Juan Pablo Colín

Sin duda, a lo largo de la historia los humanos hemos buscado la forma de comunicar. En el terreno político la caricatura y sátira política inició porque no todas las personas tenían acceso a la educación y por ende, no sabían leer.
Hoy, ese comienzo es parte fundamental de una democracia. Desde una noticia hasta un meme, pueden influir en la toma de decisiones de la opinión pública.
Ante ello, la obligación de un gobierno debe ser responder con resultados, no buscar herramientas legales que limitar la crítica. Por eso es preocupante la discusión de la llamada “Ley Antimemes” y cualquier redacción que deje espacio a interpretaciones que puedan afectar la libertad de expresión.
Sí creemos en proteger la propiedad intelectual y combatir el fraude. Nadie plantea permitir el uso de marcas, identidades o contenidos con fines comerciales para engañar a los ciudadanos. El problema surge cuando una legislación puede interpretarse de manera que una parodia, sátira, caricatura o meme político sea objeto de sanciones.
El Senado modificó el artículo 403 Bis para precisar que el supuesto sancionable está relacionado con el uso comercial y la intención de inducir a engaño. Sin embargo, la propia discusión legislativa evidencia la necesidad de mayores salvaguardas para la libertad de expresión.
Desde Acción Nacional nuestra exigencia es sencilla: si no quieren censurar memes, parodias o caricaturas, que quede claramente establecido en la ley. Cuando se trata de un derecho fundamental, no debe haber ambigüedades.
El poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Si un gobierno no está de acuerdo con un meme, que responda con argumentos; si enfrenta una crítica, que dé resultados. Lo que no puede hacer es generar incertidumbre sobre si cuestionarlo tendrá consecuencias legales.
Aquí Morena enfrenta un problema de credibilidad. Mientras habla de democracia y libertad, existen antecedentes que generan preocupación sobre su tolerancia frente a quienes lo cuestionan. El caso de Gerardo Fernández Noroña y el ciudadano Carlos Velázquez de León, es una muestra de la controversia sobre los límites entre autoridad, crítica y poder. Noroña sostiene que la disculpa pública fue propuesta por el propio ciudadano como mecanismo de conciliación, mientras otras voces cuestionaron el episodio como un posible abuso de poder.
El punto es claro: la crítica no puede desaparecer cuando incomoda. Hoy puede tratarse de un meme sobre un funcionario; mañana, de una investigación periodística, una caricatura o una denuncia ciudadana. Por eso, la libertad de expresión debe estar protegida por la ley y no depender del criterio de quien ejerza el poder.
Tampoco podemos ignorar la actuación de Movimiento Ciudadano, que decidió abstenerse en esta votación. Esa posición resulta insuficiente cuando está en juego una libertad fundamental: frente a una posible amenaza a la libertad de expresión, abstenerse no es defenderla.
Los ciudadanos también han visto a MC coincidir con Morena en decisiones legislativas de gran trascendencia. Por eso es legítimo preguntar cuál es realmente la diferencia entre ambos cuando llega el momento de defender los contrapesos y poner límites al poder. Morena y MC son lo mismo.
No basta con decir que se es oposición en los discursos; las diferencias se demuestran al votar.
Hay que defender algo muy sencillo: que en México nadie tenga miedo de criticar al gobierno.
Una democracia fuerte no necesita ciudadanos silenciosos, sino ciudadanos libres para cuestionar, denunciar, investigar, criticar y hasta burlarse del poder.
Si al gobierno le molesta un meme, tiene una solución muy sencilla: gobernar bien y dar resultados.

