Federico Torres López

Ayer, más de 150 millones de brasileños acudieron a las urnas en la elección presidencial más cerrada que el país ha vivido desde el retorno de la democracia. Luiz Inácio Lula da Silva busca un cuarto mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, hoy encarcelado por su intento golpista tras perder la elección de 2022.
Las encuestas de las últimas horas coincidían en un patrón: Lula mantiene una ligera ventaja en primera vuelta, de entre tres y cinco puntos, insuficiente para evitar un balotaje, y en una hipotética segunda vuelta el margen se reduce a un empate técnico que ningún estudio logra resolver con certeza. Todo apunta, salvo sorpresa, a que Brasil no conocerá un presidente electo este domingo, sino que deberá esperar hasta el 25 de octubre.
Los argumentos a favor de la continuidad de Lula se apoyan en su gestión económica reciente, en la recuperación del gasto social y en el peso simbólico de haber derrotado judicialmente el intento golpista de 2022-2023.
Conserva, además, una base electoral consolidada en el nordeste y entre los sectores populares, y se presenta como garante de estabilidad institucional frente a un rival sin experiencia en el Ejecutivo. En contra, pesan el desgaste natural de casi cuatro años de gobierno, el deterioro de su aprobación en el sur y sureste industrializados, y el hecho de que, a sus 80 años, enfrenta un tratamiento médico que alimenta dudas sobre su capacidad para un mandato completo.
A favor de Flávio Bolsonaro se cuenta el respaldo consolidado del electorado conservador y evangélico, la narrativa de cambio frente al desgaste oficialista, y un respaldo internacional explícito de Donald Trump, quien lo ha recibido dos veces en la Casa Blanca y ha calificado a su padre como víctima de una persecución política, en un paralelismo deliberado con su propia narrativa judicial.
En contra pesan las filtraciones que lo vinculan con un banquero encarcelado por fraude financiero, la percepción de dependencia excesiva de Washington, señalada por organizaciones de la sociedad civil como una operación de cambio de régimen, y el antecedente de que los aranceles punitivos impuestos como represalia por la condena a su padre terminaron perjudicando a exportadores que el propio bolsonarismo dice representar.
En el plano internacional, el tablero es igualmente polarizado. Trump, junto con aliados ideológicos en la región, ha mostrado simpatía abierta hacia Flávio Bolsonaro. Lula, en cambio, conserva el respaldo discursivo de gobiernos progresistas latinoamericanos agrupados en el Foro de Sao Paulo y de sectores que han expresado preocupación por la injerencia estadounidense en el proceso electoral brasileño.
Lo más probable es que esta contienda se dirija a una segunda vuelta el 25 de octubre, y será decidida por una diferencia mínima.
Esa estrechez convierte a esta elección en un referéndum no solo sobre el gobierno de Lula, sino sobre el grado de influencia que Washington puede ejercer sobre la democracia más grande de América Latina.
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Federico Torres

