Nadie pone en duda la legitimidad del malestar vecinal frente a los episodios de agua turbia que afectaron a cientos de hogares metropolitanos. El reclamo es genuino y el Estado debe resolverlo con obras de fondo y sin evasivas. Sin embargo, en el terreno de la agitación pública, la frontera entre la molestia ciudadana y la manipulación partidista queda al descubierto al constatar que la pretendida “insurrección popular” responde a una estructura articulada, financiada y operada por las células de Morena.
El andamiaje logístico e ideológico tiene su matriz en el Instituto Nacional de Formación Política (INFP), encabezado por Rafael Barajas “El Fisgón”. Esta instancia partidista, beneficiaria de prerrogativas millonarias y opacas, sostiene una red nacional de “círculos de estudio” con apoyos de entre 7,500 y 15,000 pesos mensuales para renta de locales. En Jalisco, la estructura se fragmenta en una veintena de membretes para simular espontaneidad ciudadana, como la Asamblea Popular Jalisco (APJ), la UJRM, Colectivas Estrella Roja, Desobediencia Civil, Rebozo Mexicano, Hilos Rojos o causas por Palestina. A ellos se suman agrupaciones como el IMDEC y el CEPAD, con nombres que aparentan ser entes públicos cuando son asociaciones satélite. Se trata de siglas que comparten operadores, inflan tendencias artificiales en redes y nutren los mismos actos. En su asamblea del pasado jueves en el Parque Rojo, medio millar de sus militantes acordaron participar en la marcha de ayer.
A este aparato se suma el lucrativo ecosistema de la empresa “Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas, S.A. de C.V.” editora de “El Chamuco”, donde participan el propio Barajas, Rafael Pineda (“Rapé”) y José Hernández (“Hernández”). Dicha firma ha facturado decenas de millones de pesos en convenios de difusión con Pemex, CFE, Sedena y el gobierno de la Ciudad de México. A ellos se añaden impresentables como Epigmenio Ibarra, beneficiado con contratos oficiales de producción y créditos blandos por cientos de millones en Bancomext.
No es casualidad que en días recientes esta red digital y sus repetidoras se activaran para etiquetar al gobierno estatal de “represor”. La consigna busca golpear a Movimiento Ciudadano y levantar una oportuna cortina de humo que oculte las protestas del personal médico del IMSS en distintas ciudades del país, inconforme por el desabasto de insumos y la precariedad laboral.
Resulta una paradoja reveladora que mientras el gobernador Pablo Lemus y la presidenta Claudia Sheinbaum consolidan acuerdos institucionales de inversión para concluir El Zapotillo y renovar el acueducto de Chapala, el ala dura del morenismo prefiera apostar a la perturbación callejera.
El agua es un derecho humano y un reto metropolitano inaplazable, por lo que utilizar la necesidad ciudadana como ariete electoral mediante fachadas subvencionadas degrada el debate público. Lo de menos es que el agua salga limpia: el objetivo primordial de los agitadores locales y los oportunistas de la CDMX consiste en mantener encendida la crispación.