Juan Pablo Colín – Contrapeso

Censura en memes o en medios: el sello de Morena

En una democracia hay algo que debería ser incuestionable: un voto debe ser un voto real.
Por eso preocupa lo que está pasando con las llamadas “boletas “planchadas”: boletas que aparecen sin las marcas de haber sido dobladas para entrar a la urna. La pregunta es elemental: si una boleta no fue doblada, ¿cómo llegó a la urna? Y si no fue utilizada por un ciudadano, ¿por qué tendría que convertirse en un voto contabilizado?
El propio INE ha reconocido la relevancia del problema. Durante las elecciones de 2024 y 2025 se detectaron boletas sin dobleces y el tema llegó a los órganos electorales y jurisdiccionales. Incluso dentro del propio Consejo General del INE se ha advertido que, por las dimensiones de las boletas y las urnas, una boleta que es introducida por un ciudadano tiene que doblarse y deja marcas de ese proceso.
Por eso resulta preocupante que, de cara a 2027, todavía exista una discusión sobre cómo deben tratarse estas boletas durante los cómputos distritales.
Una elección no puede depender de criterios distintos en cada Consejo Distrital. Si una misma irregularidad puede recibir un tratamiento diferente dependiendo del órgano que la revise, la certeza electoral queda debilitada.
El PAN ya acudió por la vía institucional para pedir que este tema se revise. Y quiero ser muy claro: lo que está en juego no es una discusión técnica sobre papel. Está en juego la autenticidad del voto.
La pregunta real es otra: ¿por qué Morena está permitiendo que lleguemos a una elección como la de 2027 con una discusión de esta naturaleza abierta?
Es evidente que Morena enfrenta hoy un desgaste como marca política derivado de los distintos escándalos y cuestionamientos que han involucrado a figuras de su movimiento. Frente a ello, resulta válido preguntarnos si, una vez más, está utilizando el poder que hoy tiene para impulsar cambios o criterios que le resulten convenientes.
Porque una cosa es transformar las instituciones y otra muy distinta es modificar las reglas de una democracia para beneficio del poder en turno. O para tener elecciones de estado a modo. 
Morena tiene hoy una enorme responsabilidad institucional por ser el partido que encabeza el Gobierno federal y por la mayoría política que ha construido en el país. Por eso debería ser el primero en exigir reglas absolutamente claras y controles que cierren cualquier posibilidad de manipulación.
Porque si una boleta que no fue utilizada por un ciudadano pudiera terminar contabilizándose, estaríamos ante una puerta que nunca debería abrirse.
Y esto no es una preocupación inventada por el PAN. Es un asunto que ya fue identificado dentro del propio INE. Consejeros electorales han hablado públicamente de los riesgos que representan las boletas sin doblez y de la necesidad de establecer procedimientos claros para su tratamiento.
Por eso tampoco podemos aceptar la lógica de que primero suceda una irregularidad y después discutamos qué hacer con ella. Las reglas tienen que estar claras antes de la elección, no después.
Y hay otro silencio que llama la atención. Los demás partidos políticos, como Movimiento Ciudadano, tampoco han dicho nada frente a un tema que es demasiado grave como para ignorarlo. ¿Casualidad? ¿O será que una vez más son comparsa de Morena?
Porque cuando está en juego la certeza del voto, callar también es una posición. No necesitamos esperar a que ocurra una irregularidad en 2027 para reaccionar. El objetivo debe ser impedirla.
La elección federal de 2027 ya comenzó formalmente y la jornada electoral está prevista para el 6 de junio. Estamos precisamente en el momento en que las autoridades y los partidos deben construir las condiciones de certeza que permitan que los ciudadanos lleguen a las urnas con confianza.
Por eso el llamado es muy concreto: reglas uniformes, protocolos claros, máxima transparencia y ningún margen para que una boleta cuya autenticidad esté en duda termine convirtiéndose automáticamente en un voto. Y el llamado también es a Morena: si realmente confían en la voluntad de los ciudadanos, no deberían tener ningún problema en exigir los controles más estrictos para garantizarla.
En una democracia nadie debería pedir que se confíe ciegamente en un partido, en un gobierno o en una autoridad electoral. La confianza se construye con procedimientos. Y al final la regla debería ser tan sencilla como el voto mismo: Una boleta que nadie utilizó no puede convertirse en el voto de alguien.
En 2027 vigilaremos el voto desde la casilla hasta el cómputo y, ante cualquier irregularidad, utilizaremos las vías legales correspondientes. Porque defender la certeza electoral no es defender a un partido. Es defender el derecho de los ciudadanos a que su voto sea exactamente eso: su voto.
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Boletas planchadas: elecciones a modo