Brasil ante las urnas, una elección cerrada

La 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada hace unos días en Nueva York, ofreció una fotografía de concertación multilateral y un mosaico de posiciones de fuerza. Donald Trump reivindicó ante el plenario que, mientras otros hablaban, él había actuado, en un discurso que buscó proyectar autoridad hacia un electorado doméstico más que construir consensos globales. Trump está en campaña de cara a las intermedias de noviembre.
Horas después, Benjamin Netanyahu llegó a la Asamblea en un momento de fuerte tensión por las guerras en Gaza e Irán y defendió las acciones de su gobierno, mientras buena parte de las delegaciones abandonaba la sala en señal de protesta por la ofensiva contra el pueblo palestino, calificada por un número creciente de voces como un genocidio.
El primer ministro israelí respondió calificando esa acusación como la mayor mentira del siglo. En paralelo, se celebraron reuniones de alto nivel sobre la cuestión palestina en las que se advirtió que el margen para avanzar hacia un Estado palestino y una solución de dos Estados se reduce cada vez más.
Lula da Silva, de Brasil, por su parte, sostuvo que la ONU atraviesa el momento más crítico de su historia, incapaz de liberar al mundo de las guerras, una lectura que combina diagnóstico institucional con posicionamiento ideológico.
Zelenski buscó, en sus encuentros bilaterales, reactivar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras Milei, el león argentino, llevó al atril su reivindicación de Malvinas y sus críticas al globalismo, alineado abiertamente con Washington e Israel.
¿El resultado?&#8230; Fue una semana que se pareció más a una sucesión de actos de campaña que a un ejercicio de gobernanza global.  Cada estadista utilizó el estrado de la Asamblea para hablarle a su propio electorado o a sus propios aliados, no al conjunto de las naciones. Ese fenómeno no es nuevo, pero esta edición lo mostró con particular crudeza: la ONU sirvió como escenario, no como árbitro.
¿Es la ONU garante de la paz?&#8230; La pregunta merece una respuesta matizada. La organización nunca tuvo capacidad coercitiva propia; su autoridad siempre dependió de la voluntad de sus miembros más poderosos, particularmente de los cinco integrantes permanentes del Consejo de Seguridad.
Cuando esos mismos actores —Estados Unidos, Rusia, China— son parte interesada en los conflictos que se discuten, el organismo queda estructuralmente inhabilitado para arbitrar con imparcialidad.
En ese sentido, la advertencia de Javier Milei sobre la obsolescencia de la ONU contiene una parte de razón, aunque simplificada: el problema no es la existencia de un foro multilateral, sino el diseño institucional que otorga poder de veto a quienes con mayor frecuencia generan los conflictos que ese foro debería resolver.
Una postura objetiva sobre el futuro de la paz exige distinguir entre la ONU como idea —la necesidad de un espacio de diálogo universal— y la ONU como estructura de poder heredada de 1945, hoy desfasada frente a un mundo multipolar.
La solución no es abandonar el multilateralismo, sino reformar sus mecanismos de decisión. Mientras eso no ocurra, cada Asamblea General seguirá siendo, como ésta, un mitin de líderes armados de razones propias y  no un tribunal de la comunidad internacional.
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La Asamblea que exhibió sus propias fracturas

La semana pasada, Ursula von der Leyen invitó a Canadá a convertirse en el primer &#8220;miembro asociado&#8221; de la Unión Europea, un estatus que hasta ahora no existía en los tratados comunitarios. La oferta, hecha durante su discurso sobre el Estado de la Unión en Estrasburgo —con Mark Carney sentado en primera fila—, no es un gesto protocolario, es la respuesta de Bruselas y Ottawa a una premisa compartida. Ninguno de los dos confía ya en que Washington sea un socio previsible.
Los vectores del caso:
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<li>Detonante: la guerra arancelaria de Trump contra Canadá y sus llamados reiterados a convertirlo en &#8220;el estado 51&#8221;.</li>
<li>Oferta europea: ampliar el CETA hacia una &#8220;Alianza para el Futuro&#8221; en manufactura avanzada, defensa, energía, minerales críticos e inteligencia artificial.</li>
<li>Reacción de EE.UU.: Trump calificó la posible membresía como un &#8220;acto hostil&#8221; y amagó con más aranceles a Europa.</li>
<li>Efecto colateral: analistas advierten que el T-MEC, vigente hasta su revisión de 2026, podría debilitarse si Canadá diversifica su arquitectura de alianzas.</li>
</ul>
Vista así, la jugada de Ottawa no es idealismo atlantista: es diversificación de riesgo. Cerca del 70% de las exportaciones canadienses dependen de Estados Unidos, una dependencia que Trump ha usado como arma política. Buscar en Europa un ancla alternativa —aunque sea jurídicamente imprecisa, como reconoce la propia Comisión— es una forma de recuperar margen de maniobra frente a un vecino que dejó de comportarse como socio confiable y empezó a comportarse como poder revisionista.
¿Qué representa entonces esta alianza entre continentes? No un regreso ingenuo a la globalización de los años noventa, sino algo más interesante, la construcción de bloques de conveniencia entre democracias que comparten temor a la imprevisibilidad, más que un mercado común sin fronteras. La globalización que conocimos suponía que el libre comercio uniría al mundo bajo reglas compartidas.
Lo que hoy se dibuja es distinto: una geoeconomía de alianzas defensivas, donde Estados Unidos, la propia potencia que impulsó ese orden multilateral, es ahora percibida como su principal amenaza.
Para México, la lección es incómoda. Compartimos con Canadá el mismo tratado y la misma exposición a Washington, pero no hemos buscado, al menos públicamente, un contrapeso comparable. Si Ottawa logra ese estatus asociado, el T-MEC dejará de ser un acuerdo entre iguales, será una relación entre dos socios, Estados Unidos y México, y un tercero con un pie afuera.
La globalización no vuelve tal como la conocimos. Lo que regresa es la lógica de los bloques, pero ahora impulsada no por el libre mercado, sino por la desconfianza hacia quien antes garantizaba las reglas del juego.
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El regreso de los bloques. ¿Por qué Canadá mira a Europa y no a México?

