Jonás

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En la actual crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara los acontecimientos se suceden rápidamente. Las manifestaciones aumentan y se preparan otras para el fin de semana, mientras los reclamos y el enojo se multiplica en todos los espacios en los que es posible hacerlo público. La inconformidad de los habitantes de la ciudad que están recibiendo agua sucia y pestilente se entiende perfectamente, pero en la explosión del enojo público se está perdiendo la dimensión real del problema.
Durante más de 450 años, la ciudad de Guadalajara ha pasado por diferentes problemáticas que en su momento se superaron, pero la falta de agua potable y el flujo de agua contaminada supera el hecho de que en los domicilios se abra el grifo el líquido huela mal y esté turbio. El agua potable es indispensable para las necesidades elementales de aseo, limpieza y salud, pero también se requiere para muchas otras actividades: escolares, sanitarias, industriales, comerciales.
Lo que está en juego si no se garantiza el agua potable es la viabilidad de la ciudad, y el afán no es “estirar” la alarma para visualizar escenarios tremendistas.
En la crisis actual, además de la atención a la urgencia y a los reclamos, debe sumarse la responsabilidad y aunque también sea un bien escaso, una postura ética. Se necesita tanto entre quienes son autoridades y ostentas responsabilidades legales, como entre quienes son consumidores individuales o grupales; con intereses de lucro o no.
La situación exige tomar la conciencia de que la crisis del agua alcanza a toda la ciudad, aunque el agua turbia no está distribuyéndose en toda la urbe, porque si la problemática no se atiende en el inmediato y en el largo plazo, la crisis tomará dimensiones mucho más extensas.
No hay mucho qué agregar a lo que los técnicos ya han expuesto: modificar y reducir el consumo de agua limpia; tratar las aguas residuales; seguir estrictamente las normas establecidas para el uso y distribución; invertir en la infraestructura; reformar y reforzar la legislación de sanción a los entes contaminantes. Y pagar correctamente por el agua que se consume, atacando la corrupción y diferenciando los usos que se da al agua.
La manifestación pública es un derecho constitucional; se ha ejercido en los días recientes y se seguirán manifestando más grupos de personas. Pero eso no resuelve el problema de fondo; porque cerrar calles, levantar pancartas, bloquear el transporte público y generar caos en la movilidad, consigue llamar la atención, pero no echa a andar ningún mecanismo para alcanzar los objetivos ya expuestos.
El momento exige, sobre todo de las autoridades correspondientes, elevar el nivel de visión y superar intereses personales, de grupo y político partidistas, para sentar las bases de una dinámica que supere la crisis.

La responsabilidad en la crisis del agua

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La crisis del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara alcanzó un nuevo pico esta semana: manifestaciones, reportes y una molestia evidente en redes sociales y medios de comunicación. El tema obligó a una reacción inmediata y ayer, el gobernador Pablo Lemus convocó a una reunión urgente a los presidentes municipales metropolitanos y los funcionarios responsables en el sector. Se tomaron acciones urgentes y la consecuencia está a la vista: mejorará la calidad del agua, pero habrá menos líquido y se establecerán cortes rotatorios.
Las medidas comienzan por dejar de usar agua de la Presa de Las Pintas. En este vaso desemboca el agua que proviene del Lago de Chapala y de ahí pasa a las plantas potabilizadoras, pero en la presa misma se está arrojando agua contaminada. El resultado es lógico: el proceso de potabilización no basta y por eso, en varias zonas de la ciudad se está recibiendo agua turbia y pestilente.
Las medidas emergentes pueden durar varios meses, probablemente seis.
De este modo, durante lo que resta del año el compromiso es mejorar la calidad del agua, pero habrá menos.
El SIAPA y los presidentes municipales acordarán el mecanismo para hacer los cortes del líquido. 
Además, mañana jueves se entregará en el Congreso del Estado el proyecto para la construcción del acueducto del Lago de Chapala a Guadalajara, junto con la ampliación de la Planta Potabilizadora de Miravalle, dónde ya hay obras de crecimiento. Los diputados tendrán que resolver de forma emergente el tema.
El gobernador Lemus Navarro reiteró que tiene un acuerdo con la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el gobierno federal se haga cargo de las obras complementarias de la Presa El Zapotillo –aunque hay que subrayarlo, el tema no está contemplado en el proyecto presupuestal que la Secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados la semana pasada–.
Las medidas urgentes son inevitables. La molestia de los afectados tiende a crecer y además, se prepara también una manifestación para el domingo próximo.
Parte del mensaje de ayer incluyó un llamado a la ciudadanía para tomar conciencia y disminuir el uso del agua ante la escasez que se avecina. Ha sido el mismo llamado que durante años no ha dado resultado.
El tiempo y la situación alcanzaron a la ciudad. Ahora la disyuntiva es clara: mientras no se efectúen las obras para tener acceso a agua potable, lo implica al menos dos años de espera, sólo queda tener menos agua o tenerla contaminada.
Es imposible que el tema no permanezca vigente durante el proceso electoral que está encima, pero es momento de terminar la politización que ha provocado el alargamiento de la crisis hídrica. 
Al final, las consecuencias son para la mayoría de los habitantes de la ciudad.

