Crisis multiplicada
Hoy, Pablo Lemus Navarro cumple 678 días al frente del Gobierno de Jalisco. En ese tiempo ha enfrentado distintas inconformidades sociales, pero ninguna había colocado a su administración ante tantos frentes abiertos al mismo tiempo como ahora.
Las expresiones de inconformidad son habituales en cualquier gobierno, pero la crisis del agua adquirió una dimensión distinta por su alcance, persistencia y la tardía respuesta institucional. Se agrega lo ocurrido el domingo pasado afuera de Casa Jalisco, que terminó por generar también una crisis de seguridad, de responsabilidad política y, quizá lo más delicado, de confianza.
Si bien el problema del agua tiene meses presente, se agravó durante los primeros días de octubre y la respuesta gubernamental, incluida la decisión de dejar de utilizar el agua de la presa de Las Pintas, llegó cuando el malestar ciudadano ya se había extendido.
Hubo bloqueos en sistemas de transporte y vialidades, manifestaciones vecinales y exigencias cada vez más insistentes. Todas señales claras de que las medidas anunciadas no estaban consiguiendo recuperar la tranquilidad de quienes seguían abriendo la llave y recibiendo agua sucia. Por eso, la movilización del domingo no puede entenderse como un acontecimiento inesperado.
La participación de alrededor de 10 mil personas —cifra dada por el propio gobierno— permite entender el tamaño del hartazgo acumulado.
Había, pues, elementos suficientes para advertir que no enfrentarían una protesta ordinaria. El nivel de inconformidad exigía un operativo preparado y coordinado para proteger a los asistentes, garantizar su derecho a manifestarse y atender posibles incidentes violentos sin comprometer la integridad del resto de los participantes. Sin embargo, el operativo terminó con el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión —con la lamentable participación de bomberos en estas acciones— y 39 personas detenidas.
El lunes, Pablo Lemus atribuyó los enfrentamientos a un grupo de aproximadamente 400 personas que, según dijo, acudieron a provocar violencia, aunque no se acreditó —al menos públicamente— que alguno de los 39 perteneciera a ese grupo. Para el martes, el discurso cambió. Lemus reconoció errores en el operativo, admitió excesos policiales y dijo que nunca debieron utilizarse agua ni gases contra los manifestantes.
El reconocimiento importa, pero no resuelve lo ocurrido. Porque una cosa es admitir errores y otra esclarecer por qué se cometieron, quién tomó las decisiones y cuáles serán sus consecuencias. La oposición ya exige la destitución del secretario de Seguridad, mientras crecen los cuestionamientos sobre la cadena de mando del operativo.
La crisis, además, dejó de ser exclusivamente local. Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum han aumentado de intensidad desde el lunes. Este miércoles pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar las denuncias de tortura contra personas detenidas y esclarecer quién ordenó el uso de la fuerza. Se trata de señalamientos graves que deben investigarse a fondo, independientemente de los cuestionamientos que también pesan sobre la actuación y los criterios de intervención de la propia CNDH.
A todo ello se suma una crisis de confianza. Días antes de la manifestación, durante una visita al ITESO, Pablo Lemus había asegurado a estudiantes que podrían participar en la marcha con tranquilidad, sin sufrir represión. El contraste entre aquella garantía y lo ocurrido frente a Casa Jalisco resulta difícil de ignorar. La palabra del gobernador quedó comprometida por una actuación institucional que terminó contradiciendo lo dicho. Y es que la presencia de grupos violentos no eliminaba la obligación de distinguir entre quienes participaron en esos incidentes y quienes ejercían pacíficamente su derecho a protestar.
Hoy el gobierno de Pablo Lemus enfrenta simultáneamente el reclamo de quienes siguen esperando agua limpia, el enojo por la actuación policial, las exigencias de responsabilidades dentro de su gabinete, los cuestionamientos de la oposición y la presión política desde la Presidencia de la República.
La crisis del agua tiene antecedentes que se remontan a distintas administraciones, pero la crisis provocada por el operativo del domingo corresponde a decisiones tomadas durante el actual gobierno.
El gobernador enfrenta uno de los momentos más complejos de su administración. ¿Será que ahora sí el gobierno es consciente del tamaño y suma de molestias?