Quince minutos bastaron para que el mundo entendiera que ninguna potencia, por robusta que sea su infraestructura militar, está exenta de la violencia extremista. Aquel 11 de septiembre, cuando Al Qaeda derribó las Torres Gemelas de Nueva York, no solo cayeron dos edificios, se derrumbó también la ilusión de que la seguridad nacional podía blindar por completo a una sociedad abierta. Un cuarto de siglo después, esa lección sigue vigente, y conviene repasarla no como anécdota histórica, sino como advertencia activa para cualquier país, no únicamente Estados Unidos.
El terrorismo demostró entonces —y lo sigue haciendo hoy en otras latitudes— que la vulnerabilidad social es una condición estructural del mundo interconectado, no un accidente geográfico. Ninguna sociedad, por desarrollada o vigilada que esté, puede considerarse inmune.
La respuesta institucional más visible fue la transformación radical de los protocolos de seguridad, sobre todo en los aeropuertos. Todos hemos pasado por estos protocolos y largas filas. Los controles biométricos, las restricciones de líquidos, los escáneres corporales y la cooperación de inteligencia entre países se normalizaron como parte del viaje cotidiano.
Ese cambio, aunque incómodo, revela algo más profundo: la seguridad dejó de ser un asunto exclusivamente nacional para convertirse en una responsabilidad compartida entre gobiernos.
Sin embargo, blindar aeropuertos no basta si no se fortalece, en paralelo, la armonía social como antídoto contra la radicalización. Aquí es donde el derecho internacional enfrenta su prueba más exigente: se requieren marcos jurídicos más estrictos y efectivamente aplicables contra los Estados que financian, albergan o toleran organizaciones terroristas, para que la impunidad deje de ser un incentivo.
Cabe entonces preguntarse qué futuro nos espera si, como sociedad global, decidiéramos recapacitar. La respuesta no es ingenua: no se trata de eliminar el conflicto, sino de redirigir las prioridades. La industria bélica, que durante dos décadas encontró en el terrorismo una justificación inagotable para expandirse, debería reorientar una parte sustancial de sus recursos hacia la prevención —inteligencia, diplomacia, desarrollo social— y no solo hacia la motivación de nuevas confrontaciones armadas. Aquí está la tarea si es que queremos un mundo mejor.
Veinticinco años después, el mensaje más duradero del 11-S no es el miedo, sino la constatación de que la seguridad genuina se construye colectivamente. La memoria de las víctimas exige algo más que solemnidad: exige que la comunidad internacional convierta la lección en política pública sostenida, antes de que otra fecha se sume al calendario del duelo compartido. No dejemos que esto pase.
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A 25 años del 11-S en donde la vulnerabilidad no distingue fronteras