“Cuando fundamos Acción Nacional, dijimos que no era una tarea de un día, sino una brega de eternidad”. Manuel Gómez Morín.
Hay partidos que nacen para conquistar el poder. Acción Nacional nació para ponerle límites al poder.
En 1939, un grupo de mexicanas y mexicanos encabezado por don Manuel Gómez Morín decidió organizarse para cambiar el rumbo del país. No tenían gobiernos, presupuestos ni estructuras de poder. Tenían algo más importante: ideas, ciudadanía y convicciones. Así nació el PAN: desde la sociedad y frente al poder.
87 años después, esa diferencia sigue definiéndonos.
Nuestra historia está construida sobre una convicción: la política debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del poder. Por eso hablamos de dignidad humana, libertad, responsabilidad, solidaridad, subsidiariedad, democracia, justicia y Estado de derecho. No son palabras que repetimos por tradición; son los principios que explican por qué existimos.
Podrán querernos o no. Podrán estar de acuerdo o no con nosotros. Pero hay algo que nadie puede negar: somos el único partido político en México que durante 87 años ha mantenido una causa por encima de una coyuntura: la defensa de la persona, de su libertad y de una democracia con instituciones.
Y sí: somos humanistas. Somos demócratas. Creemos en la libertad. Creemos en la responsabilidad. Creemos en la ley. Y lo decimos con orgullo. También tenemos algo que no se improvisa: experiencia.
Fuimos oposición cuando serlo significaba enfrentar a un régimen de partido dominante. Desde los municipios y el federalismo abrimos camino a la alternancia. Con Ernesto Ruffo demostramos que una gubernatura podía cambiar de partido; con Manuel J. Clouthier aprendimos el valor de la movilización ciudadana; con Carlos Castillo Peraza defendimos la batalla de las ideas; y con Diego Fernández de Cevallos demostramos que al poder se le puede cuestionar de frente.
En el año 2000 llegó la alternancia presidencial y millones de mexicanos vivieron el final de una época. Pero aquella victoria no comenzó en el 2000: comenzó en 1939.
Después nos tocó gobernar. Aprendimos de nuestros aciertos y también de nuestros errores. Pero demostramos algo fundamental: el PAN sabe ser oposición y sabe gobernar. Esa experiencia importa hoy.
Porque México enfrenta nuevamente tiempos de incertidumbre. Hay quienes quieren que la política dependa de una sola voluntad; otros parecen entender los partidos como marcas que pueden cambiar de discurso según la conveniencia del momento. Frente a ello, Acción Nacional tiene una certeza: las instituciones, la democracia y la dignidad humana no pueden estar sujetas a modas políticas.
Cumplir 87 años no significa vivir de la nostalgia. Claro que recordamos con emoción aquella alternancia que cambió la historia de México. La celebramos porque sabemos cuánto costó llegar hasta ahí. Pero no queremos regresar únicamente al pasado. Queremos recuperar lo mejor de nuestra historia para construir lo que sigue.
Tenemos experiencia, pero también tenemos visión de futuro. Tenemos doctrina, pero debemos convertirla en soluciones para las familias de hoy. Tenemos una historia que nos respalda, pero sabemos que la confianza ciudadana se gana todos los días.
Por eso, este aniversario no es una despedida. Es una invitación a volver. A quienes alguna vez creyeron en Acción Nacional. A quienes quieren una oposición firme, pero responsable. A quienes saben que México necesita contrapesos, gobiernos que resuelvan y políticos que entiendan que el poder es temporal, pero las instituciones deben permanecer.
Los partidos son instrumentos. México es la causa permanente. 87 años después, Acción Nacional sigue aquí. No porque el pasado nos garantice el futuro, sino porque tenemos la experiencia para aprender de él y la visión para construir uno nuevo.
Podrán criticarnos o cuestionarnos, pero aquí estamos: 87 años después, con nuestros principios, con nuestra experiencia y con una mirada puesta en el futuro. La brega continúa. Y esta vez, como siempre, el futuro también se construye desde Acción Nacional. ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva México!
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Nacimos frente al poder, seguimos frente al futuro

Hay momentos que desnudan a un gobierno más que cualquier informe. La visita de Claudia Sheinbaum a Jalisco fue uno de ellos.
Mientras desde la comodidad de un escenario, con una planificación meticulosamente cuidada para tener el show controlado y decir los supuestos logros de la Cuarta Transformación, fuera del telón no pudieron contra la realidad: familias buscando a sus desaparecidos, ciudadanos preocupados por la inseguridad y un Estado que todavía carga las consecuencias de la violencia. Y entonces vino el abucheo.
Abucheo de ciudadanos ejerciendo un derecho, el de la libertad de expresión. Y la respuesta de la presidenta solo confirmó algo que en Morena ya parece una costumbre: miente y polariza.
Claudia Sheinbaum llegó a la Presidencia por Morena, pero no entendió que gobernar es para todos los mexicanos. Cada vez resulta más evidente que su prioridad sigue siendo defender a la 4T, no escuchar a los ciudadanos. Proteger a ‘políticos’ corruptos, con vínculos con el crimen organizado u otro delito. Basta con decir ‘Andy’, hijo del padre político de Sheinbaum, quien tiene escándalos de huachicol.
Porque un informe de gobierno debería rendir cuentas, no funcionar como mitin partidista.
¿Cómo hablar de éxito cuando miles de familias siguen esperando respuestas por sus desaparecidos? ¿Cómo presumir avances cuando el crimen organizado ha demostrado su capacidad para paralizar regiones enteras? ¿Cómo hablar de bienestar mientras millones de mexicanos enfrentan inseguridad, falta de servicios y un futuro incierto?
Esos son los otros datos. Los que no caben en el escenario. Y Jalisco no se deja engañar.
El Gobierno de México puede intentar controlar el discurso, pero no puede borrar lo que viven las familias. Puede llenar plazas, pero no puede llenar los vacíos que dejan los desaparecidos. Puede hablar de transformación, pero no puede transformar la realidad con propaganda.
Lo ocurrido en Jalisco dejó una conclusión política muy clara: cuando el poder se siente cuestionado, Morena no escucha; Morena confronta.
Desde Acción Nacional vamos a seguir haciendo lo contrario: señalar lo que está mal, defender a quienes no tienen voz y exigir resultados.
Si Morena no quiere escuchar el reclamo de los ciudadanos, tendrá que enfrentar algo mucho más contundente: su voto en 2027.

