Sociedades demandantes, gobiernos insensibles

En el cuento “El traje nuevo del emperador”, de Hans Christian Andersen, todos parecen admirar lo que no existe, hasta que un niño se atreve a decir lo evidente. A veces, las sociedades necesitan hacer lo mismo: señalar aquello que el poder no ve, no quiere ver o prefiere ignorar. Algo está pasando en las calles.

En España, el problema de la vivienda ha llevado a miles de personas a manifestarse; en París, Milán y Chile, las protestas también expresan distintas inconformidades. En Guadalajara, como en otras ciudades de México, la ciudadanía sale a exigir respuestas. Aunque las realidades son distintas, hay un hilo común: crece el malestar de una sociedad que exige soluciones y resultados.

No todas estas movilizaciones forman parte de un mismo movimiento ni persiguen los mismos objetivos, pero comparten una preocupación: la vivienda inaccesible, los problemas en las universidades, las condiciones laborales, el deterioro de los servicios públicos y la percepción de que los gobiernos son incapaces de responder a las demandas ciudadanas.

Las elecciones son una fuente fundamental de legitimidad, pero ganar una no significa obtener un cheque en blanco para gobernar sin escuchar. La democracia no se agota en las urnas: también exige que las autoridades atiendan los problemas sociales y traduzcan las demandas legítimas de la ciudadanía en respuestas concretas.

El problema comienza cuando las instituciones se vuelven lentas o insensibles, la burocracia pesa más que las personas y los gobiernos confunden la comunicación con los resultados. Entonces, el descontento se acumula y encuentra en las protestas una vía de expresión. Las movilizaciones son una señal de alerta, como un termómetro social: ignorar la fiebre no cura la enfermedad.

Tampoco conviene idealizar las manifestaciones: no toda demanda es justa ni toda protesta representa a la mayoría. La democracia exige contrastar argumentos, pero los gobiernos no deben descalificar a quienes se manifiestan ni ignorar sus reclamos por las molestias que ocasionan. Una sociedad democrática debe proteger el derecho a protestar y privilegiar las vías institucionales para resolver los conflictos sin violencia.

Lo ocurrido en Guadalajara obliga a poner estos principios en perspectiva. La exigencia de agua limpia no debe quedar relegada por los actos de vandalismo registrados al final de la jornada. El lanzamiento de petardos y bombas molotov, así como los daños a Palacio de Gobierno, merecen un rechazo claro. Sin embargo, también se reportó que algunos manifestantes se deslindaron de la violencia e incluso expulsaron a personas encapuchadas. Quienes salieron a exigir un servicio público de calidad no deben cargar con los actos de terceros. Condenar el vandalismo no significa descalificar la protesta, sino impedir que la violencia silencie las demandas ciudadanas.

Las protestas en distintas partes del mundo merecen atención, especialmente cuando derivan en violencia. Aunque cada contexto es diferente, hay algo que no debemos normalizar: la violencia, venga de particulares o de las propias instituciones al responder a la inconformidad social. Una ciudadanía que se organiza y reclama recuerda que la legitimidad institucional se construye con resultados, sensibilidad y capacidad para corregir el rumbo. Los gobiernos no deben utilizar los excesos de una protesta como pretexto para ignorar sus demandas. Escuchar no significa concederlo todo, sino reconocer los problemas y actuar con responsabilidad.

Cuando la sociedad sale a las calles, no basta con preguntar cómo recuperar el orden; también hay que preguntarse qué dejaron de hacer o qué están haciendo mal las instituciones para llegar a este punto.