Claudia Salas

Gobernar a punta de chequera electoral mientras se desmorona el país no es transformación; es cinismo puro y duro. Apenas antier al subir a la tribuna de San Lázaro y hablarle al lado al secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, fue hablarle de frente a un recinto legislativo que cada día escucha menos a la gente y se encierra más en su soberbia. El espectáculo en el pleno rayaba en la desvergüenza con un ausentismo apabullante de Morena, cuya gigantesca aplanadora apenas alcanzaba a cubrir el 10% de sus curules. Abandonaron a su propio coordinador de bancada, a quien dejaron pasmado, incómodo y completamente solo frente al compromiso de sostenerle la mirada al titular de Hacienda mientras se exhibían, una por una, las inconsistencias de su proyecto económico.
A ese pleno fantasmal y al secretario fui a ponerle cifras de su descaro. Porque ignorar desde la comodidad del poder lo que ocurre afuera no es un desencuentro parlamentario, sino decirles en la cara a más de 8.5 millones de jaliscienses que no les importa lo que ocurre mientras ellos sean triunfantes, aunque detengan una parte vital de la economía nacional y nos dejen un presupuesto de castigo, centralista y diseñado para asfixiar a los estados.
Hacienda presume con fanfarrias una bolsa histórica de 10.6 billones de pesos. Lo que no dicen en sus mañaneras es que están pagando programas sociales con deuda neta, recurriendo a un endeudamiento voraz.
En educación, el balance ya roza la negligencia criminal. Mientras la ley exige destinar al menos el 8% del PIB, este gobierno apenas araña el 4%. Prefieren inflar padrones y regodearse con la Beca Rita Cetina antes que ponerle un foco o un retrete a las escuelas y mientras el 57% de las y los alumnos en México no tiene internet, el 19% carece de agua potable y el 10% ni siquiera tiene un sanitario digno en su plantel. Nos presumen transferencias directas mientras el país se hunde en el penúltimo lugar de la OCDE en ciencia y comprensión lectora. Destruyeron los mecanismos de evaluación, y también condenaron a una nación donde 7 de cada 10 empresas ya no encuentran personal calificado. 
Para Jalisco, la misma receta de desprecio y traición. Nos anuncian con pompa 47 supuestos proyectos por 3 mil 627 millones de pesos, pero la letra chiquita delata la simulación de bolsas multiestatales y obras centralizadas de las que nuestros municipios no verán un centavo. Lo más grave no es el regateo, es la quiebra de la palabra empeñada. Hace unas semanas la presidenta Claudia Sheinbaum asumió públicamente el compromiso de que la Federación financiaría las obras complementarias para que la presa El Zapotillo opere al cien por ciento. Hoy, en el documento que Hacienda entregó, no existe una sola partida presupuestal etiquetada para El Zapotillo.
El resto del presupuesto confirma la política del desmantelamiento. Le metieron un tijeretazo del 30% al mantenimiento de carreteras, le quitaron más de 30 mil 800 millones de pesos a una CFE rebasada por apagones recurrentes, mientras el discurso oficial fantasea con atraer inversiones. ¿Con qué energía van a operar las industrias? ¿A oscuras?
Un presupuesto no es para tapar hoyos con propaganda ni para premiar la complicidad de bancadas que ni siquiera se presentan a trabajar. Si el secretario de Hacienda y su partido creen que las demandas de Jalisco se van a tirar al cajón de los casos perdidos porque les incomoda dar la cara, se equivocan. En San Lázaro no vamos a tolerar que administren la mediocridad mientras condenan a nuestra gente al abandono. O corrigen las cuentas, o que asuman el costo político de omisión.
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2027, el presupuesto de los oídos sordos