Solución y conciencia para el agua contaminada

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De forma totalmente sorpresiva, la dirigencia nacional de Morena anunció ayer a Andrea Chávez Treviño como su “coordinadora de defensa de la 4T” en Ciudad Juárez. En la práctica, le entregaron fuera de toda norma interna la candidatura por la presidencia municipal para las elecciones de 2027. Es el premio de consolación para la senadora con licencia y al mismo tiempo, el mecanismo que cierra la oportunidad para que el Partido del Trabajo la postulara como candidata a la gubernatura de Chihuahua.
Andrea Chávez ha sido siempre –hay que decirlo– un problema en Morena. A pesar de su juventud (apenas 29 años), tuvo un veloz desarrollo en el partido, pasando de diputada federal a senadora apenas en lo que transcurrió el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero carece de todo recato y freno; su personal ambición y la cercana relación que construyó con el influyente Adán Augusto López, la condujeron a adoptar todo lo que Morena rechaza en el discurso. 
En su carrera por convertirse a toda costa en candidata a la gubernatura de Chihuahua, se encontró con el mayor de los obstáculos: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que rechazó su proyecto político y castigó el uso de recursos de procedencia dudosa en campañas de salud para ganar las simpatías de los chihuahuenses.
El equipo político de la presidenta y Ariadna Montiel, en particular, ya como presidenta de Morena, buscaron el perfil adecuado para detener a Andrea Chávez y lo encontraron en un político de larga trayectoria y con militancia previa en el PAN y Movimiento Ciudadano: Cruz Pérez Cuéllar, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, precisamente, y quien después de una disputada negociación, se convirtió en el coordinador de Morena en Chihuahua y próximo candidato a gobernador.
El intempestivo desenlace que convierte a Chávez Treviño en candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez presenta un rosario de contradicciones y determinaciones tomadas con base en el cálculo político y al margen del discurso del “humanismo morenista”.
A Andrea Chávez y a Adán Augusto López les entregan Ciudad Juárez y al mismo tiempo, evitan una ruptura interna mayor, pues pudo haberse convertido en candidata por el Partido del Trabajo. 
Lo que aflora con claridad, sin embargo, no sólo el pragmatismo y el atropellamiento a las reglas internas de Morena, sino el desdén con el que se trata a los habitantes de Ciudad Juárez y de Chihuahua, que determinarán, finalmente, si le dan su voto a los candidatos de Morena.

