Jonás

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Tras dos manifestaciones multitudinarias –a las que se suman otras varias más pequeñas– por la mala calidad del agua, hay que cuestionar qué nos dejaron y si nos acercan a las soluciones de la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Las protestas del 11 y el 18 de octubre concluyeron en violencia. En la primera se generó una crisis política que le pasó una factura muy alta al gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad. En la segunda, las fuerzas de seguridad determinaron una estrategia en el extremo opuesto: no enfrentaron a los grupos de choque y éstos, durante horas, causaron destrozos, ataques y vandalismo, afectando edificios públicos, propiedad privada y otra vez, robándose la manifestación ciudadana.
Y resulta evidente que las manifestaciones públicas efectuadas hasta ahora no resuelven la inconformidad de los habitantes de la ciudad. Para mañana, miércoles 21 de octubre, se ha convocado a otra que proyecta transitar del Parque del Revolución (Parque Rojo) al Congreso del Estado. 
Apenas ayer, los daños estimados por el gobierno estatal a los edificios públicos ascienden a 15 millones de pesos.
Y la pregunta resuena otra vez, con pertinente: ¿Cuál es el resultado? 
No se trata de minimizar o restar trascendencia a las manifestaciones públicas; no es gratuito que estén inscritas junto con otros derechos políticos en la Constitución mexicana. El punto es que las movilizaciones de protesta tienen una finalidad y un límite. Lo que se pretende es dejar patente la molestia de los ciudadanos para que sea atendida y solucionada; las protestas, además, no pueden ser recurrentes porque ponen en peligro el equilibrio social y pueden convertirse luego en movilizaciones violentas de mayor dimensión.
En este punto, es evidente y no queda duda: los habitantes de la ciudad sufren y condenan la calidad del agua que se está distribuyendo. Las autoridades lo entienden y actúan en consecuencia, pero todo el esfuerzo es insuficiente porque las medidas de solución aplicadas son temporales.
Lo que falta es la construcción y equipamiento de infraestructura: acueducto de Chapala a Guadalajara; obras complementarias en la Presa de El Zapotillo; edificación de mayor capacidad en la planta de potabilización de agua que abastece a 627 colonias. Falta además toda la infraestructura que desvíe las aguas negras o residuales que ilegalmente se ha instalado en arroyos y cauces que desembocan en el agua que después debe destinarse al abasto de los hogares, escuelas, hospitales, negocios de la ciudad.
El diagnóstico está hecho.
Queda por delante la inversión de miles de millones de pesos que es necesaria para ello.
Y falta además, un acuerdo social, un reconocimiento de todo lo que se hizo mal durante décadas y ahora se ha convertido en un referéndum para las autoridades actuales y en una oportunidad, también, para los grupos políticos de oposición que pretenden provecho electoral, porque estamos a unos meses de elegir nuevas autoridades.
Y en medio de este batidillo de situaciones, las manifestaciones públicas no ofrecen resultados, sino sólo la oportunidad de hacer patente la protesta.

¿Qué nos han dado las protestas?