En San Lázaro acabamos de presenciar cómo la mayoría de Morena consagró una nueva fobia de Estado: el miedo a que un documento extranjero disuelva el compromiso con México. Con la prisa que siempre acompaña a las consignas sin rigor técnico, aprobaron la reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para prohibir que cualquier mexicana o mexicano con doble nacionalidad aspire a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno.
El oficialismo insiste en disfrazar este cerrojo con la retórica revolucionaria de la soberanía, y nos dicen desde la tribuna que se trata de evitar lealtades divididas o traidores a México. Sin embargo, la farsa se desmorona en cuanto confrontamos su narrativa con la realidad. Saquemos bien las cuentas: En un país de 130 millones de personas, es un auténtico despropósito movilizar todo el aparato legislativo y abrir la Carta Magna para legislar sobre apenas el 0.45% de la población.
¿Desde cuándo medio punto porcentual justifica una cirugía constitucional? La respuesta no radica en la seguridad nacional ni en el derecho público; radica en el  innegable tufo electoral que impregna cada renglón del dictamen.
Detrás de este falso patriotismo se esconde el pavor indisimulable de Morena a competir en igualdad de circunstancias. Le temen al surgimiento de perfiles con preparación, peso político y arrastre real que puedan disputarles y arrebatarles espacios de poder en 2027 y 2030. Saben que su hegemonía no es invencible y, aterrados ante la posibilidad de enfrentar contrincantes fuertes a los que no puedan someter con propaganda, prefieren eliminarlos de la contienda antes de que comience la carrera.
Cuando el poder modifica la Constitución para incidir sobre universos minúsculos, no está atendiendo una prioridad de país, sino está confeccionando un traje a la medida. Es la cobardía institucionalizada de quien prefiere vetar adversarios en el papel porque sabe que en las urnas puede perder.
La contradicción resulta grotesca. El mismo régimen que llena plazas elogiando a nuestros connacionales en el exterior y llamándolos &#8220;héroes vivientes&#8221; por sostener la economía con sus remesas, es el que hoy les impone una presunción de traición. Si tienes raíces binacionales, si tu familia migró o si te formaste fuera, para el discurso populista eres orgullo nacional; pero si aspiras a transformar el país desde un cargo público, te vuelves una amenaza que hay que erradicar por decreto. ¿Con qué cara irá Morena a pedir el voto extranjero cuando impide su participación?
Legislar para el 0.45% no es blindar a la patria; es exhibir el pánico electoral de un
oficialismo que le huye al contraste democrático. Agregar que esta maroma legislativa tiene nombre: Ricardo Salinas Pliego y Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No podemos permitir que conviertan la Constitución en un garrote para eliminar rivales por adelantado. La democracia no se protege cerrando candados por miedo a perder.

El 0.45% y la paranoia electoral de Morena

A las dos de la mañana, la habitación de Sofía, de 13 años, sigue iluminada por la pantalla de un teléfono celular mientras sus padres duermen. No juega ni busca información para la escuela; hace scroll infinito en Instagram, atrapada en un sinfín de videos con chicos guapos, dietas para la graduación, rutinas de maquillaje y comparaciones que la hacen sentir muy lejos de lo que esos estereotipos le exigen. Sofía duerme apenas cuatro horas al día, sufre ataques de ansiedad antes de ir a la secundaria porque siente que sale de un mundo y entra a otro que no sabe cómo enfrentar, y ya experimentó el primer mensaje intimidatorio desde un perfil anónimo. Su historia es el retrato vivo de millones de niñas en nuestro país.
Mientras la Unión Europea acaba de dar un golpe sobre la mesa legislativa para prohibir por completo las redes sociales a menores de 13 años y obligar a las plataformas a desactivar sus dinámicas adictivas, en México la infancia sigue a la intemperie digital. De acuerdo con datos del INEGI (ENDUTIH), más del 85% de las niñas y niños entre 6 y 14 años son usuarios activos de internet, con promedios de conexión que superan las cuatro horas diarias en la adolescencia temprana. Detrás de esas pantallas no hay inocencia: el Módulo sobre Ciberacoso del INEGI revela que casi el 30% de las adolescentes de 12 a 19 años ha sido víctima de violencia digital, experimentando miedo, inseguridad y secuelas directas en su salud mental, una realidad que acecha cada vez más también a los varones.
Durante años se nos vendió la coartada de la &#8220;responsabilidad parental&#8221;, exigiendo a madres y padres convertirnos en peritos cibernéticos. Pero ¿qué ventaja podemos tener las y los ciudadanos frente a emporios transnacionales que invierten fortunas en diseñar algoritmos que explotan la dopamina infantil? Ninguna. Esa asimetría es insostenible e inhumana.
Ahora, la propuesta europea cambia la lógica de raíz e invierte la carga de la prueba. Ya no son las familias ni el Estado quienes deben demostrar el daño; ahora son los gigantes de Meta, ByteDance y Alphabet las obligadas a probar que sus productos son seguros por diseño antes de operar.
Es cierto que México no cuenta todavía con una cartera de identidad digital soberana que permita verificar edades con llaves criptográficas sin vulnerar la privacidad de los usuarios. Pero la falta de esa herramienta técnica no puede justificar la parálisis del Estado. Si bien no podemos construir de inmediato un cerco de acceso biométrico, sí tenemos la urgencia de regular el producto.
El Congreso de la Unión y las autoridades de salud y educación deben intervenir ya para prohibir por ley el scroll infinito en cuentas de menores de edad, apagar las notificaciones nocturnas invasivas, erradicar la publicidad dirigida a la niñez y desterrar los teléfonos celulares de las aulas de educación básica.
La salud mental del 30% de nuestra población no puede quedar sujeta a los negocios del algoritmo porque les está costando la vida, la identidad y las relaciones humanas. No son suficientes mejores filtros de control parental configurados por padres agotados tras una jornada laboral. Necesitamos que el Estado fije límites claros a una industria que lucra con su vulnerabilidad. La salud mental y cognitiva de nuestras niñas y niños no puede seguir siendo el insumo desechable de la economía de la atención.

