El agua en Guadalajara: la hora de las definiciones
De acuerdo con los diagnósticos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Conagua, los principales centros urbanos del país como Tijuana, Mexicali, Saltillo, Querétaro, León, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala y el Valle de México, enfrentan condiciones críticas de disponibilidad de agua para consumo humano, industrial y agrícola. Las recientes crisis en Monterrey y San Luis Potosí evidenciaron los límites de cuencas sobreexplotadas y años de inversión postergada. En el Área Metropolitana de Guadalajara el problema es distinto: el volumen en las fuentes existe, pero el rezago de medio siglo en infraestructura provocó que el agua llegara turbia a miles de hogares. A partir de las quejas vecinales canalizadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y posteriores inspecciones del SIAPA y municipios, se tiene registro de 342 colonias con afectaciones.
Frente a esta realidad, la estrategia del gobernador Pablo Lemus y los alcaldes en la Junta de Gobierno del SIAPA arrancó con la decisión de suspender la extracción de 2.5 metros cúbicos por segundo en la presa de Las Pintas, tras detectarse múltiples descargas irregulares a lo largo del canal que contaminaban el flujo antes de ingresar a la potabilizadora de Miravalle. La medida exige canalizar esas aguas residuales a la planta de El Ahogado y operar temporalmente con 30 por ciento menos de caudal bajo rotación programada de dos a tres días por semana, mientras concluyen el desvío de La Calera y las mejoras en Miravalle iniciadas en julio. La acción ya arrojó saldos favorables con agua limpia en diversas colonias este mismo fin de semana. Ante el comprensible malestar social, la autoridad garantizó resguardo a las manifestaciones y asumió la exigencia como una obligación inaplazable.
En el terreno estructural, la solución definitiva inició con la iniciativa turnada al Congreso local para construir el Acueducto sustituto Chapala–Guadalajara. Mediante el esquema multianual CMRO, Jalisco invertirá 18 mil millones de pesos propios sin deuda bancaria ni privatizaciones para renovar la fuente que aporta el 65 por ciento del abasto. A la par de la clausura de descargas en la cuenca Lerma–Santiago por parte de Conagua, la Federación debe destinar 8 mil 500 millones de pesos a electrificación, el segundo acueducto Calderón-San Gaspar y la potabilizadora número 3 para que El Zapotillo opere al 100 por ciento. El respaldo público de la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que la coordinación avanza con firmeza.
La seguridad hídrica exige dejar de lado el cálculo electoral. Los legisladores locales y federales deben procesar los presupuestos con altura de miras; los municipios supervisar la distribución colonia por colonia mediante la mesa permanente del SIAPA; la academia aportar rigor técnico y la ciudadanía asumir un consumo consciente durante el ajuste. Superar un rezago de tres décadas representa una prueba compleja, pero con proyectos ejecutivos, viabilidad financiera y responsabilidad compartida, Jalisco tiene la oportunidad de garantizar agua limpia y suficiente a las próximas generaciones.
