México no debe depender solo de Estados Unidos en su seguridad

La creciente intervención de Estados Unidos en la seguridad de México no puede entenderse únicamente como cooperación entre dos países vecinos. Existe un interés propio detrás de esa participación: impedir que la inseguridad y el control territorial del crimen organizado dentro de México terminen afectando sus intereses económicos, comerciales, ciudadanos o estratégicos.

México no tiene la obligación de proteger los intereses de otro país. Tiene, en cambio, la responsabilidad de mantener el control de su territorio, garantizar la seguridad de su población y evitar que las consecuencias de su propia crisis de seguridad trasciendan sus fronteras. Cuando esa capacidad resulta insuficiente y el crimen comienza a afectar intereses extranjeros, inevitablemente aumenta la presión para intervenir, cooperar o exigir resultados.

Y esa participación, lejos de ser necesariamente negativa, está generando beneficios para México. La presión internacional, el intercambio de inteligencia y una política más agresiva contra las organizaciones criminales pueden contribuir a recuperar territorios y debilitar estructuras que durante años han operado con una capacidad extraordinaria. La administración de Donald Trump, además, ha endurecido expresamente su política frente a los cárteles y ha planteado una mayor coordinación con países aliados para reducir su control territorial, financiamiento y capacidad de operación.

Pero esa participación tiene una lógica propia. La seguridad también sigue los intereses.

Michoacán es un ejemplo. No solamente estamos hablando de un territorio históricamente golpeado por organizaciones criminales, sino de una Entidad fundamental para una cadena agrícola que abastece ampliamente al mercado norteamericano. Cuando grupos criminales controlan territorios, extorsionan productores, condicionan transportes o amenazan la continuidad de esa actividad, el problema deja de tener consecuencias únicamente para México.

La misma lógica puede observarse en las grandes cadenas industriales. Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Jalisco, forman parte de una estructura productiva profundamente integrada a Norteamérica. Automóviles, autopartes, acero, aluminio, dispositivos médicos y otros sectores dependen de cadenas que cruzan permanentemente la frontera.

Seguridad y economía, por tanto, han dejado de caminar por rutas completamente separadas.

No es casualidad que durante 2026 la seguridad económica y el fortalecimiento de las cadenas de suministro se hayan convertido en asuntos prioritarios dentro de la relación bilateral. Tampoco que sectores como el automotriz, la agricultura, los minerales críticos, el acero y el aluminio ocupen espacios relevantes dentro de las negociaciones entre ambos gobiernos.

Jalisco tampoco puede entenderse fuera de este mapa. Su peso industrial, tecnológico y comercial, además de la presencia institucional estadounidense en Guadalajara, lo convierte en un territorio relevante dentro de una relación económica que ya no puede separarse completamente de la seguridad.

El patrón es claro: cuando la violencia comienza a comprometer actividades productivas, inversiones, ciudadanos, mercancías o cadenas estratégicas, el problema interno mexicano adquiere consecuencias internacionales y la presión exterior aumenta.

Eso no debería sorprendernos. Cada país actúa conforme a sus propios intereses nacionales.

Lo que sí debería preocuparnos es lo que ocurre donde esos intereses no existen.

Hay regiones mexicanas que también enfrentan extorsiones, homicidios, desapariciones, desplazamientos y control criminal, pero que no tienen detrás una cadena productiva estratégica o el mismo peso económico internacional. Ahí no podemos esperar que otro gobierno tenga los mismos incentivos para involucrarse.

Y tampoco deberíamos necesitarlo.

La cooperación extranjera puede ser bienvenida cuando ayuda a obtener resultados que México necesita. El problema comienza cuando algunas de las acciones más contundentes contra estructuras criminales parecen necesitar presión exterior para materializarse.

Durante años hemos visto organizaciones criminales fortalecerse, controlar territorios, penetrar estructuras públicas y desarrollar economías ilícitas frente a instituciones que no siempre han respondido con la misma contundencia. La presión ejercida desde la administración de Donald Trump está modificando parte de esa dinámica. Pero eso también deja una pregunta difícil para el Estado mexicano: ¿Por qué tiene que existir primero una afectación o un interés extranjero para acelerar acciones que nuestra propia seguridad ya exigía?

México no tiene que asumir como propios los intereses económicos o estratégicos de otro país. Tiene que garantizar seguridad, legalidad y control institucional dentro de sus fronteras. La cooperación internacional puede fortalecer esa tarea, pero nunca sustituir la responsabilidad del Estado mexicano.

Porque la seguridad no solamente protege vidas. También genera estabilidad, fortalece la economía y mejora la posición de un país frente al exterior. Un Estado con una estrategia de seguridad sólida, una administración eficiente y control institucional efectivo sobre su territorio crea mejores condiciones para el desarrollo interno y construye una relación más equilibrada con sus vecinos.

Esa fortaleza también se refleja en la política exterior. Un país capaz de garantizar estabilidad dentro de sus fronteras llega con mayor capacidad de interlocución a las relaciones bilaterales y a las negociaciones comerciales internacionales. Puede defender sus intereses sin convertir sus problemas internos en una vulnerabilidad frente a sus socios.

México debe aspirar precisamente a eso: cooperar con sus vecinos desde la fortaleza institucional y no desde la necesidad de que otros intervengan para proteger aquello que nosotros no hemos logrado controlar.

Una estrategia de seguridad eficiente no sólo permitiría recuperar territorios y proteger ciudadanos; también fortalecería nuestra economía y nuestra capacidad de negociación internacional.

Un país que mantiene el control de su territorio deja de representar un problema para sus vecinos y se convierte en un socio con mayor capacidad para defender sus propios intereses.