El scroll que devora a las infancias

Hay errores políticos que se pagarán con el futuro de toda una generación. El informe del IMCO sobre la prueba PISA 2025 no deja espacio para pretextos: la política educativa del gobierno federal es un fracaso histórico. Con un promedio de 403 puntos, México retrocedió a niveles peores que los de 2006. Veinte años de esfuerzo e inversión pública se perdieron por completo.
Hoy ocupamos el lugar 37 de 38 países en la OCDE. En matemáticas caímos a 388 puntos y en lectura a 408; perdimos siete puntos en cada una respecto a 2022. El rezago nacional es alarmante, porque 42 de cada 100 estudiantes tienen un bajo rendimiento general. Tenemos a jóvenes de 15 años que no pueden resolver una operación básica para contar lo que compran en la tienda, no comprenden un texto sencillo ni entienden explicaciones de ciencia elemental. Frente al problema, la respuesta oficial fue apagar la luz a la evaluación y desaparecieron el INEE, cancelaron la prueba PLANEA y extinguieron Mejoredu. Nos dejaron cuatro años a ciegas hasta PISA 2029.
Sin embargo, frente al naufragio federal, un Estado decidió no dejarse arrastrar: Jalisco.
Tener un modelo educativo propio fue clave para poner un alto a las malas decisiones del centro y proteger a sus estudiantes. Los datos hablan por sí solos. Mientras en el país el rezago y la insuficiencia alcanzan niveles de alerta del 50% al 70%, en Jalisco los alumnos en nivel insuficiente son apenas entre el 11% y 12%. Más contundente aún es el dato que el 82% de los estudiantes jaliscienses está avanzando con paso firme y superando el 57% promedio de la OCDE.
¿Cuál ha sido la fórmula? La diferencia radica en los hechos. Jalisco apostó por ser líder en inversión en educación tecnológica. Los frutos se vieron este mismo año: el 52% de los integrantes de la delegación mexicana en la olimpiada internacional de matemáticas fueron jaliscienses, logrando 175 medallas. Mientras que en el país la excelencia en matemáticas casi desapareció (apenas 0.1% en niveles altos, según PISA), Jalisco demuestra que con método, rumbo y tecnología los jóvenes sí destacan.
Detrás de estos resultados no hay discursos, hay presupuesto y estrategia: Jalisco cuenta con 1,200 escuelas intervenidas mediante un fideicomiso que garantiza aulas equipadas, tecnología y un método de estudio planeado y eficaz.
Esta crisis que nos deja Morena en la educación frena el desarrollo de México. Las carreras con matemáticas y tecnología son las mejor pagadas del país (+41% de salario real), pero el 42% de los empleadores advierte que cada vez hay menos personal calificado. El país está creando fuerza laboral precaria y no saldrá adelante con ocurrencias ni discursos. La ruta para rescatar la educación ya está a la vista: contenidos claros, ciencia, tecnología y el ejemplo de estados que se negaron a apagar el pizarrón.

