Lo que a Jalisco corresponde
Las obras que recién se anuncian para resolver las problemáticas del agua en la ciudad son fruto del trabajo interinstitucional entre las autoridades locales y federales, y sobre todo gracias a que Jalisco mostró un plan de trabajo claro, y la Federación también pondrá su parte.
Durante décadas, nuestro Estado ha sido el motor agroalimentario, industrial y de innovación de México; una tierra habitada por mujeres y hombres de trabajo incansable que aportan con creces a la economía nacional que, sin embargo, no siempre recibió el respaldo presupuestal y de infraestructura proporcional a su esfuerzo. Hoy, esa realidad empieza a cambiar a través de la vía más eficaz de la política: el diálogo franco, la coordinación institucional y la firmeza en la defensa de nuestras causas.
Reconocemos la disposición del Gobierno Federal para concretar una inversión histórica en infraestructura hídrica para el Área Metropolitana de Guadalajara. Este acuerdo no es una concesión graciosa ni un cheque en blanco: es el resultado de llegar a la mesa con diagnósticos técnicos serios, proyectos ejecutivos sólidos y una postura clara de colaboración interinstitucional. A partir de una propuesta propia, viable y rigurosa, logramos construir una ruta de trabajo conjunta con la Federación. Esto es exactamente lo que Jalisco siempre ha merecido: un trato digno, corresponsable y a la altura de su peso nacional.
La estrategia pactada tiene una lógica complementaria y equilibrada. Mientras el Gobierno de Jalisco asume las obras estratégicas de corto plazo enfocadas en potabilización, saneamiento y eficiencia, el Gobierno Federal ejecutará las obras de conducción a largo plazo. En términos presupuestales, como lo anunció el gobernador Pablo Lemus, el esfuerzo es equiparable. Jalisco destinará entre 10 mil y 12 mil millones de pesos a proyectos cruciales, entre ellos la ampliación y modernización integral de la Planta Potabilizadora Número Uno —con una inversión cercana a los 7,500 millones de pesos—, la construcción del “bypass” para conducir agua desde La Calera hasta la mencionada planta y una nueva red de colectores que pondrá fin a las descargas ilegales en el canal y en la presa de Las Pintas.
Por su parte, la Federación asumirá una inversión de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para obras de largo aliento, como la sustitución del acueducto de Chapala y los sistemas complementarios de El Zapotillo. Es una suma de voluntades donde ambas partes actúan con responsabilidad financiera compartida.
Frente a la desinformación y las dudas legítimas que suelen surgir ante proyectos de esta magnitud, hay dos certezas que deben quedar perfectamente claras: el agua no se va a privatizar bajo ninguna circunstancia, y estas obras prioritarias no se financiarán con deuda pública. El manejo de los recursos se hará con total transparencia y con la mirada puesta en garantizar un derecho humano básico para las familias jaliscienses.
Este entendimiento demuestra que defender la soberanía y los intereses de Jalisco no significa cerrarse al diálogo, sino dialogar, negociar con firmeza y capacidad técnica para entregar resultados concretos. Nuestra entidad no busca confrontaciones estériles; busca soluciones reales a problemas estructurales que administraciones del pasado postergaron durante años.
El agua es tranquilidad, salud y desarrollo para nuestra gente. Con este acuerdo, Jalisco demuestra una vez más que cuenta con un gobierno responsable, capaz de tender puentes con la Federación sin renunciar a su autonomía ni a sus convicciones. Seguiremos vigilantes de que cada peso comprometido se traduzca en obras terminadas y en agua limpia para nuestros hogares. Cuando se antepone el bienestar colectivo a las agendas partidistas, quien gana es la gente.