Andrea Chávez y el “premio de consolación”

El sábado pasado, Tere Jiménez presentó su cuarto informe como gobernadora de Aguascalientes. Aparte de los logros anunciados por ella misma en su gestión –logros que no son suyos en exclusiva, aunque se reconoce la continuidad–, el buen desempeño de su gobierno es una de las esperanzas que mantiene el Partido Acción Nacional (PAN), para mantener representatividad en gobiernos estatales.
El caso de Acción Nacional es singular: a pesar de la ola morenista que ha arrasado en el país desde 2018, mantienen cuatro gubernaturas: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. Y tres de sus cuatro mandatarios son mujeres, pues junto con Tere Jiménez, encabezan gobierno Maru Campus en Chihuahua y Libia García Muñoz Ledo, en Guanajuato, además de Mauricio Kuri en Querétaro.
En lo político, estos cuatro gobernantes tienen muy claras particularidades que los hacen, digamos, “únicos” dentro del PAN y en el concierto nacional.
Tere Jiménez ha sido una gobernadora exitosa, en general. Ajena a las controversias.
Su gestión a lo largo de cuatro años y un quinto –su administración será de sólo cinco años– que está iniciando, ha mantenido una línea constante de crecimiento.
Aguascalientes es reconocida como una de las ciudades mexicanas con mejor calidad de vida, con base en estudio internacional que evaluó más de tres mil 400 ciudades en el mundo, de las cuales solo 251 integraron la clasificación final. Se le reconoce infraestructura urbana, movilidad, seguridad, servicios y oportunidades económicas.
En materia de salud, los hidrocálidos tienen de una esperanza de vida promedio de 77.2 años, superior al promedio nacional de 75.9 años. Las mujeres tienen una expectativa de 80.5 años y los hombres de 74.2 años. El incremento se acredita a programas de salud, acceso a servicios médicos gratuitos y políticas de bienestar social.
Uno de los mayores orgullos del gobierno de Tere Jiménez es que Aguascalientes mantiene un entorno económico favorable: tasa de desempleo 2.16% y un salario promedio mensual de 6 mil 730 pesos, además de la atracción de inversiones nacionales e internacionales con empleos formales y oportunidades de desarrollo; a pesar de su tamaño, menor en comparación con muchas de las entidades del país, tanto en extensión como en población, se trata de importante centro industrial y exportador, particularmente en el sector automotriz y manufacturero.
La gestión de Tere Jiménez ha enfrentado retos importantes, en particular en el cambio de equipos de gobierno y como pasa en Jalisco, en las diferencias ideológicas con el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum.
A pesar de ello, su gestión es una de las fortalezas del PAN como partido de oposición y es también, por el mérito de mantener una línea de crecimiento y continuidad, un espejo en el que deben verse entidades como Jalisco.

En el espejo de Aguascalientes

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Se estrenó en su labora el nuevo presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, Ernesto Santana Bracamontes. Rindió protesta, encabezó la sesión del pleno y reconoció que organizar las elecciones en Jalisco es un reto complicado. Tiene razón.
Santana asume el cargo después que en julio pasado presentó su renuncia, de manera totalmente inesperada, Paula Ramírez. Ya como titular del Instituto, le quedan apenas dos semanas antes de que inicie formalmente el proceso de las elecciones 2026-2027, que en Jalisco deben permitir la renovación de los 125 gobiernos municipales y de los 38 escaños en el Congreso del Estado.
En su elección como consejero presidente no han faltado las especulaciones sobre sus antecedentes y relaciones, pero eso es poco relevante. Siempre ocurre así con quienes integran los organismos electorales. En teoría presentó los exámenes correspondientes y acreditó experiencia y conocimiento.
Lo importante a partir de ahora y hasta septiembre del año 2033, período para el que ha sido nombrado, lo que está por demostrarse es su capacidad de liderazgo, organización, conciliación y naturalmente, de tránsito político, porque el IEPC debe organizar las elecciones estatales y garantizar que después de la elección del 6 de junio 2027, queden instaladas en Jalisco, autoridades elegidas con legalidad y legitimidad.
El nombramiento de Ernesto Santana pasa desapercibido para la sociedad en general. Cómo se integra el IEPC y cuáles son sus labores no es asunto que ocupe y preocupe a los jaliscienses, pero que el nuevo presidente y el resto del organismo cumplan cabal y legalmente con su función, es fundamental para mantener la gobernabilidad y la seguridad jurídica en el Estado.
Desde ya, puede contarse con eso, el presidente del IEPC recibirá la presión de los partidos políticos y las autoridades en funciones.
Sin embargo, debe integrarse y si es posible, mejorar la ruta de trabajo que ya ha sido trazada para la organización de la estructura, contratación de personal, instalación de consejos municipales, vigilancia de la estructura burocrática y en general, toda la logística que permita garantizar certeza y legalidad en una jornada electoral que convocará a siete millones de jaliscienses a votar.
El nuevo presidente del IEPC tiene en sus manos la tarea más trascendental que haya podido desempeñar en su trayectoria profesional y aunque su labor y cargo no sean del interés popular, de su exitosa gestión depende mucho el futuro inmediato del Estado. 
Toca observar al IEPC, su Consejo General y su consejero presidente.