Ceuta volvió a ocupar titulares a finales de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas —el Ministerio del Interior español habló de más de 50,000— cruzaron desde Marruecos en apenas unos días, muchas a nado, otras saltando la valla. Decenas murieron en el intento; miles de menores no acompañados desbordaron unos centros de acogida pensados para una fracción de esa cifra.
No fue un hecho aislado: fue la última repetición de un guion que España conoce desde hace años.
Ceuta y Melilla llevan más de cinco siglos bajo soberanía española, mucho antes de que existiera el Marruecos moderno. Rabat las reclama desde su independencia en 1956, aunque ni el Derecho Internacional ni la ONU las consideran territorios pendientes de descolonización. Esa disputa de fondo, nunca resuelta, es el telón sobre el que se repiten las crisis fronterizas: 2017, 2018, 2021, 2022 y ahora 2026, cada una más grave que la anterior.
Lo que distingue a estos episodios de una simple presión migratoria es su timing. La avalancha de 2021 coincidió con la acogida española al líder saharaui Brahim Ghali; la de este verano se atribuye, según analistas, al malestar marroquí por el acercamiento diplomático de Madrid a Argelia, rival regional de Rabat.
En ambos casos, Marruecos relajó el control fronterizo justo cuando España tocaba un nervio sensible. Es difícil no leerlo como lo que varios expertos ya llaman abiertamente: la migración usada como instrumento de presión geopolítica, en la misma lógica que Turquía ha ejercido sobre Grecia o Bielorrusia sobre Polonia.
Ese uso instrumental convierte a Ceuta y Melilla en algo más que un problema migratorio bilateral: son la frontera sur de toda la Unión Europea, y así lo entiende el resto del continente. Esta red temática se ha extendido por varias semanas y Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, no ha tomado decisión alguna.
La reacción no se hizo esperar —Italia llegó a plantear la suspensión de compromisos de Schengen con España—, prueba de que ningún socio europeo quiere asumir el coste de una puerta que percibe abierta de par en par. Bruselas exige a Madrid contención; Madrid depende de la voluntad de Rabat; y Rabat ha aprendido que esa dependencia es una palanca que puede accionar cuando le conviene.
El resultado es una España atrapada entre la presión de sus vecinos europeos, que exigen mano dura, y la de Marruecos, que dicta el ritmo de la frontera a su antojo. Mientras ambas ciudades sigan gestionándose como un problema de orden público que se apaga cuando escala y se olvida cuando baja, seguirán siendo el punto donde estalla, cada pocos años, la tensión que Europa entera prefiere no mirar de frente. ¿Hasta cuándo la decisión final se seguirá postergando?
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La frontera que Europa no quiere mirar

Como comunicador, no puedo dejar de preguntarme: ¿Qué sociedad estamos construyendo mientras nuestros jóvenes pasan cada vez más horas frente a una pantalla?&#8230; La tecnología llegó para facilitarnos la vida, conectar personas y abrir enormes posibilidades de aprendizaje. Pero cuando una herramienta comienza a ocupar el lugar de la convivencia, la conversación, el juego, el descanso y la atención, tenemos un problema que ya no podemos ignorar.
La problemática  que enfrenta Meta, la poderosa compañía de Mark Zuckerberg,  que está ahora en medio de pagos millonarios que ascienden a 17,100 millones de dólares, relacionados con los posibles efectos creados por Instagram y Facebook en niños y adolescentes, debería servirnos como una llamada de atención.
Se habla de afectaciones en la salud, la concentración y el aprendizaje. Hay un dato que resulta particularmente preocupante: existen niños que pueden llegar a pasar hasta 16 horas al día frente a pantallas.
La pregunta inevitable es: ¿Cómo llegamos hasta aquí?
No se trata de declarar una guerra contra la tecnología ni de demonizar las redes sociales; sería absurdo. La tecnología es necesaria y forma parte de nuestra vida cotidiana y debemos de usarla. El verdadero desafío está en establecer límites y, sobre todo, en enseñar a nuestros hijos a relacionarse con ella de manera responsable. Tal vez Mark deba poner en práctica sus tres principios para el éxito para salir de esta evetualidad. La misión, la adaptabilidad y el enfoque.
¿Quién debe regular este fenómeno? La respuesta no puede recaer exclusivamente en las empresas tecnológicas ni en los gobiernos. También corresponde a las familias, las escuelas y a la sociedad en su conjunto. Los padres necesitamos recuperar nuestro papel como acompañantes y establecer horarios y espacios libres de pantallas. En tanto, las escuelas deben fortalecer la educación digital y enseñar a los alumnos a comprender los riesgos de un consumo excesivo.
Protagonistas fundamentales de esta historia son las plataformas que tienen la mayor responsabilidad. Si sus algoritmos están diseñados para mantener al usuario conectado el mayor tiempo posible, debemos preguntarnos si resulta ético aplicar la misma lógica cuando el usuario es un niño o un joven.
Por lo pronto, la empresa ha prometido establecer reglas. Límite de uso diario de dos horas, bloqueo nocturno desde medianoche a las 6:00 A.M. y ocultar el contador de “me gusta”.
La solución no es prohibir el futuro, sino ponerle límites al presente.
Como sociedad, tenemos que decidir qué queremos proteger: ¿El tiempo de conexión o el desarrollo de nuestros niños? La tecnología debe estar al servicio de la sociedad, y no la sociedad al servicio de la tecnología.
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Cuando la pantalla deja de ser una herramienta

