¿Tolerancia: sin límites o hasta excesos criticados?

Históricamente, octubre seguirá siendo un mes que nadie olvide. (Des)Honor a quien (des)honor merece; 58 años después de la “magnánima” frase de Díaz Ordaz: “hemos sido tolerantes hasta excesos criticados”, el progreso de la democracia implica recordar que la tolerancia NO debe ser una concesión de los gobiernos democráticos, sino una condición mínima indispensable para encauzar posibles alternativas de solución ante complejos problemas que aquejan a los ciudadanos.

En este contexto, desde el siglo pasado el reconocimiento a los Derechos Humanos como características intrínsecas de las personas sin importar la voluntad de los gobernantes, solo es explicable a partir de instrumentar uno de los valores democráticos más fundamentales: la tolerancia.

Si bien este concepto ha sido implementado, mayormente, como una herramienta de la diplomacia que fija un límite mínimo de negociación entre intereses geopolíticos y la delgada línea entre el diálogo y la confrontación; tratándose de circunstancias establecidas por regímenes democráticos, la tolerancia “no juega” un papel secundario sino un rol protagonista y fundamental que permite liberar tensión social y que fluyan las soluciones necesarias para resolver los problemas que aquejan a las personas que, dicho sea de paso, en una democracia son quienes al final de cuentas deciden (o deberían decidir) el rumbo de su gobierno.

“Toleramos la ‘violencia’ en marzo”, en el entendido de que es una reacción frente a la violencia cultural perpetrada por el patriarcado (y nótense las comillas y la doble comilla, pues nunca se ha tratado de violencia, sino de la reivindicación de justicia e igualdad entre mujeres y hombres).

Pues bien, sin hacer apología que justifique cualquier clase de violencia, la reivindicación de un derecho humano fundamental como lo es el agua limpia implica (tanto para mujeres, hombres, niñas, niños, servidores públicos, gobernantes, policías, militares, güeros, morenos, etc., etc.): 1. Reconocer que el uso y consumo de agua contaminada es equiparable al auto envenenamiento crónico del pueblo, es decir, de donde emana el poder; 2. Reconocer que este envenenamiento es una especie de violencia, pasivo-agresiva, equiparable a las cámaras de gases utilizadas en los genocidios perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial: no se trataba de daños físicos causados por represiones violentas, sino de daños orgánicos provocados por decisiones de gobernantes; 3. Cualquier omisión relacionada con permitir agua contaminada, debe presumirse deliberada más que accidental, por lo tanto, la violencia NO comenzó el 11 de octubre con “porros e infiltrados”, sino con la decisión omisiva de permitir que escalara la problemática del suministro de agua contaminada que, para efectos prácticos, puede llamarse “agua envenenada”.

Así, la tolerancia de la “violencia de octubre” no es una cuestión de administrar el “uso de la fuerza pública”, sino de preservar los más altos valores de la democracia frente una exigencia legítima traducida en una reacción ante una violenta omisión.