¿Qué nos preocupa?
La educación pública escaló del lugar 11 al cuarto entre las principales preocupaciones de los mexicanos entre 2024 y 2026, superada únicamente por problemas de violencia e institucionalidad como la inseguridad, el crimen organizado y la corrupción. El dato, revelado por un estudio de la consultora Quiddity, debería encender las alarmas en Palacio Nacional. Después de años de reformas, promesas de transformación y disputas ideológicas, millones de familias siguen sin encontrar en las aulas públicas la calidad que necesitan para construir un futuro mejor para sus hijos.
El 70% de la población se declara insatisfecha con la educación pública y 43% considera que no es una prioridad para el Gobierno federal. Además, 76% califica su calidad como regular o mala.
El diagnóstico exhibe una contradicción incómoda para un proyecto político que reivindica la justicia social: mientras el discurso oficial promete reducir las desigualdades, la ciudadanía cuestiona la capacidad de la escuela pública para ofrecer oportunidades reales.
La educación importa porque no solo transmite conocimientos: desarrolla pensamiento crítico, forma ciudadanos, eleva la productividad y permite acceder a mejores empleos. Una población mejor preparada puede innovar, emprender y adaptarse a los cambios tecnológicos. Cuando el sistema educativo falla, el costo trasciende las aulas: disminuyen las oportunidades de crecimiento y se perpetúan las desventajas económicas de una generación a otra.
La experiencia internacional demuestra que invertir en capital humano puede cambiar el destino económico de una nación. Corea del Sur convirtió la expansión educativa y la formación de capacidades en pilares de su desarrollo. La OCDE reconoce que el aumento de la escolaridad contribuyó a su extraordinario crecimiento durante las últimas décadas.
Singapur, por su parte, fortaleció la preparación de su población y la vinculación entre educación, competencias e innovación.
Y Finlandia apostó por la formación docente, la autonomía profesional y el aprendizaje basado en la comprensión y la resolución de problemas.
Ninguno alcanzó sus resultados exclusivamente mediante la educación: también influyeron la inversión productiva, la tecnología, las instituciones y las políticas económicas. Pero esos tres países muestran que preparar a la población es una condición estratégica para competir y prosperar.
México, en cambio, suma décadas atrapado en reformas que con frecuencia parecen diseñadas para distinguir gobiernos, antes que para garantizar continuidad y mejores aprendizajes.
Enrique Peña Nieto impulsó una reforma centrada en la evaluación docente, la profesionalización y el control institucional. Su implementación quedó atravesada por la confrontación con sectores del magisterio y no consiguió consolidar una transformación duradera que cerrara las brechas educativas.
Andrés Manuel López Obrador hizo de la cancelación de aquel modelo una bandera política. Lo sustituyó por la Nueva Escuela Mexicana, con énfasis en la comunidad, la inclusión y el pensamiento crítico. Sin embargo, modificar planes de estudio y libros de texto no bastó para resolver los rezagos, mejorar la infraestructura o garantizar que todos los estudiantes aprendieran lo indispensable. Cambiar una reforma por otra no equivale, por sí mismo, a transformar la educación.
Los datos materiales revelan la dimensión del desafío. Durante el ciclo escolar 2024-2025, el sistema educativo registró 34.3 millones de estudiantes y 83.7% asistía a instituciones públicas. Según las cifras de la SEP citadas por Quiddity, apenas 45.2% de los planteles de educación básica tenía al menos una computadora y 41.5% contaba con conexión a internet. A ello se suma el desempeño de México por debajo de los promedios de la OCDE en lectura y matemáticas.
La pregunta no es qué gobierno tuvo la reforma más ambiciosa, sino cuál consiguió que los alumnos aprendieran más. La administración de Peña Nieto no resolvió el problema; la de López Obrador cambió el modelo sin eliminar los rezagos fundamentales. Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum debe demostrar que la política educativa puede superar la lógica de ruptura sexenal. Pero vamos tarde.
La educación pública no puede ser rehén de la ideología ni de los intereses políticos. Si la transformación que se proclama no se traduce en mejores maestros, escuelas dignas y aprendizajes comprobables, seguirá siendo una promesa sin sustento. El verdadero legado de una reforma no está en el discurso con que se anuncia, sino en las oportunidades que abre para millones de estudiantes.
