Julio Hurtado

El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha convertido en un espacio que no garantiza, sino que amenaza la democracia en nuestro país. Después de décadas de trabajo y presión ciudadana, el INE pasa de ser la máxima e inatacable autoridad que organiza las elecciones, a un refugio de discusiones bizantinas y absurdas: ¿Es válida o no una boleta que está dentro de la urna sin haber sido doblada?
En el Consejo General del INE, después de una discusión en la que se apeló a la lógica, a la razón más elemental, se aprobó por mayoría y en seguimiento a una agenda claramente política, aceptar que una boleta que se introdujo en la urna después que concluyó la jornada electoral, puede ser considerada un voto válido.
El asunto parece de primero de primaria: si un voto entra a una urna en cualquier casilla electoral que se instale en el país, deberá estar forzosamente doblado. No cabe de otra manera. Pero si al abrir la urna y conformar el paquete de votos, se encuentran papeletas enteras, sin haber sido dobladas, obviamente las metieron en la urna después, no durante la jornada de votación. Hasta ahora, estos votos eran considerados nulos de inmediato; no se contaban.
En la compleja legislación electoral mexicana, una discusión guiada con toda intención en el Consejo del INE, permitió argumentos torcidos para que finalmente se admitiera lo que es totalmente absurdo.
Este hecho prueba, junto con otras medidas como hacer más severos los requisites para el registro de observadores electorales e introducir la reforma que permita anular elecciones por “intervención de intereses extranjeros” basándose únicamente en publicaciones en redes sociales, que la del año 2027, será la elección más politizada y controlada por órganos de gobierno en la era moderna del país.
Debe subrayarse que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se formó en el círculo político cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador; su gestión como consejera presidenta ha estado plagada de escandalosas discusiones en las que se acusan beneficios para sus “cercanos”, abusando del erario, y una postura permanentemente genuflexa a las decisiones que se toman en los espacios de gobierno, en detrimento de las competencias del INE.
El proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y en Jalisco, los 125 municipios y el Congreso local, está marcado desde ahora por la presión permanente sobre los organizadores de la elección, y una evidente condescendencia a aceptarlo “por presión”.
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La elección 2027 anticipa un retroceso democrático

El segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum presenta el México que Morena quiere que veamos: un país que avanza, rompe récords y cumple compromisos. Pero una cosa es el discurso y otra muy distinta la realidad.
Desde Jalisco la pregunta es mucho más sencilla: ¿Qué resultados concretos ha recibido nuestro Estado?
Porque cuando quitamos la propaganda y revisamos tres asuntos fundamentales para las familias jaliscienses —seguridad, agua e infraestructura—, encontramos demasiados pendientes, anuncios y cifras, pero pocos resultados a la altura de lo que Jalisco aporta al país.
Empecemos por la seguridad. El informe presume más de 65 mil visitas casa por casa y 54 Ferias de Paz en municipios de Jalisco. Está bien, pero la seguridad no se mide por el número de visitas ni por las ferias realizadas, sino por la tranquilidad con la que vive la gente.
Y ahí Morena tiene una deuda enorme.
Mientras el Gobierno Federal presume su estrategia, miles de familias siguen buscando a una persona desaparecida. De acuerdo con el análisis de Red Lupa sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco concentra ocho de los 100 municipios con mayor número de personas desaparecidas del país.
Ese es el contraste que el informe evita: nos dicen cuántas actividades hicieron, pero no explican por qué seguimos enfrentando desapariciones, reclutamiento forzado y una violencia que ha lastimado profundamente a nuestras comunidades.
Morena quiere convertir las acciones de gobierno en resultados, aunque los problemas sigan ahí.
Con el agua sucede algo parecido.
La presidenta señaló que trabaja con Jalisco para determinar la construcción de plantas de tratamiento destinadas al reúso agrícola y el informe habla de un avance del 20% en el saneamiento del Río Lerma-Santiago.
Suena bien hasta que uno revisa qué significa ese porcentaje.
No representa que el río esté 20% más limpio ni que sus contaminantes se hayan reducido en esa proporción. Se refiere al avance en el cumplimiento de compromisos establecidos por el propio Gobierno Federal. Una cosa es avanzar en una lista de compromisos y otra muy distinta sanear uno de los ríos más contaminados del país.
También se presume una inversión de 162 mil millones de pesos en proyectos hídricos, pero el informe no deja claro cuánto de ese dinero llegará específicamente a Jalisco.
Otra vez: una gran cifra nacional y poca claridad para nuestro Estado.
En infraestructura se repite la historia.
Se anuncia el tren de pasajeros Irapuato-Guadalajara y aparecen proyectos como el Libramiento de Lagos de Moreno y el Puente Amado Nervo. Son obras necesarias y, por supuesto, queremos que se hagan. Pero Jalisco ya no necesita más anuncios: necesita presupuesto, fechas, proyectos ejecutivos y obras terminadas.
En el caso del tren, todavía falta claridad sobre cuánto se invertirá en nuestro estado, cuándo comenzarán las obras correspondientes a Jalisco y cuándo podrá entrar realmente en operación.
Y hay algo más que no podemos dejar pasar. El Gobierno Federal incorpora la Línea 4 del Tren Ligero dentro de su balance de resultados. Qué bueno que reconozca su importancia, pero Morena no puede apropiarse políticamente de una obra compartida y borrar la participación presupuestal y operativa del Gobierno de Jalisco.
Ese es precisamente el problema del informe: cuando algo falta, se anuncia; cuando algo está en proceso, se presenta como avance; y cuando una obra funciona, Morena busca colgarse la medalla.
Jalisco merece mucho más.
Somos un Estado que produce, genera empleos, atrae inversión y aporta enormemente al desarrollo de México. No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo que la Federación le responda a Jalisco en la misma dimensión en la que Jalisco le responde al país.
Por eso, la siguiente prueba no estará en otro discurso ni en otra conferencia.
Estará en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Desde el Congreso de Jalisco revisaremos con atención cuánto dinero plantea destinar el Gobierno Federal a nuestro Estado y, particularmente, qué recursos contempla para seguridad, agua e infraestructura.
Ahí sabremos si los anuncios vienen acompañados de pesos y centavos.
Porque gobernar no es presumir cifras. Gobernar es resolver problemas. Y con Jalisco, Morena todavía tiene muchas cuentas pendientes.
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Seguridad, agua y obras: la deuda federal con Jalisco