Este domingo 18 de octubre, tal y como se había anunciado y convocado, tuvo lugar una segunda manifestación masiva para protestar por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los interesados en reclamar por el agua turbia y por la actuación de las autoridades en la movilización del 11 de octubre, llegaron al Parque Revolución (popularizado como el Parque Rojo) y consiguieron organizarse para iniciar una caminata de 1.5 kilómetros hasta Palacio de Gobierno poco antes de las 12:00 del día.
Pero se les adelantaron.
En el Centro Histórico de Guadalajara, justo entre Plaza de Armas y Plaza de La Liberación, un grupo de personajes vestidos de negro, encapuchados o con la cara cubierta, ya estaba buscando camorra. En el lugar ya había manifestantes, la mayoría “gente normal”, en un sentido amplio del concepto, personas que están moletas por la crisis del agua. Empezaron a reclamarle a los rufianes y les exigieron una manifestación sin violencia.
Los rijosos iniciaron una retirada por la calle Morelos hacia el paseo de la Plaza Tapatía y lanzaron explosivos contra las personas que los increpaban. No eran policías municipales ni antimotines estatales; eran “ciudadanos de a pie”.
A partir de ese momento la historia de la manifestación siguió una ruta sinuosa.
En el Parque Rojo el grueso de la manifestación se había quedo esperando. No avanzaban para no ser confundidos ni relacionados con los violentos, con el “bloque negro”. En un momento dado –había numerosos liderazgos anónimos– se anunció la cancelación de la manifestación para evitar riesgos. Pero no hubo acuerdo; un gran grupo de manifestantes decidió emprender la marcha y llegaron afuera del Palacio de Gobierno y mantuvieron firme su derecho de protestar y reclamar al gobierno. Como en toda manifestación pública, hubo consignas y demandas; gritos y pancartas.
Y pasó lo que era previsible: el grupo violento regresó. Atacaron Palacio de Gobierno, Palacio Legislativo y Palacio de Justicia, los tres edificios emblemáticos en el primer cuadro de la ciudad.
La manifestación ciudadana se agotó. La gente empezó a irse, pero los “negros” siguieron en lo suyo. Lanzaron bombas molotov y las escenas parecían por momentos una minúscula guerrilla.
Dentro de Palacio de Gobierno, con el secretario de Seguridad Juan Pablo Hernández al mando, se organizó a los policías apostados dentro desde el día anterior. Les leyeron los artículos de la ley que regula su actuación y las causas justificadas para enfrentar a los agresores del edificio. En cualquier momento se esperaba el choque de policías con los manifestantes violentos. Pero no sucedió. 
Hasta entrada la noche del domingo los ataques siguieron.
Se mencionó la detención de 10 agresores, incluidos menores de edad. En Palacio de Gobierno, 15 policías estatales sufrieron intoxicación por el humo y algunas quemaduras.
¿Quién está detrás de la violencia? Es la pregunta.
En las redes sociales se habla de grupos enviados por el propio gobierno. Parece absurdo.
Corre la versión de un grupo de choque llegado desde la Ciudad de México, sostenido y pagado por intereses políticos relacionados con la 4T.
Todo está por comprobarse. Pero lo que más urge, es la solución a la crisis del agua.

Otra manifestación: ¿quién está detrás de la violencia?

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Esta semana ha resultado en una enorme agitación para el gobierno del Estado y su titular, Pablo Lemus Navarro. Mientras se encara la crisis política derivada de la violencia en la manifestación del 11 de octubre a las afueras de Casa Jalisco, se resuelve también el proyecto ejecutivo y financiero de las obras que se emprenderán para la solución de la crisis del agua.
En lo político, el episodio de la manifestación ha resultado en un alto costo para el gobierno estatal y el Partido Movimiento Ciudadano. Las críticas han sido constantes tanto en Palacio Nacional por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, como por parte de medios de comunicación nacionales y las redes sociales.
En un giro inesperado pero claro, la presidenta Sheinbaum empezó por acusar al gobierno estatal de incurrir en represión y tortura, al tiempo que restó crédito al anunciado acuerdo con el gobierno jalisciense para que se emprendieran obras de construcción del nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara y ampliación en la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.
La presidenta decidió aprovechar el momento de crisis para tomar la iniciativa y establecer sus tiempos y condiciones; ordenó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encabezada por uno de sus colaboradores y operadores políticos de mayor confianza, Efraín Morales, revisara la situación de Jalisco y la problemática del agua. 
Podría ser este viernes que se anuncie lo que el gobierno federal autoriza: el proyecto, sus características y cómo se financiará, porque además, Sheinbaum Pardo subrayó que no se permitirá la privatización del agua ni se consentirá un endeudamiento que deba cargarse a la ciudadanía.
Demasiadas condiciones y características. Pero está por verse qué solución se impondrá.
Mientras tanto, el momento político ha sido aprovechado por la oposición en Jalisco.
El Congreso del Estado se ha convertido en un espacio de abierta confrontación, como quedó ayer demostrado al no encontrarse otra salida que no asistir a la sesión del pleno para evitar que se reuniera el quórum.
El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, explicó que esta estrategia tiene como objetivo evitar que desde el Congreso se entorpezca la negociación con el gobierno federal para resolver la crisis del agua; pero también es verdad que de haberse realizado la sesión de diputados, el bloque opositor habría aprovechado para usar la tribuna y atacar al gobierno estatal y al partido Movimiento Ciudadano, por lo sucedido en la manifestación fuera de Casa Jalisco.
El paréntesis es delicado. Pero es posible que finalmente se resuelva el pendiente de la infraestructura para la crisis del agua; si la presidenta Sheinbaum ha decidido tomar el liderazgo y la decisión, también cargará con la responsabilidad del resultado.
Después vendrá la resolución del conflicto político en el marco de las elecciones.