El Tercer Congreso de Líderes Progresistas, celebrado recientemente en el Teatro Solís y en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, ofreció un diagnóstico cristalino de las prioridades estratégicas de las izquierdas continentales.
Sin embargo, el balance analítico del foro devela una preocupante inclinación hacia la introspección táctica y el diseño de narrativas puramente defensivas. En lugar de consolidarse como un espacio académico y gubernamental para el intercambio de mejores prácticas de gestión pública y gobernanza pragmática, el encuentro concentró sus esfuerzos en articular discursos orientados casi exclusivamente a contener el avance de las opciones políticas de derecha en la región, subordinando el bienestar inmediato del ciudadano a la mera supervivencia partidaria.
Destacó el mensaje de Gabriel Boric, expresidente de Chile que llamó a la izquierda regional “a no convertirse en un muro de los lamentos y ponerse a trabajar”.
Esta marcada existencia del debate meramente ideológico sobre la eficacia administrativa desnudó la principal carencia de los liderazgos convocados, que sumó a 120 representantes: “la sustitución sistemática de las demandas ciudadanas concretas por abstracciones teóricas desconectadas de la realidad”.
La gobernanza contemporánea exige soluciones técnicas exentas de dogmatismos, donde los indicadores de desarrollo socioeconómico, la seguridad ciudadana y la eficiencia fiscal operen como los verdaderos ejes de validación entre gobernantes y gobernados.
Al marginar la discusión sustantiva sobre políticas públicas medibles, aunque sí estaban plasmadas en la agenda, el foro desperdició una oportunidad crucial para redefinir el ejercicio del poder gubernamental desde la perspectiva de la resolución efectiva de problemas estructurales históricos.
Lo cierto es que la ciudadanía está desencantada de tantas promesas retóricas que no se traducen en mejoras tangibles en su calidad de vida y opta por el castigo en los comicios o, peor aún, por el desapego al sistema democrático. La insistencia en priorizar el relato doctrinal sobre el dato empírico no solo erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas, sino que produce una pérdida sistemática de su base electoral y de la población efectivamente gobernada.
El cónclave en Montevideo evidenció que el progresismo en América corre el riesgo inminente de aislarse en su propio discurso y pone a estas coaliciones progresistas a que aspiren a revertir la tendencia de contar con un menor número de representados y recuperar la confianza ciudadana. Para ellos, resulta imperativo transitar desde la autoevaluación puramente político-discursiva, hacia un modelo de gestión pública efectivo, eminentemente técnico, transparente y orientado a resultados. Por lo pronto, por estos errores y desenfoques, solo les queda Brasil como gobierno insignia en el Cono Sur. Han perdido a Argentina, Ecuador, Chile, Panamá, Perú, Paraguay y Colombia.
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La doble retórica del progresismo en América

El 13 de agosto de 2026 se cumplió el centenario del nacimiento de Fidel Alejandro Castro Ruz, el comandante Castro. A cien años de su natalicio en Birán, la figura del hombre que lideró Cuba por cinco décadas bajo un modelo comunista de gobierno, sigue generando historias. Hoy,  esta conmemoración ocurre bajo una realidad sombría que resulta imposible ignorar.
Fidel Castro no fue un líder convencional, fue el arquitecto de una estructura política que prometió dignidad y soberanía, pero que terminó convirtiéndose en un sistema hermético. En sus inicios, el discurso revolucionario prometía una transformación social profunda. Sin embargo, al observar la Cuba de 2026, lo que queda es un modelo agotado y sombrío. La realidad es cruda y contundente. En una palabra, el sistema que Castro eligió para la isla está en ruinas.
Lo que alguna vez se presentó como una alternativa de vanguardia, que fundó y encabezó el Foro de Sao Paulo, ha demostrado ser un aparato incapaz de sostenerse a sí mismo. El mundo entero observa con desconcierto cómo las estructuras que debían garantizar el bienestar del pueblo se han desmoronado ante la falta de eficiencia, la carencia de libertades y el peso de más de 50 años de centralismo asfixiante. Ya no se trata de una cuestión de retórica o ideología, sino de una evidencia empírica: el modelo comunista, tal como fue concebido y ejecutado por el comandante, ha colapsado bajo el peso de su propia rigidez y desconexión con la realidad moderna.
Es una ironía trágica que el sistema que durante décadas se jactó de su independencia absoluta y autosuficiencia frente al exterior, hoy se encuentre en una posición de extrema vulnerabilidad. La Cuba de hoy no solo padece una crisis material profunda, sino que ha terminado pidiendo ser rescatada y EE.UU. se ha apuntado para hacerlo a través de Marco Rubio.
A cien años de su nacimiento, la figura de Fidel Castro queda marcada por este contraste final.
Por un lado, el mito del revolucionario que desafió a las potencias y, por el otro, la desoladora realidad de una nación que sobrevive entre las ruinas de ese mismo desafío. El modelo, aquel que debía servir de ejemplo para el mundo, ha terminado siendo un triste caso de estudio sobre la fragilidad de los sistemas que se cierran al cambio y se recargan en su ideología por siempre.
Hoy, la historia juzgará a Castro no solo por lo que construyó, sino por lo que dejó atrás: una isla que, al celebrar su centenario, se debate entre el peso del pasado y la urgencia extrema de encontrar una salida digna para su pueblo.
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El siglo de Fidel y el naufragio de una promesa