La tragedia de apagar el pizarrón y la excepción de Jalisco

Este próximo 8 de septiembre llega a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027. Para las entidades federativas, y de manera muy particular para Jalisco, no se trata de un simple trámite legislativo ni de una revisión técnica de cifras, sino el momento definitorio en el que la Federación debe decidir en dónde y en qué se debe invertir.
Durante los últimos años, ante la ausencia de presupuestos federales, Jalisco ha demostrado una capacidad formidable para sostener su desarrollo, generar empleo y modernizar su infraestructura con un esfuerzo local mayúsculo. Sin embargo, el pacto fiscal no puede operar en un solo sentido como lo ha hecho en los últimos años. No es sostenible que uno de los motores productivos más importantes del país reciba de vuelta solo una fracción marginal de lo que aporta, mientras las urgencias cotidianas de la ciudadanía tocan a la puerta todos los días. Las necesidades básicas no entienden de calendarios burocráticos y la población, tampoco.
En la discusión que está por iniciar en San Lázaro, Jalisco tiene prioridades impostergables que deben quedar debidamente etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación:
En primer lugar, el rescate integral de la red carretera federal que cruza nuestro Estado. El abandono y la falta sistemática de mantenimiento en las vías federales no solo han encarecido la logística comercial e impactado la competitividad regional, sino que representan un peligro constante y diario para la vida de miles de familias y transportistas que transitan por nuestras regiones.
En segundo término, la seguridad pública, porque la construcción de la paz exige corresponsabilidad real, no discursos y canciones. Se requieren recursos federales tangibles, constantes y transparentes, que fortalezcan las capacidades tecnológicas, operativas, forenses y de inteligencia de las corporaciones locales.
Para el tercer lugar, el más sentido en este momento: la infraestructura hídrica. Garantizar el abasto sustentable de agua potable, modernizar las redes de distribución y avanzar con seriedad en el saneamiento demandan una inversión federal concurrente y transexenal.
El acceso al agua es un derecho humano elemental que no puede regatearse ni postergarse un año más. A este panorama se suma una causa urgente que defenderemos con total convicción. Cuando en 2020 desapareció el Fondo Metropolitano, nuestras ciudades se quedaron sin los recursos federales que resolvían gran parte de los problemas del transporte, agua y las vialidades de millones de familias.
Dejar a las grandes urbes en el abandono financiero ha frenado obras indispensables de conectividad y mitigación ambiental que el Estado y los municipios ya no pueden costear por su cuenta. Las metrópolis no pueden esperar más por servicios dignos: en la Comisión de Zonas Metropolitanas en San Lázaro, daremos la batalla para que este presupuesto regrese pronto a donde urge, con reglas de operación claras, transparentes y libres de discrecionalidad.
Desde Jalisco seremos vigilantes implacables en cada etapa del debate presupuestal. Acudiremos a San Lázaro con argumentos técnicos, firmeza política y la causa clara de defender el presupuesto que por justicia y derecho le corresponde a nuestra gente.
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Presupuesto 2027: Jalisco espera lo justo

En la política y en la vida diaria, los berrinches y las distancias solo terminan costándole tiempo y dinero a la gente. Por eso, el plato fuerte de la reciente visita de la presidenta a Jalisco no fueron las fotos ni el protocolo, sino la reunión de trabajo mano a mano con el gobernador Pablo Lemus.
Ahí quedó clarísimo que mientras los actores locales de Morena prefirieron marear el problema del agua durante años, tuvo que venir la titular del Ejecutivo a poner orden y resolver lo que su equipo local no pudo ni supo articular.
Finalmente, la gestión directa del gobernador logró romper la congeladora y amarrar una inversión histórica de 22 mil 500 millones de pesos a tres años para entrarle de frente a la crisis del agua en la zona metropolitana y los municipios.
El acuerdo trae números y proyectos concretos sobre la mesa que se centrarán en tres objetivos que darán un gran respiro a Jalisco con la sustitución del Acueducto Chapala-Guadalajara, una obra de 10 mil millones de pesos para cambiar tuberías viejas, frenar el 34% de agua que tiramos en fugas y ahorrarle al Estado 500 millones de pesos al año en operación y energía eléctrica.
También se completará la obra de El Zapotillo y habrá una nueva etapa de obra para ampliar la Carretera a Chapala con 4 mil 500 millones de pesos, con inversión compartida, lo que permitirá completar el proyecto de la Línea 5 y facilitar la vida de quienes habitan o trabajan en la ribera del lago.
Tener el cheque apalabrado es una gran noticia, pero el verdadero reto empieza ahora. Para que el agua de verdad llegue a las llaves de las familias jaliscienses, tocará mantener puntual seguimiento con la CONAGUA, Hacienda y en la Cámara de Diputados, sin bajar la guardia y sin dejar que la perspectiva electoral diluya los acuerdos.
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Se abrió la llave del agua para Jalisco