Proyectos para resolver la crisis del agua

En las últimas semanas hemos sido testigos de diferentes momentos, álgidos la mayoría de ellos, relacionados con la crisis del agua en la zona metropolitana; pero todo lo que ocurre en el ámbito público está marcado por el proceso electoral, que ya inició en el espacio federal y recién se estrena formalmente en el Estado de Jalisco.
Cualquier reclamo, cualquier señalamiento y todas las ideas expuestas por actores públicos, ya sean diputados, regidores, alcaldes u otros funcionarios, están filtrados por el interés de las elecciones 2027. 
La reciente crisis política que se motivó después de la manifestación en los alrededores de Casa Jalisco, y que ha sido objeto de condena desde Palacio Nacional y por parte de todos los actores públicos que simpatizan o forman parte de la oposición, está relacionada directamente con el legítimo reclamo de agua potable y la defensa retórica de las libertades constitucionales, pero también con las aspiraciones abiertas o veladas de quienes pretenden una candidatura para la próxima elección.
La pregunta que flota en el aire es si habrá una derrota del partido gobernante, Movimiento Ciudadano, principalmente en Guadalajara, Zapopan o Tlajomulco; evidentemente, los conflictos sociales y la actuación de diferentes niveles de gobierno permiten hacer una lectura en ese sentido. No es ninguna hipótesis descabellada. 
Sin embargo, en los procesos electorales ningún escenario está descartado aunque luzca totalmente improbable.
La cuestión es, ¿qué tanta disposición tienen los seis y medio millones de jaliscienses, convocados a votar, para aplicar un voto de castigo y provocar la alternancia en el poder?
Queda mucho por ver todavía. La definición de candidatas y candidatos; la posibilidad de alianzas entre partidos; las propuestas en el discurso y en las campañas. La historia se está escribiendo al día. Y en Jalisco se combinan dos escenarios: por una parte, el desgaste natural del grupo gobernante junto con la intención de voto a favor de Morena, pero también el potente sentido jalisciense de rechazo al proyecto de centralismo y control que pretende Morena desde el gobierno federal.
A las tendencias actuales les faltan los nombres de candidatas y candidatos, sus discursos; sus propuestas de mejora de la realidad y su reacción a las situaciones críticas.
Antes de todo esto puede haber supuestos, unos más creíbles que otros, pero todavía por someterse a la prueba del ácido que es la realidad cotidiana.

El calor de las elecciones

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La manifestación del pasado 11 de octubre se convirtió en uno de los episodios más complicados y costosos en la gestión política de la administración del gobernador Pablo Lemus. Sin embargo, el mandatario de Jalisco reconoció e inició un proceso de corrección. Ayer, en un mensaje emitido en sus redes sociales, admitió que el operativo de seguridad en la manifestación que se desarrolló en el entorno de Casa Jalisco incurrió en varios errores; como consecuencia de esto, intervino para que se concretara la liberación de todas las personas que habían sido detenidas; siete de los 39 detenidos originalmente habían sido trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande.
Adicionalmente, el gobernador indicó que en la actuación de la policía estatal no debió haberse arrojado gas lacrimógeno ni agua a presión para intentar dispersar a quienes se confrontaban con los policías antimotines.
Aseguró también que se iniciaron investigaciones que permitirán establecer responsabilidad sobre los elementos de seguridad que dieron instrucciones o procedieron a detener a personas sin justificación o haciendo uso indebido de la fuerza.
Desde el domingo 11 de octubre, la manifestación se había convertido en una crisis adicional, derivada de la otra crisis, la que comenzó meses atrás por la mala calidad del agua que se distribuye en la Zona Metropolitana de Guadalajara. De todas las críticas recibidas, las de mayor impacto y que ejercieron mayor presión, fueron las de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien durante dos días consecutivos, en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, reprobó lo ocurrido y públicamente pidió explicaciones al gobernador de Jalisco, comprometiendo también un acuerdo para el financiamiento de obras que atiendan de origen el problema que ha crecido en complejidad, la mala calidad del agua.
El gobernador Lemus cede y reconoce la equivocación. Eso no basta para que las críticas se modifiquen, aunque se reconoce su cambio de postura. 
Los manifestantes violentos y las agresiones fueron reales. Pero también lo fueron los yerros en el procedimiento de las fuerzas policiales y la repercusión que se convierte en responsabilidad que debe asumir el titular del Poder Ejecutivo.
Queda pendiente ahora la reacción de la sociedad, porque desde los sectores político, académico y de los partidos políticos, se seguirá reprobando lo ocurrido. 
Al gobierno estatal debe urgirle ahora, después de este episodio, construir los acuerdos para resolver lo que originó todo: la crisis del agua. El tiempo se agota.