Morena y sus mentiras en Jalisco

Claudia Sheinbaum acaba de presentar su segundo informe de gobierno. Y mientras desde Palacio Nacional nos hablaron de austeridad, seguridad, salud, bienestar y hasta de libertad de expresión, México está viviendo otra realidad. Una realidad que no cabe en el discurso.
Porque mientras la presidenta presumía que en su gobierno “se cuida cada peso”, Andy López Beltrán aparecía en un restaurante de lujo, acompañado de empresarios, en medio de los señalamientos que lo relacionan con el huachicol fiscal. Hay investigaciones y testimonios que lo han colocado bajo escrutinio; el propio gobierno ha reconocido que el caso se investiga.
Y aquí está la pregunta que Morena no quiere contestar: ¿Dónde quedó la austeridad? Mientras unos hablan de privilegios, otros disfrutan de ellos. Pero hay una imagen todavía más dolorosa. Mientras una madre buscadora rasca la tierra buscando a su hijo, la presidenta no ha concretado una reunión con los colectivos de madres buscadoras que llevan años exigiendo ser escuchados.
Una madre busca restos. Andy cena con botellas de más de 16 mil pesos. Y la presidenta decide a quién escuchar. Ese es el México de la 4T.
Y mientras en Sinaloa continúan más de 700 días de guerra, la 4T ha mantenido el respaldo político a Rubén Rocha Moya, sobre quien pesan acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado. Entonces preguntamos: ¿Dónde está la prioridad? ¿En proteger políticamente a los suyos o en proteger a las familias mexicanas?
Y ahora hablemos de algo que la presidenta también presumió: la libertad de expresión. Qué contradicción. Porque resulta que este gobierno sí tiene ubicados a quienes considera opositores. Sí saben quién critica. Sí hacen listas. Sí señalan desde Palacio. Pero cuando un periodista pide ayuda porque está siendo amenazado de muerte, ahí sí parece que nadie sabe dónde está el agresor. Cuando un periodista denuncia al poder, lo investigan a él. Cuando un periodista denuncia al crimen, muchas veces queda solo.
A los opositores sí los ubican. A los criminales que cometen los delitos, no. Y esto no es un juego. En México, más de ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de 2026. No son números. Son personas. Son familias. Son voces que fueron apagadas.
Mucho discurso sobre libertad de expresión, pero ni un minuto para quienes perdieron la vida ejerciéndola. Y esto no es solamente un problema de periodistas.
Dentro del mismo periodo en el que rindió su informe, en Jalisco vivimos un día de terror el 22 de febrero. Y un día antes de su informe, el 31 de agosto, Zacatecas volvió a mostrar el nivel de violencia que enfrenta el país: ataques con explosivos, incluido un coche bomba frente a una comandancia policial, con civiles heridos, entre ellos menores. ¿Eso es un país pacificado?
Y sí: el gobierno reporta una reducción importante en homicidios. No vamos a negar un dato solamente porque no nos convenga. Pero México no se acaba en una gráfica.
Porque la seguridad no se mide únicamente contando homicidios. También se mide contando desaparecidos. Contando periodistas asesinados. Contando familias desplazadas. Contando ataques con explosivos. Contando las veces que una persona pidió ayuda y el Estado llegó tarde. Y la contradicción alcanza a la salud.
En su informe, Claudia Sheinbaum afirmó: “Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”. Nariz Roja denunció públicamente que esa afirmación era falsa y señaló que continúan las carencias de medicamentos, estudios médicos e insumos para pacientes con cáncer. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al discurso desde Palacio Nacional o a quienes acompañan todos los días a los pacientes?
Eso es lo que sucede cuando la propaganda sustituye a la realidad. Nos hablaron también de grandes obras como símbolo de transformación. Pero, ¿qué pasa cuando esas obras enfrentan cuestionamientos ambientales, costos crecientes o problemas de seguridad?
El Tren Maya puede presumirse en una pantalla. Pero el Tren Interoceánico dejó 13 muertos y decenas de lesionados. Los muertos no son una nota al pie de un informe. Son vidas.
Eso es lo que este gobierno no entiende. Gobernar no es seleccionar los datos que convienen. Gobernar es responder por las personas que están sufriendo. Porque ese fue el segundo informe: mucho discurso. Mucha celebración. Y MENTIRAS. Y todavía quieren que México aplauda.
Frente a esa realidad, Acción Nacional no va a callar. Vamos a ponerles nombre y rostro a las víctimas que el gobierno decidió ignorar. Porque México no necesita otro discurso. Necesita un gobierno que escuche, investigue y responda. Yo solo tengo una pregunta para la presidenta, ¿para quién gobierna? México necesita verdad.
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La mentira más grande que le han contado a México

