Finanzas públicas 2027: entre la fragilidad de los ingresos y la rigidez del gasto

El pasado 15 de octubre se aprobó, por parte de la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027. Hay que puntualizar que aún falta su aprobación por el Senado de la República.

De acuerdo con esta ley, el gobierno federal estima obtener $10.64 billones de pesos en ingresos, de los cuales el 59% provendrán de los impuestos, esto es $6.26 billones de pesos; $1.5 billones provendrán de nuevo endeudamiento y representa el 14.1%, y el resto de las cuotas de seguridad social, derechos, aprovechamientos, ventas de bienes y servicios públicos, etc.

Los principales puntos aprobados fueron:

a) Incrementar la recaudación sin elevar las tasas generales de impuestos, lo que implica una fiscalización más estricta, mayores controles contra la evasión y elusión de impuestos y modificaciones a las deducciones fiscales. 

b) Facilidades para regularizar adeudos fiscales, por lo que se amplía el programa que permite a contribuyentes, incluidas grandes empresas, liquidar adeudos con beneficios sobre multas y recargos, siempre y cuando paguen los impuestos pendientes en una sola exhibición antes de terminar 2027, además de cumplir determinadas condiciones legales.

c) Mayor endeudamiento del gobierno federal, además de autorizar un mayor endeudamiento para Pemex y la CFE.

d) Mayor control sobre la evasión fiscal mediante medidas relacionadas con la facturación de operaciones inexistentes, deducciones y pérdidas fiscales.

El problema es que el gobierno sigue cubriendo los huecos de sus ingresos contra su gasto público con mayor endeudamiento, lo que aumenta las obligaciones futuras y, dado que tenemos muy baja tasa de crecimiento económico, es difícil que puedan cumplir las proyecciones sobre recaudación de impuestos.

Es importante notar que el incremento nominal en pesos de la deuda pública es el mayor de los cuatro últimos períodos sexenales y ha pasado de representar un 43.6% del PIB en 2018 a un 51.5% en agosto de este 2026.

El problema económico más importante no es solo cuánto aumenta la deuda pública, sino en qué se invertirán, que en lugar de financiar gasto corriente (de operación y programas sociales) se inviertan en infraestructura pública, investigación y desarrollo, cambio tecnológico, para que generen un mayor crecimiento económico, eleven la productividad, reduzcan costos de producción y transporte y generen ingresos fiscales a futuro.

Actualmente, los ingresos provenientes del ISR han disminuido, con una caída anual del 5.6% en términos reales, producto de políticas públicas no integrales ni bien diseñadas que han provocado un incremento de la economía informal y un desliste de empresas y trabajadores del Seguro Social. 

Aquí es importante recordar que los ingresos tributarios representan el 89.1% del total de los ingresos del gobierno federal, y de esos ingresos totales tan solo el ISR genera el 46.2% y el 51.8% del total de impuestos recaudados. En este punto es necesario recalcar que las personas físicas asalariadas generaron el 47% del total de la recaudación del ISR, mientras que las personas morales, otras personas físicas y demás conceptos generaron el 53.3 por ciento.

El otro problema es que ISR depende enteramente del crecimiento económico, la consecuente generación de empleos y el tamaño de la economía formal, de forma que si no se cumplen las proyecciones del crecimiento económico para 2027 y dada la rigidez del gasto público corriente –que representa el 85.8% del gasto total–, seguirá existiendo la necesidad de aumentar la deuda pública con la previsible consecuencia de que las agencias calificadoras degraden la misma deuda. 

No olvidar que desde diciembre del 2018 a la fecha, ha habido ocho reducciones de la calificación de deuda soberanas realizadas por cuatro agencias: Fitch Ratings, S&P, Moody’s y HR Ratings, de las cuales dos han sucedido en este 2026, la primera por Moody´s el 20 de mayo y la segunda por HR Ratings el 15 de octubre, mientras que S&P Global mantuvo la calificación en BBB, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.

Lo más interesante vendrá en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en noviembre, el cual determinará en qué se gastarán esos recursos, cuánto se asignará a cada dependencia, cuáles serán las prioridades del gasto público, cuánto a gasto corriente y cuánto a gasto de inversión, destacando que a la fecha solo un 9.5% del gasto público federal es gasto de inversión física, frente a un 11.1% del 2018. Ese pequeño gasto de inversión física es gasto en infraestructura básica y proyectos productivos rentables, que además de generar ingresos al gobierno, eleve el potencial de crecimiento económico.