Agua potable: Triple ración de castigo

Totalmente lamentable y por momentos trágico, lo que ocurrió ayer en las inmediaciones de Casa Jalisco. Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara están recibiendo triple ración de castigo: la mala calidad del agua, los infiltrados en una manifestación ciudadana que sólo estuvieron ahí para agregar violencia y finalmente, el oportunismo de varios políticos que, alzándose como defensores de los derechos humanos, lanzan videos y mensajes en redes sociales contaminando aún más el enrarecido ambiente de la crisis del agua potable.

Por partes.

La manifestación no fue ninguna sorpresa. Estuvo convocada con varios días de anticipación –debe subrayarse que toda la semana, sin que faltara un día, hubo protestas por la calidad del agua–. Era una convocatoria pública y la movilización estuvo desde su origen, totalmente legitimada. Es cierto que desde algunos partidos políticos se llamó a la marcha, pero eso no disminuyó en lo más mínimo la legítima convocatoria ciudadana. Debe aclararse para que haya total diferenciación: las marchas o protestas convocadas por partidos o actores políticos, son tan válidas como las de origen ciudadano y se desarrollan en el marco del derecho constitucional a manifestarse, pero su origen siempre condiciona los objetivos.

Antes de la manifestación del domingo 11 de octubre, los habitantes de la ciudad ya han padecido el castigo: el agua que debiera ser potable (el término está incluido en el nombre del organismo operador, SIAPA), lleva meses turbia y más recientemente, pestilente. En muchas colonias la queja es que ni si quiera tienen agua.

Con este antecedente se organizó la manifestación convocada en La Minerva, un punto de encuentro que se ha convertido en paradigma de los festejos y la fiesta para los habitantes de la ciudad. Pero en esta ocasión el motivo legítimo fue la protesta. No hubo diferencia de edades, ni filias políticas o de residencia en la ciudad; había de todo: niñas y niños; familias; jóvenes, adultos y adultos mayores. El objetivo era claro: protestar por la calidad del agua. Una iniciativa ganó voluntades y de La Minerva decidieron ir a Casa Jalisco.

Ya en la vecindad de la residencia oficial del gobernador, apareció un grupo de manifestantes que no tenían nada en común con los demás: estaban claramente identificados por su vestimenta, porque tratan de mantener el anonimato ocultando el rostro y porque esencialmente son violentos. Derribaron vallas de protección del edificio y se enfrentaron con los policías; eso era lo que buscaban desde el principio. Arrancaron piedras en una barda de una finca vecina para tener más forma de atacar a los antimotines y nunca quisieron escuchar las demandas de los otros manifestantes: ¡Esta protesta es pacífica!

En las redes sociales que seguían los hechos desde la Ciudad de México los identificaron de inmediato, el Bloque Negro. Y consiguieron lo que buscaban: Agua a presión, gases lacrimógenos y heridos. Un policía terminó con el cráneo fracturado y a otro le cercenaron un dedo. Hubo 39 detenidos y una bandera se levanta, superando las demandas de miles de ciudadanos: “el gobierno del Estado reprime a manifestantes”. ¿Y la solución al agua turbia y maloliente? ¿Qué de las obras, del proyecto, del acuerdo entre los gobiernos del Estado y de la Federación?

Fue la segunda ración de castigo: se robaron la manifestación por medio de la violencia.

Y queda la última ración de castigo, el oportunismo político.

Como siempre, asumiéndose en líderes de la comunidad, de las familias, de los indefensos, numerosos políticos claman liberación. Son los que siempre defienden “al pueblo”, los que jamás carecen de reclamos, pero no ofertan soluciones ni reparación social.

Ellos saben quiénes son. Los ciudadanos también lo saben.