Rubén Rocha se fue. Regresó. Y volvió a irse. Morena primero lo defendió. Después lo dejó solo. La presidenta cambió de postura. Los respaldos se convirtieron en silencios y los silencios en deslindes.
En pocos días, Sinaloa exhibió una pregunta que ya alcanza a todo México: ¿Quién manda? Y más importante: ¿Quién gobierna?
Porque mandar y gobernar no son lo mismo. Claudia Sheinbaum es la presidenta. Tiene el cargo, la investidura y una mayoría política. Pero el episodio de Rocha Moya dejó dudas sobre algo elemental: ¿tiene el control real de su gobierno y de Morena?
No es una cuestión de género. Nunca lo ha sido. La pregunta es política. ¿Puede un gobernador regresar al poder sin consultarlo con la presidenta? ¿Quién decide cuándo se va? ¿Quién cambia la línea política? ¿Quién ordena cerrar filas y quién ordena romperlas?
Si no hay respuestas claras, hay un problema de gobierno. Porque hoy México parece tener demasiados centros de poder. Palacio Nacional. Palenque. Los gobernadores. Las tribus de Morena. Los operadores políticos. Y Washington, cuyas decisiones y presiones generan movimientos inmediatos dentro del oficialismo.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿dónde termina el gobierno de Claudia Sheinbaum y dónde comienza el poder de los demás? Andrés Manuel López Obrador dejó la Presidencia, pero nadie puede sostener seriamente que dejó toda su influencia. Conserva lealtades, operadores y un movimiento construido durante años alrededor de su figura. Y mientras persisten las dudas sobre quién toma realmente las decisiones, surge una preocupación aún más grave: ¿gobierna la presidenta, gobierna el crimen organizado o las decisiones se toman bajo la presión de Washington?
Por eso la pregunta no es si influye. La pregunta es cuándo y cuánto. Ése es el problema de fondo. Morena concentra poder, pero cada crisis evidencia que ese poder está fragmentado. Presume unidad, pero vive en disputa. Presume control, pero improvisa. Presume gobierno, pero muchas veces administra contradicciones.
La Cuarta Transformación corre el riesgo de convertirse en la Cuarta Confusión.
Mientras ellos deciden quién manda sobre quién, México sigue esperando resultados. La violencia no espera. Los desaparecidos no esperan. Las familias que viven con miedo no esperan. La falta de medicamentos no espera. Los problemas económicos no esperan.
Los ciudadanos no pueden poner su vida en pausa mientras Morena resuelve sus pleitos internos. Ése es el verdadero costo del desgobierno.
Un gobierno puede sobrevivir a una crisis política. Lo que no puede hacer es acostumbrarse a gobernar desde la crisis. Gobernar no es cambiar de postura cuando cambia el costo político, no es publicar un desplegado, no es deslindarse después. Gobernar es decidir y asumir la responsabilidad.
Hoy Morena tiene una paradoja. Tiene más poder que nunca. Pero no queda claro quién controla ese poder. Tiene mayorías, gobiernos estatales, instituciones bajo su influencia. Pero cada conflicto revela nuevos grupos, nuevas lealtades y nuevos centros de decisión. Y eso es peligroso.
Porque un país no puede gobernarse mediante llamadas, mensajes, filtraciones y rectificaciones. México necesita una ruta. Necesita decisiones claras, responsables claros y necesita una presidenta que no sólo tenga el cargo, sino el control.
Claudia Sheinbaum debe responder una pregunta que cada día es más difícil ignorar: ¿Manda ella? ¿Mandan los gobernadores? ¿Mandan las tribus de Morena? ¿Manda Palenque? ¿O cada decisión depende de quién tenga más fuerza en ese momento?
Porque una presidenta que manda sólo cuando la dejan, no termina de mandar. Y mientras Morena decide quién gobierna a Morena, México sigue esperando saber algo mucho más importante: ¿Quién gobierna México?
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¿Quién manda y quién gobierna?