Héctor Ruiz López

El derecho humano al agua en medio del juego de las culpas

Mi pecho no es bodega

Luis Cisneros Quirarte

El agua en Guadalajara: la hora de las definiciones

Jonás

Agua potable: Triple ración de castigo

Mario Muñoz

¿Qué nos preocupa?

En nuestro constante repaso de los gobiernos del mundo, toca el turno de Pedro Sánchez, que ha hecho lo que mejor se le da: mover la mesa antes de que se la muevan. Al convocar elecciones para el 29 de noviembre, nueve meses antes de lo previsto, no solo adelanta el calendario, intenta cambiar la pregunta y diseñar su narrativa. Ahora el detonante no fue un escándalo, sino la aritmética.
El Congreso tumbó sus decretos de vivienda con el voto conjunto de PP, Vox y Junts, y un gobierno que no puede legislar es un gobierno sin legislatura. Las causas judiciales que rodean a su esposa, a su hermano y a antiguos colaboradores del partido pesan, pero explican el desgaste, no el momento.
La apuesta tiene precedentes. En 2023, tras una derrota municipal, también adelantó las urnas y desmintió a quienes daban por terminado el ciclo socialista. Lo cierto es que Sánchez ha sido un superviviente político. Su manual es conocido: polarizar, presentar la elección como un plebiscito contra una “ola ultraderechista” y movilizar al votante que solo acude cuando percibe una amenaza.
Esta vez reconoce errores y promete confrontar a las élites, fórmula que seduce al electorado progresista pero no resuelve el problema de fondo, que es la falta de socios estables.
El contexto, además, es otro. Los sondeos recientes otorgan al PP y a Vox entre 196 y 203 escaños, frente a los 176 de la mayoría absoluta, y dejan al PSOE en torno a los cien. A su izquierda, Sumar y Podemos se desdibujan. Tras ocho años en el poder, el desgaste se concentra en el terreno más cotidiano, la vivienda, hoy el equivalente moderno del precio del pan. Un sondeo es una fotografía, no una sentencia, pero la dirección del movimiento es nítida.
Lo que se juega excede a España. Madrid es uno de los pocos grandes gobiernos socialdemócratas de la Unión Europea y ha ejercido una diplomacia propia: la resistencia a elevar el gasto militar al 5% que exige la OTAN, una política migratoria abierta y un papel de puente hacia América Latina. Un Ejecutivo del PP condicionado por Vox, alianza que ya se normalizó en los gobiernos regionales, alinearía a España con el giro conservador que recorre Europa y reduciría el contrapeso dentro de Bruselas.
¿Qué esperar?… Lo más probable es que el PP gane en votos y que la incógnita sea cuánto dependerá de Vox para gobernar. El PSOE sólo sobreviviría si logra reconstruir el bloque que lo invistió en 2023 y elevar la participación, algo que las encuestas hoy no respaldan.
Los 55 días de campaña pesan, pero los electorados europeos, como los latinoamericanos, castigan con más frecuencia la gestión del bolsillo que la ideología. España no será la excepción. ¿Es el momento del Partido Popular?
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España vota antes; Pedro Sánchez en acción