Nuevo presidente del Instituto Electoral

Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, reapareció mediante un video en sus redes sociales. En su faceta de autor de ensayos, presentó un nuevo volumen titulado “Pueblo” que en breve, seguramente, será repartido en la Cámara de Diputados y entre los senadores de Morena y partidos aliados.
En un mensaje de una hora y 20 minutos, López Obrador abordó numerosos temas, algunos relacionados con el libro presentado y otros más en los que reiteró loas y alabanzas a su movimiento político. Particularmente interesante fue la dedicatoria de su libro a Claudia Sheinbaum Pardo, “la mejor presidenta del mundo”.
No es ninguna casualidad que el expresidente reaparezca justo en este momento para reiterar los postulados de la “cuarta transformación” y repetir también sus acusaciones contra el neoliberalismo y los fantasmas del pasado que siempre lo acompañaron en su discurso durante el sexenio que encabezó.
No es casualidad que lance el video justo después que se han robustecido los señalamientos contra Andy López Beltrán y se filtra en “The New York Times” que al menos dos agencias del gobierno de los Estados Unidos investigan a su hijo en la posibilidad de que esté coludido con el tráfico de combustibles y el manejo de recursos de procedencia ilícita. Además, esto sucede precisamente cuando Amílcar Olán Aparicio fue localizado en Suiza, de donde se esfumó en cuanto se vio descubierto.
Tampoco es coincidencia la reaparición de López Obrador justo después de la crisis política que se vivió en Morena –era de esperarse– para determinar a sus 17 coordinadoras y coordinadores que pronto serán candidatas y candidatos a los gobiernos estatales que se renovarán en la elección 2027.
Ni se puede considerar accidental, tampoco, que haya elegido el último día de septiembre, justo al iniciar el tercer año de gobierno de su sucesora, cuya influencia y poder se consolidaron en la determinación de las 17 candidaturas, en detrimento de aliados tan importantes como Adán Augusto López y Félix Salgado Macedonio (revisión aparte merece el reposicionamiento de Ricardo Monreal después de estos jaloneos internos).
No, no es casualidad. Porque el expresidente reaparece para que su imagen no se olvide, porque su presencia, así sea en un video de una hora y 20 minutos, es un recordatorio permanente de que él es el fundador, el tótem. Y porque ante el debilitamiento del poder de sus más cercanos en Palacio Nacional, su sonriente presencia es la prueba de que, aún desde su finca en La Chingada, sigue presente e influyente.