Reconocer y corregir

En la ruta para resolver la crisis del agua que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara, nuevos obstáculos se interponen en el trayecto y no estaban en agenda. El más reciente y evidente ocurrió el domingo pasado tras la manifestación multitudinaria que acabó en hechos violentos frente a Casa Jalisco, con 39 detenidos (de los cuales ya sólo 16 siguen en la Fiscalía del Estado), decenas de heridos y una nueva investigación a elementos de la Policía Estatal que hayan abusado del uso de la fuerza.
El segundo y no menos preocupante, es la postura que apenas ayer manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum, al externar en su mañanera un cuestionamiento por las confrontaciones en la manifestación y además, indicar que no aceptarán ningún esquema de privatización del agua.
Las detenciones de personas involucradas en la manifestación y las investigaciones en turno a los policías estatales que enfrentaron a los manifestantes terminarán por resolverse en el ámbito judicial, pero la postura presidencial sobre el proyecto para resolver la crisis del agua en la ciudad conduce a un nuevo pico de problematización. La presidenta indicó que personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá una nueva reunión con personal del gobierno del Estado, aunque desde hace semanas se había anunciado que la dependencia había otorgado el aval técnico al proyecto para la construcción de un nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara.
Queda en duda, otra vez, el acuerdo político que ella misma había reconocido apenas el viernes: el gobierno federal se encargará de los trabajos complementarios en la Presa de El Zapotillo, y el gobierno de Jalisco atenderá el acueducto de Chapala, la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle y las obras restantes para eliminar el problema de la contaminación del agua.
Ayer, por motivos que no explicó, Claudia Sheinbaum habló de “privatización del agua”, una figura que no puede aplicarse porque es inconstitucional y terminaría seguramente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que rechazaría un proyecto así) y también cuestionó el modelo de financiamiento CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), que empezó a operar en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente para obras carreteras.
Su desacuerdo verbal alienta, naturalmente, a los diputados de oposición en el Congreso del Estado, donde el proyecto debe aprobarse con mayoría calificada (al menos 26 de los 38 votos posibles), quienes precisamente hoy retomarán en conferencia pública sus cuestionamientos.
La ruta de los eventos, si se mantiene como hasta ayer, nos conduce al punto de partida: no hay infraestructura para resolver la crisis por la que atraviesa del SIAPA y conduce a los habitantes de la ciudad a seguir recibiendo agua de mala calidad o escasa, aunque menos contaminada.
En la oposición se asegura que sí hay otras opciones, aunque no han presentado ninguna.
A esperar…