Quienes atestiguamos en su momento la promulgación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocemos de primera mano la expectativa que generan para acabar con la desigualdad y la violencia de género. En 2006 y 2007 fueron marcos normativos diseñados para marcar un antes y un después. Sin embargo, los años han demostrado que a pesar de muchos avances, la impunidad es el lastre que impide su óptima operación. Aun con la vasta transferencia de recursos que hubo algunos años atrás hacia estados y municipios, no ha logrado detener la hemorragia de la violencia feminicida.
Hoy, la llegada de la iniciativa para la Ley General en Materia de Feminicidio vuelve a poner el foco en preguntarnos sin finalmente detendremos la violencia feminicida como uno de los muchos pendientes que el Estado tiene con las mujeres. Homologar el delito a nivel nacional, fijar penas severas de hasta 70 años y obligar a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio son aciertos jurídicos que corrigen vacíos históricos. Sería una ingenuidad asumir que la ley, por sí sola, resuelve la crisis.
Si desde el discurso oficial del gobierno federal se enarbola la bandera de la &#8220;profunda transformación&#8221;, es imperativo aplicar esa misma máxima al ámbito donde la justicia verdaderamente se fractura: en el sistema de impartición y procuración de justicia. La herida social de la inseguridad que viven las mujeres no se cura únicamente redactando nuevos códigos, sino desmantelando los vicios de origen de las instituciones encargadas de aplicarlos.
Una transformación sustancial en esta materia exige tres pilares impostergables: Un sistema judicial e investigador incorruptible, porque de nada sirve un catálogo unificado de agravantes si los ministerios públicos y jueces locales operan bajo complicidades, presiones políticas o acuerdos de impunidad; recursos operativos y presupuestales reales, para que las fiscalías estatales tengan laboratorios periciales dotados, personal con salarios dignos y capacidades operativas para integrar carpetas de investigación sólidas que no se caigan en los tribunales; y por supuesto, servidores públicos genuinamente sensibilizados no solo desde la perspectiva de género y justicia en un taller obligatorio de un par de horas, sino desde un estándar ético y profesional indispensable para mantener el cargo.
La creación de la Ley General de Feminicidio debe ser la pieza que destrabe el cuello de botella que el sistema de justicia tiene para garantizar una vida libre de violencia. Seguimos siendo puntero mundial en niñas y mujeres que desaparecen, que son asesinadas y orfandad por feminicidio. Es ahora o nunca.

¿Un paso hacia la impunidad feminicida?

