Mejorar los servicios de seguridad privada

Nunca antes como en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se habían obtenido resultados tan positivos en seguridad pública. El avance es real y acelerado, pero la seguridad pública es complementada por la seguridad auxiliar que brinda el sector privado, y es trascendental que ésta avance a la par para seguir garantizando el bienestar popular. Justo eso estamos haciendo desde el Congreso de la Unión.

¿Cuántas veces nos hemos enterado de lamentables casos de abusos de la fuerza por parte de elementos de seguridad privada? ¿Cuántas veces hemos sabido de eventos masivos en los que la seguridad privada no cuenta con la capacitación suficiente para sobrellevar el espectáculo y aquello termina en graves incidentes o incluso en tragedias que pudieron haberse evitado?

Estoy segura que todos hemos, o vivido o escuchado de situaciones así; son varios los hechos reportados y el denominador común en todos ellos es el mismo: la falta de capacitación, de protocolos de actuación estandarizados para atender situaciones de riesgo o emergencia que se suelen presentar en esta actividad tan compleja que realiza el sector privado.

Créanme, el tema no es menor. Según estimaciones, existen más de 8 mil empresas de seguridad privada registradas a nivel nacional, con 600 mil elementos activos. Estamos hablando de más de medio millón de personas que realizan tareas de seguridad auxiliar, por ello, hace unos días en la Cámara de Diputados presenté una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar la Ley Federal de Seguridad Privada. ¿Qué buscamos con esta iniciativa?

A diferencia de otras propuestas de carácter estatal que sólo buscan visibilizar los registros y actividades de las empresas de seguridad auxiliar, en la iniciativa que presentamos apostamos por la mejora, tanto en la capacitación como en la supervisión de la seguridad privada. Específicamente, solicitamos que:

• Se homologue la capacitación e incluya contenidos en derechos humanos y protocolos de actuación previstos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
• Se garanticen protocolos de protección física para asistentes en eventos masivos.
• Se implementen protocolos para prevenir ciberataques y proteger datos sensibles.
• Se regule la identidad visual y uniformes de estas empresas, prohibiendo el uso de insignias o grados jerárquicos militares y policiales para evitar confusiones.
• Y por último, se garanticen sanciones efectivas y transparentes a las empresas que incumplan con los lineamientos establecidos.

La seguridad no es un tema más, es “el tema”, y si el gobierno federal está haciendo un esfuerzo titánico, con resultados históricos tanto en baja de homicidios dolosos, baja en delitos de alto impacto, captura de objetivos prioritarios de la delincuencia organizada, así como decomisos diarios tanto de armas de fuego como de drogas, nosotros debemos hacer lo propio y legislar para que la seguridad auxiliar que brinda el sector privado esté a la altura del reto, de las expectativas y los resultados que está ofreciendo el gobierno de la primera presidenta de México.

La seguridad nos concierne a todas y todos. Desde San Lázaro estamos aportando nuestro granito de arena para mejorarla en todos los frentes.