¿Quién está educando hoy a nuestros hijos? Durante años pensamos que la respuesta era sencilla: la familia, la escuela y la comunidad. Hoy ya no. Hoy también educa un algoritmo. Uno que no conocemos, que no elegimos y que no rinde cuentas ante las familias. Un algoritmo decide qué aparece en la pantalla de un niño, qué contenido se repite, cuánto tiempo permanece conectado y qué conversación, imagen o mensaje se le presenta después.
Y mientras las familias intentan proteger a sus hijos, las escuelas enfrentan nuevos desafíos y los gobiernos discuten cómo responder, hay una pregunta que no podemos seguir evadiendo: ¿quién vigila a quienes tienen la capacidad de influir todos los días en la formación de millones de niñas, niños y adolescentes? Porque el problema ya no es únicamente cuánto tiempo pasan nuestros hijos frente a una pantalla. El problema es qué hay detrás de esa pantalla.
Ahí hay oportunidades extraordinarias para aprender, crear, informarse y comunicarse. Pero también existen riesgos que hace algunos años ni siquiera imaginábamos: acoso sexual, contacto con adultos que buscan engañar a menores, contenidos violentos o peligrosos, extorsión, manipulación mediante Inteligencia Artificial y, en casos particularmente graves, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales.
Los datos obligan a tomar este debate con absoluta seriedad. Alrededor de 1.6 millones de menores en México han sufrido algún tipo de abuso sexual facilitado por internet o redes sociales. Y frente a esta realidad, seguir diciendo que todo depende de las familias sería una respuesta cómoda, pero insuficiente.
Por supuesto que madres y padres tienen una responsabilidad fundamental. Pero ninguna familia puede enfrentar sola un ecosistema digital construido con enormes recursos tecnológicos y económicos, cuyos sistemas están diseñados para captar, retener y multiplicar nuestra atención. Por eso el debate debe cambiar.
No podemos limitarnos a preguntar cuánto tiempo pasan nuestros hijos conectados. Tenemos que preguntarnos qué ven, por qué lo ven, quién decide mostrárselo y quién asume la responsabilidad cuando ese sistema provoca daños.
La respuesta no puede ser simplemente prohibir por prohibir ni convertir la protección en vigilancia. Tampoco podemos seguir dejando que las grandes plataformas se autorregulen mientras el Estado llega tarde y las familias intentan resolver solas un problema que las rebasa. Proteger a la infancia exige reglas claras, responsabilidades compartidas y decisiones de Estado. En Jalisco entendimos que este debate no podía esperar.
Por eso quiero reconocer el trabajo que desde septiembre del año pasado ha impulsado el diputado Julio Hurtado, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, con una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales y escolares.
La propuesta plantea establecer límites para que los menores de 16 años no puedan abrir cuentas en redes sociales y obligar a las plataformas a implementar mecanismos efectivos para verificar la edad de sus usuarios. También propone restringir el uso de celulares en las escuelas de educación básica, para recuperar espacios donde la prioridad sea aprender, convivir y desarrollarse. No se trata de una ocurrencia ni de una batalla contra la tecnología. El mundo entero está discutiendo este mismo problema.
Australia ya avanzó con restricciones para menores de 16 años. Francia aprobó medidas para limitar el acceso de menores de 15 años. Otros países han abierto el debate sobre verificación de edad, supervisión parental y obligaciones directas para las empresas tecnológicas.
La tendencia es clara: la infancia digital dejó de ser solamente un asunto privado de las familias. Se ha convertido en un desafío de derechos, educación, seguridad y responsabilidad pública. Pero hay algo que debemos subrayar: regular no puede significar trasladar toda la responsabilidad a los niños, a los adolescentes o a sus padres.
Si una plataforma utiliza algoritmos diseñados para mantenernos conectados, recomendar contenidos y prolongar el tiempo de uso, entonces esas empresas también deben asumir responsabilidad sobre los riesgos previsibles de su propio modelo. La protección debe comenzar desde el diseño.
Privacidad por defecto para menores. Mecanismos de denuncia accesibles y eficaces. Respuesta inmediata ante contenidos ilícitos. Mayor transparencia sobre los sistemas de recomendación. Herramientas reales para madres, padres y personas cuidadoras. Y, sobre todo, la obligación de que las plataformas entiendan que cuando sus servicios llegan a niñas, niños y adolescentes, ya no pueden actuar como si fueran simples intermediarias sin responsabilidad alguna.
En Jalisco ya dimos un primer paso. La iniciativa impulsada por Acción Nacional fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado y enviada al Congreso de la Unión. Ahora corresponde a las diputadas y diputados federales analizarla, discutirla y dictaminarla.
No puede terminar guardada en un cajón. Por eso es importante insistir en el exhorto presentado nuevamente por el diputado Julio Hurtado. Porque las familias mexicanas necesitan respuestas concretas, no discursos que aparecen cuando el daño ya está hecho.
Y qué bueno que este tema también haya sido colocado sobre la mesa desde el Gobierno de México. La protección de nuestros hijos no debería convertirse en una competencia por ver quién se lleva el crédito. Si existe una propuesta que puede contribuir a proteger a la infancia, lo responsable es discutirla, mejorarla y construir acuerdos.
Desde Acción Nacional tenemos claro que hay causas que deben estar por encima de cualquier cálculo partidista. La defensa de nuestras niñas, niños y adolescentes es una de ellas. Gobernar también significa anticiparse. Significa no esperar a que una generación pague las consecuencias de nuestras omisiones para entonces reaccionar. Significa reconocer que el mundo cambió y que nuestras leyes, nuestras escuelas y nuestras instituciones deben cambiar con él.
Nuestros hijos necesitan familias acompañadas, escuelas con reglas claras, educación digital y plataformas que asuman la responsabilidad que les corresponde. Porque mientras nosotros discutimos quién tiene la competencia o quién presenta la iniciativa, alguien más ya está influyendo en la vida de nuestros hijos todos los días. Y ese alguien es un algoritmo. La pregunta es si vamos a seguir permitiendo que opere sin responsabilidades. Proteger a nuestros hijos también es gobernar.
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El algoritmo también educa a nuestros hijos