En el debate sobre el agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el dinero es muy importante, pero la voluntad política lo es más. Ante una crisis que no admite simulaciones ni pausas, la pregunta de fondo es inevitable: ¿hasta dónde nos interesa realmente resolver el problema?
Por un lado, está la dimensión del reto. Hace solo unos días, el gobernador Pablo Lemus llevó la urgencia hídrica de Jalisco hasta el despacho de Bucareli en una reunión de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. La intención es construir puentes con la Federación para coordinar proyectos estratégicos de infraestructura, saneamiento de la cuenca Lerma-Santiago y financiamiento a largo plazo.
Sin embargo, mientras en el plano nacional se buscan acuerdos de fondo, en algunas partes de esta casa la respuesta es el desentendimiento.
Resulta incomprensible la postura de las administraciones morenistas de Tonalá y Tlaquepaque, que en un momento clave decidieron cerrar la puerta, no pagar y desconocer los adeudos históricos con el SIAPA. Estamos hablando de pasivos que rondan los 260 millones de pesos en el caso de Tlaquepaque, y 90 millones de pesos en Tonalá. Su argumento para no responder es que solo pagarán lo correspondiente a sus gestiones actuales, como si la responsabilidad de gobernar un municipio recayera en sus chequeras personales y no en la continuidad de las instituciones públicas.
En este reordenamiento del agua la regla tiene que ser clara: El dado marcó &#8220;todos ponen&#8221;. El propio Gobierno del Estado asumió la revisión y liquidación de sus propios pendientes por más de 200 millones de pesos, sumado a los acuerdos alcanzados con municipios como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, e incluso la Universidad de Guadalajara que también harán lo propio.
No se puede pedir una solución integral si no intervienen todas las partes. El agua no es un tema de partidos políticos ni de regateos electorales; es un tema estricto de responsabilidad pública. Cuando un ayuntamiento le da la espalda a sus compromisos financieros, no le está ganando una disputa al gobierno estatal: está condenando a sus propios habitantes a vivir sin agua.
Tonalá y Tlaquepaque tienen que dar la cara, sentarse a la mesa y cumplir. Gobernar implica asumir los problemas de cabo a rabo, sin excepciones. Porque al final de la jornada, si la política se impone sobre la responsabilidad pública, la única que termina perdiendo es la ciudadanía. No se le puede dar la espalda a la gente.
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El dado marca “todos ponen”

Mi pecho no es bodega

Jonás

Responsabilidad y cálculo político

Marcela Michel López

Crónica de una crisis anunciada

Eduardo González Velázquez

“Ni firmes carta que no leas ni bebas agua que no veas”

Hay una mezquindad que no solo cuesta votos, sino que hipoteca el futuro de la gente al querer jugar a la ruleta política con el agua que sale del grifo. Mientras en la Zona Metropolitana de Guadalajara se padecen los estragos de décadas de rezago en infraestructura hídrica, la bancada federal de Morena prefiere atrincherarse en el regateo partidista antes que honrar los compromisos que la presidenta Sheinbaum hizo con nuestro estado.
La presidenta lo entendió muy bien en su visita y en su visión de coordinación republicana, la mandataria comprendió que el abasto y saneamiento de agua trascienden los colores de un partido y requieren tiros de precisión en inversión conjunta. El problema no está en Palacio Nacional; el verdadero tapón son &#8220;operadores&#8221; en Jalisco, atrapados en jugarretas burocráticas, escondiendo partidas en el Presupuesto de Egresos, inventando subejercicios inexistentes y saboteando en los hechos lo que su propia lideresa instruye en el discurso.
Mientras ellos se dedican a la grilla barata para erogarse como salvadores y buscar candidaturas, aquí no nos cruzamos de brazos. Apenas ayer, el gobernador Pablo Lemus dio un paso determinante al enviar al Congreso del Estado la iniciativa para construir el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. Una obra estratégica pensada con responsabilidad técnica, que resuelve de fondo el problema de la calidad del líquido sin extraerle un solo litro adicional a nuestro lago. Jalisco hará su parte con recursos estatales, manteniendo en todo momento la transparencia y buen uso del recurso, sin privatizaciones ni concesiones disfrazadas. La pelota está ahora en la cancha del Congreso local para validar este proyecto indispensable. El Estado no puede ni debe cargar solo con lo que corresponde a la Federación. Es insultante ver cómo la Semarnat presume inversiones históricas en el papel mientras en los anexos presupuestales dejan a Jalisco prácticamente en ceros.
Nuestro punto es claro, y lo dije en tribuna del Congreso de la Unión: Estamos reclamando los 8,500 millones de pesos comprometidos y urgentes para llevar a cabo los proyectos que harán toda la diferencia: ⁠la electrificación del sistema de bombeo, el acueducto Calderón y la ampliación de la planta potabilizadora de San Gaspar.
Estamos en la raya. Queda menos de un mes para la aprobación del Presupuesto 2027 y el margen de maniobra se agota. Si los diputados de Morena insisten en llevar agua a su molino electoral a costa de estrangular financieramente los proyectos hídricos del estado, la factura la pagará Jalisco, pero la condena histórica caerá sobre ellos. Agradecemos la disposición al trabajo en equipo mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum; ahora toca que sus propios legionarios guinda se quiten la venda ideológica, dejen el boicot y entiendan que con la sed de los jaliscienses no se juega.

Claudia Sheinbaum vs su propia legión guinda