Durante muchos años hemos aceptado una idea equivocada: que regular las redes sociales significaba estar en contra de la tecnología o en contra de los derechos de los usuarios. Hoy el mundo comienza a entender algo distinto: regular el uso de los espacios digitales no es combatir el futuro, no es restringir derechos. Atender y prever los efectos del uso a edades tempranas es proteger a nuestras infancias.
Australia ya impide que menores de 16 años mantengan cuentas en determinadas redes sociales y responsabiliza a las plataformas de hacer efectiva la medida. Francia, Noruega, España, Brasil y la Unión Europea han abierto caminos distintos, desde límites de edad y consentimiento parental hasta verificación de usuarios y regulación de algoritmos. No existe todavía un modelo perfecto, pero sí una tendencia inequívoca: el Estado no puede permanecer indiferente ante los riesgos que enfrentan los menores en el espacio digital. México tampoco puede hacerlo.
Los datos deberían sacudirnos. El 95.1% de los adolescentes mexicanos de 12 a 17 años utiliza internet y permanece conectado, en promedio, 4.5 horas diarias. Más preocupante aún: uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales. Hablamos de alrededor de 1.6 millones de menores. 
Por eso considero que el debate no puede limitarse a lo local, sino que exige una discusión a nivel nacional. El tema debe abordarse desde dos frentes: por un lado, a través de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para obligar a las plataformas a implementar mecanismos de verificación de edad y consentimiento parental. Por otro lado, por medio de la Ley General de Educación, para establecer normativas claras que prohíban el uso de teléfonos móviles al interior de los planteles de educación básica. 
Por ello, desde Jalisco hemos enviado un exhorto a la Cámara de Diputados federal para que asuman el tema, discutan y aprueben estas modificaciones.
No se trata de sustituir a los padres ni de aislar a nuestros hijos de la tecnología. Se trata de reconocer que una familia, por sí sola, difícilmente puede enfrentar plataformas diseñadas para capturar atención mediante algoritmos cada vez más sofisticados.
La libertad es un valor fundamental. Pero ninguna sociedad responsable confunde libertad con ausencia de reglas cuando está de por medio la infancia.
México debe anticiparse, no reaccionar tarde. Jalisco ya ha dado el primer paso al levantar la voz ante la federación, porque gobernar también significa proteger hoy los derechos de quienes construirán nuestro mañana.
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La infancia no puede quedar en manos del algoritmo

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Cuando ocasionalmente me han preguntado si tiene alguna utilidad leer el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador o alguno de los que antes publicó, mi respuesta es inmediata: No. Los juicios de López Obrador sobre la historia y el pasado de nuestro país no contribuyen a afianzar el conocimiento histórico de nuestra gran Nación, por el contrario, ha difundido posiciones personales que varios historiadores han descalificado por infundadas e inexactas. Lo que propongo es diferente: una lectura sobre esta nueva reaparición del personaje que insiste en haber iniciado una “cuarta transformación”.
López Obrador, que se había comprometido a un retiro total en su finca de Palenque para no involucrarse en la vida pública del país, reaparece cada que lo considera conveniente para sus intereses, y el pasado 30 de septiembre sus colaboradores grabaron un video de más de una hora para presentar un libro que decidió titular “Pueblo” y dedicárselo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo curioso de su regreso por medio de las redes sociales, es que lo hizo precisamente cuando en Morena habían terminado de elegir a sus “coordinadores”, que serán candidatas y candidatos a las 17 gubernaturas que se van a dirimir en las elecciones del año entrante, y como ya es conocido, desde Palacio Nacional se estableció línea para que fueran elegidos los cuadros políticos que son cercanos o aprobados por la presidenta Sheinbaum, mientras quedaron fuera de la carrera otros que han sido cercanos a López Obrador o sus aliados políticos, como el senador Adán Augusto López.
También es evidente que esta aparición ocurre cuando la presión pública compromete más la figura de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, a quien el gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa, al mismo tiempo que se investiga si el “hijo presidencial” está involucrado en actividades delictivas y en la red de huachicol fiscal. López Beltrán, de todos modos, ya se registró como aspirante a ser candidato a diputado federal en Tabasco, donde ha realizado desde hace varias semanas y contra las leyes electorales, una abierta campaña de proselitismo.
La reaparición de López Obrador, aunque parezca el anuncio de un libro, es en realidad el envío de un mensaje múltiple: a la presidenta Claudia Sheinbaum, que está arrebatándolo el poder a él y su grupo político; a las bases de Morena que simpatizan con él y en quienes se apoya para mantener su influencia en el partido y en varios espacios de gobierno; y a quienes han trabajado en las sombras con él, con sus hijos y con sus aliados, en la construcción de lo que aseguró que combatiría: la mafia del poder.
Los ciudadanos mexicanos se están enterando de lo que es en realidad la “transformación”. Debemos prepararnos para la elección del 6 de junio de 2027.
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¿Hay que leer el libro de López Obrador?