Hay algo profundamente contradictorio en la política mexicana de nuestros días: quienes durante años hicieron de la crítica al poder una bandera, hoy parecen considerar intolerable que alguien los cuestione.
Morena dice defender la libertad de expresión. Dice que la mañanera es un espacio de comunicación directa con el pueblo, de transparencia y de rendición de cuentas. Dice, incluso, que quienes cuestionan ese espacio quieren “silenciar” al gobierno.
Pero entonces surge una pregunta muy sencilla: Si la mañanera es realmente un ejercicio de diálogo democrático, ¿por qué Morena se opone a que quienes son señalados desde ese espacio tengan derecho a responder?
El PAN ha planteado algo que debería ser elemental en cualquier democracia: que si desde el micrófono presidencial se menciona a una persona, se le acusa o se difunde información incorrecta sobre ella, tenga derecho a réplica. No estamos pidiendo que se calle a la presidenta. Estamos pidiendo exactamente lo contrario: que la palabra del poder pueda ser contrastada.
El propio gobierno federal pretende establecer reglas para proteger los derechos de las audiencias en los medios de comunicación. Perfecto. Pero entonces la primera pregunta que deberían hacerse es: ¿quién protege a los ciudadanos cuando es el propio gobierno federal el que los señala?
Porque si un medio tiene obligaciones frente a sus audiencias, el poder público también debe tenerlas frente a los ciudadanos. Eso es rendición de cuentas. Eso es libertad de expresión. Eso es democracia.
Lo que no es democracia es que desde un espacio financiado con recursos públicos se pueda señalar a una persona y que esa persona no tenga la misma posibilidad de responder. Y aquí aparece la verdadera hipocresía.
Morena sostiene que la mañanera “rompió el monopolio de la información”. Pero parece que lo único que cambió fue quién ocupa el micrófono.
Antes criticaban que el poder hablara desde arriba y no escuchara a la sociedad. Hoy defienden que el poder tenga la última palabra y, cuando alguien exige responder, lo acusan de querer censurar.
No se puede pedir libertad de expresión cuando se está en la oposición y después pretender limitarla cuando se está en el gobierno. Claudia Sheinbaum lo sabe mejor que nadie.
Antes de ser presidenta fue una joven universitaria que participó en un movimiento estudiantil que cuestionó decisiones de la autoridad y exigió ser escuchado. Ella conoce el valor de organizarse, protestar, disentir y levantar la voz frente al poder.
Por eso la pregunta no es histórica. Es política: ¿en qué momento la joven que cuestionaba al poder decidió que el poder ya no debía ser cuestionado?
Porque una cosa es ejercer la autoridad y otra muy distinta creer que ejercerla otorga el monopolio de la verdad. Y cuando un gobierno comienza a confundir la crítica con una agresión, la pregunta deja de ser quién tiene razón.
La pregunta es quién tiene el poder suficiente para imponer su versión. Eso es justamente lo que está en juego. Y aquí no podemos dejar fuera a quienes, desde otros partidos, han decidido acompañar esta lógica. Porque Morena no está solo.
En Jalisco hemos visto cómo Movimiento Ciudadano se presenta ante los ciudadanos como una alternativa, como una fuerza distinta, como un contrapeso. Pero cuando llega el momento de defender instituciones y principios frente al poder, demasiadas veces termina votando y actuando en la misma dirección que Morena.
Eso también es una forma de hipocresía política. No basta con decir que eres oposición. Hay que comportarse como oposición cuando el poder pretende pasarse de la raya.
Un contrapeso que acompaña al poder deja de ser contrapeso. Y un partido que critica a Morena en el discurso, pero lo valida cuando se trata de concentrar decisiones, debilitar controles o reducir los espacios de escrutinio público, termina siendo parte del mismo problema.
Por eso, desde Acción Nacional hemos decidido dejar de ser espectadores. No vamos a aceptar que se pretenda presentar como censura algo tan democrático como exigir derecho de réplica. No vamos a aceptar que se confunda comunicación gubernamental con propaganda. No vamos a aceptar que se utilicen recursos públicos para descalificar a quienes piensan distinto sin permitirles defenderse.
Y tampoco vamos a aceptar que quienes acompañan estas decisiones pretendan después presentarse ante los ciudadanos como sus contrapesos.
La democracia no consiste en que el gobierno tenga un micrófono. Consiste en que nadie tenga el monopolio de la palabra. La democracia no consiste en que el poder pueda responder. Consiste en que el ciudadano también pueda hacerlo. Por eso esta discusión va mucho más allá de una mañanera.
Estamos hablando de qué clase de país queremos construir. Uno donde el gobierno pueda señalar y nadie pueda responder. O uno donde incluso la presidenta de la república tenga que aceptar que su palabra, como la de cualquier otra persona, puede ser cuestionada, contrastada y, cuando sea necesario, corregida.
En Acción Nacional tenemos claro de qué lado estamos. Del lado de la libertad. Del lado de la crítica. Del lado de los contrapesos. Del lado de quienes no tienen un micrófono presidencial, pero sí tienen algo mucho más importante: el derecho a hablar.
Porque el problema nunca ha sido que el poder tenga voz. El verdadero problema comienza cuando el poder cree que su voz debe ser la única que se escuche. Y ahí sí, que quede claro: Morena podrá tener la mañanera. MC podrá seguirle haciendo segunda. Pero la ciudadanía no les pertenece.
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La hipocresía de quienes antes exigían libertad