Regresa AMLO con nuevo libro… y no es casualidad

Después de tensas negociaciones y luchas internas que dejaron heridas profundas en Morena, la dirigencia nacional del partido ya presenta a sus 17 coordinadoras y “coordinadores de la defensa de la 4T y la soberanía nacional”, que para fines prácticos son en realidad quienes competirán el año entrante por las gubernaturas que estarán en juego. Ariadna Montiel, presidenta del partido, y Citlalli Hernández, presidenta la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, concluyeron una complicada tarea de la que se pueden obtener varias conclusiones.
Durante meses, se revisaba cada paso, cada declaración, cada aprobación y rechazo planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el comportamiento y ambiciones declaradas de quienes aspiran a convertirse en gobernadoras y gobernadores. En ello, y por la influencia de personajes como el senador Adán Augusto López, se esperaban estos resultados para “medir” si efectivamente, la presidenta Sheinbaum es la jefa política de lo que ella misma bautizó como “el segundo piso de la cuarta transformación”.
Los resultados demuestran que sí, que ella se impone y quedan al margen quienes retaron sus reglas, como por ejemplo su rechazo al nepotismo o sus actos adelantados de campaña, igual que sus relaciones sospechosas con actividades reprobadas por la filosofía morenista.
El ejemplo más claro y reciente fue la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador en Chihuahua, dejando fuera a la senadora Andrea Chávez, quien reiteradamente retó las prohibiciones de la presidenta Sheinbaum y se apoyó en Adán Augusto López.
Pero en el camino también quedaron “sembrados” personajes como el senador Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, o el senador Saúl Monreal Ávila, en Zacatecas.
Además, se rompió con los aliados en San Luis Potosí, donde Ricardo Gallardo está empeñado en que su esposa, la senadora Ruth González, será candidata al gobierno estatal para sucederlo en el cargo; en este caso, Morena postulará a otro personaje, Elí César Cervantes.
Queda claro entonces que la presidenta Sheinbaum aumenta su margen de maniobra y disminuye el de otros actores políticos de su partido. Con estos movimientos, la presidenta despeja el futuro de su siguiente año de gobierno, que se antoja bastante complicado.
Después de las gubernaturas, siguen las presidencias municipales, particularmente las de ciudades con más población. 
Y enseguida, las candidaturas a la Cámara de Diputados, donde se pretende mantener una mayoría calificada que le permitan el control legislativo para reformas y decretos.
La ruta está marcada y las cosas van saliendo.
Pero no pueden tener la seguridad de que esos serán los resultados. 
Hay muchas cuentas por pagar y la presión del gobierno de Estados Unidos sobre los morenistas con escándalos merece una lectura adicional.

Sheinbaum y las candidaturas de Morena

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La pregunta hace referencia a la más reciente tragedia que se vivió en Jalisco: la crecida del Río Santa Elena en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende, se llevó una casa y con ella a cuatro personas, dos menores de edad y sus padres. Sus cuerpos fueron encontrados en búsquedas que iniciaron el domingo 27 y terminaron ayer lunes 28 de septiembre. A la muerte de los cuatro familiares, se suma para hacer más trágico el suceso, la supervivencia de un niño de 11 años de edad. Lo perdió todo en una noche: familia y vivienda.
El sábado 26 de este mes, llovió intensamente en varias zonas de Jalisco. En Talpa de Allende y en la Costa Norte, en concreto en Puerto Vallarta, las lluvias se atribuyeron a los remanentes del huracán “Polo” que hasta ayer, mantenía a Baja California Sur en alerta.
En Puerto Vallarta, el mismo sábado, dos chicas de San Luis Potosí decidieron no hacer caso de las prohibiciones y se metieron a la playa. Una de ellas sobrevivió porque la rescataron, pero la otra sigue perdida.
Por las intensas lluvias, cinco víctimas fatales en apenas una noche. 
Por eso la cuestión: ¿Estas muertes son prevenibles?
Probablemente, en el caso de las jóvenes que a pesar de los avisos y la prohibición expresa se metieron al mar, no había manera, pero en la crecida del Río Santa Elena, que la mayor parte del tiempo apenas es arroyo, el gobierno municipal puede hacer mucho más que pedir ayuda para rescatar los cuerpos.
Las casas que se construyen en los márgenes de arroyos y ríos deben reglas de protección. Aunque no lo parezca, esos cuerpos de agua registran crecidas sorpresivas. ¿El gobierno municipal tiene la información preventiva, el denominado “atlas de seguridad”?
Mientras más se alejan los asentamientos humanos de las manchas urbanas, más precaria puede ser su situación. Sin embargo, eso no elimina la obligación del gobierno municipal de mantener un registro básico de sus habitantes y una comunicación mínima, sobre todo para prestar auxilio.
De manera lamentable, en la mayoría de los municipios se estrangula el presupuesto para sus cuerpos de bomberos y Protección Civil, a pesar de que las leyes estatales establecen la obligatoriedad de su existencia, capacitación y equipamiento. 
Adicionalmente, la condición económica de habitantes en zonas rurales los empuja a buscar asentamientos donde el costo sea mínimo o nulo, pero con consecuencias inesperadas y peligrosas.
Durante varios días antes, el gobierno federal y el gobierno del Estado, advirtieron directamente del riesgo que implicaba el paso del huracán “Polo”. La Unidad Estatal de Protección Civil circuló la información a la ciudadanía y a los organismos municipales.
Pero hoy, a pesar de vivir la era de la tecnología y la información inmediata, hubo personas que no supieron lo que se avecinaba. 
La cuestión es la misma: ¿Se pueden prevenir las tragedias? La respuesta es totalmente afirmativa, pero ¿cuántos más tienen que morir antes de las acciones preventivas?