De la crisis del agua a la marcha violenta

Totalmente lamentable y por momentos trágico, lo que ocurrió ayer en las inmediaciones de Casa Jalisco. Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara están recibiendo triple ración de castigo: la mala calidad del agua, los infiltrados en una manifestación ciudadana que sólo estuvieron ahí para agregar violencia y finalmente, el oportunismo de varios políticos que, alzándose como defensores de los derechos humanos, lanzan videos y mensajes en redes sociales contaminando aún más el enrarecido ambiente de la crisis del agua potable.
Por partes.
La manifestación no fue ninguna sorpresa. Estuvo convocada con varios días de anticipación –debe subrayarse que toda la semana, sin que faltara un día, hubo protestas por la calidad del agua–. Era una convocatoria pública y la movilización estuvo desde su origen, totalmente legitimada. Es cierto que desde algunos partidos políticos se llamó a la marcha, pero eso no disminuyó en lo más mínimo la legítima convocatoria ciudadana. Debe aclararse para que haya total diferenciación: las marchas o protestas convocadas por partidos o actores políticos, son tan válidas como las de origen ciudadano y se desarrollan en el marco del derecho constitucional a manifestarse, pero su origen siempre condiciona los objetivos.
Antes de la manifestación del domingo 11 de octubre, los habitantes de la ciudad ya han padecido el castigo: el agua que debiera ser potable (el término está incluido en el nombre del organismo operador, SIAPA), lleva meses turbia y más recientemente, pestilente. En muchas colonias la queja es que ni si quiera tienen agua.
Con este antecedente se organizó la manifestación convocada en La Minerva, un punto de encuentro que se ha convertido en paradigma de los festejos y la fiesta para los habitantes de la ciudad. Pero en esta ocasión el motivo legítimo fue la protesta. No hubo diferencia de edades, ni filias políticas o de residencia en la ciudad; había de todo: niñas y niños; familias; jóvenes, adultos y adultos mayores. El objetivo era claro: protestar por la calidad del agua. Una iniciativa ganó voluntades y de La Minerva decidieron ir a Casa Jalisco.
Ya en la vecindad de la residencia oficial del gobernador, apareció un grupo de manifestantes que no tenían nada en común con los demás: estaban claramente identificados por su vestimenta, porque tratan de mantener el anonimato ocultando el rostro y porque esencialmente son violentos. Derribaron vallas de protección del edificio y se enfrentaron con los policías; eso era lo que buscaban desde el principio. Arrancaron piedras en una barda de una finca vecina para tener más forma de atacar a los antimotines y nunca quisieron escuchar las demandas de los otros manifestantes: ¡Esta protesta es pacífica!
En las redes sociales que seguían los hechos desde la Ciudad de México los identificaron de inmediato, el Bloque Negro. Y consiguieron lo que buscaban: Agua a presión, gases lacrimógenos y heridos. Un policía terminó con el cráneo fracturado y a otro le cercenaron un dedo. Hubo 39 detenidos y una bandera se levanta, superando las demandas de miles de ciudadanos: “el gobierno del Estado reprime a manifestantes”. ¿Y la solución al agua turbia y maloliente? ¿Qué de las obras, del proyecto, del acuerdo entre los gobiernos del Estado y de la Federación?
Fue la segunda ración de castigo: se robaron la manifestación por medio de la violencia.
Y queda la última ración de castigo, el oportunismo político.
Como siempre, asumiéndose en líderes de la comunidad, de las familias, de los indefensos, numerosos políticos claman liberación. Son los que siempre defienden “al pueblo”, los que jamás carecen de reclamos, pero no ofertan soluciones ni reparación social.
Ellos saben quiénes son. Los ciudadanos también lo saben.

