de estos sucesos, lamentables y peor todavía, totalmente evitables, pierden sentido y hasta parecen chocantes los permanentes anuncios de reducción de homicidios y feminicidios en México. ¿Qué se le puede decir a los españoles, a la Universidad de Granada que cortó de inmediato el intercambio de estudiantes que, como Claudia Tacoronte, pretendían venir a la Universidad Autónoma de Morelos?
Se pueden construir numerosas frases de reclamo y lamento, pero ya no tienen mucho sentido.
Karla Margarita Pérez Jiménez estudiaba Medicina. Decidió abordar una motocicleta de la plataforma Uber que, aunque no cuenta con permiso de las autoridades estatales en Jalisco, están dando el servicio de manera regular. Y después no se supo más de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado a unos metros de una brecha cercana a las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara. La ironía y la injusticia son mayores, porque Karla no era estudiante de este centro, pero le quitaron la vida ahí.
Y los estudiantes reaccionaron con una manifestación, con reclamos de demandas viejas que no han no sido correctamente atendidas: en esa brecha, estudiantes del CUCBA han sido asaltados y acosados. 
La violencia aparece cuando menos lo esperamos. Cuando el discurso público nos invita a creer que la situación ya está bajo control, ocurren nuevas tragedias que nos golpean.
Cuando se reconocía la lucha frontal contra el crimen organizado, los delincuentes empezaron a reclutar a menores de edad; cuando más se habla de proteger a las mujeres y se abren espacios para ellas, ahora están atacando a las jóvenes estudiantes.
Sería erróneo caer en una situación de pánico y considerar que eso está ocurriendo en todo el país, pero estos dos feminicidios en lugares alejados y diferentes entre sí, como Morelos y Jalisco, sí marca un patrón de emergencia: se requiere pasar del discurso a medidas más firmes y contundentes de prevención y protección.
No es suficiente proclamar los derechos de las mujeres y condolerse de la violencia contra ellas. Faltan las medidas y deben aplicarse en el ámbito particular de las familias, en las universidades y escuelas, en el transporte y en la vía pública. Para empezar.

La indispensable protección a las mujeres

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Como cada año, conmemoramos la gesta de la Independencia de México con la ceremonia del Grito y ayer temprano, el tradicional desfile militar en pleno 16 de septiembre. Se cumplieron 216 años de lo que inició Miguel Hidalgo y Costilla, conforme aprendimos en las aulas de educación básica. En este punto de nuestra historia, es importante considerar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum que acompañaron el desfile de los militares mexicanos, evento que representa su compromiso con el país: “México no se doblega, no se vende y no se arrodilla”.
Es una frase potente. En el ambiente del Zócalo de la Ciudad de México y ante el aparato militar desplegado (el desfile de México es uno de los más grandes que anualmente se realizan en América Latina), es fácil caer en un arranque de orgullo patrio.
Sin embargo, al aplicar consideraciones más frías y con base en lo que ha ocurrido en los últimos dos años, contribuye a un análisis más completo revisar lo que dijeron los vecinos de Estados Unidos en el contexto de los festejos patrios mexicanos que, por cierto, allá no pasan desapercibidos.
El presidente Donald Trump reconoció –otra vez– el trabajo de la administración de Claudia Sheinbaum, pero subrayó que a pesar de la colaboración observada y los logros en el combate al crimen organizado, la tarea no está completa si no se detiene y se lleva ante la justicia a los funcionarios de gobierno que están relacionados con los cárteles y el crimen organizado.
“Más de lo mismo”, diría el clásico. Pero justo por ser una repetición del mismo mensaje, es importante la lectura.
El gobierno de Claudia Sheinbaum arrastra desde mucho antes de estos festejos septembrinos, el reclamo del gobierno estadounidense sobre el combate a la clase política que, se sabe sin pruebas, pero también sin dudas, está coludida con los cárteles. Lo que antes se pudo revisar como sospecha, hoy tiene nombre y apellido: Rubén Rocha Moya y muchos de sus colaboradores más cercanos.
Y a la lista se añaden nombres de gobernadores en funciones y la presión crece en torno de Andy López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y también el senador Adán Augusto López. Ese tema no se puede negociar, no mientras sea presidente Donald Trump y seguramente, después que termine su mandato.
La cuestión, justo en los días en que los festejos patrios son un breve paréntesis y todas las batallas políticas apuntan a las elecciones del año entrante, no es quiénes, sino cuándo. ¿Cuándo el gobierno de Claudia Sheinbaum se decidirá a aceptar abiertamente que varios de los integrantes de la “cuarta transformación” forma parte de la delincuencia organizada?

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La pregunta hace referencia a la más reciente tragedia que se vivió en Jalisco: la crecida del Río Santa Elena en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende, se llevó una casa y con ella a cuatro personas, dos menores de edad y sus padres. Sus cuerpos fueron encontrados en búsquedas que iniciaron el domingo 27 y terminaron ayer lunes 28 de septiembre. A la muerte de los cuatro familiares, se suma para hacer más trágico el suceso, la supervivencia de un niño de 11 años de edad. Lo perdió todo en una noche: familia y vivienda.
El sábado 26 de este mes, llovió intensamente en varias zonas de Jalisco. En Talpa de Allende y en la Costa Norte, en concreto en Puerto Vallarta, las lluvias se atribuyeron a los remanentes del huracán “Polo” que hasta ayer, mantenía a Baja California Sur en alerta.
En Puerto Vallarta, el mismo sábado, dos chicas de San Luis Potosí decidieron no hacer caso de las prohibiciones y se metieron a la playa. Una de ellas sobrevivió porque la rescataron, pero la otra sigue perdida.
Por las intensas lluvias, cinco víctimas fatales en apenas una noche. 
Por eso la cuestión: ¿Estas muertes son prevenibles?
Probablemente, en el caso de las jóvenes que a pesar de los avisos y la prohibición expresa se metieron al mar, no había manera, pero en la crecida del Río Santa Elena, que la mayor parte del tiempo apenas es arroyo, el gobierno municipal puede hacer mucho más que pedir ayuda para rescatar los cuerpos.
Las casas que se construyen en los márgenes de arroyos y ríos deben reglas de protección. Aunque no lo parezca, esos cuerpos de agua registran crecidas sorpresivas. ¿El gobierno municipal tiene la información preventiva, el denominado “atlas de seguridad”?
Mientras más se alejan los asentamientos humanos de las manchas urbanas, más precaria puede ser su situación. Sin embargo, eso no elimina la obligación del gobierno municipal de mantener un registro básico de sus habitantes y una comunicación mínima, sobre todo para prestar auxilio.
De manera lamentable, en la mayoría de los municipios se estrangula el presupuesto para sus cuerpos de bomberos y Protección Civil, a pesar de que las leyes estatales establecen la obligatoriedad de su existencia, capacitación y equipamiento. 
Adicionalmente, la condición económica de habitantes en zonas rurales los empuja a buscar asentamientos donde el costo sea mínimo o nulo, pero con consecuencias inesperadas y peligrosas.
Durante varios días antes, el gobierno federal y el gobierno del Estado, advirtieron directamente del riesgo que implicaba el paso del huracán “Polo”. La Unidad Estatal de Protección Civil circuló la información a la ciudadanía y a los organismos municipales.
Pero hoy, a pesar de vivir la era de la tecnología y la información inmediata, hubo personas que no supieron lo que se avecinaba. 
La cuestión es la misma: ¿Se pueden prevenir las tragedias? La respuesta es totalmente afirmativa, pero ¿cuántos más tienen que morir antes de las acciones preventivas?