Miguel De La Rosa Figueroa

La insoportable irresponsabilidad de MC

Jonás

La responsabilidad en la crisis del agua

José Manuel Romo Parra

La contaminación política del agua

Arturo Garibay

Digger: Polarizante, excesiva y actual

Mirza Flores

Gobernar con responsabilidad: la verdad y las soluciones sobre el agua

Primero fue la “Ley Censura” para medios, después la “Ley Antimemes” y ahora el Gobierno de Morena anuncia un nuevo paso, preocupante porque plantea un decreto para obligar a las plataformas digitales a detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que la intención es evitar que la medida “raye en la censura”, pero la pregunta aquí es: ¿quién definirá qué contenido debe desaparecer y bajo qué criterios?
Combatir contenidos que promuevan directamente la violencia puede ser un objetivo legítimo, pero no podemos aceptar que, bajo ese argumento, se termine construyendo una herramienta para controlar la conversación pública.
Son demasiadas señales de alerta y el Gobierno de Morena tiene que entender algo elemental: en una democracia, los ciudadanos tienen derecho a cuestionar, criticar y hasta burlarse del poder. Un gobierno democrático no puede pretender decidir qué opiniones son aceptables y cuáles deben desaparecer de internet.
Si realmente quieren combatir la violencia, que combatan a los criminales, que persigan a los delincuentes, que investiguen las amenazas, que desmantelen las organizaciones criminales y que garanticen seguridad en las calles y en las escuelas, pero que dejen de querer vigilar y controlar las redes de los ciudadanos.
¿Cómo garantizarán que esa frontera no sea utilizada para censurar una opinión incómoda? Una cosa es perseguir una amenaza real y otra muy distinta es darle al poder herramientas ambiguas para decidir qué puede permanecer publicado, porque la libertad de expresión no puede depender del criterio del gobierno en turno.
Y hay razones para estar alerta, porque la reciente controversia por la llamada Ley Antimemes ya generó cuestionamientos y ahora se anuncia una nueva regulación sobre contenidos digitales.
Acción Nacional no va a permitir que Morena convierta la prevención de la violencia en un pretexto para controlar la libertad de expresión.
Si hay una amenaza concreta, que actúe la autoridad. Si hay un delito, que se investigue. Si hay un criminal, que se le persiga, pero un ciudadano que critica al gobierno no es un delincuente, un periodista que cuestiona al poder no es una amenaza y un ciudadano que publica un contenido incómodo no debe vivir con miedo a que el Estado decida cuándo cruzó una línea que ni siquiera está claramente definida.
Morena tiene que aprender a convivir con la crítica. Si no les gusta lo que publicamos, que respondan con argumentos; si no están de acuerdo con nuestras críticas, que den resultados y si les molesta un meme, que gobiernen mejor.
Desde el PAN vamos a defender la libertad de expresión frente a cualquier intento de control desde el poder, porque hoy quieren decidir qué contenido puede permanecer en una red social y mañana podrían querer decidir qué puede decir un ciudadano.
La libertad de expresión no se negocia, no se condiciona y no se entrega al gobierno; se defiende.

Morena contra los medios, los memes y ahora tus redes