Agua potable: Triple ración de castigo

Mientras se sigue esperando el resultado de las acciones emergentes para resolver en la medida de lo posible, la crisis por el agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el día de ayer se presentó en el Congreso del Estado el proyecto técnico y económico de dos de las obras más importantes para resolver de fondo la problemática en la ciudad: el nuevo acueducto de Chapala a Guadalajara, y la ampliación de la Planta Potabilizadora de Miravalle. 
La semana ha estado marcada por numerosas protestas, por otras que se están organizando y por la inconformidad, manifestada en diferentes sectores sociales; se trata de una emergencia que requiere soluciones inmediatas.
Por eso fue sorprendente que al presentarse el proyecto que tanto se había estado exigiendo, ninguno de los diputados de Morena en el Congreso del Estado estuvieron presentes. Tampoco asistieron para recibir el proyecto y reunirse con los funcionarios del gabinete algunos diputados del PAN, del Partido Verde, del Partido del Trabajo; no acudieron diputados de Hagamos, y de Futuro, sólo estuvo unos minutos la diputada Mariana Casillas.
¿Se trata de hacerle el vacío al proyecto del Gobierno del Estado para la crisis hídrica? ¿Es un cálculo político? ¿O simplemente, los legisladores de Jalisco tenían cosas más importantes para ellos en agenda?
Han pasado meses de discusiones, de choques políticos, de proyectos inconclusos y acusaciones que no pueden continuar cuando el interés primordial de las personas ha establecido esta urgencia.
Incluso la presidenta del país, Claudia Sheinbaum abordó el tema en Palacio Nacional y reconoció —cuando algunos legisladores federales lo habían negado—, que hay un acuerdo político con el gobernador Pablo Lemus para distribuirse las tareas en las obras indispensables para la solución de la crisis del agua. En palabras coloquiales de la misma presidenta: “Tenemos que entrarle todos”. 
Pero probablemente algunos actores políticos en el Congreso local no han entendido ni el mensaje ni las instrucciones.
Como representantes de todos los ciudadanos del Estado, tendrán que dar explicación de su ausencia.
¿Qué le van a responder a los ciudadanos que se han manifestado reiteradamente? ¿Nuestros actores políticos volverán a los argumentos que no condujeron a ningún resultado? Evidentemente, en lo que a los diputados corresponde, tienen que discutir el proyecto y aprobarlo, o rechazarlo y hacerse responsables y ofrecer otras opciones para recuperar el ejercicio de un derecho fundamental: acceso al agua potable.

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La presidenta Sheinbaum confirmó que “siguen en revisión” los proyectos para resolver el abasto de agua en Guadalajara. En su mensaje más reciente, de nuevo en la mañanera en Palacio Nacional, hizo hincapié en que se revisan los métodos de financiamiento para no pasar de un costo de 10 mil millones de peso a uno de 80 mil millones (la cifra fue un ejemplo que se le ocurrió en el momento), por el pago de intereses. Sin embargo, la tardanza en la determinación de los proyectos y su financiamiento cuesta mucho en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y no es sólo dinero.
En las últimas semanas el descontento popular derivó en numerosas manifestaciones públicas. Las más conocidas y multicomentadas, son las de los domingos 11 y 18 de octubre; han sido las más numerosas y controversiales, pero todos los días, prácticamente, han continuado las movilizaciones públicas.
Justo ayer 20 de octubre se efectuaron dos manifestaciones en puntos distantes entre sí en la ciudad. En un caso, los vecinos denunciaron que no han tenido agua en dos semanas; en el otro, la queja indicó que siguen recibiendo agua turbia. Los manifestantes bloquearon avenidas y se generó caos vial, un costo adicional para la urbe además de los problemas de abasto y calidad del agua.
Hoy, 21 de octubre, está proyectada otra manifestación con trayectoria similar a la del domingo pasado: del Parque de la Revolución (Parque Rojo) al Congreso estatal, en el Centro Histórico de Guadalajara.
Una noticia positiva recién presentada por el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Enrique Barboza Niño, es que el saneamiento de la Presa de Las Pintas se puede concluir en diciembre próximo. Saneado el cuerpo de agua y cerradas las entradas de aguas contaminadas, podría tomarse el agua para ser potabilizada y enviada a la ciudad, terminando así con el esquema de rotación y los tandeos que afectan a más de 600 colonias. 
Si esto se concreta, en enero la ciudad tendría nuevamente el abasto de agua que requiere y presumiblemente, con calidad mínima para su consumo.
Pero no dejan de ser medidas parciales.
Son indispensables los acuerdos y proyectos que determine la presidencia de la república, sustentados técnicamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y financiados con capital federal y estatal.
Mientras no haya certeza en esta ruta que permitirá soluciones de largo plazo para el abasto de agua en la ciudad, continuarán las manifestaciones públicas, los bloqueos y la polarización social y política que, no hay que olvidarlo, tiene abierto interés en aprovechar el fenómeno en las elecciones del año 2027.
Por eso es determinante que la presidenta Sheinbaum anuncia ya un proyecto, para evitar más desgaste en Guadalajara.

En revisión, todavía, proyectos para el agua