¿Se pueden prevenir las tragedias?

Mi pecho no es bodega

Claudia Salas

Claudia Sheinbaum vs su propia legión guinda

Marcela Michel López

Crónica de una crisis anunciada

Eduardo González Velázquez

“Ni firmes carta que no leas ni bebas agua que no veas”

Mientras se sigue esperando el resultado de las acciones emergentes para resolver en la medida de lo posible, la crisis por el agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el día de ayer se presentó en el Congreso del Estado el proyecto técnico y económico de dos de las obras más importantes para resolver de fondo la problemática en la ciudad: el nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, y la ampliación de la Planta Potabilizadora de Miravalle. 
La semana ha estado marcada por numerosas protestas, por otras que se están organizando y por la inconformidad, manifestada en diferentes sectores sociales; se trata de una emergencia que requiere soluciones inmediatas.
Por eso fue sorprendente que al presentarse el proyecto que tanto se había estado exigiendo, ninguno de los diputados de Morena en el Congreso del Estado estuvieron presentes. Tampoco asistieron para recibir el proyecto y reunirse con los funcionarios del gabinete algunos diputados del PAN, del Partido Verde, del Partido del Trabajo; no acudieron diputados de Hagamos, y de Futuro, sólo estuvo unos minutos la diputada Mariana Casillas.
¿Se trata de hacerle el vacío al proyecto del Gobierno del Estado para la crisis hídrica? ¿Es un cálculo político? ¿O simplemente, los legisladores de Jalisco tenían cosas más importantes para ellos en agenda?
Han pasado meses de discusiones, de choques políticos, de proyectos inconclusos y acusaciones que no pueden continuar cuando el interés primordial de las personas ha establecido esta urgencia.
Incluso la presidenta del país, Claudia Sheinbaum abordó el tema en Palacio Nacional y reconoció —cuando algunos legisladores federales lo habían negado—, que hay un acuerdo político con el gobernador Pablo Lemus para distribuirse las tareas en las obras indispensables para la solución de la crisis del agua. En palabras coloquiales de la misma presidenta: “Tenemos que entrarle todos”. 
Pero probablemente algunos actores políticos en el Congreso local no han entendido ni el mensaje ni las instrucciones.
Como representantes de todos los ciudadanos del Estado, tendrán que dar explicación de su ausencia.
¿Qué le van a responder a los ciudadanos que se han manifestado reiteradamente? ¿Nuestros actores políticos volverán a los argumentos que no condujeron a ningún resultado? Evidentemente, en lo que a los diputados corresponde, tienen que discutir el proyecto y aprobarlo, o rechazarlo y hacerse responsables y ofrecer otras opciones para recuperar el ejercicio de un derecho fundamental: acceso al agua potable.

Responsabilidad y cálculo político